STC2215-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2215-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00635-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Rueda Clausen Ltda. – en liquidaci\u00f3n contra el fallo proferido el pasado 23 de enero por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella inco\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar \u00abal Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n presentado y sustentado en escrito de reparos detallados que present\u00f3 oportunamente\u00bb; que \u00aben caso de considerar que la decisi\u00f3n del Adquem [s]e debe mantener, ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, que vuelva a dictar sentencia en la cual realice previamente los controles de legalidad que aplican para los procesos especiales de prescripci\u00f3n rural en los t\u00e9rminos de la ley 1561 de 2012 y adopte las medidas necesarias para dar estricta aplicaci\u00f3n a las normas que protegen la zona protegida en la que se encuentra el bien objeto de prescripci\u00f3n y adopte las medidas de rigor (sic)\u00bb, y adem\u00e1s, \u00abse verifiquen las \u00e1reas netas reales de los lotes el Guayabo y la Palmita\u2026 [y] se descuenten de las \u00e1reas m\u00e1ximas\u2026 todas aquellas\u2026 en las que el demandante perdi\u00f3 e interrumpi\u00f3 p\u00fablicamente su posesi\u00f3n en Julio del 2020 y por lo tanto dej[\u00f3] de cumplir los requisitos de prescripci\u00f3n detallados en el C\u00f3digo Civil\u00bb; que \u00abse notifique a la Polic\u00eda para que ejerza las acciones y penalidades para el cumplimiento de art\u00edculo 103 de la ley 1801 del 2016 que aplican al predio motivo del litigio\u00bb; y finalmente, \u00abde considerar[lo] procedente[,] dicte nuevamente sentencia con consideraci\u00f3n de los c\u00f3digos vigentes; de los hechos y de todas las normas y leyes especiales que aplican al caso\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de pertenencia instaurado por Pedro Antonio Villamizar Torra contra la accionante, respecto del predio con folio inmobiliario Nro. 300-84204, en el que la \u00faltima formul\u00f3 demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n, surtidas las etapas de rigor, el 4 de febrero de 2022 el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga dict\u00f3 sentencia en la que acogi\u00f3 las pretensiones del libelo inicial y desestim\u00f3 las de la contrademanda, decisi\u00f3n que oportunamente apelaron por escrito la curadora ad-litem de los indeterminados y la quejosa, no solo exponiendo sus reparos concretos sino sustent\u00e1ndolos. <\/p>\n
2.2. El 2 de marzo de 2022 el Juzgado ad-quem accionado admiti\u00f3 dichos recursos y advirti\u00f3 que deb\u00edan sustentarse \u00ab[d]entro del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020\u00bb; sin embargo, el d\u00eda 22 siguiente los declar\u00f3 desiertos, \u00ab[c]omoquiera que las partes apelantes no [los] sustentaron\u2026 en la oportunidad prevista [en la citada norma]\u00bb; determinaci\u00f3n que mantuvo el 12 de agosto posterior. <\/p>\n
2.3. En sede de tutela, en concreto, la actora afirm\u00f3 que las autoridades acusadas incurrieron en defectos procedimental, f\u00e1ctico y sustantivo porque le impidieron ejercer su derecho de defensa durante la inspecci\u00f3n judicial practicada en ese juicio, en la que tampoco, debiendo hacerlo, se escuch\u00f3 en interrogatorio a su representante legal, sumado a que, para despachar favorablemente la demanda de pertenencia, sin estar satisfechos los presupuestos para tal prop\u00f3sito, se pasaron por alto los alegatos de conclusi\u00f3n, se tuvieron en cuenta las versiones testimoniales mendaces que all\u00ed se recolectaron y se valor\u00f3 inadecuadamente la actuaci\u00f3n surtida en un proceso previo. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el a-quo atacado, para el tr\u00e1mite de las apelaciones, irregularmente remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n al ad-quem convocado sin haberse pronunciado, como correspond\u00eda, respecto a la renuncia que su apoderado judicial present\u00f3 frente al poder que le otorg\u00f3, lo que tampoco resolvi\u00f3 dicha superioridad, todo lo cual le imposibilit\u00f3 ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, \u00abindebidamente[,] el recurso fue declarado desierto por falta de sustentaci\u00f3n, a pesar de haberlo hecho en el mismo escrito de presentaci\u00f3n detallada de todos y cada uno de los reparos\u00bb que oportunamente present\u00f3 ante el juzgador de primer grado, incurri\u00e9ndose en un exceso ritual manifiesto al exigirle volver a sustentar en segunda instancia. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga deprec\u00f3 declarar improcedente el reclamo tutelar porque \u00abno existe ning\u00fan vicio procesal y tampoco exceso de ritual manifiesto al declararse desierto el recurso de apelaci\u00f3n por exigirse al recurrente\u2026 que sustentara la apelaci\u00f3n[,] como se le hab\u00eda advertido en el auto del 2 de marzo de 2022\u00bb, tem\u00e1tica sobre la cual indic\u00f3 remitirse \u00aben su integridad a lo expuesto en el auto del 12 de agosto de 2022\u2026, donde se resolvi\u00f3 lo atinente a la reposici\u00f3n interpuesta contra la providencia que declar\u00f3 desierto el recurso vertical\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga histori\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio recriminado, a las que dijo estarse. <\/p>\n
3. La curadora ad-litem que se design\u00f3 a los indeterminados en el decurso cuestionado se\u00f1al\u00f3 que correspond\u00eda al juzgador constitucional definir sobre la procedencia de las \u00abpretensiones solicitadas por el accionante y de conformidad a derecho y a lo que resulte probado\u00bb. <\/p>\n
4. Pedro Antonio Villamizar Torra defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones judiciales recriminadas e indic\u00f3 que el resguardo era improcedente por insatisfacer, de un lado, el presupuesto de la inmediatez, respecto a la sentencia que en primera instancia dict\u00f3 el Juzgado municipal; y de otra parte, el requisito de la subsidiariedad, en tanto que su antagonista \u00abno ha [agotado] todos lo[s] [mecanismos] que la ley exige\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, en Sala mayoritaria, neg\u00f3 el resguardo al concluir, en primer t\u00e9rmino, que, \u00abcontrario a lo expresado en el escrito introductorio, mediante interlocutorio de 02 de marzo de 2022, el JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA neg\u00f3 la renuncia del abogado que representaba a la sociedad all\u00ed demandada, prove\u00eddo en contra del cual ning\u00fan reparo se propuso, as\u00ed como tampoco en contra del interlocutorio por el cual se admiti\u00f3 la alzada, en el que, adem\u00e1s, se le indic\u00f3 a la parte actora la obligaci\u00f3n de sustentar del recurso, so pena de declararse desierto\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, al no compartir \u00abel argumento blandido por la\u2026 gestora, tendiente a considerar que exigir la sustentaci\u00f3n de recurso cuando, seg\u00fan afirma, el mismo fue debidamente explicado ante el a quo, constituye exceso de ritual manifiesto, pues adem\u00e1s de que tal requerimiento est\u00e1 sustentado normativamente tanto en el art\u00edculo 322 del C.G. P., como en el 12 de la ley 2213 de 2022, lo cierto es que la jurisprudencia ya ha decantado la obligatoriedad de la sustentaci\u00f3n del disenso ante el ad quem, tal como lo ha dicho reiteradamente la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia y m\u00e1s recientemente la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esa misma Corporaci\u00f3n, las cuales han expresado que la consecuencia l\u00f3gica de la no sustentaci\u00f3n de la alzada en los t\u00e9rminos previstos en las normas descritas no es otra distinta que su declaratoria de desierto, al margen de que lo haya sustentado ante el Juez de primer grado, pues la exigencia normativa\u2026 se dirige a que lo haga ante el Juez de segunda instancia so pena de no continuar con el tr\u00e1mite suplicado, tal como sucedi\u00f3 en el sub examine\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la promotora insistiendo en sus pretensiones, anot\u00f3 que no era dable tener por v\u00e1lido el argumento seg\u00fan el cual, sobre la renuncia de su apoderado, se pronunci\u00f3 el Juzgado Municipal el 2 de marzo de 2022, toda vez que, para entonces, esa sede judicial carec\u00eda de competencia para adoptar decisiones en el asunto, por cuanto concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n frente a la sentencia, en el efecto suspensivo, desde el 17 de febrero anterior; de otro lado, sin justificaci\u00f3n, el Juzgado del Circuito, en el mismo auto admisorio de la alzada, dispuso correr traslado para su sustentaci\u00f3n, pretermitiendo la oportunidad de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia; por \u00faltimo, aleg\u00f3 que era notorio el exceso ritual manifiesto en el que se incurri\u00f3 al exigirle volver a efectuar la sustentaci\u00f3n ya agotada en primer grado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado(…) (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo o f\u00e1ctico en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, dada la necesaria concesi\u00f3n del resguardo deprecado pero con alcance parcial, en tanto que a pesar de que en lo referente a la falta de resoluci\u00f3n sobre la renuncia presentada por el mandatario de la accionante frente al poder que le otorg\u00f3, el ruego tutelar insatisface el presupuesto de la subsidiariedad, lo cierto es que en lo tocante con la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n el Juzgado del Circuito atacado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado aunque oportunamente atendi\u00f3 esa carga ante el sentenciador de primera instancia, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, con alcance parcial. <\/p>\n
Frente al particular, la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si la gestora de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterada en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; y STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
En el mismo sentido, en diversidad de oportunidades se ha sostenido que: <\/p>\n
\u2026el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (CSJ STC, 14 en. 2003, rad. 23023; reiterada en CSJ STC5341-2014; y STC, 27 may. 2016, rad. 2016-00401-01). <\/p>\n
3.2. Ahora, en lo tocante con la referida declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta el 10 de febrero de 2022, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio del a\u00f1o 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagr\u00f3 que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
3.2.1. Por ese rumbo, oportuno es anotar que con la norma referida a espacio se busc\u00f3 hacer frente a las m\u00faltiples dificultades que para la tramitaci\u00f3n de asuntos a cargo de la administraci\u00f3n de justicia trajo la Covid-19, variando lo consignado en el actual estatuto adjetivo civil con el fin de, seg\u00fan las consideraciones vertidas en dicho Decreto, regular \u00abla segunda instancia en materia civil y familia para que esta se pueda tramitar\u2026 sin que tenga que adelantarse la audiencia para la sustentaci\u00f3n del recurso, y por el contrario la sustentaci\u00f3n, su traslado y sentencia se har\u00e1 a trav\u00e9s de documentos aportados por medios electr\u00f3nicos\u00bb (negrillas ajenas al texto). <\/p>\n
Con ello, sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del aludido Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
En consonancia, precisamente reconociendo tal regreso a lo escritural, la Corte Constitucional para declarar exequible el mentado precepto 14 del citado Decreto expuso que \u00e9ste modific\u00f3 \u00ablos actos procesales de la segunda instancia\u2026, privilegiando lo escrito sobre lo oral en esta etapa del proceso\u00bb; luego, dijo que algunos de los intervinientes en ese tr\u00e1mite de control de constitucionalidad solicitaron su inexequibilidad aduciendo afectaci\u00f3n de los principios de oralidad e inmediaci\u00f3n; y despu\u00e9s consign\u00f3: <\/p>\n
325. Para resolver el problema jur\u00eddico, primero, se definir\u00e1 el alcance del principio de oralidad en materia procesal; y a partir de estas consideraciones se determinar\u00e1 si las disposiciones estudiadas afectan el derecho al debido proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
326. El principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia. La LEAJ introdujo la oralidad como principio de la administraci\u00f3n de justicia. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que \u201c[l]a implementaci\u00f3n de la oralidad constituye un mecanismo razonablemente encaminado al logro de la pretendida celeridad en la administraci\u00f3n de justicia, favoreciendo la inmediaci\u00f3n, acercando el juez a las partes y generando condiciones que propicien la simplificaci\u00f3n de los procedimientos\u201d. No obstante, dada su naturaleza de principio, la misma LEAJ admite que la ley prevea excepciones a la aplicaci\u00f3n de la oralidad en cada proceso judicial. En tal sentido, la Corte Constitucional ha indicado que la oralidad es un principio procesal cuyo alcance puede ser definido por el legislador atendiendo a razones de conveniencia o necesidad. <\/p>\n
<\/p>\n
327\u2026 Por lo dem\u00e1s, la Sala advierte que la afectaci\u00f3n del principio de inmediaci\u00f3n de la prueba que reprochan algunos intervinientes es apenas aparente, toda vez que los art\u00edculos 14\u00ba y 15\u00ba sub judice prescriben que las audiencias en segunda instancia en las que se deba practicar pruebas ser\u00e1n celebradas de acuerdo con las normas procedimentales ordinarias, de manera que esta medida no sacrifica, ni siquiera en grado leve, ninguna garant\u00eda inherente al derecho de contradicci\u00f3n y defensa. En este escenario, resulta innecesario aplicar el test de proporcionalidad a las medidas estudiadas. <\/p>\n
<\/p>\n
328. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que las disposiciones examinadas no vulneran los derechos al debido proceso o al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto (i) limitan la aplicaci\u00f3n de un principio de rango legal que no constituye un par\u00e1metro de constitucionalidad, y (ii) no afectan en manera alguna la inmediaci\u00f3n de la prueba en tanto aplican a los tr\u00e1mites de segunda instancia en los que no procede la pr\u00e1ctica de pruebas (CC C-420\/20). <\/p>\n
3.2.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con anticipaci\u00f3n a su inicio. <\/p>\n
En ese sentido, en pasada ocasi\u00f3n, de cara a un asunto en el cual, bajo la vigencia del anterior estatuto procesal civil, la apelaci\u00f3n se sustent\u00f3 \u00abprematuramente\u00bb ante el a-quo al momento de interponerla, esta Sala dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u2026es preciso referirse\u2026 a la oportunidad con que se sustent\u00f3 la alzada\u2026, aspecto sobre el que la inteligencia del par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, indica que se puede hacer \u201ca m\u00e1s tardar\u201d dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, es decir, es v\u00e1lido en cualquier momento anterior, como ac\u00e1 sucedi\u00f3, al interponer el recurso. <\/p>\n
En un caso similar, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: \u201cRelativamente al cuestionamiento de la actora en torno a la \u2018extemporaneidad\u2019 de la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n, basta se\u00f1alar que la reforma introducida por la Ley 794 de 2003 al art\u00edculo 352 del estatuto procesal civil, no indica que deba sustentarse, como lo entendi\u00f3 la peticionaria, dentro de los \u2018tres d\u00edas siguientes a la admisi\u00f3n del recurso\u2019, sino que debe hacerse \u2018a m\u00e1s tardar\u2019 dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360 ib\u00eddem; es decir, que en trat\u00e1ndose de apelaci\u00f3n de sentencia, en aplicaci\u00f3n de la \u00faltima norma citada, el t\u00e9rmino vencer\u00eda concluidos los cinco d\u00edas para alegar en segunda instancia, sin que, por lo dem\u00e1s, sea necesario que el juzgador de segundo grado \u2018ponga en conocimiento\u2019 de la parte contraria las alegaciones del impugnante, pues el escrito se agrega al expediente y queda a disposici\u00f3n \u2018de la parte contraria por tres d\u00edas\u2019 (art\u00edculo 359 ib\u00eddem)\u201d (sentencia de 12 de junio de 2008, expediente 00095-01, ratificada el 21 de agosto de 2012, exp. 01621-00) (CSJ STC, 5 dic. 2012, rad. 2012-00819-01). <\/p>\n
As\u00ed mismo, con posterioridad, en un asunto en el que se disert\u00f3, espec\u00edficamente, respecto a las diferencias latentes en el tr\u00e1mite de la alzada en la escrituralidad validada por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en contraposici\u00f3n con la oralidad que gobierna el C\u00f3digo General del Proceso, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente caso, en tanto que, como qued\u00f3 dicho, lo dispuesto en el Decreto 806 de 2020, por lo menos en cuanto al decurso y definici\u00f3n de la apelaci\u00f3n en materia civil y de familia, es el retorno al mentado sistema escritural; esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
\u2026En ambas legislaciones (C\u00f3digo de Procedimiento Civil y C\u00f3digo General del Proceso) se tipifica la \u201cdeserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d, s\u00f3lo que no necesariamente los supuestos que dan lugar a ella en una y otra reglamentaci\u00f3n son concordantes. En lo que ahora capta la atenci\u00f3n, es preciso advertir que el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 352 del Decreto 1400 de 1970 indicaba que el <\/p>\n
\u201capelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el Juez o Tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto. Para la sustentaci\u00f3n del recurso, ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese, en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia\u201d. <\/p>\n
En cambio, el art\u00edculo 327 de la Ley 1564 de 2012 dispone que ejecutoriado \u201cel auto que admite la apelaci\u00f3n, el Juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo (\u2026) El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el Juez de primera instancia\u201d. <\/p>\n
Una de las notables divergencias que de all\u00ed brotan estriba en que, en el pasado r\u00e9gimen la \u201csustentaci\u00f3n\u201d no constaba de un \u00fanico momento para desarrollarse, sino que el inconforme pod\u00eda hacerlo en cualquiera de las instancias desde que interpon\u00eda la opugnaci\u00f3n hasta que transcurrieran los 5 d\u00edas que ordenaba el canon 360 ej\u00fasdem, lo que constitu\u00eda el l\u00edmite. Mientras que en la hora actual esa fase es de obligado agotamiento en la diligencia del art. 327 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, ni antes ni despu\u00e9s, eso s\u00ed, previa precisi\u00f3n de los reparos concretos que se le hacen a la decisi\u00f3n, ante el a quo. <\/p>\n
La predominancia de la escrituralidad que hasta hace poco imper\u00f3, y la de oralidad que empieza a hacerlo, es pieza toral cuando de averiguar el funcionamiento del \u201ctr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de sentencias\u201d se trata. Y no es para menos, porque como antes ten\u00eda mayor valor lo documentado, ese era el canal que utilizaban los \u201crecurrentes\u201d para comunicar la r\u00e9plica frente a una providencia que les desfavorec\u00eda y, por ello, estaban autorizados para hacerlo en alguno de los varios instantes prenotados, y la cuesti\u00f3n no ten\u00eda mayores implicaciones (daba igual sustentar ante el a quo o ante el ad quem), lo que en los tiempos que corren no se mira con la misma lupa porque claramente la incursi\u00f3n de la prevalencia de la palabra hablada supone que sea \u00e9ste nuevo m\u00e9todo el que deba emplearse para el referido fin (sustentar), labor\u00edo que implica concentrar todas las intervenciones (apelante, no apelante y fallador) en un solo \u201cacto\u201d; de all\u00ed que la mentada \u201cdiligencia\u201d de \u201csustentaci\u00f3n y fallo\u201d sea la \u00fanica oportunidad para lograrlo, tal como mayoritariamente lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n1 (se destac\u00f3 – CSJ STC3969-2018, 21 mar., rad. 2018-00668-00). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural. <\/p>\n
3.2.3. Siguiendo, en lo relativo al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto la jurisprudencia constitucional ha indicado que: <\/p>\n
\u2026puede estructurarse\u2026 cuando \u201c\u2026un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esta v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia\u201d; es decir: <\/p>\n
\u201cel funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando (i) no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realizaci\u00f3n efectiva de los derechos de los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jur\u00eddica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) por la aplicaci\u00f3n en exceso rigurosa del derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuaci\u00f3n devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales\u201d (CC T-352\/12). <\/p>\n
3.2.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 22 de marzo de 2022 el Juzgado del Circuito convocado declar\u00f3 desiertas las apelaciones propuestas por la accionante y la curadora ad-litem de los indeterminados al advertir que \u00abno [las] sustentaron\u2026 en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, tal como se orden\u00f3 en auto del 2 de marzo de 2022\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 12 de agosto siguiente. <\/p>\n
En ese \u00faltimo prove\u00eddo, para desechar la reposici\u00f3n propuesta por la quejosa, en lo medular, indic\u00f3 que, \u00abcon la decisi\u00f3n adoptada y que es objeto de censura, no se vulner\u00f3 el debido proceso de los recurrentes y tampoco se configura un exceso ritual manifiesto, pues el procedimiento aqu\u00ed seguido es el que ha previsto el legislador, y admitir que la apelaci\u00f3n se puede sustentar ante la primera instancia s\u00ed implica vulnerar el debido proceso y desconocer la fuerza vinculante de las normas procesales como lo disponen los art\u00edculos 13 y 14 del C.G.P., pues implica aceptar que se puede ejercer un acto procesal cuando nada se ha dispuesto sobre la admisibilidad o no de la apelaci\u00f3n, as\u00ed como que tampoco ha corrido el t\u00e9rmino preclusivo para sustentar la apelaci\u00f3n, m\u00e1s a\u00fan, conlleva tener como sin\u00f3nimos los reparos en concreto y la sustentaci\u00f3n del recurso, cuando sin dubitaci\u00f3n alguna el legislador ha previsto que son conceptos distintos y que el uno no tiene la vocaci\u00f3n de suplir al otro\u00bb. <\/p>\n
3.2.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que los apelantes, por los motivos que fuera, dejaran de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque, como de forma mayoritaria, reiterada y vinculante lo ha dejado por sentado esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, debi\u00f3 observarse que aqu\u00e9llos cumplieron con tal carga ante el a-quo, mediante los escritos allegados el 9 y 10 de febrero de 2022, en tanto que en ellos no s\u00f3lo exteriorizaron sus reparos concretos frente a la sentencia dictada por el fallador de primer grado, sino que, de forma anticipada, los sustentaron. <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial ad-quem enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta ante el a-quo que no frente al superior. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador del circuito atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita que no oral, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2.6. En relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario recordar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que fueran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
As\u00ed pues, el criterio actual de la Sala se concentra en que: <\/p>\n
\u2026en vigencia del Decreto Legislativo 806 de 2020, si desde el umbral de la interposici\u00f3n de la alzada el recurrente expone de manera completa los reparos por los que est\u00e1 en desacuerdo con la providencia judicial, no hay motivo para que el superior exija la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, de lo contrario, si los reproches realizados apenas son enunciativos, desde luego, el juez deber\u00e1 ordenar el agotamiento de esa formalidad, conforme lo previsto en la normatividad se\u00f1alada (CSJ STC5499-2021, reiterada en CSJ STC8661-2021). <\/p>\n
4. Finalmente, como lo concluido trae consigo la carencia de firmeza de la sentencia dictada por el a-quo en el asunto fustigado, por sustracci\u00f3n de materia, resulta inviable que por ahora la Corte se ocupe de los restantes cuestionamientos de la reclamante, en tanto que no le es dable anticiparse a los eventuales veredictos que al respecto y por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
5. Lo consignado impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, con alcance parcial, para que el Juzgado del Circuito acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 12 de agosto de 2022, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente los recursos propuestos contra el auto del 22 de marzo anterior, en el que declar\u00f3 desiertas las apelaciones incoadas frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, revoca el fallo opugnado y, en su lugar, concede, con alcance parcial, el resguardo al derecho al debido proceso de Rueda Clausen Ltda. – en liquidaci\u00f3n. En consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 12 de agosto de 2022, y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio de pertenencia que Pedro Antonio Villamizar Torra inco\u00f3 contra la accionante y en el que \u00e9sta formul\u00f3 contrademanda reivindicatoria (rad. 68001-40-03-001-2020-00292), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto a los recursos propuestos frente al auto del 22 de marzo anterior, atendiendo a lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo. Ordenar al Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga remitir de inmediato y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un d\u00eda, el expediente digital contentivo del asunto objeto de la queja constitucional al estrado referido a espacio, para que d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en el ordinal anterior. <\/p>\n
Tercero. En lo dem\u00e1s, se confirma el fallo opugnado, pero por las razones ac\u00e1 expuestas que no precisamente por las del juzgador constitucional de primer grado. <\/p>\n
Cuarto. Remitir copia de esta providencia al a-quo constitucional para que vele por su cumplimiento. <\/p>\n
Quinto. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Salvamento de Voto <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2022-00635-01 <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Con respeto por los Magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n en la que se profiri\u00f3 la sentencia de la cual me aparto, me permito expresar los motivos de mi disenso con la soluci\u00f3n en la acci\u00f3n de tutela que la sociedad Rueda Clausen Ltda., en liquidaci\u00f3n instaur\u00f3 contra el Juzgados Primero Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
1. Este asunto, tiene como antecedentes los siguientes: <\/p>\n
En el proceso de pertenencia instaurado por Pedro Antonio Villamizar Torra contra la sociedad accionante, respecto del inmueble predio con matr\u00edcula inmobiliaria Nro. 300-84204, en el que \u00e9sta formul\u00f3 demanda reivindicatoria en reconvenci\u00f3n, el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga en sentencia proferida el 4 de febrero de 2022 acogi\u00f3 las pretensiones de la demanda inicial, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la sociedad exponiendo y sustentando los reparos concretos. <\/p>\n
Recibido el expediente por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, admiti\u00f3 la apelaci\u00f3n el 2 de marzo de 2022 y, posteriormente en providencia de 22 de marzo siguiente la declar\u00f3 desierta por no haber sido sustentada en esa instancia en el t\u00e9rmino concedido, decisi\u00f3n que mantuvo el 12 de agosto de 2022, al resolver la reposici\u00f3n que se interpuso. <\/p>\n
Por lo anterior, interpuso acci\u00f3n de tutela que neg\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil Familia en sentencia de 23 de enero de 2023, que impugn\u00f3 la sociedad accionante. <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Civil mayoritaria, revoc\u00f3 la sentencia constitucional impugnada y, en su lugar concedi\u00f3 el amparo constitucional reclamado tras considerar, <\/p>\n
(\u2026) 3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, dada la necesaria concesi\u00f3n del resguardo deprecado pero con alcance parcial, en tanto que a pesar de que en lo referente a la falta de resoluci\u00f3n sobre la renuncia presentada por el mandatario de la accionante frente al poder que le otorg\u00f3, el ruego tutelar insatisface el presupuesto de la subsidiariedad, lo cierto es que en lo tocante con la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n el Juzgado del Circuito atacado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado aunque oportunamente atendi\u00f3 esa carga ante el sentenciador de primera instancia, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, con alcance parcial. <\/p>\n
3.2. Ahora, en lo tocante con la referida declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la alzada, lo primero que debe se\u00f1alar la Corte es que el tr\u00e1mite de la alzada en cuesti\u00f3n, desde el mismo momento en que fue propuesta el 10 de febrero de 2022, estuvo gobernada de forma integral por las reglas establecidas en el Decreto 806 de 2020 -pues \u00e9ste entr\u00f3 en vigencia el 4 de junio del a\u00f1o 2020- que no por las contempladas en el C\u00f3digo General del Proceso, siendo relevante indicar que aqu\u00e9l, en su canon 14, claramente consagr\u00f3 que \u00ab[e]jecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deber\u00e1 sustentar el recurso a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes\u2026 Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarar\u00e1 desierto\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.4. Ahora, en este particular asunto, como qued\u00f3 visto, el 22 de marzo de 2022 el Juzgado del Circuito convocado declar\u00f3 desiertas las apelaciones propuestas por la accionante y la curadora ad-litem de los indeterminados al advertir que \u00abno [las] sustentaron\u2026 en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020, tal como se orden\u00f3 en auto del 2 de marzo de 2022\u00bb; decisi\u00f3n que mantuvo el 12 de agosto siguiente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
3.2.5. As\u00ed las cosas, basta confrontar los anteriores planteamientos del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga con los derroteros expuestos en precedencia para establecer la incursi\u00f3n en el defecto anunciado, porque al margen de que los apelantes, por los motivos que fuera, dejaran de sustentar su alzada dentro del traslado corrido en segunda instancia para tal efecto, como all\u00ed acaeci\u00f3, lo cierto es que la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n dispuesta se mostraba inviable porque, como de forma mayoritaria, reiterada y vinculante lo ha dejado por sentado esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, debi\u00f3 observarse que aqu\u00e9llos cumplieron con tal carga ante el a-quo, mediante los escritos allegados el 9 y 10 de febrero de 2022, en tanto que en ellos no s\u00f3lo exteriorizaron sus reparos concretos frente a la sentencia dictada por el fallador de primer grado, sino que, de forma anticipada, los sustentaron. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
De all\u00ed que el proceder reprochado a la sede judicial ad-quem enjuiciada, injustificadamente, impidi\u00f3 que la quejosa obtuviera la definici\u00f3n de fondo de su alzada, al concluir, bajo una apreciaci\u00f3n literal y en extremo formal de la norma adjetiva, espec\u00edficamente del precepto 14 del Decreto 806 de 2020 -bajo cuya egida se produjo la actuaci\u00f3n reprochada-, que era inviable tener por cumplida esa carga cuando la sustentaci\u00f3n escrita se presenta ante el a-quo que no frente al superior. <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador del circuito atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita que no oral, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
3.2.6. En relaci\u00f3n con este tema espec\u00edfico, esto es, lo tocante con los casos en que todo el tr\u00e1mite de la alzada se surti\u00f3 bajo la egida del Decreto 806 de 2020, es decir, aqu\u00e9llos que no tienen relaci\u00f3n alguna con el tr\u00e1nsito legislativo del C\u00f3digo General del Proceso a aquella disposici\u00f3n, surge necesario recordar que la Sala, como m\u00e1xima autoridad de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil, recogi\u00f3 la postura inserta, entre otros, en fallo STC3472-2021 (7 abr., rad. 2021-00837-00), as\u00ed como todos los dem\u00e1s que fueran contrarios, acogiendo mayoritariamente el criterio aqu\u00ed condensado, mediante providencia del 20 de mayo de 2021 (STC5630-2021). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
5. Lo consignado impone resguardar el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, con alcance parcial, para que el Juzgado del Circuito acusado, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 12 de agosto de 2022, y las que de ella dependan, proceda a resolver nuevamente los recursos propuestos contra el auto del 22 de marzo anterior, en el que declar\u00f3 desiertas las apelaciones incoadas frente a la sentencia de primer grado. <\/p>\n
2. Me aparto de la decisi\u00f3n mayoritaria, puesto que considero que el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga, no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la sociedad Rueda Clausen Ltda., en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En este asunto en el que se debate sobre la deserci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n por falta de sustentaci\u00f3n ante el ad quem conforme a las reglas dispuestas por el Decreto Legislativo 806 de 2020, -vigente para la fecha interpuso la apelaci\u00f3n- mis razones son las siguientes: <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n contra providencias judiciales, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo que concierne a las cargas procesales del recurrente comprende dos momentos espec\u00edficos, que debe tener en consideraci\u00f3n el juzgador: el primero de ellos, esto es, la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos que se desarrolla ante el juez de primera instancia y, el segundo, esto es, la admisi\u00f3n, la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n y la decisi\u00f3n, que se adelanta ante el de segunda instancia. <\/p>\n
En cuanto a la oportunidad y los requisitos para instaurar el recurso de apelaci\u00f3n frente a un fallo, el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, establece, <\/p>\n
\u00abCuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a su finalizaci\u00f3n o a la notificaci\u00f3n de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deber\u00e1 precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisi\u00f3n, sobre los cuales versar\u00e1 la sustentaci\u00f3n que har\u00e1 ante el superior. <\/p>\n
Para la sustentaci\u00f3n del recurso ser\u00e1 suficiente que el recurrente exprese las razones de su inconformidad con la providencia apelada. <\/p>\n
Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera oportuna, el juez de primera instancia lo declarar\u00e1 desierto. La misma decisi\u00f3n adoptar\u00e1 cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de apelaci\u00f3n contra una sentencia que no hubiere sido sustentado\u00bb. (Se destaca). <\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, el juez convocar\u00e1 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo. Si decreta pruebas, estas se practicar\u00e1n en la misma audiencia, y a continuaci\u00f3n se oir\u00e1n las alegaciones de las partes y se dictar\u00e1 sentencia de conformidad con la regla general prevista en este c\u00f3digo. <\/p>\n
El apelante deber\u00e1 sujetar su alegaci\u00f3n a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Se acent\u00faa que el art\u00edculo 14 del Decreto 806 de 2020 en nada alter\u00f3 las exigencias descritas el citado art\u00edculo 322, en cuanto a la interposici\u00f3n del recurso y la formulaci\u00f3n de los reparos: Se ocup\u00f3, exclusivamente de la forma en que se realizar\u00eda la sustentaci\u00f3n, que antes de su expedici\u00f3n era de manera oral en audiencia (art\u00edculo 327 CGP); ahora por escrito, una vez ejecutoriado el auto que admite la apelaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, ante el ad quem y no al a quo. <\/p>\n
La modificaci\u00f3n que el citado art\u00edculo 14 introdujo al recurso de apelaci\u00f3n de sentencias, en \u00faltimas lo \u00fanico que vari\u00f3 fue la forma de hacer conocer al juez de segunda instancia por el recurrente, el desarrollo de los reparos expresados ante el a quo, de oral a escrita. <\/p>\n
Tampoco reform\u00f3 la norma aludida, la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la providencia apelada y las consecuencias de su desatenci\u00f3n, \u00fanicamente, se itera, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, se admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Ahora bien, no pueden equipararse los reparos que se expresan ante el a quo, con los argumentos que soportan la sustentaci\u00f3n que se presenta ante el ad quem, de manera escrita (art\u00edculo 14 Decreto 806 de 2020), tampoco se trata del cumplimiento anticipado de la carga impuesta por el legislador quien previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi divergencia. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2022-00635-01 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que profirieron la sentencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
1.- La Sala mayoritaria revoc\u00f3 el fallo proferido el 23 de enero del a\u00f1o en curso por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la tutela que Rueda Clausen Ltda. en liquidaci\u00f3n instaur\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Sexto Civil del Circuito, ambos de esa ciudad y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al \u00faltimo de los estrados que, \u00ab(\u2026) dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente contentivo del proceso criticado, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 12 de agosto de 2022, y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio de pertenencia que Pedro Antonio Villamizar Torra inco\u00f3 contra la accionante y en el que \u00e9sta formul\u00f3 contrademanda reivindicatoria (rad. 68001-40-03-001-2020-00292), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n respecto a los recursos propuestos frente al auto del 22 de marzo anterior (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Para ello, ab initio anticip\u00f3 la <\/p>\n
\u00ab(\u2026) procedencia de la impugnaci\u00f3n propuesta, dada la necesaria concesi\u00f3n del resguardo deprecado (\u2026) en lo tocante con la declaraci\u00f3n de deserci\u00f3n de la apelaci\u00f3n el Juzgado del Circuito atacado incurri\u00f3 en claro defecto procedimental, por exceso ritual manifiesto, al exigirle allegar un escrito de sustentaci\u00f3n en segundo grado aunque oportunamente atendi\u00f3 esa carga ante el sentenciador de primera instancia, lo que impone revocar el veredicto del Tribunal de primer grado para, en su lugar, acceder al resguardo deprecado, con alcance parcial (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, porque con la Ley 2213 de 2022 que adopt\u00f3 el Decreto 806 de 2020 como legislaci\u00f3n permanente, <\/p>\n
\u00ab(\u2026), sin duda, se retom\u00f3 la sustentaci\u00f3n de la alzada por escrito, de la que trataba el precepto 352 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual, en lo que aqu\u00ed interesa, en casi los mismos t\u00e9rminos del mentado art\u00edculo 14 del aludido Decreto 806, ense\u00f1aba que \u00ab[e]l apelante deber\u00e1 sustentar el recurso ante el juez o tribunal que deba resolverlo, a m\u00e1s tardar dentro de la oportunidad establecida en los art\u00edculos 359 y 360, so pena de que se declare desierto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Teniendo ello de presente, conveniente es recordar que la sustentaci\u00f3n por escrito de la apelaci\u00f3n, efectuada de forma anticipada ante el juzgador a-quo, como ocurri\u00f3 en el caso auscultado, fue una tem\u00e1tica zanjada de manera pac\u00edfica por esta Corte en favor de lo sustancial sobre las formas en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dando por sentado que la interpretaci\u00f3n m\u00e1s benigna para el ordenamiento jur\u00eddico, respecto a la expresi\u00f3n que tal motivaci\u00f3n de la censura deb\u00eda exteriorizarse, \u00aba m\u00e1s tardar\u00bb, antes de fenecer el traslado de segunda instancia para tal prop\u00f3sito, correspond\u00eda a aquella que aceptaba que pod\u00eda darse en cualquier tiempo despu\u00e9s de proferida la sentencia de primer grado y con antelaci\u00f3n al referido l\u00edmite, es decir, entend\u00eda v\u00e1lidas y vinculantes todas las atestaciones efectuadas con dicho fin antes de finalizar el mentado traslado, incluso con anticipaci\u00f3n a su inicio (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, de lo evidenciado claramente se desprende que el soporte para, en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema oral que gobierna tal estatuto, sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural (\u2026). <\/p>\n
De esta manera, no dar curso a la apelaci\u00f3n en comento, como lo resolvi\u00f3 el juzgador del circuito atacado, bajo una apreciaci\u00f3n literal de la norma procedimental, pasando por alto que en el caso concreto la sustentaci\u00f3n deb\u00eda producirse de forma escrita que no oral, como qued\u00f3 visto, es un proceder que comporta un exceso ritual manifiesto, toda vez que tal determinaci\u00f3n implica una clara y desproporcionada afectaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales de la gestora, impidi\u00e9ndole el acceso a la administraci\u00f3n de justicia para demostrar la concurrencia del derecho sustancial que considera ostentar, por lo que esa situaci\u00f3n excepcional se torna inadmisible y exige la intervenci\u00f3n del juez constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- No comparto la determinaci\u00f3n, principalmente, porque el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bucaramanga no incurri\u00f3 en excesivo ritual manifiesto que vulnerara los derechos fundamentales invocados por la precursora. Son mis razones las siguientes: <\/p>\n
2.1.- El art\u00edculo 12 de la Ley 2213 de 2022, modific\u00f3 la segunda etapa en la que, de conformidad con los art\u00edculos 322 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, debe tramitarse el recurso de apelaci\u00f3n de decisiones judiciales, esto es, ante el de juez de segunda instancia: admisi\u00f3n, sustentaci\u00f3n y decisi\u00f3n -. Modificaci\u00f3n que consiste en la forma de presentar al ad quem los argumentos que soportan los reparos expresados ante el a quo, ya no oralmente en audiencia sino por escrito, pero en todo caso, una vez \u201cejecutoriado el auto que admite el recurso\u201d, actuaci\u00f3n cuya competencia est\u00e1 adscrita al ad quem y no al juez de primer nivel. <\/p>\n
Ello permite sostener que la estructura de las cargas que impone el legislador como presupuestos para que el superior funcional examine la decisi\u00f3n apelada y, las consecuencias de su desatenci\u00f3n adem\u00e1s que no han variado, no se extendieron a la obligaci\u00f3n misma de \u00absustentar la apelaci\u00f3n\u00bb ante el juez competente, que lo es el de segunda instancia, sino que, como excepci\u00f3n al principio de oralidad en la administraci\u00f3n de justicia, admiti\u00f3 que, para dicho prop\u00f3sito, el apelante pueda hacerlo por escrito, sin necesidad de acudir personalmente a la sede del funcionario. <\/p>\n
Tampoco exoner\u00f3 del deber de \u00absustentar\u00bb dentro del t\u00e9rmino all\u00ed previsto, esto es, a m\u00e1s tardar dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria del auto que admite la alzada, que de no atenderlo acarrea la declaratoria de deserci\u00f3n y, por ende, por su propia omisi\u00f3n, la imposibilidad de acceder a la segunda instancia lo que aleja irreflexividad en la interpretaci\u00f3n, o exceso manifiesto en el rito o, desproporcionalidad en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
2.2.- Mucho menos, se trata del cumplimiento anticipado de la carga de sustentaci\u00f3n si atendemos que el legislador previ\u00f3 la oportunidad y el juez competente para verificar su cumplimiento y efecto de su desatenci\u00f3n. Por lo tanto, podr\u00eda aceptarse que se anticipa cuando el acto se realiza ante el juez competente antes del momento previsto legalmente para su realizaci\u00f3n, esto es, durante el tr\u00e1mite de segunda instancia, pero no, cuando se realiza en la primera. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n: Estoy convencida que el resguardo rogado no debi\u00f3 ser concedido en tanto que la declaratoria de desierto respecto del recurso de apelaci\u00f3n en este asunto, corresponde a la desatenci\u00f3n de la recurrente de la carga de sustentaci\u00f3n ante el juez competente y, en la oportunidad se\u00f1alada por el legislador, lo que evidencia la razonabilidad de la resoluci\u00f3n del juez plural confutado. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 \u00abVer STC2423-2018 y sus salvamentos de votos, seg\u00fan los cuales puede resultar atendible la sustentaci\u00f3n realizada ante el a quo, en algunos supuestos\u00bb. <\/p>\n
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STC2215-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2215-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2022-00635-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Rueda Clausen Ltda. – en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71766","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71766","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71766"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71766\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71766"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71766"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71766"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}