STC2156-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2156-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santa Marta el 25 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Irma Berm\u00fadez Tamasco formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad y la Central de Inversiones SA, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos SA y, Fernando Jos\u00e9 Magri Narv\u00e1ez, y citados los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo n\u00famero 47001-31-03-001-2015-00268-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, en el proceso ejecutivo promovido en su contra, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta en auto de 11 de noviembre de 2022 resolvi\u00f3 desfavorablemente los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la decisi\u00f3n de 12 de noviembre de 2021, en la que fij\u00f3 fecha para diligencia de remate del inmueble de su propiedad, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 080-42164, embargado y secuestro dentro del anotado proceso. <\/p>\n
Asever\u00f3, que sustent\u00f3 los recursos en que el aval\u00fao presentado por la parte ejecutante hab\u00eda perdido vigencia, luego entonces, no se pod\u00eda realizar la almoneda. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que adem\u00e1s al Juzgado de conocimiento le correspond\u00eda verificar si en el expediente exist\u00eda la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario para adquisici\u00f3n de vivienda, pactado inicialmente en Unidades de Poder Adquisitivo Constante \u2013 UPAC, lo que no lo hizo, y profiri\u00f3 sentencia, cuando lo procedente era revocar el mandamiento de pago. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que, aun cuando no fue solicitada como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, deb\u00eda decretarse la prescripci\u00f3n de manera oficiosa. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3, la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, inform\u00f3 que recibi\u00f3 el expediente objeto de controversia con auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, embargo, secuestro y aval\u00fao del bien que garantizaba la obligaci\u00f3n perseguida, por lo que se limit\u00f3 a realizar actuaciones encaminadas a llevar a cabo el remate del inmueble. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que la accionante reproch\u00f3 la omisi\u00f3n de declarar oficiosamente la prescripci\u00f3n del cr\u00e9dito, lo que no fue propuesto como excepci\u00f3n de m\u00e9rito. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las razones en las que soport\u00f3 la solicitud de nulidad fueron rechazadas por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad en providencia de 14 de febrero de 2011, y los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n fueron decididos en auto de 31 de agosto de 2011, y los reparos fueron id\u00e9nticos a los que expuestos contra el auto que fij\u00f3 la fecha de remate. <\/p>\n
En lo relativo a la p\u00e9rdida de vigencia del aval\u00fao presentado, asegur\u00f3, que \u00e9ste lo puso en conocimiento de las partes, sin que se hubiera alegado objeci\u00f3n en su contra, y agreg\u00f3 que el tenido en cuenta fue el catastral, aumentado en un 50%, del cual se corri\u00f3 traslado por auto de 20 de enero de 2020 y fue aprobado el 26 de febrero de esa anualidad, y que la ejecutada no ha pedido actualizaci\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3, que instal\u00f3 la diligencia de remate, pero \u00abse declar\u00f3 desierta al no existir postura v\u00e1lida.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, manifest\u00f3 que en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA15-10300 del Consejo Superior de la Judicatura, remiti\u00f3 el expediente del proceso ejecutivo al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, y puso de presente que sus decisiones ya ten\u00edan m\u00e1s de una d\u00e9cada de haber sido proferidas, motivo por el que, en caso de haber sido desfavorables a los intereses de la accionante, debieron controvertirse con los recursos ordinarios, no siendo \u00abposible realizar un examen a una eventual transgresi\u00f3n a sus derechos fundamentes en atenci\u00f3n al principio de inmediatez.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Central de Inversiones SA aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que, \u00aben virtud del Contrato de Compraventa celebrado el 6 de julio de 2007 con la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A., las obligaciones No. 720003375, 720015148 y 720015155 a cargo de la se\u00f1ora Irma Jos\u00e9 Berm\u00fadez Tamasco, fueron cedidas por CISA a dicha entidad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta, neg\u00f3 el amparo tras considerar razonables las decisiones adoptadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad en relaci\u00f3n con el aval\u00fao aprobado para efectos del remate. <\/p>\n
En lo que guarda relaci\u00f3n con los dem\u00e1s reproches, referentes a la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito y a que ha debido declararse oficiosamente la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, lo que en sentir de la accionante gener\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en el proceso, dijo que estos fueron atendidos mediante auto de 14 de febrero de 2011 a trav\u00e9s del cual se \u00abrechaz\u00f3 la nulidad invocada, lo que condu[jo] a la improcedibilidad del amparo por esta causa, al ser evidente que no concurr[\u00eda] el presupuesto de la inmediatez, sin dejar de lado que la prescripci\u00f3n no admite la declaraci\u00f3n oficiosa.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la accionante para insistir en sus pretensiones y resaltar que las decisiones que se profirieron respecto al aval\u00fao, son recientes, por lo que s\u00ed cumpli\u00f3 con el requisito de inmediatez y, por lo tanto, su pretensi\u00f3n era procedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho. (CSJ. STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022, STC10431-2022, STC16655-2022, STC705-2023, STC1002-2023 y STC1886-2023, entre muchas). <\/p>\n
Solo en dicha situaci\u00f3n se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la jurisprudencia, en especial, que se acuda oportunamente a la queja constitucional y que previamente se agoten todos los recursos ordinarios y extraordinarios existentes en el ordenamiento procesal para evitar la situaci\u00f3n de que se trate, debido el car\u00e1cter subsidiario y residual de este amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Irma Berm\u00fadez Tamasco acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, as\u00ed como con Central de Inversiones SA, porque consider\u00f3 que en el proceso ejecutivo radicado bajo el n\u00famero 47001-31-53-001-2015-00268-00 seguido en su contra, no pod\u00eda se\u00f1alarse fecha para el remate del inmueble de su propiedad, distinguido con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 080-42164, debido a que, <\/p>\n
<\/p>\n
i. No se verific\u00f3 la existencia de una reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios para la adquisici\u00f3n de vivienda, pactados inicialmente en Unidades de Poder Adquisitivo Constante \u2013 UPAC y, no obstante, se dict\u00f3 orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n,<\/p>\n
ii. Aun cuando no fue solicitada la prescripci\u00f3n como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, debi\u00f3 decretarse de manera oficiosa y,<\/p>\n
<\/p>\n
3. Revisada la actuaci\u00f3n, se advirti\u00f3 que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta mediante auto de 14 de febrero de 2011, se pronunci\u00f3 frente a la primera de las quejas en menci\u00f3n, para \u00abrechazar de plano\u00bb la \u00absolicitud de nulidad\u00bb que, en igual sentido, plante\u00f3 la accionante en el aludido proceso ejecutivo. <\/p>\n
En aquella oportunidad, la autoridad en cita consider\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Se detecta que en el caso sub examine, ya se ha producido sentencia en primera instancia, la cual fue confirmada por parte del H. Tribunal Superior de Santa Marta, en donde se decidi\u00f3 declarar no probadas las excepciones de m\u00e9rito propuestas, y se orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n de la manera en que fue dispuesta en el mandamiento de pago, ahora bien, se tiene que las elucubraciones efectuadas por parte de la demandada, en donde manifiesta que debi\u00f3 practicarse la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito por ser una obligaci\u00f3n derivada de un cr\u00e9dito para la adquisici\u00f3n de vivienda, son hechos que debieron alegarse en su oportunidad ya sea como excepci\u00f3n de m\u00e9rito o, si se quiere, como recurso en contra del mandamiento de pago, o hasta antes de aprobarse la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, de ser el caso, en ese orden de ideas, es dable concluir que no puede pretenderse en estas instancias procesales, en donde existente dos sentencias debidamente en firme y ejecutoriadas, que hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada, se declare la nulidad de todo lo actuado, porque en la oportunidad procesal la demandada no aleg\u00f3 en su defensa el hecho de que el cr\u00e9dito no se hubiese reliquidado.\u00bb <\/p>\n
Postura que mantuvo en providencia de 31 de agosto de 2011, al resolver los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n presentados por la interesada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es clara la ausencia del requisito de la inmediatez echado de menos en primera instancia, pues, a pesar de la inconformidad expuesta por la accionante, esta se mantuvo silente durante m\u00e1s de once (11) a\u00f1os, para acudir a este mecanismo expedido y sumario de manera tard\u00eda, si se toma en cuenta que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, seis (6) meses es un plazo razonable para tales fines, m\u00e1xime si no existe una justificaci\u00f3n l\u00f3gica para tan amplia demora. (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00 y recientemente en STC1526-2022, STC6331-2022, STC7548-2022 y STC379-2023, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
4. En similar sentido lo que guarda relaci\u00f3n con el segundo reclamo, al que debe agregarse la omisi\u00f3n del requisito de la subsidiariedad, debido a que la aqu\u00ed accionante tampoco present\u00f3 como excepci\u00f3n en la acci\u00f3n ejecutiva seguida en su contra, la prescripci\u00f3n cuya oficiosidad solicit\u00f3 equivocadamente en esta tutela. <\/p>\n
No puede olvidarse que la falta de proposici\u00f3n oportuna y adecuada de los instrumentos de defensa judicial constituye una desidia procesal que no puede sanearse con esta acci\u00f3n extraordinaria, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando los interesados dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el ordenamiento jur\u00eddico, quedan sujetos a las consecuencias de las decisiones judiciales que le sean adversas a sus pretensiones, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria. (CSJ. STC12514-2021, STC14292-2021, STC2292-2022, STC2818-2022, STC3819-2022, STC7217-2022 y STC16910-2022, entre muchas). <\/p>\n
De esa manera, la acci\u00f3n de tutela estaba llamada a su fracaso desde el inicio, pues, contrario a lo afirmado por la impugnante, no bastaba con plantear en el amparo un alegato concluido por el juez de conocimiento desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada, para tener por superado el requisito temporal referido en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ahora bien, en lo referente al tercer reparo, m\u00edrese bien que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta al resolver los recursos que present\u00f3 la actora contra el auto de 12 de noviembre de 2021, con el que fij\u00f3 fecha de remate, sostuvo, <\/p>\n
\u00abFrente al primer punto de discrepancia, es preciso tener en cuenta que el art\u00edculo 444 del C. G. del P., se\u00f1ala en quien radica la facultad o derecho de presentar el aval\u00fao, la oportunidad para presentarlo, de qu\u00e9 tipo podr\u00edan presentarse, y tr\u00e1mite una vez presentado; as\u00ed como precisiones de aval\u00faos de determinados tipos de bienes: inmuebles y automotores. Por su parte el art\u00edculo 448 del ordenamiento citado, establece el aval\u00fao entre otros requisitos para llegar a fijar fecha de remate. <\/p>\n
De tal manera que las afirmaciones del recurrente no se refleja en las normas del ordenamiento procedimental citadas. <\/p>\n
Sin embargo, a ellos se suma la menci\u00f3n del decreto 1420 de 1998, que disponen en su articulo 1: (\u2026) <\/p>\n
En ninguno de esos numerales se habla de los aval\u00faos que se realizan para los procesos ante la administraci\u00f3n de justicia. Por tanto, ese t\u00e9rmino de que habla del art\u00edculo 5o de la citada norma, no ser\u00eda aplicable a estos. <\/p>\n
En este caso, el aval\u00fao aportado para efectos de realizar el remate se advierte que el mismo hab\u00eda sido puesto en conocimiento oportunamente por el extremo activo, sin que oportunamente se hubiere alegado objeci\u00f3n contra el mismo\u00bb <\/p>\n
La decisi\u00f3n trascrita no podr\u00eda tildarse de caprichosa, habida cuenta que, es claro, cuando de remates judiciales se refiere, es el C\u00f3digo General del Proceso el que debe aplicarse, y no otras normas que hagan referencia a cuestiones similares a las que regular el remate de bienes para el pago de obligaciones ejecutadas ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria, de esa manera, la interesada ten\u00eda la obligaci\u00f3n, conforme al art\u00edculo 444, de controvertir el aval\u00fao presentado por su contraparte, para presentar -de ser el caso- el que m\u00e1s se acomodara a sus intereses, sin embargo, no lo hizo, por lo que mal pod\u00eda quejarse por su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En cualquier caso, no puede perderse de vista que, pese a su inconformidad con el aval\u00fao presentado y aprobado para fines de remate, la interesada no acredit\u00f3 haber presentado ante el Juzgado accionado uno m\u00e1s actualizado para tal finalidad, lo que, se observa contrario al requisito de la subsidiariedad varias veces mencionado, \u00ab[s]i no se ha realizado la solicitud a la autoridad correspondiente, la acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, pues la acci\u00f3n de tutela no se instituy\u00f3 para inmiscuirse en las actuaciones a cargo de las otras autoridades, ni de los particulares, sino para impedir o desterrar las acciones u omisiones que causen quebranto en los derechos b\u00e1sicos, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb (CSJ. STC 30 en. 2013, rad. 2012-00275-01, reiterada entre otras, en STC1119-2019 y STC483 de 2023). <\/p>\n
<\/p>\n
7. Finalmente, restar se\u00f1alar que en esta ocasi\u00f3n no se demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que activara el mecanismo de manera excepcional, para cuya finalidad, como es bien conocido, no basta con realizar una serie de manifestaciones sin fundamento probatorio, ya que estas requieren del sustento suficiente para que el director de la tutela analice la imperiosa necesidad de inmiscuirse o no, en el caso concreto.<\/p>\n
8. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2156-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2156-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2023-00006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}