STC2190-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2190-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 15693-22-08-000-2023-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 24 de enero de 2023 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, que neg\u00f3 el amparo peticionado, mediante apoderado, por Henry Nova Delgado contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Segundo Civil Municipal de Sogamoso y a las partes del proceso de radicado 2019-00182. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de su garant\u00eda superior al debido proceso. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Henry Alfonso Rodr\u00edguez Nossa, siendo titular del t\u00edtulo minero L685, se puso en contacto con C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Castro, con el fin de que este buscara un comprador para hacer la cesi\u00f3n de este. En el 2016, el se\u00f1or L\u00f3pez Castro relacion\u00f3 a Henry Alfonso Rodr\u00edguez Nossa con Henry Nova Delgado, quien mostr\u00f3 inter\u00e9s en adquirir dicho t\u00edtulo. <\/p>\n
2.2. El 7 de octubre de 2016, entre C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Castro y Henry Nova Delgado se suscribi\u00f3 el documento denominado \u00abcontrato de pago de comisi\u00f3n sobre cesi\u00f3n de contrato de concesi\u00f3n\u00bb, en el que se estableci\u00f3 que la comisi\u00f3n a pagar al se\u00f1or L\u00f3pez Castro por su gesti\u00f3n era de $100.000.000. <\/p>\n
2.3. Al constatar el se\u00f1or Nova Delgado que la mina no ten\u00eda el potencial que hab\u00eda se\u00f1alado el comisionista L\u00f3pez Castro, procedi\u00f3 a hablar con el vendedor Henry Alfonso Rodr\u00edguez Nossa, con el fin de que no se perfeccionara la cesi\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan cuando la Agencia Nacional de Miner\u00eda no la hab\u00eda autorizado, por ello acordaron no continuar con el negocio, devolviendo el vendedor las sumas de dinero pactadas como arras, raz\u00f3n por la que se le indic\u00f3 al se\u00f1or L\u00f3pez Castro que no se le pagar\u00eda por su labor de intermediaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. El se\u00f1or C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Castro demand\u00f3 a Henry Nova Delgado, presentando como t\u00edtulo ejecutivo el documento suscrito entre ambos, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil Municipal de Sogamoso, que libr\u00f3 mandamiento de pago el 24 de mayo de 2019 y, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2021, declar\u00f3 probada la \u00abinexigibilidad del t\u00edtulo ejecutivo y el cobro de lo no debido\u00bb, por el incumplimiento del ejecutante en las \u00abobligaciones que debi\u00f3 asumir en el contrato de comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. Apelada dicha decisi\u00f3n, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sogamoso la revoc\u00f3 el 17 de junio de 2022, decisi\u00f3n que fue notificada por estado electr\u00f3nico del 21 de los citados mes y a\u00f1o; en su lugar, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, seg\u00fan lo estipulado en el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, decretar el aval\u00fao y rematar los bienes embargados. <\/p>\n
3. El promotor argumenta que, con su determinaci\u00f3n, el Juzgado del Circuito accionado incurri\u00f3 en defectos: i) org\u00e1nico, dado que no ten\u00eda competencia para declarar la existencia de un contrato de corretaje en el curso de un proceso ejecutivo; ii) f\u00e1ctico, por no valorar adecuadamente las pruebas allegadas al proceso y por dar por probado la existencia del contrato de corretaje, sin estarlo; iii) material o sustantivo, al desconocer el inciso 1 del art\u00edculo 320 e inciso 1 del art\u00edculo 328 de la Ley 1564 de 2012, el literal 2 del art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil, los incisos 1 y 2 del art\u00edculo 281 de la Ley 1564 de 2012 y el inciso 1 del art\u00edculo 1542 del C\u00f3digo Civil; y iv) falta de motivaci\u00f3n, toda vez que el Juez parti\u00f3 de la base de que exist\u00eda un contrato de corretaje, sin establecer si concurr\u00edan los elementos de este. <\/p>\n
4. Por lo anterior, pide dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2022 y que se profiera una nueva, que respete el derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil Municipal de Sogamoso remiti\u00f3 la informaci\u00f3n del proceso censurado. <\/p>\n
2. C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Castro manifest\u00f3 que la tutela no puede convertirse en una tercera instancia y que, en este caso, se agotaron todos los medios legales. Afirm\u00f3 que no se cumple con el requisito de inmediatez y que no es posible desconocer una sentencia judicial ejecutoriada. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el auxilio, por cuanto las consideraciones que dieron lugar a la determinaci\u00f3n censurada se \u00abenmarcan en los par\u00e1metros de razonabilidad que deben guiar las decisiones judiciales\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pide dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2022 y que se profiera una nueva, que respete el derecho fundamental vulnerado. <\/p>\n
2. Consta en el expediente que, mediante el fallo acabado de referir, el Juzgado accionado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Sogamoso el 14 de febrero de 2021 y dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, para lo cual realiz\u00f3 un an\u00e1lisis del t\u00edtulo ejecutivo presentado, denominado contrato de pago de comisi\u00f3n sobre cesi\u00f3n de contrato de concesi\u00f3n, a fin de establecer si el \u00abPAGO DE COMISI\u00d3N\u00bb era \u00abaut\u00f3nomo para reclamar la obligaci\u00f3n que por \u00e9ste medio se persigue\u00bb. <\/p>\n
2.1. En ese sentido, luego de citar los art\u00edculos 1494 del C\u00f3digo Civil y 822, 824 y 864 del C\u00f3digo de Comercio, se\u00f1al\u00f3 que el asunto objeto de estudio se circunscrib\u00eda a un contrato de corretaje de naturaleza mercantil y, para el efecto, refiri\u00f3 sus caracter\u00edsticas contenidas en el numeral 8 del art\u00edculo 20 del C\u00f3digo de Comercio y 1340 y siguientes de la misma normatividad, para establecer que el corredor es la \u00abpersona que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relaci\u00f3n a dos o m\u00e1s personas, con el fin de que celebren un negocio comercial\u00bb, sin que est\u00e9 vinculado a \u00ablas partes por relaciones de colaboraci\u00f3n, dependencia, mandato o representaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, trajo a colaci\u00f3n unas sentencias de la Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ SC17005-2014, CSJ SC11815-2016) frente al contrato de corretaje, para as\u00ed establecer que le asist\u00eda raz\u00f3n a la parte actora, en el sentido de que no hab\u00eda ninguna otra obligaci\u00f3n pendiente para el pago de la comisi\u00f3n derivada del citado contrato, distinta de la de obtener el acercamiento de las partes interesadas en la celebraci\u00f3n de un contrato o negociaci\u00f3n, por lo que aquella era exigible. <\/p>\n
Lo anterior, respaldado tambi\u00e9n en el criterio expuesto en la sentencia CSJ SC008-2021, en la que se advirti\u00f3 que entre las partes del contrato de corretaje no existe un v\u00ednculo de colaboraci\u00f3n, dependencia, mandato o representaci\u00f3n de alguna de ellas, pues aqu\u00e9l es eminentemente aut\u00f3nomo e independiente y, en esa medida, concluy\u00f3 que, como el contrato de corretaje es de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea y el demandante logr\u00f3 el acercamiento de los contratantes y la respectiva firma, ten\u00eda derecho a obtener como contraprestaci\u00f3n la comisi\u00f3n acordada, enfatizando en que, para su materializaci\u00f3n, no interesaba el clausurado del negocio subyacente, ni si \u00e9ste se cumpli\u00f3 o no, o fue resuelto y\/o declarado nulo, de lo cual concluy\u00f3 que la obligaci\u00f3n contenida en el documento presentado como t\u00edtulo ejecutivo era clara, expresa y exigible. <\/p>\n
2.2. En cuanto a la nulidad relativa del contrato objeto de la ejecuci\u00f3n, por vicios en el consentimiento por error de hecho sobre la causa, alegada por la parte demandada, el Juzgado accionado indic\u00f3 que este los orient\u00f3 a la \u00abCESI\u00d3N DEL 100% DE LOS DERECHOS MINEROS DEL CONTRATO DE CONCESI\u00d3N NO. 0803-15\u00bb y no al contrato suscrito entre las partes; adem\u00e1s, destac\u00f3 que, acorde con la jurisprudencia citada, el corredor en manera alguna puede \u00abcomprometer, ofrecer o involucrar su voluntad, como tampoco la de las partes en la ejecuci\u00f3n del negocio jur\u00eddico producto del acercamiento a contratar\u00bb, dado que su labor se circunscribe a \u00abacercar a las partes y verificar la suscripci\u00f3n de un contrato\u00bb. <\/p>\n
3. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el Juzgado accionado expuso, con base en la documentaci\u00f3n aportada, la normatividad y jurisprudencia relacionada, que el contrato suscrito entre las partes s\u00ed conten\u00eda una obligaci\u00f3n clara y expresa, dadas las caracter\u00edsticas del corretaje que realmente qued\u00f3 pactado y, por lo mismo, al cumplirse la carga del se\u00f1or C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Castro de acercar tanto al vendedor como al comprador del respectivo t\u00edtulo minero, era exigible el valor acordado como comisi\u00f3n por dicha labor. <\/p>\n
Como tal conclusi\u00f3n no se muestra abiertamente desprovista de fundamento, carente de sustento o manifiestamente alejada del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez de tutela no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte1 tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, pues ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020. <\/p>\n
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