STC2168-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2168-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2023-00012-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 30 de enero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Antonio Mar\u00eda Wilches Arias, Elvis Enrique Ospino Mendoza, Enrique Camilo Barrios Meri\u00f1o, \u00c1lvaro Rafael Cantillo Barrios, Manuel Salvador Ospino Mej\u00eda, Gustavo Antonio N\u00fa\u00f1ez P\u00e9rez, Manuel Salvador Marriaga Su\u00e1rez, Juan Antonio Alfaro Bustillo y Jhon Jairo Ditta Romero instauraron contra el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2010-00188. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, exigieron la guarda de los derechos al \u00abtrabajo\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abfamilia\u00bb, \u00abvivienda digna\u00bb y \u00abdignidad humana\u00bb, para que se ordenara dejar sin efectos las providencias emitidas el 1\u00b0 de marzo y 18 de mayo de 2017 y, en consecuencia, \u00abdeclarar [la] nulidad de lo actuado y retrotra[er] todas las actuaciones surtidas (\u2026) [porque] no fueron practicadas pruebas fundamentales que permitieran (\u2026) tomar una decisi\u00f3n ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y el material suasorio que reposa en el dossier, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, en el juicio que la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. inco\u00f3 contra Manuel Salvador Mac\u00edas Acu\u00f1a, H\u00e9ctor Eli Alzate Hern\u00e1ndez, \u00c1ngel Mendoza Beltr\u00e1n, Juan Antonio Alfaro Bustillo, Manuel Salvador Marriaga Alvear, Dimas Manuel Medina, Lacidis Jos\u00e9 Jinetes, Enrique Camilo Barrios Meri\u00f1o, Jhon Mart\u00ednez Jim\u00e9nez, Antonio Miguel Medina Gonz\u00e1lez y H\u00e9ctor Medina, acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n reivindicatoria respecto de la \u201cfinca vista hermosa\u201d, ubicada en la vereda \u201cLos Patos\u201d, municipio de Tenerife, identificada con M.I. 226-34950 y, comision\u00f3 para la entrega del fundo (18 may. 2017) -rad. 2010-00188-. <\/p>\n
Los gestores controvirtieron dicha determinaci\u00f3n toda vez que detentan la posesi\u00f3n de ese predio \u201cen comunidad y proindiviso (\u2026) desde hace m\u00e1s de 12 a\u00f1os (\u2026) de manera pac\u00edfica e ininterrumpida de buena fe (\u2026) cuentan con certificados expedidos por la Alcald\u00eda Municipal de Tenerife\u201d, tienen animales y cultivan las tierras que generan su \u201csustento diario y [la] renta b\u00e1sica para subsistir\u201d y, por tanto, dadas esas circunstancias, son sujetos de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, adem\u00e1s, \u201chan sido v\u00edctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado (\u2026), son personas campesinas, humildes, que trabajan en el campo, algunos no saben leer o escribir\u201d. <\/p>\n
Aseveraron que en la contienda criticada observaron que, si bien se emprendieron todas las notificaciones y emplazamientos \u201cconforme a la norma, se vio vulnerado el debido proceso (\u2026) ya que (\u2026) nunca se enteraron de las diligencias, no asistieron a ninguna siendo los principales interesados (\u2026), no pudieron ejercer su defensa al nunca conocer el estado del proceso\u201d. <\/p>\n
Indicaron que la decisi\u00f3n definitoria \u201ccarece de eficacia (\u2026) se enc[uentra] viciad[o] (\u2026) yerro que no pudo ser apreciado por el juez dentro del proceso (\u2026) porque no fue practicada la inspecci\u00f3n judicial, prueba que era fundamental para tomar una decisi\u00f3n de fondo incurriendo (\u2026) en v\u00eda de hecho que llev\u00f3 a causar un perjuicio\u201d. <\/p>\n
Aseguraron que se enteraron de la \u201csituaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d en la que se encontraban, el d\u00eda que las autoridades encargadas intentaron realizar el desalojo. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato se opuso al auxilio, comoquiera que \u201cno se vislumbra vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
La Alcald\u00eda de Tenerife adujo desconocer los hechos denunciados por los quejosos. <\/p>\n
La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en liquidaci\u00f3n relat\u00f3 que el 12 de junio de 2008 adquiri\u00f3 el bien involucrado en la lid cuestionada por compra que le hizo a Central de Inversiones S.A. y, luego, suscribi\u00f3 contrato con COVINOC S.A. con el fin de que \u00e9ste lo administrara. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a la V\u00edctimas se\u00f1al\u00f3 que solo cuatro (4) de los accionantes est\u00e1n incluidos en el Registro \u00danico de V\u00edctimas (RUV) por el hecho victimizante de desplazamiento forzado y, aunque tiene asignada la facultad legal de \u201catender y reparar integralmente a las v\u00edctimas del conflicto\u201d, para ello se debe tramitar el procedimiento reglado en la Ley 1448 de 2011, el Decreto 4800 de 2011 y el Decreto 1084 de 2015. <\/p>\n
Precis\u00f3 que respecto de la aspiraci\u00f3n de los actores dirigida a que \u201cse le garantice el derecho a la vivienda (\u2026), [no] tiene competencia legal en dicha materia, pues la entidad encargada de brindar soluci\u00f3n (\u2026) es el Ministerio de Vivienda a trav\u00e9s de FONVIVIENDA\u201d. <\/p>\n
El Instituto Geogr\u00e1fico de Agust\u00edn Codazzi (IGAC) dijo que en el sub lite \u201cse evidencia la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, en la medida que no intervino y, por tanto, \u201cno existe raz\u00f3n o fundamento que permita inferir responsabilidad a los hechos que motivan\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Santa Marta desestim\u00f3 el resguardo, tras colegir que no se satisface el presupuesto de la inmediatez, habida cuenta que \u00ablos accionantes pretenden por medio de esta acci\u00f3n constitucional, declarar la nulidad de las providencias proferidas el 1 y 18 de marzo de 2017\u00bb; no obstante, \u00abdatan de hace m\u00e1s de 5 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien los accionantes manifestaron ser campesinos y v\u00edctimas del desplazamiento forzoso, lo cierto es que la mayor\u00eda de ellos fungieron como demandados al interior del tr\u00e1mite reivindicatorio, en donde ejercieron su derecho a la defensa seg\u00fan consta en el folio 134 del Cuaderno Reivindicatorio -contestaci\u00f3n de la demanda-, de tal manera que es di\u00e1fano que si ten\u00edan conocimiento del tr\u00e1mite ordinario surtido (\u2026). <\/p>\n
En ese sentido, al descender al caso de marras, se observa que los promotores optaron por acudir a este mecanismo para lograr que se declare la nulidad de las providencias emitidas el 1 y 18 de marzo de 2017 \u2013sentencia del proceso reivindicatorio-. En ese sentido, como ya se ha manifestado, la litis objeto de la acci\u00f3n tuitiva era un tr\u00e1mite de primera instancia, decisi\u00f3n sobre la cual proced\u00eda el recurso de apelaci\u00f3n, el cual no fue interpuesto\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugnaron los precursores con argumentos an\u00e1logos a los de la demanda primigenia. Tambi\u00e9n, manifestaron que, en atenci\u00f3n a las prerrogativas invocadas \u00abning\u00fan juez constitucional debe dejar de proteger, por muy descuidado que sea el momento de la sentencia\u00bb; reiteraron que solo supieron de la sentencia \u00abhasta la diligencia de desalojo efectuada en el 2022 (\u2026) pues son personas que no saben leer y escribir\u00bb; e, insistieron en que son \u00abcampesinos y trabajadores rurales [y, por ende,] sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional en determinados escenarios, atendiendo las condiciones de vulnerabilidad y discriminaci\u00f3n que los han afectado hist\u00f3ricamente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia el decaimiento de la salvaguarda y la convalidaci\u00f3n de lo refutado, por las siguientes razones. <\/p>\n
1.1.- Liminarmente, se advierte que Antonio Mar\u00eda Wilches Arias, Elvis Enrique Ospino Mendoza, \u00c1lvaro Rafael Cantillo Barrios, Manuel Salvador Ospino Mej\u00eda, Gustavo Antonio N\u00fa\u00f1ez P\u00e9rez, Manuel Salvador Marriaga Suarez y Jhon Jairo Ditta Romero, no son parte ni terceros con \u00abinter\u00e9s\u00bb reconocido en el \u201creivindicatorio\u201d (rad. 2010-00188) que concita la atenci\u00f3n de esta Corte, circunstancia que descarta la \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar, por esta excepcional v\u00eda, los prove\u00eddos all\u00ed emitidos, ya que tal y como lo ha predicado la Sala, de tiempo atr\u00e1s, <\/p>\n
(\u2026) cualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aquel tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal (Negritas ajenas al texto – STC9841-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Ello, si se tiene en cuenta que los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como requisitos para su ejercicio que quien as\u00ed obre tenga \u00abun inter\u00e9s que legitime\u00bb su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales derivadas de \u00abactuaciones o providencias judiciales\u00bb, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del pleito o son terceros a quienes afecta. <\/p>\n
1.2.- En relaci\u00f3n con Juan Antonio Alfaro Bustillo y Enrique Camilo Barrios Meri\u00f1o, demandados en la causa confutada, se destaca la improcedencia del ruego por cuanto, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el \u00abpresupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero especial. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, porque, entre los pronunciamientos combatidos (1\u00b0 mar. y 18 may. 2017) y la radicaci\u00f3n del pliego genitor (17 en. 2023), transcurri\u00f3 un lapso de m\u00e1s de (5) a\u00f1os; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha sostenido que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y en STC8192-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque, si los auspiciantes se demoraron en interponer la queja supralegal, el descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al estrado accionado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos reclamados. <\/p>\n
1.2.1.- Si bien en algunos casos se ha superado la falta de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndola, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 \u00abdebidamente justificada\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub examine, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas en la resoluci\u00f3n STC3949-2021, en la medida que los impulsores no mencionaron alguna situaci\u00f3n v\u00e1lida para conjurar su desidia en acudir tempestivamente a este remedio debido a que se limitaron a mostrar inconformidad con las disposiciones y expresar que \u00abhan sido v\u00edctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado (\u2026), son personas campesinas, humildes, que trabajan en el campo, algunos no saben leer o escribir\u00bb, exculpaciones que no son de recibo, en tanto, se ha relievado que \u00ab(\u2026) las condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde c[uenta] con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC12541-2022, 21 sep.). <\/p>\n
1.3.- Finalmente, los tutelantes no demostraron la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de lo rogado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que, \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (STC15617-2014, 13 nov rad. 00349-01, reiterada en STC15930-2018, STC3455-2020, STC16008-2021 y STC12541-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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