STC2151-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2151-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02509-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Jaime Ernesto G\u00f3mez Mu\u00f1oz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de esta localidad, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin formular pretensi\u00f3n concreta, el promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas al debido proceso, dignidad humana y libertad, que dice vulneradas por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Contra Jaime Ernesto G\u00f3mez Mu\u00f1oz se adelanta proceso penal \u00abpor su presunta participaci\u00f3n en el magnicidio de Carlos Pizarro Le\u00f3ng\u00f3mez, fecha para la cual era su escolta\u00bb, tr\u00e1mite por cuenta del cual el procesado se encuentra privado de la libertad desde el 16 de enero de 2017. <\/p>\n
2.2. El acusado solicit\u00f3 al juzgado accionado \u00abla libertad provisional, con fundamento en el art\u00edculo 365-6 de la Ley 600\/00\u00bb, que fue negado con auto de 2 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario, siendo confirmada por el Tribunal criticado con prove\u00eddo del 24 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que, contado el tiempo que ha estado privado de la libertad, \u00abse supera de forma amplia el lapso previsto en el art\u00edculo 365 numeral 5 del C.P.P. o ley 600 de 2000\u00bb, por lo que debi\u00f3 conced\u00e9rsele la libertad provisional, circunstancias que desconocieron los falladores convocados; y que \u00abacusa las decisiones del Juez y del Tribunal de una ausencia argumentativa total, en el entendido que echan mano de otras instituciones jur\u00eddicas, como lo es la pr\u00f3rroga y vigencia de la medida de aseguramiento, que nunca fue discutida en desarrollo de [su] petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. La Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz inform\u00f3 que \u00abmediante providencia N\u00ba 4012 del 24 de agosto de 2021\u2026 resolvi\u00f3 rechazar la solicitud de sometimiento a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz presentada por\u2026 Jaime Ernesto G\u00f3mez Mu\u00f1oz\u2026 por ineptitud de su compromiso claro, concreto y programado\u00bb, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el peticionario siendo confirmada con prove\u00eddo \u00abTP-SA 1062 DE 2022\u00bb, en el que, adem\u00e1s, se dispuso \u00abdevolver de inmediato el proceso al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, para que retome las actuaciones\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00ablas providencias cuestionadas por el demandante no fueron proferidas por ese estrado judicial\u00bb, por lo que solicit\u00f3 \u00abse despachen desfavorablemente las pretensiones del accionante respecto de esa judicatura\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de esta localidad, tras rendir informe sobre el tr\u00e1mite del juicio criticado, destac\u00f3 que \u00aben todas las actuaciones que en su momento efectu\u00f3 ese Despacho se garantiz\u00f3 el derecho de defensa y se respet\u00f3 el debido proceso\u00bb. <\/p>\n
5. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo deneg\u00f3 el resguardo porque: <\/p>\n
\u2026 el principio de autonom\u00eda de la funci\u00f3n jurisdiccional\u2026 impide al juez de tutela inmiscuirse en providencias como las controvertidas s\u00f3lo porque el impugnante no las comparte o tiene una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dichos pronunciamientos, sustentados con criterio razonable a partir de los hechos probados y la interpretaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el tutelante, sin precisar los motivos de su inconformidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Sea lo primero precisar que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a la providencia de 24 de octubre de 2022, que confirm\u00f3 la dictada el 2 de mayo de esas mismas calendas, comoquiera que fue esa determinaci\u00f3n la que clausur\u00f3 el debate suscitado entorno a la concesi\u00f3n de la libertad condicional que reclam\u00f3 el quejoso. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, concluye esta Colegiatura que el amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que, en la citada providencia de 24 de octubre de 2022, el Tribunal convocado expres\u00f3 los motivos por los que resultaba inviable la concesi\u00f3n del beneficio de excarcelaci\u00f3n que reclam\u00f3 el actor, sobre lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n
La Sala deber\u00e1 determinar si procede revocar el auto apelado y, en su lugar, conceder la libertad provisional pretendida por el procesado. <\/p>\n
23. Para resolver el problema jur\u00eddico planteado se debe considerar que el inciso 3 del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, precepto que dispuso que en materia penal la ley permisiva o favorable, aun siendo posterior, se aplicar\u00e1 de preferencia a la restrictiva o desfavorable. <\/p>\n
24. Este postulado ha sido reproducido en el art\u00edculo 6 tanto de la Ley 600\/00 como en la Ley 906\/04, de modo que la norma permisiva o favorable ser\u00e1 aplicada de preferencia a la restrictiva o desfavorable. <\/p>\n
25. Sin embargo, se tiene dicho por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia que cada proceso debe sujetarse a las normas que lo regulan y la aplicaci\u00f3n favorable de un determinado instituto, regulado de manera distinta en ambas normas de procedimiento, solo es posible si no desconoce la estructura conceptual del sistema que gobierna la actuaci\u00f3n, es decir, que no alteren aquellos rasgos que le son esenciales e inherentes y sin los cuales se desnaturalizar\u00edan sus postulados y sus finalidades1 . <\/p>\n
26. En la misma determinaci\u00f3n, aclar\u00f3 lo siguiente: \u2026 Es as\u00ed como en CSJ AP7414\u20132015, 16 dic. 2015, rad. 46822, se discurri\u00f3: <\/p>\n
[s]i bien las medidas de aseguramiento en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, responden a fines semejantes, es lo cierto que en trat\u00e1ndose del instituto jur\u00eddico de la libertad provisional contemplan una regulaci\u00f3n propia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, a pesar de que la Sala al estudiar el principio de favorabilidad, ha considerado pac\u00edficamente que la Ley 906 de 2004 puede ser aplicada con efectos retroactivos a situaciones anteriores a su vigencia cobijadas por una legislaci\u00f3n que coexiste con ella, esto es, la Ley 600 de 2000, tambi\u00e9n ha se\u00f1alado que ello es posible siempre y cuando se trate de preceptos de naturaleza sustancial, en ambas normativas se encuentre regulado igual supuesto de hecho y reporte un beneficio al procesado\u2026 <\/p>\n
27. En el presente asunto es posible dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad para resolver la petici\u00f3n presentada por el procesado conforme a la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 317-6 de la Ley 906\/04, para garantizar as\u00ed el debido proceso y la m\u00e1xima referida a ser juzgado sin ninguna dilaci\u00f3n dentro de un plazo razonable; adem\u00e1s, no se trastoca la estructura del sistema procesal contenido en la Ley 600\/00. <\/p>\n
28. As\u00ed las cosas, dentro del proceso se tiene el escrito presentado el 27 de mayo de 2022 por Jaime Ernesto G\u00f3mez Mu\u00f1oz, por cuyo medio solicit\u00f3 la libertad provisional con base en el art\u00edculo 365-6 de la Ley 600\/00 o cualquier otra norma posterior que le resultara favorable, como el art\u00edculo 317-6 de la Ley 906\/04, al considerar que el t\u00e9rmino all\u00ed se\u00f1alado se encuentra superado puesto que hasta el 2 de marzo de 2022, cuando su proceso retorn\u00f3 de la JEP, contabilizaba 720 d\u00edas privado de la libertad y debi\u00f3 concederse su libertad provisional oficiosamente, al haber trascurrido m\u00e1s de los 300 d\u00edas establecidos en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 317 de la Ley 906\/04. <\/p>\n
25. En lo respecta a la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, asegur\u00f3 en la providencia que no contabiliz\u00f3 el plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 A6 de la Ley 906\/04, con fundamento en lo indicado en el par\u00e1grafo del mencionado art\u00edculo, puesto que la audiencia de juicio no ha finalizado debido a las maniobras dilatorias atribuibles a la defensa de G\u00f3mez Mu\u00f1oz, como (i) reclamar el env\u00edo del proceso ante la JEP, situaci\u00f3n que conllev\u00f3 a la suspensi\u00f3n del proceso, quedando pendiente de evacuar las pruebas de la defensa, los alegatos de conclusi\u00f3n y emitir la sentencia correspondiente. <\/p>\n
26. Sin embargo, el aqu\u00ed recurrente atac\u00f3 la providencia se\u00f1alando que no discut\u00eda la vigencia de la medida de aseguramiento, sino que pretend\u00eda su libertad provisional porque superaba el t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 365-6 de la Ley 600\/00. <\/p>\n
27. Para la Sala, es evidente que la argumentaci\u00f3n del procesado se encuentra dirigida a obtener la libertad provisional por vencimiento del t\u00e9rmino se\u00f1alado en el art\u00edculo 317 A de la Ley 906\/04, aunque a lo largo de su escrito, incluso en la sustentaci\u00f3n del recurso, hizo referencia al art\u00edculo 365-6 de la Ley 600\/00, cuando la infracci\u00f3n se hubiere realizado con exceso en las causales eximentes de responsabilidad, lo cual no ser\u00eda procedente por cuanto ninguna de ellas ha sido reconocida dentro del diligenciamiento. <\/p>\n
28. Ello conllev\u00f3 a que el funcionario de primera instancia centrara su l\u00ednea argumentativa a establecer si los t\u00e9rminos indicados en el art\u00edculo 317 A de la Ley 906\/04, disposici\u00f3n aplicada por favorabilidad para resolver el asunto, tal como lo consider\u00f3 el procesado en su solicitud de libertad provisional. <\/p>\n
29. En el presente asunto los archivos digitales enviados a esta instancia por el Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado, permiten confirmar que la audiencia p\u00fablica de juzgamiento se instal\u00f3 el 6 de abril de 2018, tiempo desde el cual se han practicado las pruebas de la FGN y de la parte civil, quedando pendiente la finalizaci\u00f3n de la practica probatoria de la defensa. <\/p>\n
30. La vista en dos oportunidades no ha sido posible realizarla por la inasistencia de los testigos de descargo y, en otra, ante la recusaci\u00f3n planteada por el procesado, lo que volvi\u00f3 a intentar en una segunda ocasi\u00f3n luego del retorno del proceso al juzgado remitido por la JEP, en donde el sumario se mantuvo, aproximadamente, por 2 a\u00f1os, 5 meses y 24 d\u00edas. <\/p>\n
31. Aqu\u00ed debe destacar el Tribunal que la conducta procesal de la bancada de la defensa, integrada por el defensor y el propio procesado, ha consistido en interponer peticiones que han llevado a impedir la culminaci\u00f3n del proceso. No ha sido la autoridad judicial la que ha perturbado el desarrollo de las diligencias sino el c\u00famulo de peticiones de la defensa. <\/p>\n
32. Este tipo de situaciones no pueden ser ignoradas por la judicatura, menos cuando legalmente los t\u00e9rminos se suspenden o se interrumpen, como ocurre cuando los procesos se remiten ante la JEP o se interponen recusaciones absolutamente infundadas y dilatorias, como aqu\u00ed ha ocurrido. <\/p>\n
33. As\u00ed las cosas, tal como lo advirtiera el juzgado de primera instancia, la audiencia p\u00fablica juzgamiento no ha finalizado por razones imputables a la defensa y el mismo procesado. <\/p>\n
34. En todo caso, la inasistencia de los testigos de la defensa a la audiencia, siempre y cuando hayan sido debidamente notificados, puede llevar a que se convierta en imposible su recepci\u00f3n, caso en el cual el proceso debe continuar. Con todo, el juez de primer grado tiene a su disposici\u00f3n medidas policivas y correccionales para hacer comparecer a la audiencia a quienes sean citados, asunto que debe ponderar para evitar dilaciones indebidas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del tutelante no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial interpret\u00f3 las normas que regulan la concesi\u00f3n de la libertad condicional y concluy\u00f3 que no se reun\u00edan los presupuestos necesarios para otorgar el beneficio que reclam\u00f3 el quejoso, toda vez que la dilaci\u00f3n que se ha presentado en el tr\u00e1mite del juicio acusado es imputable, en gran medida, a actuaciones de la defensa. <\/p>\n
Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
4. Se impone, entonces, respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
6 <\/p>\n
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