STC2176-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2176-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2023-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor -por medio de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la familia, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada. Narr\u00f3 que, impuls\u00f3 proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor de su hijo J.G.G, que inicialmente adelant\u00f3 la Defensor\u00eda de Familia de Andes. Sin embargo, ante la falta de competencia, el Juzgado atacado -con prove\u00eddo del 14 de septiembre de 2022-, asumi\u00f3 el conocimiento del asunto y dispuso ratificar las diligencias realizadas por la mencionada entidad. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que, la citada autoridad judicial -con fallo del 30 de noviembre de 2022- declar\u00f3 la inexistencia de vulneraci\u00f3n de los derechos invocados en el PARD, \u00abSin tomar ninguna otra medida\u2026 el se\u00f1or juez se abstuvo de fallar sobre todos los asuntos que conciernen al menor de edad y exhort\u00f3 a las partes a que iniciaran un nuevo proceso de custodia y cuidados personales, r\u00e9gimen visitas y alimentos, lo que a toda luz es un desprop\u00f3sito ya que \u00e9l pod\u00eda fallar el caso\u00bb, lo que constituye una omisi\u00f3n que vulnera sus derechos y los del menor. <\/p>\n
En su sentir, al interior del proceso, el juez no tuvo en cuenta las situaciones por el esbozadas, concernientes a la mala nutrici\u00f3n del ni\u00f1o, \u00abla manipulaci\u00f3n del sistema que hace la progenitora al trabajar en las instalaciones del ICBF, las agresiones f\u00edsicas a las que ha sido sometido el menor de edad por parte de su progenitora, de su hermana mayor y de otros miembros de su familia\u00bb. <\/p>\n
3. Con fundamento en los hechos narrados, demand\u00f3 \u00abPRIMERO: CONCEDER amparo de tutela, por violaci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso y a la familia, y dado que el despacho primigenio ya no tiene competencia conforme al inciso 11 del Art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006, ordenar al juzgado que le sigue en turno que rehaga la audiencia de pruebas y fallo a fin de garantizar los derechos del menor de edad JGG. SEGUNDO: ORDENAR al ICBF COORDINACI\u00d3N CENTRO ZONAL SUROESTE \u2013 ANDES ANTIOQUIA realizar la coordinaci\u00f3n pertinente para evitar que los defensores de familia a su cargo sigan violentando los derechos constitucionales y legales de mi cliente, de su hijo menor de edad y de su familia. TERCERO: ORDENAR a la Defensora de Familia Alejandra Barreto, abstenerse de crear situaciones jur\u00eddicas que violenten la garant\u00eda fundamental al debido proceso y al derecho de defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Regional Antioquia Centro Zonal Suroeste del ICBF2 solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
2. La Comisar\u00eda de Familia del Municipio de Andes3 pidi\u00f3 tambi\u00e9n su desvinculaci\u00f3n de la acci\u00f3n tutelar pues \u00abel proceso administrativo de restablecimiento de derechos es un aut\u00e9ntico proceso garantista y respetuoso tanto de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes como de las dem\u00e1s partes, padres, familiares e intervinientes, y en el caso que nos trae, el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE ANDES es la autoridad competente llamada a materializar dichas garant\u00edas\u00bb <\/p>\n
3. El Juzgado Promiscuo de Familia de Andes4, luego de relatar sus actuaciones, refiri\u00f3 que el accionante \u00abactiv\u00f3 la VERIFICACI\u00d3N DE GARANT\u00cdAS DE DERECHOS, solicitada el 25 de febrero de la pasada anualidad, ante las dos instancias administrativas, tanto la DEFENSOR\u00cdA DE FAMILIA, como la COMISAR\u00cdA DE FAMILIA, ejerciendo con ello un abuso del derecho, duplicando los mecanismos de defensa previstos para ello y congestionando las Autoridades Administrativas\u00bb. Manifest\u00f3 que \u00abel 30 de noviembre de 2022, se decide de fondo el PARD, concluy\u00e9ndose que no se encontr\u00f3 probada la vulneraci\u00f3n de derechos del ni\u00f1o JGG, y como consecuencia de ello no se adoptaron medidas de protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda Municipal de Andes5 se\u00f1al\u00f3 que su participaci\u00f3n en el PARD ha sido en pro de la garant\u00eda de los derechos del menor J.G.G, en atenci\u00f3n a sus competencias. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional de Antioqu\u00eda neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n adoptada no puede tacharse de lesiva de los derechos fundamentales invocados en la presente causa. Se advierte c\u00f3mo el juez hizo una adecuada valoraci\u00f3n de las pruebas apreci\u00e1ndolas tanto en su contenido individual como en todo su conjunto; ello le permiti\u00f3 arribar a la decisi\u00f3n adoptada de declarar la inexistencia de derechos vulnerados del menor y la consiguiente improcedencia de medidas de restablecimiento\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. Insiste en que \u00abel defecto f\u00e1ctico si existi\u00f3, y que las pruebas al interior del plenario no se compadecen con la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 30 de noviembre de 2022, con el cual no se encontr\u00f3 probada la vulneraci\u00f3n de los derechos del menor J.G.G. Y no se adopt\u00f3 medida de protecci\u00f3n en su favor. <\/p>\n
2. De entrada, frente a la presunta falta de competencia de la Defensor\u00eda de familia para asumir el conocimiento del PARD, es preciso indicar que este asunto ya fue objeto de examen constitucional por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de Andes, el cual -con fallo del 13 de diciembre de 2022- concluy\u00f3 que: <\/p>\n
no le asiste raz\u00f3n cuando indica que la Defensor\u00eda de Familia del C. Z Suroeste, no era competente para conocer y tramitar el PARD, con el agravante de que fue el mismo accionante quien activo la VERIFICACI\u00d3N DE GARANT\u00cdAS DE DERECHOS, solicitada el 25 de febrero de la presente anualidad, ante las dos instancias administrativas, tanto la DEFENSOR\u00cdA DE FAMILIA, como la COMISARIA DE FAMILIA, ejerciendo con ello un abuso del derecho, duplicando los mecanismos de defensa previstos para ello y congestionando las Autoridades Administrativas <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala concluye que frente a este punto oper\u00f3 la cosa juzgada constitucional, en virtud de que dicha s\u00faplica fue excluida de revisi\u00f3n con radicado T9027201. <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, y revisado el expediente objeto de queja constitucional y la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por lo tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
3.1. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Sala, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.6 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Para con ello, luego de invocar los derechos de los menores, soport\u00f3 su decisi\u00f3n en pruebas documentales como: esquema de vacunaci\u00f3n, calificaciones y certificado de desempe\u00f1o escolar del menor. As\u00ed mismo, observ\u00f3 las declaraciones del aqu\u00ed accionante, de la progenitora y las testimoniales realizadas por la esposa y madre del actor. Resalt\u00f3 que la entrevista practicada por el Psic\u00f3logo de la Ese Hospital San Rafael no se encontr\u00f3 ning\u00fan da\u00f1o emocional que comprometa la integridad del infante. Igualmente, tuvo en cuenta el informe de la nutricionista. Una vez valoradas las mencionadas probanzas, determin\u00f3 no probada la vulneraci\u00f3n de los derechos que le asisten al menor, en raz\u00f3n a ello no adopt\u00f3 medidas de protecci\u00f3n en su favor. <\/p>\n
Por lo expuesto aclar\u00f3 que el r\u00e9gimen de visitas y la fijaci\u00f3n de la cuota alimentaria no eran el objeto del PARD. Y, por tanto, deb\u00edan ser planteadas ante el Juez de familia competente para tal fin. <\/p>\n
3.2. Se suma que esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Precisamente, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020\u0002, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-4. Anexo 0008 RespuestaICBF.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-39. Anexo 0009 RespuestaComisariayAnexos.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 1-7. Anexo 0010 RespuestaTutelaJuzgado.pdf <\/p>\n
5\u0002 Folio 1-4. Anexo 0014 RespuestaPersoneria.pdf <\/p>\n
6\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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