STC2166-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2166-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00173-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., mueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de febrero de 2023 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Diana Carolina Ochoa Talero le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial, al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento y al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, todos de la ciudad de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00070. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La querellante, en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y dignidad humana\u00bb, para que: <\/p>\n
\u00abi) Se ordene suspender efectivamente los efectos (sic) de la sentencia condenatoria de primera instancia proferida el 21 de octubre de 2022, por parte del Juzgado 37 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, en lo relativo a la orden de captura y orden de encarcelamiento para el cumplimiento de la pena. <\/p>\n
ii) Se declare nulo el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado 37 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, quien libr\u00f3 la boleta de encarcelamiento el 5 de enero de 2023, que orden\u00f3 [su] traslado inmediato a la c\u00e1rcel, toda vez que se encontraba suspendido en su competencia, en virtud del recurso de alzada instaurado, conforme lo establece el art\u00edculo 177 de la Ley 906 de 2004, raz\u00f3n por la cual, no pod\u00eda como tampoco deb\u00eda expedir tal boleta de encarcelamiento, situaci\u00f3n que ciertamente alter\u00f3 el procedimiento seguido en [su] contra, respecto a la captura que se efectu\u00f3. <\/p>\n
iii) Se suspenda el cumplimiento de la orden de captura proferida por el Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, acto seguido, se declare nulo el procedimiento llevado a cabo por esa autoridad judicial. <\/p>\n
iv) Se garantice el disfrute de [sus] derechos fundamentales, por consiguiente, se ordene [su] traslado inmediato desde la C\u00e1rcel, lugar donde actualmente [se] encuentra recluida hasta [su] domicilio a fin de continuar disfrutando de la medida de detenci\u00f3n y\/o prisi\u00f3n domiciliaria, quedando a la espera de la nueva y definitiva decisi\u00f3n judicial que emita el Tribunal Superior, que desate el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 contra la sentencia condenatoria. <\/p>\n
v) Se ordene a las autoridades accionadas, que como perjudicada de las decisiones adoptadas, pueda continuar descontando pena, mientras se emite por parte del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, la decisi\u00f3n judicial que desate el recurso de apelaci\u00f3n que [instaur\u00f3] contra la decisi\u00f3n condenatoria. <\/p>\n
vi) Ser o\u00edda y\/o escuchada en el presente tr\u00e1mite tutelar, conforme lo establece la parte final del inciso primero del art\u00edculo 21 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
vii) Si llegado el caso, las autoridades judiciales accionadas, no realizan pronunciamiento alguno, se de aplicaci\u00f3n inmediata al principio de presunci\u00f3n de veracidad consagrado en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. <\/p>\n
En compendio sostuvo que el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1 la conden\u00f3 a 78 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n como coautora del delito de hurto calificado en concurso homog\u00e9neo, le neg\u00f3 los subrogados penales y dispuso la correspondiente captura (21 oct. 2022); determinaci\u00f3n frente a la que interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en tr\u00e1mite ante la Sala Penal del Tribunal Superior de esta urbe. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el 22 de noviembre de 2022, el Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta localidad, libr\u00f3 orden de aprehensi\u00f3n en su contra, que se materializ\u00f3 el 4 de enero de 2023, encontr\u00e1ndose actualmente privada de la libertad en la C\u00e1rcel de Mujeres \u201cEl Buen Pastor\u201d mediante Boleta de Encarcelamiento n\u00ba 001. <\/p>\n
En su opini\u00f3n, se lesionaron sus prerrogativas esenciales, en raz\u00f3n a que \u00abla decisi\u00f3n que orden\u00f3 su captura, qued\u00f3 suspendida al concederse el recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 contra la misma, por tanto no era procedente su materializaci\u00f3n ni mucho menos librar Boleta de Encarcelamiento, sin esperar que el Tribunal Superior desatara el recurso\u00bb, por tanto, \u00ablo que corresponde es ordenar [su] traslado inmediato a [su] lugar de domicilio, mientras se desenlaza el recurso de apelaci\u00f3n y se toma una nueva y definitiva decisi\u00f3n sobre el particular\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 copia del paginario censurado. <\/p>\n
El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio asever\u00f3 que \u00abno ha lesionado derecho fundamental alguno, en el entendido que cumple funciones netamente administrativas, por lo que en atenci\u00f3n a la orden proferida por el Juzgado de Conocimiento se libraron los respectivos oficios de captura\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013 Inpec y la Personer\u00eda de Bogot\u00e1 rogaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, tras concluir que \u00abno se evidencia que la determinaci\u00f3n adoptada por las demandadas sea ilegal, o a tal punto arbitraria, que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional porque al ser condenada y decidirse hacer efectiva la pena privativa de la libertad impuesta, independientemente que contra esa decisi\u00f3n se formulara alg\u00fan recurso, era imperativo expedir la respectiva orden de captura pues, el efecto suspensivo en que se concede la apelaci\u00f3n implica, la suspensi\u00f3n de la competencia de quien profiri\u00f3 la decisi\u00f3n objeto del recurso pero no de la determinaci\u00f3n impugnada, como lo propone de forma desatinada la accionante\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la precursora insistiendo en los planteamientos inaugurales, agregando que se debe reconocer la presunci\u00f3n de veracidad, ya que \u00ablos accionados guardaron silencio, situaci\u00f3n que ciertamente enloda [sus] pretensiones\u00bb; adem\u00e1s, que no se analiz\u00f3 que \u00abel Juzgado accionado libr\u00f3 Boleta de Encarcelamiento ordenando [su[ traslado a la c\u00e1rcel cuando se encontraba suspendido en su competencia en virtud de la alzada instaurada por lo que se extralimit\u00f3 en el ejercicio de la funci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se observa que, a pesar que el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 no se pronunci\u00f3 en el t\u00e9rmino de traslado otorgado por el a quo constitucional, se ratificara el veredicto confutado, porque la resoluci\u00f3n objeto de reparo no luce arbitraria ni antojadiza. <\/p>\n
En efecto, en el aparte de la providencia cuestionada (21 oct. 2022), dicho estrado resolvi\u00f3 \u00abcondenar a Diana Carolina Ochoa Talero a la pena principal de setenta y ocho (78) meses y quince (15) d\u00edas de prisi\u00f3n, en calidad de coautora del delito de hurto calificado y consumado en concurso homog\u00e9neo (\u2026) no conceder el beneficio de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena ni prisi\u00f3n domiciliaria transitoria. En consecuencia, por medio del Centro de Servicios de la Rama Judicial l\u00edbrese la respectiva orden de encarcelamiento que se traduce en orden de captura para el cumplimiento de la pena impuesta\u00bb, al apreciar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para conceder la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, no resulta viable en este caso, por cuanto la pena impuesta excede de cuatro a\u00f1os\u00bb y, \u00abse tiene que se trata de uno de los delitos taxativamente excluidos de los beneficios y subrogado penales, vale decir por Hurto Calificado, que lo ubica frente a la expresa prohibici\u00f3n determinada en el Art. 68 A del C.P., tajante exclusi\u00f3n de beneficio y subrogados penales de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena como libertad condicional transitoria, prisi\u00f3n domiciliaria, por lo que deber\u00e1n purgar la pena privativa de la libertad que le fuera impuesta en establecimiento carcelario que se designe para tal fin, debi\u00e9ndose expedir la correspondiente orden de encarcelamiento\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, establece: <\/p>\n
\u00abAcusado no privado de la libertad. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podr\u00e1 disponer que contin\u00fae en libertad hasta el momento de dictar sentencia. <\/p>\n
Si la detenci\u00f3n es necesaria, de conformidad con las normas de este c\u00f3digo, el juez la ordenar\u00e1 y librar\u00e1 inmediatamente la orden de encarcelamiento\u00bb. <\/p>\n
Al interpretar esa norma, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en prove\u00eddo AP 30 de enero de 2008 (rad. 28918), reiterado en STP2621- 2021 y STP2874-2022, dijo lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] se hace necesario que los jueces observen que en los t\u00e9rminos de la Ley 906 de 2004 la ejecuci\u00f3n de la sentencia y las \u00f3rdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que la privaci\u00f3n de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposici\u00f3n de una pena privativa de la libertad cuya ejecuci\u00f3n no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanci\u00f3n impuesta. Y si tal mandato lo incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. <\/p>\n
Excepcionalmente el juez podr\u00e1 abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme lo cual debe quedar suficientemente explicado el por qu\u00e9 le resulta innecesaria la orden de detenci\u00f3n inmediata. Esto podr\u00eda presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad. <\/p>\n
En todo caso cada situaci\u00f3n deber\u00e1 ser analizada en forma concreta; muy probablemente no estar\u00e1n cubiertas por la excepci\u00f3n (i) aquellas personas que han rehuido su comparecencia ante los jueces, (ii) quienes se han escondido o dificultado las notificaciones a lo largo de la actuaci\u00f3n, (iii) los que han utilizado estrategias dilatorias en busca de beneficios, (iv) los procesados que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan presencia en la actuaci\u00f3n, y (v) en general cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposici\u00f3n de una detenci\u00f3n preventiva\u00bb. (Negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Por lo anterior, se aprecia que el juzgador de primera instancia actu\u00f3 dentro de los par\u00e1metros legales y, no hizo otra cosa que acatar lo consagrado en el canon 450 de la Ley Procedimental Penal actual. <\/p>\n
2.- De otra parte, tambi\u00e9n el m\u00e1ximo organismo de cierre de la especialidad penal se ha manifestado respecto de \u00abla improcedencia de aplicar, por supuesta favorabilidad\u00bb, el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 a procesos regidos por la Ley 906 de 2004, as\u00ed: <\/p>\n
(\u2026) En la Ley 906 de 2004, al anunciar el sentido del fallo, el juez puede ordenar la detenci\u00f3n de la persona que ha sido juzgada en libertad, siempre y cuando esa medida sea necesaria y no proceda la suspensi\u00f3n condicional de la pena (\u2026). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000, se\u00f1ala que si al procesado no le fue impuesta medida de aseguramiento, su aprehensi\u00f3n no puede ordenarse sino hasta cuando haya quedado en firme la sentencia. As\u00ed definido el problema, existe una contradicci\u00f3n aparente en los t\u00e9rminos, y formalmente el r\u00e9gimen del art\u00edculo 188 de la Ley 600 de 2000 es m\u00e1s favorable. Sin embargo, reconocer su aplicaci\u00f3n implicar\u00eda desconocer la estructura conceptual del proceso y la sentencia por las siguientes razones: <\/p>\n
(a). La Corte ha se\u00f1alado que el anuncio del sentido del fallo y la sentencia conforman una unidad jur\u00eddica: \u201cel fallo conforma un todo inescindible, un acto complejo, una unidad tem\u00e1tica, entre el anuncio p\u00fablico y la sentencia finalmente escrita.\u201d <\/p>\n
La Corte Constitucional, en la Sentencia C 342 de 2017, aval\u00f3 esta lectura, recalcando la siguiente reflexi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal: <\/p>\n
\u201cLa jurisprudencia de la Sala, tiene dicho que el anuncio del sentido del fallo por parte del juez de conocimiento, una vez finalizado el debate p\u00fablico oral, constituye un acto procesal que forma parte de la estructura del debido proceso y vincula al juzgador con la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia, conformando con esta una unidad tem\u00e1tica inescindible. <\/p>\n
(b). Se debe distinguir entre medidas de aseguramiento durante el curso del proceso y la orden de \u201cdetenci\u00f3n\u201d al anunciar el sentido del fallo. <\/p>\n
En tal sentido, la expresi\u00f3n del inciso segundo del art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004, que le impone al juez el deber de evaluar \u201csi la detenci\u00f3n es necesaria\u201d, seg\u00fan lo explic\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia 345 de 2017, se \u201crefiere a los criterios y reglas para la determinaci\u00f3n de la punibilidad y los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, especialmente consignados en los art\u00edculos 54 y 63 del C\u00f3digo Penal\u201d, y no a los requisitos que se exigen para imponer medida de aseguramiento. Eso explica que sean distintas las medidas de aseguramiento proferidas durante el curso del juicio de las \u00f3rdenes expedidas para cumplir el fallo condenatorio. <\/p>\n
(c). Por tratarse de una medida restrictiva de la libertad para cumplir el fallo, la cual se ordena al anunciar su sentido, la impugnaci\u00f3n debe manifestarse a trav\u00e9s del recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En este sentido, teniendo en cuenta que si la sentencia del proceso acusatorio es un acto complejo que se integra por el anuncio del sentido del fallo y la sentencia, de admitir la posibilidad de controvertir la ejecuci\u00f3n de la pena anticipadamente, se desconocer\u00eda la estructura conceptual del proceso y de la sentencia, al permitir que la captura proferida para cumplir la pena impuesta se trate como un acto cautelar, aut\u00f3nomo e independiente, permitiendo la revisi\u00f3n fraccionada de la sentencia y desintegr\u00e1ndola a trav\u00e9s de medios distintos al recurso de apelaci\u00f3n, que es el medio id\u00f3neo para controvertir las supuestas ilegalidades de la sentencia (STP2611-2022). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se encuentra irregularidad alguna en torno a la expedici\u00f3n de las \u00f3rdenes de captura emitidas contra la memorialista, comoquiera que la determinaci\u00f3n recriminada contiene una ex\u00e9gesis razonable y responde a las particularidades del caso concreto; pues se ajusta a la postura vigente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3.- Finalmente, en torno a la aspiraci\u00f3n de la quejosa, encaminada a que \u00absea o\u00edda y\/o escuchada en el presente tr\u00e1mite tutelar, conforme lo establece la parte final del inciso primero del art\u00edculo 21 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, no se hace necesario, en tanto que las pruebas aportadas tanto por ella como por los convocados fueron suficientes para solucionar de fondo la controversia. <\/p>\n
4.- Bajo ese entendido se avalar\u00e1 el fallo confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2166-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2166-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2023-00173-01 (Aprobado en Sala de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., mueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de febrero de 2023 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71735","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71735"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71735\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}