STC2196-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2196-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00836-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de marzo dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mario Restrepo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades cuestionadas en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 050343-112-001-2022-00058-01. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual, el Tribunal de Antioquia se niega a conceder agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
2. Solicit\u00f3 que se le ordene al Tribunal \u00abconceder agencias en derecho a mi favor en ambas instancias\u00bb. Que el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuradora General de la Naci\u00f3n manifiesten \u00absi el acuerdo PSAA16-10554 (\u2026) SE APLICA A ACCIONES POPULARES\u00bb. Finalmente, y en caso de que se niegue el amparo, exigi\u00f3 que se le informe si el Tribunal de Pereira \u00abque ordena aplicar art 365-1 CGP, aparentemente comete prevaricato\u2026 en relaci\u00f3n con el tribunal tutelado\u00bb1. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal de Antioquia remiti\u00f3 el enlace del expediente digital del proceso cuestionado. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n pidi\u00f3 que se niegue la salvaguarda por cuanto el actor \u00abdebi\u00f3 solicitar aclaraci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb2. <\/p>\n
3. La Unidad de Desarrollo y an\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite3. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n de la negativa de la accionada a reconocer las agencias en derecho a su favor. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad cuestionada -con sentencia del 21 de febrero de 2023- al resolver el recurso de apelaci\u00f3n presentado por el actor, confirm\u00f3 el fallo de primer grado y se abstuvo de condenar en costas en ambas instancias. Para ello, procedi\u00f3 a evaluar el fundamento de la apelaci\u00f3n, el cual consist\u00eda en establecer si la negativa -del funcionario de primera instancia- en fijar agencias en derecho a favor del promotor \u00abtrasgrede el art\u00edculo 361 numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Consider\u00f3 que \u00abno logra avizorarse erogaci\u00f3n alguna en la que hubiere podido incurrir el actor dada su precaria intervenci\u00f3n limitada a interponer la demanda\u00bb, sumado a que este no particip\u00f3 \u00abactivamente en vitales etapas procesales como el pacto de cumplimiento y tampoco evidenci\u00f3 una iniciativa probatoria\u00bb. De tal forma que \u00abno basta la prosperidad de la acci\u00f3n; contrario a ello la disposici\u00f3n aludida [art\u00edculo 365 C.G.P.] supedita esa condena a su efectiva causaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n\u00bb4. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, para esta Corporaci\u00f3n la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable5. Ciertamente, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema debatido. <\/p>\n
3.1. Por supuesto, para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. Descart\u00e1ndose, tambi\u00e9n, una ostensible v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el tutelante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia, ni a \u00abdeterminar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 de marzo de 2008, rad. 2007-00514-01. Reiterada en CSJ STC4454, 15 de julio de 2020). <\/p>\n
4. Frente a las dem\u00e1s pretensiones, basta se\u00f1alar que el actor no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en ese sentido frente a las autoridades cuestionadas6, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se negar\u00e1 el amparo solicitado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA la acci\u00f3n de tutela invocada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c11001020300020230083600-0002Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0014Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c0016Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c0007 SentenciaConfirma.pdf\u201d del expediente digital de la acci\u00f3n popular de rad. 2022-00058-01. <\/p>\n
5\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
6\u0002 Consejo Superior de la Judicatura y Procuradora General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
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