STC2188-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2188-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02515-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido por Marlenis del Carmen Mogrovejo Fl\u00f3rez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3, la Administradora Colombiana de Pensiones y a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso laboral de radicado 05045310500120170019400. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, seguridad social, dignidad humana y a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante promovi\u00f3 una demanda laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes, junto con el retroactivo pensional, los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 o la indexaci\u00f3n, en calidad de compa\u00f1era permanente del afiliado Manuel Esteban Mart\u00ednez Bello, a partir del 22 de diciembre de 1996, fecha de su fallecimiento. <\/p>\n
2.2. El 4 de julio de 2019, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3 accedi\u00f3 a sus pretensiones y le otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n reclamada en el 50% para ella y el resto para sus hijos, junto con las mesadas pensionales adeudadas y el retroactivo pensional debidamente indexado. <\/p>\n
2.3. El 4 de septiembre de 2019, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia revoc\u00f3 el fallo de primer grado y absolvi\u00f3 a la entidad demandada. <\/p>\n
2.4. El 17 de noviembre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 1 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL5220-2021, no cas\u00f3 el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.5. En criterio de la actora, las autoridades judiciales accionadas no realizaron una adecuada valoraci\u00f3n probatoria, en especial, de los testimonios, aunado a que el Tribunal incurri\u00f3 en un defecto procedimental absoluto, toda vez que decret\u00f3 una prueba documental en favor de Colpensiones. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efectos los fallos emitidos por la Sala de Descongesti\u00f3n y el Tribunal accionados y que se ordene emitir uno nuevo, que tenga en cuenta las pruebas practicadas en el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n. Igualmente, afirm\u00f3 que lo pretendido era revivir controversias ya concluidas y que no se cumpli\u00f3 con el postulado de la inmediatez. <\/p>\n
2. Colpensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, dado que no se materializ\u00f3 vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Apartad\u00f3 pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del asunto, pues la tutela no era en contra de ese Despacho. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de los Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n P.A.R. I.S.S. tambi\u00e9n solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, porque no fue parte en el proceso y por ser Colpensiones la encargada de administrar el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por no encontrar configurado defecto alguno que viabilizara la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, enfatizando que la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas se materializ\u00f3 porque las accionadas \u00abno valoraron en su conjunto todas las pruebas decretadas y practicadas\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, pues fue la que, en \u00faltimas, zanj\u00f3 el asunto, se observa que sobre el primero de los cargos presentados, es decir, el concerniente a que el Tribunal otorg\u00f3 valor probatorio a la prueba documental aportada por el apoderado de Colpensiones, la cual, en su sentir, \u00abno fue legalmente incorporada al proceso\u00bb, y en que no se apreciaron los testimonios rendidos por Juan Bautista Mart\u00ednez Bello, Julio C\u00e9sar Hurtado y Rosa Elvira Gonz\u00e1lez, la Sala accionada consider\u00f3 que no estaba llamado a prosperar. <\/p>\n
Lo anterior, porque, atendiendo el criterio expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en la sentencia CSJ SL9063-2014, la acusaci\u00f3n de los asuntos relacionados con la aducci\u00f3n, aportaci\u00f3n, decreto y validez de pruebas \u00fanicamente es susceptible de impugnaci\u00f3n por la v\u00eda directa, lo cual no ocurri\u00f3, sumado a que lo relativo a la prueba testimonial tampoco era v\u00e1lido para constituir un error de hecho manifiesto en sede de casaci\u00f3n. Lo expuesto, sin perjuicio de precisar que las declaraciones de los se\u00f1ores Julio C\u00e9sar Hurtado, Mar\u00eda del Carmen Ca\u00f1ola Chaverra y Juan Bautista Mart\u00ednez Bello no daban cuenta de que la actora conviviera efectivamente con el causante en los dos a\u00f1os inmediatamente anteriores a la muerte, para efectos de consolidar el derecho a la prestaci\u00f3n reclamada, mientras que el testimonio de Rosa Elvira Gonz\u00e1lez no fue practicado, porque no compareci\u00f3 a la audiencia respectiva. <\/p>\n
3. En lo concerniente al segundo cargo, relacionado con el decreto oficioso de una prueba por parte del Tribunal y tener como prueba la documental allegada por la apoderada de la Administradora Colombiana de Pensiones, luego de citar el art\u00edculo 41 de la Ley 712 de 2001, que modific\u00f3 el art\u00edculo 83 del CPTSS, indic\u00f3 que la actuaci\u00f3n del Juez Plural se circunscribi\u00f3 a la segunda hip\u00f3tesis contemplada en dicha normativa, la cual lo habilitaba a practicar de oficio las pruebas que considerara necesarias para resolver la apelaci\u00f3n o consulta, m\u00e1xime que la ordenada era pertinente, conducente y \u00fatil para efectos de esclarecer lo relacionado con la convivencia alegada por la demandante; dicho criterio lo soport\u00f3 en lo indicado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en providencia CSJ SL4601-2018. De otro lado, resalt\u00f3 que, aunque no se hubiera tenido en cuenta tal documental, lo cierto era que, ante la falta de acreditaci\u00f3n de la convivencia, la decisi\u00f3n hubiera sido igual y, por tanto, ese cargo tampoco prosperaba. <\/p>\n
3.1. Analizados los anteriores razonamientos, se observa que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, pues se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral, en tanto la Sala accionada encontr\u00f3 que la actora no logr\u00f3 derruir la totalidad de las premisas expuestas por el Tribunal, en el sentido que no acredit\u00f3 la convivencia con el causante que era necesaria. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, entre el fallo controvertido y lo argumentado por la parte accionante se evidencia una disparidad de criterios, sin que sea el juez constitucional el llamado a dirimir la controversia, como si fuera un juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no fue prevista para que el operador judicial intervenga como \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb, ni para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto\u00bb1, sumado a que esta instancia no tiene por objeto volver a realizar un estudio del material probatorio allegado. <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento jur\u00eddico y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone ratificar el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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