STC2178-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2178-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-00004-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 19 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Laura Alejandra Restrepo Gil contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes del proceso de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 21-143159. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 6 de abril de 20211, Laura Alejandra Restrepo Gil promovi\u00f3 una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra AUTOMAX S.A.S., por informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa, relacionada con la compraventa de un veh\u00edculo usado de placas KAP078, que no estaba en buen estado. <\/p>\n
2.2. El 15 de abril de 2021, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio admiti\u00f3 el tr\u00e1mite y orden\u00f3 notificar a la demandada2, que contest\u00f3 y propuso excepciones de m\u00e9rito3. <\/p>\n
2.3. Surtidas las etapas pertinentes, el 10 de junio siguiente, la autoridad accionada profiri\u00f3 sentencia, mediante la cual declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por AUTOMAX S.A.S., denominadas \u00ab[F]alta de acreditaci\u00f3n de publicidad enga\u00f1osa u omisi\u00f3n de informaci\u00f3n en cabeza de la sociedad [\u2026] y Aceptaci\u00f3n expresa por parte de la demandante de las condiciones y caracter\u00edsticas del veh\u00edculo\u00bb; en consecuencia, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la actora por $1.000.0004. <\/p>\n
2.4. El 30 de junio posterior se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas elaborada por la secretar\u00eda5, decisi\u00f3n que fue recurrida por la accionante. El 30 de agosto de la misma anualidad, la Superintendencia corrigi\u00f3 el numeral 4\u00b0 de la sentencia, en el sentido de precisar que la condena en costas impuesta por $1.000.000 correspond\u00eda a agencias en derecho, y se abstuvo de resolver el recurso de reposici\u00f3n, por sustracci\u00f3n de materia6, decisi\u00f3n que fue confirmada el 6 de octubre de 20227. <\/p>\n
2.5. La promotora censura el fallo de instancia, por incurrir en defecto f\u00e1ctico, dado que: (i) los da\u00f1os evidenciados en el veh\u00edculo no fueron informados al realizar la compraventa; (ii) las fallas t\u00e9cnicas del automotor solo pod\u00edan probarse si se destapaba el motor; (iii) afirm\u00f3, sin sustento, que el informe aportado de Colserauto evidenciaba los problemas del carro, lo cual no era cierto; (iv) dio por probado, sin estarlo, que la consumidora verific\u00f3 todo el funcionamiento del veh\u00edculo; v) valor\u00f3 indebidamente el informe de Colserauto y dej\u00f3 de apreciar pruebas relevantes, como el inventario de la entrega, los testimonios de William Mu\u00f1oz, Alejandra Gil Cardona y Estaban Arbel\u00e1ez, as\u00ed como el interrogatorio de parte. Tambi\u00e9n alega que incurri\u00f3 en defecto sustantivo, porque interpret\u00f3 err\u00f3neamente el deber de informaci\u00f3n al consumidor, as\u00ed como en falta de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Respecto de la condena en costas, la tutelante asever\u00f3 que en la misma sentencia debieron fijarse las agencias en derecho y, como ello no se hizo, no pod\u00edan establecerse por la secretar\u00eda ni corregirse lo resuelto mediante auto. <\/p>\n
3. Solicita, conforme a lo relatado, que se dejen sin efecto la sentencia de 10 de junio y las providencias del 30 de junio, 30 de agosto y 6 de octubre de 2022, referentes a la condena en costas, y ordenar a la accionada emitir un nuevo fallo que acceda a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La autoridad jurisdiccional accionada respald\u00f3 lo actuado, resaltando que la accionante no radic\u00f3 ante el juez natural solicitud de nulidad alguna ni expuso las inconformidades planteadas, de manera que la tutela no cumple con el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la salvaguarda exigida, tras encontrar razonable que \u00abel autom\u00f3vil que compr\u00f3 la demandante fue inspeccionado y alistado por Colserauto\u00bb, quien en el interrogatorio de parte \u00abacept\u00f3 que [\u2026] conoc\u00eda la posibilidad de acceder al informe [\u2026], e incluso, sab\u00eda que si lo deseada y estimaba necesario pod\u00eda realizar otra inspecci\u00f3n al autom\u00f3vil, con el t\u00e9cnico o profesional de su preferencia\u00bb, con sustento en lo cual concluy\u00f3 que no se acredit\u00f3 la publicidad enga\u00f1osa o falta informaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
Frente a la condena en costas, el Tribunal consider\u00f3 que s\u00ed se hizo en el fallo y que la suma que all\u00ed se fij\u00f3 era por concepto de agencias en derecho, raz\u00f3n por la cual proced\u00eda la correcci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial e indic\u00f3 que el Tribunal no justific\u00f3 por qu\u00e9 encontr\u00f3 razonados los argumentos de la accionada, por lo cual su sentencia adolece de motivaci\u00f3n, vicio en el que tambi\u00e9n incurri\u00f3 la SIC al negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo que en el fallo de primera instancia se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico y sustantivo, pues se concluy\u00f3, err\u00f3neamente, que las agencias en derecho s\u00ed fueron previstas en la sentencia de instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos de la accionante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 10 de junio de 2022, que declar\u00f3 probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por AUTOMAX S.A.S., neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y la conden\u00f3 en costas, as\u00ed como con la fijaci\u00f3n de agencias en derecho en su contra. <\/p>\n
2. Sobre el particular, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya definidos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, se quebrantar\u00edan los principios de autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en el fallo de la Superintendencia accionada, se observa que, despu\u00e9s efectuar el control de legalidad y analizar los fines de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor y la normatividad aplicable al asunto, seg\u00fan lo indicado en el art\u00edculo 390 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso y las reglas especiales contenidas en el estatuto del consumidor, determin\u00f3 que el objeto del litigio era establecer si existi\u00f3 publicidad enga\u00f1osa y si se vulner\u00f3 el deber de informaci\u00f3n por parte de la demandada. <\/p>\n
Frente a ello resalt\u00f3 que, conforme con el acervo probatorio aportado y lo dispuesto en el literal a del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 58 del referido estatuto, no era dable concluir la existencia de una publicidad o informaci\u00f3n enga\u00f1osa por parte de la sociedad, toda vez que: (i) en la p\u00e1gina web de la accionada, se indica que entregan autos usados certificados \u00abdetalladamente inspeccionados y alistados\u00bb; (ii) el veh\u00edculo adquirido s\u00ed fue alistado e inspeccionado el 18 de octubre del mismo a\u00f1o por parte de un tercero (Colserauto), informe que evidenciaba todos los hallazgos t\u00e9cnico-mec\u00e1nicos del automotor; (iii) la demandante sab\u00eda que ese informe estaba a su disposici\u00f3n, seg\u00fan la informaci\u00f3n registrada en la p\u00e1gina web que dijo conocer; y iv) la actora pudo efectuarle las revisiones que consideraba pertinentes \u00abno solo al veh\u00edculo sino a la inspecci\u00f3n efectuada por un tercero\u00bb8 y realizar pruebas de ruta. <\/p>\n
3.1. Frente al da\u00f1o moral, se refiri\u00f3 espec\u00edficamente a los dos testigos escuchados, Alejandra Mar\u00eda Gil y Esteban Arbel\u00e1ez Grajales, los cuales no demostraban el nexo del da\u00f1o causal con la publicidad o informaci\u00f3n enga\u00f1osa y las afectaciones alegadas, por el contrario, fueron incongruentes en sus manifestaciones9. <\/p>\n
3.2. En cuanto a la vulneraci\u00f3n al deber de informaci\u00f3n, la SIC no advirti\u00f3 relaci\u00f3n objetiva entre los defectos y reparaciones del automotor de julio de 2020 y la informaci\u00f3n suministrada por la demandada al momento de la compraventa -en 2018-, porque el veh\u00edculo fue adquirido sin garant\u00eda, lo cual fue aceptado expresamente por la consumidora, la demandante lo us\u00f3 y no \u00abpuede pretender que, pasados m\u00e1s de dos a\u00f1os de la utilizaci\u00f3n del producto, se le pueda generar un nexo causal\u00bb10, para lo cual detall\u00f3, en la audiencia, todas las pruebas apreciadas en las que sustent\u00f3 esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.3. As\u00ed las cosas, la autoridad jurisdiccional neg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la accionante por $1.000.00011. <\/p>\n
3.4. El 30 de agosto siguiente, en virtud del recurso interpuesto por la tutelante contra el auto que liquid\u00f3 las agencias en derecho en $1.000.000, soportado en que esa suma y concepto no se determin\u00f3 en la sentencia, la autoridad de conocimiento corrigi\u00f3 el fallo, porque se omiti\u00f3 relacionar que la condena en costas en la cantidad establecida se fij\u00f3 por agencias en derecho; por tanto, se abstuvo de resolver el recurso de reposici\u00f3n que hab\u00eda formulado la parte demandante, dada la correcci\u00f3n realizada. <\/p>\n
El 6 de octubre de 2022, la SIC mantuvo esa decisi\u00f3n, precisando que, de acuerdo con el art\u00edculo 361 del C\u00f3digo General del Proceso, las agencias en derecho hacen parte de las costas y estas \u00faltimas se establecieron en la sentencia en la cantidad referida, por lo que proced\u00eda la correcci\u00f3n, pues se omiti\u00f3 esa claridad. <\/p>\n
4. Para la Sala, las determinaciones cuestionadas, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resultan arbitrarias, por cuanto se sustentaron en una valoraci\u00f3n motivada de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, bajo una hermen\u00e9utica plausible y con argumentos que no lucen irrazonables ni carentes de fundamento objetivo y, por tanto, la intervenci\u00f3n del juez constitucional es inviable, pues no est\u00e1 instituido para realizar una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb12, aunado a que13 \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, documento PROCESO 21-143159. <\/p>\n
2\u0002 Folio 98, documento PROCESO 21-143159. <\/p>\n
3\u0002 Folios 182-197, documento PROCESO 21-143159. <\/p>\n
4\u0002 Folios 348-349, documento PROCESO 21-143159. <\/p>\n
5\u0002 Folios 350-351, documento PROCESO 21-143159. <\/p>\n
6\u0002 Folios 361-362, documento PROCESO 21-143159. Expediente digital remitido. <\/p>\n
7\u0002 Folios 375-376, documento PROCESO 21-143159. Expediente digital remitido. <\/p>\n
8\u0002 Minuto 4:51:41 Archivo VIDEO AUDIENCIA 10 DE JUNIO DE 2022. <\/p>\n
9\u0002 Minuto 5:03:12 Archivo VIDEO AUDIENCIA 10 DE JUNIO DE 2022. <\/p>\n
10\u0002 Minuto 5:04:52 a 5:05:59 Archivo VIDEO AUDIENCIA 10 DE JUNIO DE 2022. <\/p>\n
11\u0002 Minuto 5:30:11 a 5:32:11 Archivo VIDEO AUDIENCIA 10 DE JUNIO DE 2022. <\/p>\n
12\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
13\u0002 Ver cita en los fallos CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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