STC2161-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2161-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02117-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de enero de 2022, en la acci\u00f3n de tutela formulada por Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Universidad del Atl\u00e1ntico, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla y citados los intervinientes en los procesos con radicado n\u00ba 080012252002-2013-80003 y n\u00ba 0800013333001-2016-00090. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, dignidad y trabajo, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el mencionado ente universitario suspendi\u00f3 el pago de salarios desde junio de 2000, pese a que existe verificaci\u00f3n del cumplimiento del contrato tal y como consta en el certificado expedido el 30 de noviembre de ese a\u00f1o, suscrito por el rector. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que por lo anterior interpuso demanda contra la Universidad del Atl\u00e1ntico con el fin de obtener el pago de las acreencias laborales, no obstante, en 2016 el Juzgado Primero Administrativo de Oralidad de Barranquilla la rechaz\u00f3 por extempor\u00e1nea. <\/p>\n
Expuso que posteriormente, inici\u00f3 proceso para que se le reconociera la calidad de v\u00edctima del conflicto armado, asunto tramitado ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la que en sentencia de 18 de diciembre de 2018 lo declar\u00f3 v\u00edctima directa por los hechos de su persecuci\u00f3n e indirecta por el homicidio de su hermano, autoridad que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al desconocer su condici\u00f3n de funcionario p\u00fablico y docente de la Universidad del Atl\u00e1ntico cuando sufri\u00f3 el desplazamiento forzado, porque le asign\u00f3 una indemnizaci\u00f3n \u00abque no era ni la mitad de un a\u00f1o de trabajo\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que agot\u00f3 todas la v\u00edas ordinarias y extraordinarias sin recibir reparaci\u00f3n, protecci\u00f3n, ni los pagos por el tiempo laborado, pese a ser victimizado no solo por los grupos criminales, sino tambi\u00e9n por la Universidad del Atl\u00e1ntico y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, que hizo de su condici\u00f3n un total desconocimiento de sus funciones p\u00fablicas desde el momento que comenz\u00f3 su situaci\u00f3n de desplazamiento. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abal momento del crimen y la persecuci\u00f3n\u00bb ten\u00eda su trabajo estable, investigaciones y estudios, no obstante, su familia y \u00e9l tuvieron que huir, situaci\u00f3n que fue desconocida, mientras que a muchos profesores de la Universidad del Atl\u00e1ntico que estaban en su misma condici\u00f3n y sufrieron persecuci\u00f3n, se les brind\u00f3 asistencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, corregir la sentencia cuestionada para que realice el reconocimiento del lucro cesante y da\u00f1o emergente de sus empresas y condici\u00f3n de empleado p\u00fablico, adem\u00e1s, para que efect\u00fae las respectivas indemnizaciones y reconozca como v\u00edctimas directas a sus hijos y exesposa por el desplazamiento ocasionado, aspectos que fueron desestimados por dicha autoridad judicial. <\/p>\n
Igualmente solicit\u00f3 ordenar a la Universidad del Atl\u00e1ntico efectuar los pagos de lo adeudado de su contrato n\u00ba 009 de 2000 hasta la fecha, por la suma de $556.071.305, as\u00ed como, los pagos de su contrato como docente de c\u00e1tedra por $245.660.000 y $86.593.995 por concepto de cesant\u00edas hasta 2014 y disponer su reintegro. <\/p>\n
3. Luego de haber sido decretada la nulidad por esta Sala ante la indebida integraci\u00f3n del contradictorio, la Sala de Casaci\u00f3n Penal procedi\u00f3 de conformidad y dispuso la vinculaci\u00f3n de las autoridades accionadas y dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, manifest\u00f3 que profiri\u00f3 sentencia condenatoria parcial en contra de Hern\u00e1n Giraldo Serna y otros en el proceso n\u00ba 2013-80003, cuya diligencia de audiencia p\u00fablica para la lectura de la decisi\u00f3n, inici\u00f3 el 18 de diciembre de 2018 y culmin\u00f3 en el 11 de julio de 2019, como quiera que se trat\u00f3 de una macro sentencia de aproximadamente 7000 folios. <\/p>\n
En lo que respecta al accionante indic\u00f3 que, a folio 2340 de la providencia se le reconoci\u00f3 su condici\u00f3n de v\u00edctima indirecta del homicidio de su hermano y luego del an\u00e1lisis de las pruebas aportadas para efectos de acreditar las pretensiones del interesado, reconoci\u00f3 una indemnizaci\u00f3n por concepto de da\u00f1os morales en la suma de 50 s.m.l.m.v. con ocasi\u00f3n del homicidio de su hermano Hugo El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez, as\u00ed como 50 s.m.l.m.v. por el da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n y 50 s.m.l.m.v. como v\u00edctima directa del delito de desplazamiento forzado. <\/p>\n
Destac\u00f3 que neg\u00f3 las pretensiones relacionadas con el lucro cesante por los salarios dejados de percibir como docente de la Universidad del Atl\u00e1ntico y presidente de la Fundaci\u00f3n Instituto del Agua, porque no se aportaron elementos de convicci\u00f3n que condujeran a su reconocimiento. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que, si el actor no estaba conforme con lo resuelto por esa Sala, pudo haber impugnado la sentencia interponiendo los correspondientes recursos de ley, sin embargo, no lo hizo, raz\u00f3n por la cual qued\u00f3 debidamente ejecutoriada, resultando improcedente la acci\u00f3n de tutela para revivir t\u00e9rminos judiciales, m\u00e1xime cuando han trascurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os de proferido el pronunciamiento cuestionado. <\/p>\n
Posteriormente y tras el requerimiento efectuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla remiti\u00f3 la constancia de ejecutoria de la sentencia dictada en el proceso 2013-80003 y el link de acceso a la decisi\u00f3n, informando que el apoderado del se\u00f1or Bruno El\u00edas maduro Rodr\u00edguez fue debidamente notificado. <\/p>\n
<\/p>\n
Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que en este tipo de actuaciones, la ley consagra que \u00abla obligatoriedad de las citaciones a las v\u00edctimas recae en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, en esta sentencia se trataron de m\u00e1s de 10.000 v\u00edctimas, la secretar\u00eda de esta Sala de Justicia y Paz, notifica a las partes procesales, Fiscal\u00eda, Ministerio P\u00fablico, Abogados representantes de v\u00edctimas (contractuales y defensores p\u00fablicos) a trav\u00e9s de los Coordinares de la Defensor\u00eda del Pueblo y los contractuales a su direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n, Unidad de v\u00edctimas, INPEC, C\u00e1rceles\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez contra la Universidad del Atl\u00e1ntico fue inicialmente presentado ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, correspondiendo al Juzgado D\u00e9cimo Laboral del Circuito de esa ciudad, autoridad que el 2 de febrero de 2016 rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgado Administrativos. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, surtido el reparto, el asunto correspondi\u00f3 a ese despacho bajo el radicado 2016-00090, sin embargo, la demanda fue inadmitida con auto de 6 de abril de 2016 y, al no haber sido subsanada en el t\u00e9rmino concedido, dispuso su rechazo el 24 de junio de 2016, determinaci\u00f3n frente a la cual no se formul\u00f3 recurso. En ese sentido solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por incumplimiento de los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
3. El Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del INPEC, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. En igual sentido se pronunciaron el Coordinador del Grupo de Acciones Legales y Constitucionales de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia y del Derecho y, la directora Jur\u00eddica de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas UAEGRTD. <\/p>\n
4. La apoderada judicial de la Universidad del Atl\u00e1ntico indic\u00f3 que el actor pudo acudir a la jurisdicci\u00f3n ordinaria administrativa, con el fin de solicitar el amparo de sus derechos y no esperar m\u00e1s de veinte a\u00f1os para reclamar a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n unos derechos de car\u00e1cter litigioso y que han fenecido por el transcurso del tiempo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio inminente y tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional tras determinar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en raz\u00f3n a que el accionante no interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, con el fin de exponer sus inconformidades frente a la misma y reclamar que se enmendaran los yerros sustanciales o procedimentales que se hubieran podido estructurar en detrimento de sus intereses. <\/p>\n
Respecto a los cuestionamientos dirigidos contra la Universidad del Atl\u00e1ntico, consider\u00f3 que el amparo tampoco cumple el requisito de la subsidiariedad, habida cuenta que el actor ya someti\u00f3 la problem\u00e1tica planteada a consideraci\u00f3n del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, que clausur\u00f3 el debate a trav\u00e9s del auto que rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Igualmente, determin\u00f3 el incumplimiento del requisito de la inmediatez, puesto que el interesado tard\u00f3 aproximadamente cinco a\u00f1os en formular sus inconformidades contra la decisi\u00f3n del Tribunal Superior proferida en 2018. <\/p>\n
Por \u00faltimo, descart\u00f3 la existencia de un da\u00f1o irreversible o un perjuicio que tuviera la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y espec\u00edfica los derechos fundamentales del peticionario. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, aduciendo que no fue notificado de la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla y solo hasta mayo de 2022 tuvo conocimiento de la determinaci\u00f3n, por lo cual acudi\u00f3 a este mecanismo. <\/p>\n
Respecto a la Universidad del Atl\u00e1ntico indic\u00f3 que, dio por terminado unilateralmente el contrato \u00aba pesar de sentencias judiciales que confirman que no hubo abandono sino una fuerza mayor como es el desplazamiento forzado por persecuci\u00f3n violenta\u00bb; sumado a que \u00abviol\u00f3 [su] condici\u00f3n de docente al despedir[lo] y no notificar[lo] durante todos estos a\u00f1os, y al ocultar el acto de despido viola la constituci\u00f3n y la ley, para ahora excusarse con mala F\u00c9 de que existe prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que, si bien el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla no es accionado sino vinculado, transgredi\u00f3 su debido proceso al exigirle que efectuara la conciliaci\u00f3n otorgando solo un plazo de 5 d\u00edas, lo que resultaba imposible, adem\u00e1s de confundir \u00abla reclamaci\u00f3n laboral con la de una nulidad y restablecimiento del derecho normal en la que si se tiene que agotar esa v\u00eda conciliatoria\u00bb. <\/p>\n
El accionante present\u00f3 \u00abaclaraci\u00f3n al recurso de impugnaci\u00f3n\u00bb, cuestionando que no existe exactitud en cuando profiri\u00f3 la sentencia el Tribunal accionado y cu\u00e1l es la fecha de ejecutoria de esta, \u00abpues por un lado dice que es 2018 y por otro lado dice que es 2019 y por otro dice que es 2020\u00bb, por lo que desconoce c\u00f3mo pudieron notificar a diez mil v\u00edctimas. Agreg\u00f3 que el memorial con las constancias de notificaci\u00f3n al que se hace referencia en la sentencia de tutela de primera instancia no obra en el link del expediente remitido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. (CSJ. STC11845-2021 y STC1526-2022). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez acude a la acci\u00f3n de tutela en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados con la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 18 de diciembre de 2018, en la que se le reconoci\u00f3 como v\u00edctima directa del desplazamiento forzado e indirecta del homicidio de su hermano. <\/p>\n
Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada por inobservancia de los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez, puesto que, analizadas las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se evidencia que el accionante no solo dej\u00f3 de utilizar los medios de defensa que ten\u00eda a su alcance para exponer los reparos que alega mediante esta v\u00eda excepcional, sino que no acudi\u00f3 en tiempo al juez constitucional. <\/p>\n
Lo anterior teniendo en cuenta que no present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que proced\u00eda contra la sentencia del Tribunal Superior, oportunidad procesal que desaprovech\u00f3 para exponer las inconformidades que plantea a trav\u00e9s de este mecanismo, lo que imposibilita el uso de la acci\u00f3n tutela, si se tiene en cuenta el car\u00e1cter residual y subsidiario de la misma. (CSJ. STC3579-2020, reiterada en STC8092-2021 y STC10293-2022). <\/p>\n
Ahora bien, en punto a lo manifestado por el accionante referente a que la omisi\u00f3n en la presentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n se debi\u00f3 a la falta de notificaci\u00f3n de la sentencia cuestionada, advierte la Sala que tales justificaciones no tienen respaldo, porque al ser parte en el proceso cuestionado, era su obligaci\u00f3n estar atento al mismo y vigilar las actuaciones que all\u00ed se adelantaran, y, adem\u00e1s, seg\u00fan lo informado por la secretaria de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante correo de 20 de enero de 2023, el apoderado de Bruno El\u00edas maduro Rodr\u00edguez fue debidamente notificado. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
De otra parte, t\u00e9ngase en cuenta que la decisi\u00f3n cuestionada fue proferida el 18 de diciembre de 2018, mientras que la acci\u00f3n de tutela fue presentada en octubre de 2022, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de tres a\u00f1os y diez meses, t\u00e9rmino que supera el plazo de seis meses establecido por esta Sala como suficiente para reclamar la protecci\u00f3n constitucional, sin que resulte admisible lo afirmado por el actor, referente a que solo hasta en mayo de 2022 tuvo conocimiento de la sentencia, pues es su deber estar atento al desarrollo del proceso, con el fin de realizar las intervenciones pertinentes y acudir a los mecanismo de defensa en los t\u00e9rminos otorgados, carga que se reitera, le correspond\u00eda asumir. <\/p>\n
No debe olvidar el solicitante, que en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a las autoridades accionadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
N\u00f3tese que el interesado tampoco acredit\u00f3 ninguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad en acudir a este mecanismo excepcional. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En lo atinente al reproche dirigido contra la Universidad del Atl\u00e1ntico, se advierte que las inconformidades frente a las gestiones del ente universitario, los contratos y el reconocimiento de las acreencias laborales, fue un asunto que el reclamante someti\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sin embrago, al no haber sido subsanada la demanda, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla la rechaz\u00f3 el 24 de junio de 2016, decisi\u00f3n que tampoco fue objeto de recurso, circunstancia que refleja el incumplimiento de los presupuestos de la subsidiariedad e inmediatez para la procedencia de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a los reparos se\u00f1alados por Bruno El\u00edas Maduro Rodr\u00edguez en la impugnaci\u00f3n, respecto a que el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barranquilla vulner\u00f3 su derecho al debido proceso, al exigirle que efectuara la conciliaci\u00f3n otorgando solo un plazo de 5 d\u00edas, lo que resultaba imposible, adem\u00e1s de confundir \u00abla reclamaci\u00f3n laboral con la de una nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, debe se\u00f1alarse que resulta ser un hecho nuevo no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que no pudo ser controvertida por los implicados, raz\u00f3n por la cual un pronunciamiento de esta instancia frente al mismo implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de dicha autoridad. <\/p>\n
5. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio en aras de evitar un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb. lo que tampoco se logr\u00f3 concluir del expediente (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, reiterada, entre otras, en STC860-2018 y STC15067-2022). (negrillas de esta Sala). <\/p>\n
6. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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