STC2171-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2171-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-30-000-2021-01375-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Jos\u00e9 Naranjo Arabia, Sandra Susana Cogollo Mangones, Vanessa Paola Villarreal Molina, Iv\u00e1n Mauricio De Jes\u00fas V\u00e1squez Viana, Viviana D\u00e1vila Sinning, Germ\u00e1n Gustavo Garc\u00eda Garc\u00eda, Karen Contreras Serge, Rober De Jes\u00fas C\u00e1rdenas Mor\u00e9, Anyelis Patricia Barrios Padilla, Karol Mar\u00eda Herrera Chamorro, Gissela Paola Urruchurto Monterroza, Mar\u00eda Fernanda Batista Montiel, Sandra Milena Correa Marrugo, Arturo Matson Carballo, Yerlis Arrieta Castillo, M\u00f3nica Lafont Caballero, Ilinel Maria Utria Rodriguez, Martha Liliana Ochoa Garc\u00eda, Milena Del Carmen Gonz\u00e1lez Madrid, Mayra Alejandra Morales Rodr\u00edguez, Marcela L\u00f3pez \u00c1lvarez, Mar\u00eda Ang\u00e9lica Padilla Vega, Giovanna Bonilla Mitrotti, Paulina Campo Thorn\u00e9, David Calder\u00f3n Correa y Gladis Bossa Cartuiste contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena, la Administradora de Riesgos Laborales ARL Positiva y el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclaman la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales a la salud, vida y trabajo en condiciones dignas, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicitan se disponga que el Consejo Superior de la Judicatura \u00abproceda a revocar parcialmente el Acuerdo PCSJA21. 11840 del 26 de agosto de 2021\u00bb, pues \u00abes un aforo demasiado alto [e] innecesario, toda vez que para entregar informaci\u00f3n de manera presencial\u2026 basta con la comparecencia de un solo empleado\u2026\u00bb, adem\u00e1s que \u00abautoriz[\u00f3] la entrada a los despachos judiciales de los usuarios sin autorizaci\u00f3n y\/o cita previa\u2026 que\u2026 traer\u00e1 consigo la aglomeraci\u00f3n descontrolada de usuarios en los despachos judiciales\u00bb, y que \u00aben lo sucesivo y antes de tomar decisiones que afectan directamente la prestaci\u00f3n del servicio de los empleados, realice mesas de concertaci\u00f3n con los representantes de los empleados, para de esta forma preservar el derecho al trabajo en condiciones dignas\u00bb; que se ordene \u00abla suspensi\u00f3n inmediata de los servicios judiciales presenciales en antiguo Edificio Telecartagena\u2026 toda vez que\u2026 no cuenta con las condiciones m\u00ednimas necesarias para aplicar mecanismos de protecci\u00f3n ante el Covid 19\u00bb; que se realice \u00abun comit\u00e9 de concertaci\u00f3n encaminado a resolver las contingencias que se presentan en el antiguo Edificio\u2026 con el fin de encontrar una salida consensuada a la situaci\u00f3n de insalubridad que se presenta\u2026\u00bb; se \u00abtomen todas las medidas administrativas y presupuestales para realizar las modificaciones al\u2026 edificio, o se eval\u00fae la posibilidad de trasladar el funcionamiento de los Juzgados\u2026 a un lugar que cuente con las condiciones m\u00ednimas para la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb; que el Ministerio de Salud proceda \u00abiniciar todas acciones administrativas necesarias para supervisar y si del caso sancionar a la Rama Judicial, con ocasi\u00f3n a la expedici\u00f3n del Acuerdo\u2026 sin la correcta observancia del estado de emergencia sanitaria\u2026, en donde no se da apertura gradual de despachos, sino\u2026 total, con la posibilidad de la concurrencia de empleados con un 100% de aforos de los despachos judiciales\u00bb; y que la ARL Positiva \u00abrealice un estudio serio de los riegos laborales que est[\u00e1n] corriendo los empleados que labora[n] en el\u2026 edificio\u2026, he indique cuales son los correctivos que debe emplear la Direcci\u00f3n Administrativa de la Rama Judicial para garantizar la correcta prestaci\u00f3n del servicio en esa sede judicial\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Indicaron los accionantes que con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria generada por el covid 19, desde el 12 de marzo de 2020, prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2021 a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n 1315 de 27 de agosto de 2021, la Rama Judicial hab\u00eda venido prestando los servicios ininterrumpidamente de manera virtual y en forma presencial cuando fuera estrictamente necesario, atendiendo las medidas de bioseguridad requeridas, mediante el agendamiento previo con los usuarios y cuando estos no tuvieran la posibilidad de acceder a los medios tecnol\u00f3gicos. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1alaron que el Consejo Superior de la Judicatura, sin tener en cuenta el referido estado de emergencia y la gran cantidad de usuarios de la Rama Judicial, procedi\u00f3 a abrir las puertas de los despachos y estableci\u00f3 un aforo de m\u00ednimo 60% de los empleados, lo que significa que si el jefe de despacho dispon\u00eda que fuese el 100% deb\u00edan acudir de forma presencial, lo que era contrario a la preservaci\u00f3n de la salud y vida de los integrantes de la comunidad. <\/p>\n
2.3. Sostuvieron que el Consejo Superior acusado no solo desconoci\u00f3 la referida Resoluci\u00f3n 1315 de 2021, sino la Resoluci\u00f3n No. 777 de 2021 que adopt\u00f3 un protocolo de bioseguridad para la ejecuci\u00f3n de las actividades; y que no efectu\u00f3 ning\u00fan tipo de concertaci\u00f3n, ni escuch\u00f3 la opini\u00f3n de funcionarios y empleados de la Rama Judicial para adoptar la decisi\u00f3n de apertura de los despachos. <\/p>\n
2.4. Refirieron que el Ministerio de Salud no se hab\u00eda pronunciado ni hecho uso de las herramientas legales para contrarrestar la \u00abnefasta decisi\u00f3n del Consejo Superior\u2026 de aperturar los despachos judiciales al p\u00fablico y permitir que los jefes\u2026 puedan obligar el total de sus empleados a cumplir sus funciones de forma presencial\u00bb. <\/p>\n
2.5. Afirmaron que en el Edificio de Telecartagena, en donde funcionaban los juzgados administrativos, se presentaba una situaci\u00f3n de insalubridad e inexistencia de las condiciones m\u00ednimas bioseguridad para prevenir contagios por covid 19, reabrir al p\u00fablico y recibir empleados, garantizando la salud y vida de estos, en tanto que, entre otras cosas, no hab\u00eda ventanales que permitieran su apertura para la circulaci\u00f3n del aire natural; no ten\u00edan ba\u00f1os propios sino compartidos, varios de los que no estaban en uso; el internet era precario; la ventilaci\u00f3n era aire acondicionado, el que no funcionaba cuando se iba la luz y no hab\u00eda planta; y la mayor\u00eda de las oficinas eran peque\u00f1as, lo que no permit\u00eda el distanciamiento entre empleados, present\u00e1ndose hacinamientos. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros SA indic\u00f3 que acorde con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social realizaba asesor\u00eda y asistencia t\u00e9cnica de manera concertada con los delegados del Sistema de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial, acorde con la normatividad vigente, entre esta, con la Resoluci\u00f3n 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social; que hab\u00eda adelantado acciones para minimizar los efectos negativos del Covid-19, a trav\u00e9s de actividades de sensibilizaci\u00f3n, asesor\u00eda y asistencia en temas de autocuidado y protecci\u00f3n, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad definidos por las entidades del orden nacional, as\u00ed como actuaciones de prevenci\u00f3n; que sobre la solicitud del estudio de los riesgos laborales, desde su alcance de asesor\u00eda y asistencia t\u00e9cnica, adelantar\u00eda una visita de inspecci\u00f3n t\u00e9cnica integral, con \u00e9nfasis en la verificaci\u00f3n de implementaci\u00f3n de las medidas de bioseguridad en la sede del antiguo edificio Telecartagena; que los protocolos de bioseguridad y el retorno a actividades laborales de manera presencial estaban en cabeza del empleador y deb\u00edan ser adaptados y adecuados por las Direcciones Ejecutivas Seccionales; que aunque los empleadores trasladan a la ARL la protecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ello no implicaba que asumiera o tuviera competencia para disponer obligaciones especiales; que no era la llamada a responder por la relaci\u00f3n laboral o a ejercer control de legalidad sobre esas actuaciones, por lo que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n por pasiva; que no hab\u00eda vulnerado ni afectado ning\u00fan derecho fundamental; y que se prob\u00f3 que la entidad estaba brindado adecuadamente las prestaciones asistenciales derivadas del evento laboral que los actores hab\u00edan requerido. <\/p>\n
2. El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social refiri\u00f3 que se opon\u00eda a las pretensiones formuladas, en tanto que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna; que los actos administrativos gozaban de presunci\u00f3n de legalidad, lo que pod\u00eda ser controvertido por la acci\u00f3n de revocatoria directa, nulidad o, nulidad y restablecimiento del derecho; que la afectaci\u00f3n de Covid-19 en Cartagena y en el departamento de Bol\u00edvar era analizada de forma regular y permanente por el comit\u00e9 de recomendaci\u00f3n y evaluaci\u00f3n de las acciones que integraban la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar la enfermedad; que todas las decisiones que se toman en el pa\u00eds para el manejo de la pandemia estaban basadas en las recomendaciones de profesionales id\u00f3neos de la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud, la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud, las organizaciones cient\u00edficas e internacionales y en la evidencia; que en la Resoluci\u00f3n 777 de 2021 se defin\u00edan los criterios y las condiciones para el desarrollo de las actividades econ\u00f3micas, sociales y del Estado y se adaptaba el protocolo de bioseguridad para su ejecuci\u00f3n, correspondi\u00e9ndole en el caso concreto a la Alcald\u00eda de Cartagena vigilar el cumplimiento de los mismos en el edificio Telecartagena; que todas las entidades deb\u00edan observar el protocolo de bioseguridad adoptado y su violaci\u00f3n daba lugar a sanci\u00f3n penal y multas; que el retorno gradual a la actividad laboral presencial depend\u00eda del empleador; que se deb\u00eda declarar la improcedencia de esta acci\u00f3n de tutela y exonerarlo de toda responsabilidad que se le endilgue. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena adujo que la decisi\u00f3n adoptada por el Consejo Superior de la Judicatura a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA21-11840, no result\u00f3 ajena a la realidad nacional, pues casi en su totalidad, las entidades p\u00fablicas y privadas del pa\u00eds, hab\u00edan iniciado el retorno normal de sus actividades presenciales; que atendiendo el particular servicio prestado por la Rama Judicial no se dispuso el retorno total de los empleados; que en desarrollo de las consideraciones plasmadas en el citado acuerdo ven\u00eda desarrollando una serie de contratos y actividades para garantizar el retorno de los empleados a su sitio de trabajo, independientemente del compromiso y la responsabilidad que cada uno deb\u00eda tener, en materia de autocuidado, prevenci\u00f3n, vacunaci\u00f3n y distanciamiento; que hab\u00eda realizado contratos de salvaguarda de la salud e integridad de sus empleados; que en conjunto con el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar expidi\u00f3 un protocolo de bioseguridad que deb\u00eda ser tenido en cuenta por los empleados de los despachos; que entreg\u00f3 dotaci\u00f3n de elementos de bioseguridad a cada estrado; que respecto al Edificio de Telecartagena se advert\u00eda que de acuerdo con el \u00e1rea de cada juzgado administrativo se pod\u00eda mantener el distanciamiento de un metro requerido; que el aforo del 60% deb\u00eda ser coordinado por el funcionario nominador, con lo cual se garantizar\u00e1 dicha medida con el uso de la rotaci\u00f3n del personal; que el 31 de agosto hab\u00eda hecho entrega de los respectivos elementos de protecci\u00f3n a la Oficina de Centro de Servicios de los Juzgados Administrativos para ser distribuidos de cara al retorno del 60%; que se hab\u00edan efectuado diferentes obras en el inmueble, entre ellas, puertas, mejoramiento del suministro de agua, adecuaci\u00f3n de ba\u00f1os, eliminaci\u00f3n de goteras, habilitaci\u00f3n del ascensor desde el pasado mes de agosto; que conforme con el informe rendido por el \u00c1rea Gesti\u00f3n Tecnol\u00f3gica, el inmueble contaba con equipos de c\u00f3mputo e internet con las herramientas requeridas; que diariamente se realizaba un control de limpieza de espacios; que estaba cumpliendo y proporcionado a los empleados lo necesario para la prestaci\u00f3n del servicio de justicia en \u00e9poca de pandemia; que el edifico s\u00ed contaba con las garant\u00edas m\u00ednimas de funcionamiento que permit\u00edan el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y medidas dispuestas por el Gobierno Nacional; y que no se transgred\u00eda prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
4. El Consejo Superior de la Judicatura adujo que no se observaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable; que no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes dispon\u00edan de otro mecanismo de defensa como lo era la acci\u00f3n de nulidad que regulaba el art\u00edculo 137 de la Ley 1437 de 2011; que cada consejo seccional, teniendo en cuenta las particularidades de cada distrito, circuito y municipio, as\u00ed como las regulaciones de las autoridades sanitarias a nivel local, pod\u00eda reducir los aforos en el porcentaje que asegurara la protecci\u00f3n de salud y la vida de servidores judiciales y usuarios de la justicia, as\u00ed como los horarios para el ingreso a las sedes dependiendo de las condiciones f\u00edsicas del inmueble y el n\u00famero de empleados que laboraban en la edificaci\u00f3n para evitar la aglomeraci\u00f3n del personal y el contagio; que no hab\u00eda vulnerado los derechos fundamentales de los promotores, por cuanto la expedici\u00f3n del Acuerdo PCSJA21-11840 y la Circular PCSJA21-18 de 2021, se realiz\u00f3 en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, previendo la reducci\u00f3n de aforos en caso de ser necesario y medidas de alternancia; que estaba sujeta a las pol\u00edticas que el Gobierno Nacional trazaba en materia de salubridad y bioseguridad, disponiendo el retorno paulatino a las sedes judiciales y adaptando las condiciones operativas para el efecto; que segu\u00eda adoptando medidas que permit\u00edan mayor presencialidad en las sedes judiciales, en la medida en que el Gobierno lo permitiera, garantizando la prestaci\u00f3n del servicio y la salud de los servidores y usuarios. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial sostuvo que dentro de las competencias de esa entidad no se encontraba la de expedir acuerdos o reglamentaciones respecto a las condiciones y formas en las que se deb\u00eda prestar el servicio esencial de justicia, competencia atribuida al Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996; que la tutela era improcedente cuando se dirig\u00eda frente a actos generales y abstractos como el Acuerdo PCSJA21-11840 de 2021; que le compet\u00eda la aplicaci\u00f3n dicho acuerdo frente a sus servidores judiciales con base en los lineamientos trazados por el Consejo Superior de la Judicatura; que se configuraba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva ante la falta de competencia funcional para la expedici\u00f3n de acuerdos o inaplicaci\u00f3n de los mismos, adem\u00e1s que las quejas elevadas no eran consecuencia de una acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a ella. <\/p>\n
6. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la tutela no era la v\u00eda para cuestionar actos administrativos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto; que los accionantes deb\u00edan acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa para controvertir el Acuerdo PCSJA21-11840 de 2021 del Consejo Superior de la Judicatura; que en dicha acci\u00f3n pod\u00edan pedir medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de la decisi\u00f3n; que no se encontraba probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues no se advert\u00eda que en el edificio donde estaban los juzgados se hubiesen presentado aglomeraciones o que un funcionario, empleado o usuario se hubiere afectado; que la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Cartagena estaba ejecutando reparaciones y que era posible mantener el distanciamiento establecido; que cada Consejo Seccional pod\u00eda adoptar las medidas pertinentes ante un desmesurado incremento de los contagios, lo que no estaba acreditado que ocurriera en ese lugar; que los jefes de despacho pod\u00edan implementar procedimientos para la alternancia con el trabajo en casa y asegurar la prestaci\u00f3n del servicio de forma presencial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los accionantes impugnaron la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que era parad\u00f3jico que quienes ten\u00edan la funci\u00f3n de velar por la protecci\u00f3n de los derechos de la comunidad se les cercenaran; que aportaron la valoraci\u00f3n del estado f\u00edsico del edificio pero no se estudi\u00f3; que si bien pod\u00eda existir la acci\u00f3n de nulidad frente al Acuerdo censurado, hab\u00eda razones de peso para analizar la precaria situaci\u00f3n del edificio, la que pod\u00eda causar contagios del temido covid-19 y tr\u00e1gicas consecuencias; y que la apertura desproporcionada e irresponsable de los despachos, sin las garant\u00edas m\u00ednimas, con un aforo desmedido, era una bomba de tiempo que estaba en contrav\u00eda con las disposiciones del estado de emergencia sanitaria. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las diligencias, advierte la Corte que el reclamo constitucional elevado est\u00e1 llamado al fracaso, comoquiera que actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada. <\/p>\n
Ciertamente, la declaratoria de la emergencia sanitaria del pa\u00eds fue prorrogada por la Resoluci\u00f3n 666 de 2022 hasta el 30 de junio de ese a\u00f1o, por lo que carece de objeto impartir una orden respecto de las disposiciones del Acuerdo de 26 de agosto de 2021, concretamente, sobre el aforo m\u00ednimo en los despachos judiciales del 60% de los empleados con miras a evitar contagios por covid 19, as\u00ed como el ingreso de los usuarios a dichos estrados. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Recepcionada en esta Sala Especializada el 10 de febrero de 2023. <\/p>\n
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