STC2193-2023<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2193-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2022-01077-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 8 de junio de 2022 por la Hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Miguel Enrique Rojas Valbuena contra el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga1, tr\u00e1mite extensivo a la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El actor, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados en el proceso penal de radicado 68001600025820130213801. <\/p>\n
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2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se establecen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 20 de enero de 2022, el Juzgado accionado conden\u00f3 al se\u00f1or Miguel Enrique Rojas Valbuena, por los delitos de actos sexuales abusivos con menor de catorce a\u00f1os agravado, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, pornograf\u00eda con personas menores de dieciocho a\u00f1os y lesiones personales por perturbaci\u00f3n ps\u00edquica transitoria, y orden\u00f3 su captura inmediata, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga el 2 de marzo de 2022 y frente a la cual se interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Frente a la condena impuesta, el promotor alega que no se puede exigir su aprehensi\u00f3n, dado que la sentencia no est\u00e1 en firme, m\u00e1xime que es una persona de 80 a\u00f1os, hipertensa, que requiere atenci\u00f3n y control m\u00e9dico permanente y que se encuentra recluido en la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda de Gir\u00f3n en condiciones de hacinamiento, lo cual pone en juego su salud y vida. <\/p>\n
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3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se cancele la orden de captura y se conceda su libertad, para que pueda recibir atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
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II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
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1. El Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga se\u00f1al\u00f3 que la detenci\u00f3n dispuesta en la sentencia se sustent\u00f3 en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
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3. La Fiscal\u00eda Segunda Seccional CAIVAS de Bucaramanga indic\u00f3 que no es necesario esperar la ejecutoria de la sentencia para librar orden de captura. <\/p>\n
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4. La Procuradora 294 Judicial I Penal se\u00f1al\u00f3 que para reclamar el derecho a la libertad el actor contaba con la acci\u00f3n de habeas corpus. <\/p>\n
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III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que para la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la libertad el actor deb\u00eda impetrar acci\u00f3n de habeas corpus; adem\u00e1s, que la determinaci\u00f3n censurada se encontraba ajustada a lo previsto en el art\u00edculo 450 de la Ley 906 de 2004 y soportada en la jurisprudencia relacionada. A su vez, advirti\u00f3 que, \u00abde existir alguna circunstancia cl\u00ednica de la cual emane necesidad apremiante que lo amerite\u00bb, el actor pod\u00eda solicitar al juez de conocimiento el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria por enfermedad grave. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. En el sub examine, el gestor considera vulnerados sus derechos en virtud de la orden de captura emitida en su contra en la sentencia penal condenatoria de primera instancia, pues, en su criterio, es improcedente si se tiene en cuenta que la condena no est\u00e1 ejecutoriada, sumado a padece afecciones en su salud. <\/p>\n
2. Revisadas las diligencias, se advierte que, mediante correo electr\u00f3nico del 21 de febrero de 2023, el Coordinador de la Oficina Jur\u00eddica de la CPMS de Bucaramanga inform\u00f3 que \u00abLA PPL SE ENCUENTRA EN ESTADO DE BAJA POR MUERTE DESDE EL 23\/01\/2023\u00bb y anex\u00f3 copia de la \u00abConsulta Ejecutiva de Internos\u00bb, que registra al tutelante (c.c. 5559227) con \u00abBaja por muerte\u00bb. Igualmente, consultada la p\u00e1gina web de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil2, se observa que \u00abEl n\u00famero de documento 5559227 se encuentra en el archivo nacional de identificaci\u00f3n con estado Cancelada por Muerte\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en la actualidad, la salvaguarda invocada por Miguel Enrique Rojas Balbuena carece de objeto. Sobre el particular, esta Sala, en sentencia CSJ STC17075-2021, resalt\u00f3 lo establecido por la Corte Constitucional en el fallo SU-540 de 2007, as\u00ed: <\/p>\n
Ahora bien, la jurisprudencia en casi todos esos supuestos ha sostenido que la circunstancia de la muerte conduce, como se dijo, a una carencia actual de objeto y \u00e9sta, a su vez, a la improcedencia de la tutela, por cuanto cualquier orden que se pudiera emitir ser\u00eda ineficaz para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales; sin embargo, en otros casos, esa consecuencia se ha calificado como la ausencia de inter\u00e9s leg\u00edtimo o jur\u00eddico y as\u00ed se ha declarado, o sencillamente, se ha entendido como sustracci\u00f3n de materia; terminaci\u00f3n del asunto; cesaci\u00f3n de la causa que gener\u00f3 el da\u00f1o de la acci\u00f3n, de la actuaci\u00f3n impugnada, o de la situaci\u00f3n expuesta\u2019. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la muerte del titular de derechos origina la inoperancia de los mecanismos de protecci\u00f3n y en el mismo sentido, la ineficacia de las actuaciones por parte del Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
3. En tal sentido, no es procedente hacer un an\u00e1lisis de fondo sobre el asunto planteado y, por tanto, se confirmar\u00e1 el fallado atacado, en cuanto neg\u00f3 el amparo, pero por las consideraciones que anteceden, esto es, por carencia de objeto. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para desatar impugnaci\u00f3n el 17 de febrero de 2023. <\/p>\n