STC2189-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2189-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02035-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 la salvaguarda constitucional promovida por Rafael G\u00f3mez Rocha contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial, la Fiscal\u00eda 13 Seccional y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito (hoy once), todos de Barranquilla, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 y las Inspecciones de Polic\u00eda de Sapzurro y Acand\u00ed. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Superintendencia de Notariado y Registro, la Notar\u00eda \u00danica de Acand\u00ed, la sociedad Fernando Lossada y Compa\u00f1\u00eda S. en C., Fernando Lossada Aduen, Fernando Lossada Mendoza, Carlos Fern\u00e1ndez Jamette, Alberto Rold\u00e1n, Jos\u00e9 Mar\u00eda y Jos\u00e9 Fernando Armenta Fuentes, Jes\u00fas Mar\u00eda Armenta, Cecilia Calder\u00f3n de Armenta, Jorge y Carlos Eduardo Laguna Navas, Milagros Barrag\u00e1n Navas, Belkis Cecilia, Mayt\u00e9 y Carlos Eduardo Montero Laguna y los dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal de radicado 08001310400520090074900 (01). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor procura la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n. <\/p>\n
2. En sustento de su reclamo narr\u00f3 que es propietario y poseedor de cuatro inmuebles, que formaban parte de la \u00abFinca LA DIANA\u00bb, con matr\u00edcula 180-10114, ubicada en el \u00e1rea rural del municipio de Acand\u00ed (Choc\u00f3), con una cabida original de 160 hect\u00e1reas, que se subdividi\u00f3 en dos folios diferentes (180-10360 y 180-10359). De este \u00faltimo, se fraccionaron los cuatro lotes de su propiedad (folios 18023070, 18023071, 18023072 y 18022793), que adquiri\u00f3, los tres primeros, mediante Escritura P\u00fablica 755 de 10 de septiembre de 2004, por \u00abcompra\u00bb hecha a la sociedad Fernando Losada y C\u00eda. S. en C., debidamente registrada; y el \u00faltimo -el 18022793-, a trav\u00e9s de Escritura P\u00fablica 246 del 24 de marzo del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
En 2010, cuando fue a pagar los prediales, le \u00abmanifestaron que ya no era propietario (\u2026), toda vez que los folios de matr\u00edcula (\u2026) fueron afectados por una orden judicial proferida en julio de 2009 por el Fiscal 33 Seccional (\u2026) de Barranquilla\u00bb, en el curso del proceso penal seguido contra Fernando Losada Aduen (radicado 226169), a quien se le profiri\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n el 28 de abril de 2008, por los delitos de fraude procesal y falsedad material en documento p\u00fablico1. <\/p>\n
Por ello, aduce, se vio obligado a radicar, ante el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Barranquilla, donde cursaba la etapa de juicio contra Losada Aduen, un \u00abincidente\u00bb para el restablecimiento de sus derechos de propiedad, dada su condici\u00f3n de comprador de buena fe de los predios afectados con la medida de cancelaci\u00f3n de registro, emanada del ente acusador, incidente que fue resuelto favorablemente el 5 de junio de 2013, pues el cognoscente orden\u00f3 \u00abla cesaci\u00f3n de la orden de cancelaci\u00f3n que hab\u00eda proferido\u00bb la Fiscal\u00eda 33 Seccional de Barranquilla. <\/p>\n
De \u00abmanera irregular\u00bb, en el per\u00edodo comprendido entre la orden de cancelaci\u00f3n de los registros emitida por la Fiscal\u00eda 33 Seccional en 2009 y el fallo absolutorio y las \u00abdem\u00e1s providencias proferidas por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Barranquilla en 2013, \u00abel folio inicial de matr\u00edcula 180-10114 (\u2026) se volvi\u00f3 a abrir\u00bb, pese a haber sido cerrado por la segregaci\u00f3n en los dos folios de matr\u00edcula 180-10359 y 180-10360, sin conocer la raz\u00f3n de ello. <\/p>\n
Una vez se volvi\u00f3 a abrir el folio 180-10114 (finca \u00abLa Diana\u00bb), se registraron las anotaciones 9 a 16, que \u00abextra\u00f1amente\u00bb correspond\u00edan a \u00abactos de sucesi\u00f3n, divisi\u00f3n, lote y ventas realizadas por quienes conformaban la parte civil dentro del proceso penal seguido contra FERNANDO LOSADA ADUEN (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mientras todo lo anterior ocurr\u00eda, los se\u00f1ores Laguna Navas y Jos\u00e9 Fernando Armenta (\u00abParte Civil- Apoderado del proceso penal\u00bb) otorgaron la Escritura P\u00fablica 92 de 16 de diciembre de 2013 ante la Notar\u00eda \u00danica de Acand\u00ed, que conten\u00eda una divisi\u00f3n material del predio La Diana y la liquidaci\u00f3n de la comunidad. Simult\u00e1neamente, en la Notar\u00eda 44 de Bogot\u00e1, el 14 de diciembre de 2013, se estaba otorgando la escritura 5206 de cesi\u00f3n de derechos de Jos\u00e9 Fernando Armenta a Jos\u00e9 Mar\u00eda Armenta. <\/p>\n
Enterado de que se pretend\u00edan registrar las dos escrituras p\u00fablicas atr\u00e1s aludidas, se vio en la necesidad de promover una tutela, resuelta a su favor por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 6 de febrero de 2014 (rad. 71725, CSJ STP1092-2014), en la que se orden\u00f3 -entre otros-: <\/p>\n
\u2026al Juzgado 7\u00ba Penal del Circuito de Barranquilla que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo, expida los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 (Choc\u00f3), mediante los cuales se materialice su decisi\u00f3n del 5 de junio de 2013, por la cual dispuso el restablecimiento del derecho de propiedad sobre cuatro inmuebles, a favor del ciudadano en menci\u00f3n. <\/p>\n
Ante los inconvenientes suscitados con ocasi\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio \u00abLa Diana\u00bb (F.M.I. 180-10114), la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 abri\u00f3 una actuaci\u00f3n administrativa, en la que se protegieron, \u00abde manera irregular\u00bb, los derechos de los se\u00f1ores Laguna Navas y se desconocieron los de los propietarios de buena fe que hab\u00edan sido protegidos \u00abpor v\u00eda judicial ordinaria y constitucional, esto es por el Juzgado 7 Penal de Barranquilla, el Tribunal Superior de Barranquilla y [la] Corte Suprema de Justicia Sala Penal\u00bb; no obstante, la determinaci\u00f3n precedente qued\u00f3 sin efectos, pues la Superintendencia de Notariado y Registro la revoc\u00f3 (Resoluci\u00f3n 2946 de marzo de 2018). <\/p>\n
3. El gestor cuestiona que, a la fecha, \u00abno solo el suscrito sino otras v\u00edctimas, hemos pretendido que se materialice (\u2026) la orden impartida por el Juez 7 Penal [del Circuito] de Barranquilla y por el Tribunal Superior de la Sala Penal (sic), pero no ha sido posible\u00bb, en tanto las \u00f3rdenes impartidas no han sido ni claras ni completas. <\/p>\n
A su juicio, \u00ablas cosas deben volver al estado anterior, es decir[,] se debe cerrar el folio matriz 180-10114 [predio La Diana] y dejar \u00fanicamente vigentes las segregaciones 180-10359 y 180-10360, pues sin esas \u00f3rdenes claras, seguir\u00e1 el derecho vulnerado\u00bb. Lo que es procedente, a su modo de ver, porque \u00abel folio 180-10114 no puede tener m\u00e1s anotaciones posteriores al No. 6 de divisi\u00f3n y Loteo, pues ya no tiene m\u00e1s terreno, el terreno que[d]\u00f3 dividido en los folios 180-10359 y 180-10360\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este \u00faltimo inmueble (180-10360), respecto del cual se segregaron los cuatro lotes de su propiedad, \u00abse deben dejar vigentes las anotaciones 1 a 6, y cancelar las anotaciones 7 y 8 y derivados, dejando claridad de los folios que se abrieron, entre ellos los del suscrito 18023070, 18023071, 18023072 y 18022793\u00bb. <\/p>\n
Todo lo anterior, afirma, se lo pidi\u00f3 a los juzgadores accionados en memoriales radicados el 8 de julio de 2022. <\/p>\n
En adici\u00f3n, relata que las Inspecciones de Polic\u00eda de Acand\u00ed y de Zapzurro no han protegido sus derechos, pese a existir decisiones judiciales y una medida de protecci\u00f3n vigentes, emitida esta \u00faltima por la Fiscal\u00eda 12 Delegada ante esta Corte el 12 de abril de 2019, en la investigaci\u00f3n CUI 1100160001022015002812, como lo solicit\u00f3 en una petici\u00f3n que radic\u00f3 el 30 de septiembre de 2021. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostiene que el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 quebrant\u00f3 sus garant\u00edas, <\/p>\n
(\u2026) porque no solo su superior ratific\u00f3 su actuar irregular al desconocer las decisiones adoptadas por la jurisdicci\u00f3n penal, sino que permiti\u00f3 la apertura de un folio cerrado y a la fecha no ha adoptado las medidas al respecto, ni ha realizado las correcciones o anotaciones en debida forma. <\/p>\n
4. Como las peticiones elevadas ante el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito (hoy once), el Tribunal Superior de Barranquilla y las autoridades policivas de Acand\u00ed y de Zapzurro no le han sido absueltas, pide que se inste a contest\u00e1rselas y a tomar las medidas necesarias y conducentes a salvaguardar su propiedad sobre los cuatro lotes cuyo se\u00f1or\u00edo dice detentar. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado expuso que, el 12 de octubre de 2022, absolvi\u00f3 los pedimentos del gestor, a quien notific\u00f3 la respuesta por correo electr\u00f3nico, aclarando que la competencia para resolver sus solicitudes era del Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito de Barranquilla (hoy once). <\/p>\n
2. El Juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 que ya estaba adelantando las gestiones para absolver las quejas del actor, pero que se le hab\u00eda dificultado hacerlo, por la elevada carga laboral, la complejidad del caso y el volumen del expediente. Agreg\u00f3 que lo debatido no tiene que ver con un derecho de petici\u00f3n, pues se trata de un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
3. La Superintendencia de Notariado y Registro pidi\u00f3 que se le desvinculara, dado que la competencia para resolver lo pedido por el gestor estaba en cabeza de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Cuarenta y Cuatro de la Unidad de Indagaci\u00f3n e Instrucci\u00f3n de la Ley 600 de 2000 de Barranquilla se refiri\u00f3 a la investigaci\u00f3n seguida contra Fernando Lozada Aduen. <\/p>\n
5. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 solicit\u00f3 desestimar el amparo, por cuanto su actuaci\u00f3n se ci\u00f1\u00f3 a la ley y porque, en ocasi\u00f3n anterior, el petente propuso una tutela por \u00ablos mismos hechos y derechos\u00bb, que fue resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, mediante providencia CSJ STP1092-20143. <\/p>\n
6. Las Inspecciones de Polic\u00eda de Zapzurro y de Acand\u00ed pidieron negar el ruego, por hecho superado, en tanto, el 13 de diciembre de 2022, contestaron las peticiones elevadas por el actor y le manifestaron que a su disposici\u00f3n ten\u00eda las acciones de protecci\u00f3n a la posesi\u00f3n de la Ley 1801 de 2016. <\/p>\n
7. Jos\u00e9 Mar\u00eda Armenta Fuentes se opuso a lo pedido. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Frente a las actuaciones del Colegiado, el Juez del Circuito y las dos Inspecciones de Polic\u00eda accionadas adujo que la tutela resultaba inane, en tanto, respecto del primero, exist\u00eda carencia actual de objeto, pues el pedimento del gestor fue contestado el 12 de octubre de 2022; sobre el segundo, la demora en la resoluci\u00f3n de las solicitudes radicaba en la excesiva carga laboral del Juzgado, la complejidad del caso y lo voluminoso del expediente, lo cual justificaba la tardanza; y, en relaci\u00f3n con las autoridades policivas, el 13 de diciembre de 2022 contestaron los pedimentos elevados y le aclararon al gestor cu\u00e1l era el tr\u00e1mite a seguir, para proteger sus derechos. <\/p>\n
Sobre la gesti\u00f3n adelantada por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3 afirm\u00f3 que el censor no acredit\u00f3 haber remitido a dicha entidad ninguna petici\u00f3n. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor dijo que las respuestas brindadas por los cuestionados no le dieron una soluci\u00f3n a la vulneraci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se inste a los accionados a: (i) cerrar el folio de matr\u00edcula 180-10114 (\u00abFinca LA DIANA\u00bb) y que se cancelen varias anotaciones (desde la 9 en adelante); (ii) que el folio 180-10360, que es \u00abde donde se segregan los lotes de mi propiedad, dejar vigentes las anotaciones 1 a 6 y cancelar las anotaciones 7 y 8 y derivados, dejando claro los folios que se abrieron, entre ellos los del suscrito 180-230070, 180-23071, 180-23072 y 18022793\u00bb; y (iii) \u00abdejar las escrituras y propiedades\u00bb como se hallaban antes de las cancelaciones efectuadas por la Fiscal\u00eda 33 Seccional. Todo, con ocasi\u00f3n del proceso penal de radicado 080013104005200900749, en cuyo marco han sido afectados varios inmuebles que, dice, son de su propiedad. <\/p>\n
2. En lo que ata\u00f1e con el quebranto al derecho fundamental de petici\u00f3n atribuido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Quibd\u00f3, para declarar la improcedencia de este ruego, basta se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber presentado, ante dicha entidad, alguna solicitud encaminada a que se tomen las medidas que pide que la justicia constitucional adopte. Lo anterior torna inviable el amparo peticionado porque, como en pasadas ocasiones lo ha se\u00f1alado esta Corte, <\/p>\n
(\u2026) si bien la [tutela] tiene un car\u00e1cter breve y sumario, no por eso pueden obviar quienes a ella acuden la debida demostraci\u00f3n de los hechos que invocan como generadores de la afectaci\u00f3n que alegan padecer, ya que a estos les incumbe esa comprobaci\u00f3n so pena de que decaiga el reclamo elevado por sustracci\u00f3n de materia (CSJ STC, 9 dic 2011, rad. 02372-01, reiterada en STC789-2019, enero 31 de 2019, rad. 2019-00022-00). <\/p>\n
3. Tampoco se avista quebranto en la conducta desplegada por las autoridades jurisdiccionales accionadas, porque la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla respondi\u00f3 al gestor el pasado 12 de octubre de 2022 y, frente a la tardanza endilgada al Juzgado Once Penal del Circuito de la misma ciudad en absolver los pedimentos del actor, su mora se justific\u00f3, dado el elevado n\u00famero de asuntos que tiene a cargo, la complejidad del asunto y el tama\u00f1o que, dice, tiene el expediente. <\/p>\n
Lo anterior, sin olvidar que, como ya lo ha precisado esta Corte en pret\u00e9ritas oportunidades, las solicitudes que se formulan ante los jueces y magistrados en el marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio, pudi\u00e9ndose solo \u00abimputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb4. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo y de cara a lo actuado por las Inspecciones de Polic\u00eda de Zapzurro y Acand\u00ed, la salvaguarda tampoco sale avante, en tanto dichas autoridades demostraron que, el 13 de diciembre de 2022, contestaron las solicitudes elevadas por el censor el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o, y le informaron de las v\u00edas que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, a fin de proteger los derechos que dice tener respecto de los predios distinguidos con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria 18023070, 18023071, 18023072 y 18022793. <\/p>\n
5. Por lo razonado, se ratificar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Seg\u00fan la informaci\u00f3n que se suministr\u00f3 a esta Corte, el se\u00f1or Losada Aduen fue absuelto en ambas instancias del punible que se le endilg\u00f3 [cfr. sentencias de 5 de junio de 2013 y de 3 de abril de 2014, dictadas, respectivamente, por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito Adjunto y por la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de Barranquilla). <\/p>\n
2\u0002 Por el delito de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n sobre bien inmueble. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. archivo digital \u00ab0010Memorial\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC1622-2020. <\/p>\n
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STC2189-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2189-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02035-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71754","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71754"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71754\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}