STC2192-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2192-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-02578-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 12 de enero de 2023 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, que neg\u00f3 el amparo promovido, mediante apoderado, por Mercy Garay Guerra, contra la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, al Juzgado 39 Laboral del Circuito de esa ciudad, a Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado 39 Laboral del Circuito de dicha ciudad, la Empresa de Licores de Cundinamarca y la Unidad Administrativa de Pensiones del Departamento de Cundinamarca. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, seguridad social, en conexidad con el m\u00ednimo vital y la vida. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La tutelante manifest\u00f3 que labor\u00f3 mediante contrato a t\u00e9rmino indefinido para la Empresa de Licores de Cundinamarca desde el 16 de septiembre de 1985 hasta el 7 de octubre de 1996, la cual la afili\u00f3 al ISS hoy Colpensiones el 30 de abril de 1996, cuando el plazo para hacerlo era hasta el 30 de junio de 1995. El contrato fue terminado unilateralmente y sin justa causa por parte de la empleadora. <\/p>\n
2.2. Al cumplir los 55 a\u00f1os, la actora solicit\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, pero la empresa no la otorg\u00f3, raz\u00f3n por la cual promovi\u00f3 demanda laboral. <\/p>\n
2.3. El 19 de junio de 2018, el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue revocada el 22 de agosto de la misma anualidad por la Sala Laboral del Tribunal Superior de dicha ciudad, que conden\u00f3 a la demandada a reconocer y pagar a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, conforme lo indicado en el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
2.4. El 14 de junio de 2022, la Sala de Descongesti\u00f3n 4 de Casaci\u00f3n Laboral, por sentencia CSJ SL2100-2022, cas\u00f3 el fallo del Tribunal y confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.5. En criterio de la actora, los cargos planteados en la demanda de casaci\u00f3n por la accionada no cuestionaron los argumentos expuestos en la decisi\u00f3n del Tribunal, esto es, que la afiliaci\u00f3n fue tard\u00eda y que la Empresa de Licores de Cundinamarca no remiti\u00f3 el monto de las cotizaciones al ISS, por lo cual la Sala de Descongesti\u00f3n no pod\u00eda abordar el estudio de la manera en que lo hizo ni casar el fallo. Igualmente, se\u00f1al\u00f3 que no se tuvo en cuenta el precedente constitucional expuesto en la sentencia CC T-580 de 2009 y se omiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, toda vez que, si bien se hizo referencia a la sentencia CSJ SL12351-2014, lo cierto es que cit\u00f3 unos apartes que no corresponden a esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 dejar sin efecto el fallo CSJ SL2100-2022 y que se ordene emitir una nueva sentencia, que no case la determinaci\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n convocada defendi\u00f3 la legalidad de su determinaci\u00f3n, pues indic\u00f3 se ajust\u00f3 a la ley y la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al establecer que la Sala accionada hizo el an\u00e1lisis debido de las normas que reg\u00edan el asunto y de las pruebas allegadas. Destac\u00f3, a su vez, que los precedentes en que se fund\u00f3 la sentencia de casaci\u00f3n eran aplicables al caso en estudio, toda vez que analizaban situaciones an\u00e1logas, y que, si bien hubo un error en una de las citas, este era de transcripci\u00f3n y, por tanto, no ten\u00eda trascendencia. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La gestora reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, enfatizando que la Sala accionada desconoci\u00f3 la jurisprudencia para decidir el recurso de casaci\u00f3n, que \u00abimpone abstenerse de conocerlo y estudiarlo, cuando quiera que el recurrente no ataca los soportes del fallo del Tribunal que le fue adverso\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la promotora pretende que se deje sin efecto la sentencia CSJ SL2100-2022 y que se emita una nueva que reconozca la pensi\u00f3n sanci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; de manera que solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Centrado el an\u00e1lisis en la determinaci\u00f3n emitida en sede de casaci\u00f3n, se observa que no fue motivo de controversia que: i) entre Mercy Garay Guerra y la Empresa de Licores de Cundinamarca existi\u00f3 un contrato de trabajo desde el 24 de septiembre de 1985 hasta el 7 de octubre de 1996, que termin\u00f3 por despido injusto; ii) la se\u00f1ora Garay Guerra era trabajadora oficial; y iii) la demandante fue afiliada al sistema de seguridad social por su empleador hasta el 1\u00b0 de abril de 1996. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala accionada estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver era si el Tribunal acert\u00f3 en condenar a la empresa demandada a reconocer a la actora la pensi\u00f3n sanci\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, comenz\u00f3 por precisar que, dada la fecha de terminaci\u00f3n del contrato, la norma aplicable al caso era el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, pues esta era la que estaba vigente al momento de causarse el derecho pretendido, criterio que corresponde al expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente en sentencias CSJ SL4371-2020 y CSJ SL018-2022. <\/p>\n
Luego, cit\u00f3 el mencionado art\u00edculo y estableci\u00f3 que, para que se configurara la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, deb\u00eda tenerse en cuenta: i) \u00abla falta de afiliaci\u00f3n al sistema general de pensiones\u00bb; ii) la \u00abterminaci\u00f3n del contrato de trabajo sin justa causa\u00bb; y iii) el \u00abtiempo de servicios superior a diez a\u00f1os\u00bb; y, en esa medida, evidenci\u00f3 que la demandada, como empresa oficial, ten\u00eda la obligaci\u00f3n de afiliar a sus trabajadores al ISS, a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, que en el presente asunto fue a m\u00e1s tardar el 30 de junio de 1995. <\/p>\n
As\u00ed, refiri\u00f3 el criterio que sobre el tema ha manejado la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (CSJ SL, 16 may. 2000, rad. 13890, reiterada en CSJ SL, 13 sept. 2006, rad. 26763), para se\u00f1alar que el derecho a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 133 de la Ley 100 se instituye en los casos en que \u00abel trabajador no est\u00e9 afiliado al sistema general de pensiones por omisi\u00f3n del empleador\u00bb, y que dicho \u00abpresupuesto no milita (\u2026) porque, como ya se advirti\u00f3 la empleadora s\u00ed cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de inscripci\u00f3n poco tiempo despu\u00e9s de que brot\u00f3 \u00e9sta al mundo jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, mencion\u00f3 la sentencia CSJ SL12351-2014, en la cual Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente estableci\u00f3 que las empresas oficiales pod\u00edan ser exoneradas del reconocimiento de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n, en la medida en que la afiliaci\u00f3n se hiciera \u00abpoco tiempo despu\u00e9s de la vigencia de la Ley 100 de 1993\u00bb, pues antes de la misma \u00abno exist\u00eda para ellas la obligaci\u00f3n legal de afiliar a sus trabajadores al Seguro Social\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros se\u00f1alados por la empresa recurrente, por lo cual cas\u00f3 la sentencia y, en sede de instancia, confirm\u00f3 el fallo emitido por el Juzgado 39 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente y se sustent\u00f3 en las pruebas, la normatividad y la jurisprudencia relacionada del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral en la materia, que ha enfatizado que no es viable condenar al pago de la pensi\u00f3n sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993 si la demandada no ha desconocido su obligaci\u00f3n de afiliar a su trabajadora al Sistema General de Pensiones, incluso posterior a la fecha prevista, que fue lo que ocurri\u00f3 en el presente caso, en el que fue aceptado por las partes que la empresa accionada s\u00ed afili\u00f3 a la demandante al ISS en abril de 1996. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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