STC2173-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2173-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02492-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por CFS Logistics LLC -antes Compa\u00f1\u00eda Frutera de Sevilla LLC- contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, el Juzgado Laboral del Circuito de Turbo y Colpensiones, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abbuena fe\u00bb, \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, \u00abjusticia\u00bb y \u00abequidad\u00bb, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se \u00abdeje sin efectos\u2026 la sentencia SL1842-2022\u2026 y se ordene expedir una nueva, en la cual se declare que la sociedad\u2026 no est\u00e1 obligada a pagar el c\u00e1lculo actuarial del demandante\u2026 por lo menos, no en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en dicha sentencia por ser completamente injusto, desproporcionado e inequitativo\u2026 y, por lo tanto, se le de aplicaci\u00f3n a las soluciones planteadas en las sentencias de la Corte Constitucional\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. H\u00e9ctor de Jes\u00fas Vel\u00e1squez promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Compa\u00f1\u00eda Frutera de Sevilla LLC y la Promotora Bananera SA Proban SA, con miras a que se declarara que existi\u00f3 una relaci\u00f3n laboral con la primera, se condenara al pago de los aportes al sistema y que trasladara a Colpensiones el t\u00edtulo pensional, previo c\u00e1lculo actuarial realizado con el \u00faltimo salario devengado. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Laboral del Circuito de Turbo, el que dict\u00f3 sentencia el 23 de enero de 2017, en la que reconoci\u00f3 la existencia del contrato de trabajo celebrado entre el demandante y la Compa\u00f1\u00eda Frutera de Sevilla LLC, desde 20 de enero de 1984 al 17 de febrero de 1998, conden\u00f3 a esta \u00faltima demandada a pagar el titulo pensional del actor desde el 19 de noviembre de 1974 al 15 de enero de 1984, y a CI Proban SA el del 20 de febrero de 1984 al 27 de marzo de 1984, ambas con destino a Colpensiones, entidad a la que le correspond\u00eda coordinar con el demandante la aceptaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n que se presentara. <\/p>\n
2.3. La referida decisi\u00f3n fue apelada y confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia; y tras ser recurrida en casaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 31 de mayo de 2022 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la sociedad accionante que en el proceso se opuso a las pretensiones porque solo hasta el 1\u00ba de agosto de 1986 el ISS llam\u00f3 a inscripci\u00f3n obligatoria a la regi\u00f3n de Uraba, es decir, m\u00e1s de dos a\u00f1os y seis meses despu\u00e9s de finalizada la relaci\u00f3n laboral; que en 1984 no hab\u00eda entrado en vigencia la Constituci\u00f3n de 1991 ni la Ley 100 de 1993; que el v\u00ednculo con el demandante estaba regulado de manera exclusiva por las normas del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; y que no le pidi\u00f3 al ISS la elaboraci\u00f3n de un c\u00e1lculo actuarial por considerar que no estaba obligada a cumplir con esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda norma que le exigiera a los patronos asumir una prestaci\u00f3n que era inexistente; y que se acogi\u00f3 la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n y fue condenada al reconocimiento y pago del t\u00edtulo pensional. <\/p>\n
2.6. Adujo que se presentaba una orfandad legislativa que no pod\u00eda afectar al trabajador ni al sector empresarial, sin embargo, toda la responsabilidad se les cargaba a ellos; y que exigirles la cancelaci\u00f3n de la totalidad de los aportes adeudados ten\u00eda una connotaci\u00f3n sancionatoria, que afectaba su estabilidad financiera. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que se valoraron de forma err\u00f3nea las pruebas; que se present\u00f3 un desequilibrio absoluto con la inaplicaci\u00f3n a favor de los empresarios de los principios de justicia, igualdad y equidad, cuando se resolv\u00eda sobre las consecuencias de la orfandad legislativa, lo que implicaba que la accionada considerara que el trabajador no perd\u00eda tiempos laborados y no cotizados, en perjuicio de los intereses de los empleadores. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que resolvi\u00f3 la casaci\u00f3n ci\u00f1\u00e9ndose a los precedentes trazados por la Corporaci\u00f3n, en lo atinente a que los empleadores eran responsables por el c\u00e1lculo actuarial a efectos de la financiaci\u00f3n de un eventual derecho pensional, respecto a los tiempos presentados por sus trabajadores antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que no hizo parte ni fue vinculado al juicio criticado; que lo debatido en el proceso era un asunto que le correspond\u00eda a Colpensiones; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. Colpensiones se\u00f1al\u00f3 que la tutela no era una tercera instancia; que no se cumpl\u00eda con las causales de procedibilidad del resguardo; y que no se prob\u00f3 vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alguna, ni la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n acusada resolvi\u00f3 el asunto de manera razonada, justificada en las pruebas obrantes en el proceso, en la normatividad y la jurisprudencia pac\u00edfica sobre el pago del t\u00edtulo pensional, previo c\u00e1lculo actuarial, cuando el trabajador prest\u00f3 sus servicios, sin que en el lugar donde desarroll\u00f3 sus labores, el ISS hubiese llamado a inscripciones; que analiz\u00f3 la omisi\u00f3n legislativa que se expon\u00eda en la tutela, concluy\u00e9ndose que ello no pod\u00eda afectar al trabajador, por lo que no era viable inferir de aquella transgresi\u00f3n de los derechos fundamentales; que el hecho de que el criterio de la actora no coincidiera con la Sala demandada no invalidaba su actuaci\u00f3n; que no se acredit\u00f3 vulneraci\u00f3n a la igualdad, pues no se demostr\u00f3 discriminaci\u00f3n en relaci\u00f3n con otras personas, sino que por el contrario, se advert\u00eda que la Sala de Casaci\u00f3n censurada hab\u00eda mantenido una postura pac\u00edfica sobre el tema debatido; y que no se configuraba alguna de las causales especificas de procedibilidad del resguardo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no se hizo referencia a sus planteamientos; que se reiteraban los errores expuestos; que no era cierto que la jurisprudencia fuese pac\u00edfica; que la Sala de Casaci\u00f3n Penal estaba en la obligaci\u00f3n de consultar los precedentes de la Corte Constitucional; que no hab\u00eda nada mas arbitrario que no aceptar que se aplicaba una legislaci\u00f3n que no regulaba las consecuencias del tiempo laborado y no cotizado; y que las decisiones estaban basadas en conceptos irrazonables. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que la sentencia criticada no luce arbitraria, pues se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026De la forma en que fueron planteados los tres primeros cargos, es claro que lo que le corresponde determinar a la Sala es si el Tribunal se equivoc\u00f3 al condenar a la compa\u00f1\u00eda Frutera Sevilla a pagar el t\u00edtulo pensional, previo c\u00e1lculo actuarial, por el per\u00edodo en el que el demandante prest\u00f3 sus servicios a aquella, pese a que en el lugar donde desarroll\u00f3 sus labores, el ISS a\u00fan no hab\u00eda llamado a inscripciones. <\/p>\n
Desde ya se advierte que los cargos no est\u00e1n llamados a prosperar, puesto que la problem\u00e1tica propuesta ya ha sido abordada en incontables ocasiones por esta Corporaci\u00f3n, en forma negativa a los intereses de la censura. As\u00ed, en la sentencia CSJ SL4222-2021, adoctrin\u00f3\u2026 Sobre el particular, en la sentencia CSJ SL2879-2020, la Sala expuso\u2026 CSJ SL3937-2018). <\/p>\n
Del mismo modo conviene destacar que no se equivoc\u00f3 el fallador de la alzada al aplicar al presente asunto la Ley 100 de 1993, pues es criterio pac\u00edfico y reiterado de esta Corporaci\u00f3n que las disposiciones que regulan los efectos de la omisi\u00f3n en la afiliaci\u00f3n, por cualquier causa, son las vigentes al momento del cumplimiento de los requisitos para obtener el derecho pensional, e independientemente de que las diferentes situaciones se presenten con anterioridad a la vigencia de la ley de seguridad social integral (CSJ SL197-2019). <\/p>\n
Se suma a lo expuesto que esta misma Sala de la Corte, en las sentencias CSJ SL1313-2020 y CSJ SL821-2022, resolvi\u00f3 en id\u00e9ntico sentido los recursos de casaci\u00f3n formulados por la misma empresa y con similares argumentos a los vertidos en el sub judice, sin que obren razones de peso para variar su postura en esta oportunidad. <\/p>\n
Entonces, teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales tra\u00eddos a colaci\u00f3n, se concluye que no incurri\u00f3 el Tribunal en yerro alguno, pues su raciocinio est\u00e1 acompasado con la actual postura de esta Corporaci\u00f3n. En consecuencia, los cargos no prosperan… <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, esta Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta o no, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio frente a la valoraci\u00f3n efectuada en la determinaci\u00f3n criticada, en cuyo caso tal labor no puede ser desaprobada de plano o calificada de absurda o arbitraria, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se advierte que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
5. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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