STC2314-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2314-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2021-01700-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 22 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Ra\u00fal Hern\u00e1n Ardila Baquero contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela con radicado n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01913. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las Salas de esta Corporaci\u00f3n acciondas. <\/p>\n
Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extrae que Ra\u00fal Hern\u00e1n Ardila Baquero promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal en raz\u00f3n a que el 17 de septiembre de 2019 revoc\u00f3 la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, que lo hab\u00eda absuelto del delito de \u00abprevaricato por acci\u00f3n agravado\u00bb y, en su lugar, lo conden\u00f3 a la pena principal de 54 meses de prisi\u00f3n, y, porque adem\u00e1s, el 5 de mayo de 2021 confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n al desatar la impugnaci\u00f3n especial por \u00e9l formulada. <\/p>\n
Del amparo que fue radicado bajo el n\u00ba 2021-01913-01 conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil, y mediante sentencia STC8083-2021 de 1\u00ba de julio de 2021 declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb la protecci\u00f3n constitucional solicitada ante el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad. Impugnada esa decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia STL10053-2021 de 28 de julio de 2021 dispuso revocarla, para en su lugar \u00abnegar\u00bb el amparo invocado, tras determinar que la decisi\u00f3n cuestionada era razonable. <\/p>\n
Adujo el accionante que esas determinaciones vulneran su derecho fundamental al debido proceso, pues en su criterio, \u00abla tutela no tuvo fallo de primera instancia por la declaratoria de improcedente\u00bb de manera que, al ser revocada, la misma requer\u00eda fallo de primera instancia. En ese sentido, manifest\u00f3 que \u00abse decidi\u00f3 en segunda instancia lo que no tuvo decisi\u00f3n en primera instancia, contraviniendo el principio constitucional de la doble instancia y dejando[lo] sin la posibilidad de impugnar el fallo\u00bb. (sic) <\/p>\n
2. Mediante sentencia STP3266-2022 de 22 de marzo de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional invocado por Ra\u00fal Hern\u00e1n Ardila Baquero contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 esa decisi\u00f3n y en auto de 20 de abril de 2022 se concedi\u00f3 el recurso y las diligencias se enviaron a esta Sala para lo de su cargo. <\/p>\n
3. La ponencia correspondi\u00f3 a la Magistrada Hilda Gonz\u00e1lez Neira, quien manifest\u00f3 su impedimento para conocer de la acci\u00f3n al haber suscrito la sentencia STC8083-2021 de 1\u00ba de julio de 2021 proferida en el asunto cuestionado por el actor de radicado n\u00b0 11001020300020210191300, y, en consecuencia, dispuso remitir las diligencias a los dem\u00e1s Magistrados para lo pertinente. <\/p>\n
4. Ingresadas las actuaciones a este Despacho, el 17 de agosto de 2022 manifest\u00e9 que en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, me encontraba impedida para resolver el asunto por hacer parte como Magistrada, de la Sala de Casaci\u00f3n Civil autoridad directamente accionada, y, en ese orden, se dispuso remitir el expediente a la Presidencia de la Sala Plena para lo pertinente. <\/p>\n
El 8 de septiembre de 2022 fue devuelto nuevamente a este Despacho, y mediante auto de 15 de noviembre siguiente, reitere encontrarme impedida y se envi\u00f3 el asunto al Magistrado que segu\u00eda en turno para lo de su cargo. <\/p>\n
Posteriormente, manifestaron impedimento para conocer del mismo los H. Magistrados Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta, Octavio Augusto Tejeiro Duque y Francisco Ternera Barrios, con fundamento en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, por haber participado en la Sala de decisi\u00f3n en la que se aprob\u00f3 la sentencia STC8083-2021 aqu\u00ed controvertida. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con los impedimentos advertidos, la Sala de Casaci\u00f3n Civil integrada por los conjueces designados, en auto AC263-2023 de 13 de febrero de 2023, resolvi\u00f3 negar el manifestado por la suscrita y acept\u00f3 los dem\u00e1s. Igualmente, ordeno remitir las actuaciones a este Despacho para lo pertinente. <\/p>\n
En aras de atender lo dispuesto en la referida providencia, este amparo ser\u00e1 decidido por los Conjueces previamente designados y la suscrita Magistrada como Ponente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal 100 Delegada, adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada contra la corrupci\u00f3n, luego de hacer un relato sucinto de las actuaciones del asunto cuestionado, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, argumentando que ninguna orden o medida podr\u00eda adoptarse por el juez constitucional, dirigida a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n o a alguno de sus delegados, en aras de proteger el derecho invocado por el accionante. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por conducto de una de las Magistradas integrantes, requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al no cuestionarse acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna de esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional, por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad. Al respecto indic\u00f3 que la misma se dirige contra otra de igual naturaleza, en la que no se acredit\u00f3 que fuera producto de fraude, falta de competencia o errores en la integraci\u00f3n de del contradictorio. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que la sentencia de tutela que Ra\u00fal Hern\u00e1n Ardila Baquero cuestiona, fue remitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n y, ese alto tribunal la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n mediante auto de 21 de diciembre de 2021, de manera que hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Agreg\u00f3 que el reclamante tuvo la posibilidad de insistir ante la Corte Constitucional para su revisi\u00f3n, sin embargo, no se acredit\u00f3 que as\u00ed lo hiciera. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue presentada por el accionante, aduciendo que formul\u00f3 la presente tutela el 26 de agosto de 2021, admitida el 1\u00ba de marzo de 2022 y proferido fallo el 22 de marzo de 2022, por lo que \u00absi durante la inversi\u00f3n cronol\u00f3gica que requiri\u00f3 la Honorable Corte Suprema de Justicia se produjo la exclusi\u00f3n de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, habi\u00e9ndole agotado el t\u00e9rmino legal para fallo el d\u00eda 9 de septiembre de 2021, no debe este aspecto ocasionar que [su] derecho fundamental al debido proceso, doble instancia espec\u00edficamente, quede conculcado por esa causa\u00bb. <\/p>\n
Frente al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad, manifest\u00f3 que la revisi\u00f3n de la tutela no constituye un medio de defensa judicial para la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, puesto que es una funci\u00f3n eventual de la Corte Constitucional y, adem\u00e1s, por falta de notificaci\u00f3n del auto de selecci\u00f3n que descart\u00f3 la revisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no tuvo la posibilidad de insistir. <\/p>\n
En ese orden, solicit\u00f3 revocar lo dispuesto por el a quo constitucional y, en su lugar, ordenar el env\u00edo de la acci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Civil para que \u00abse administre el fallo de primera instancia, habiendo sido revocada la declaratoria de improcedencia\u00bb. (sic). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, se ha dicho que la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando la determinaci\u00f3n atacada es la proferida por un juez constitucional, ello, con el fin evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, se tiene presente que la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivas del \u00abdebido proceso\u00bb. (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022). <\/p>\n
2. Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
3. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte el fracaso de la queja propuesta por Ra\u00fal Hern\u00e1n Ardila Baquero frente a las sentencias constitucionales STC8083-2021 y STL10053-2021, mediante las cuales, se declar\u00f3 improcedente la solicitud de protecci\u00f3n constitucional que formul\u00f3 contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, teniendo en cuenta que, las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia constitucional a trav\u00e9s de ese mismo mecanismo, <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia, el cual se ver\u00eda truncado si no se cierra la posibilidad de cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela en virtud de la espiral indefinida que podr\u00eda generarse. Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, si el solicitante consideraba que alguna equivocaci\u00f3n existi\u00f3 en los fallos de tutela cuestionados, debi\u00f3 concurrir a la Corte Constitucional para solicitar la revisi\u00f3n de los mismos -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- no obstante, se constata que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 15 de diciembre de 20211 (exp. T8503666), con lo cual las decisiones reprochadas adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Ahora bien, respecto a lo indicado por el peticionario en la impugnaci\u00f3n, debe se\u00f1alarse que en cumplimiento de lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica el expediente fue remitido a la Corte Constitucional, de manera que pudo haber acudido de forma inmediata a esa Corporaci\u00f3n y solicitar la revisi\u00f3n de los mismos e incluso activar el mecanismo de insistencia, sin que sea de recibo su manifestaci\u00f3n respecto a que la presente acci\u00f3n de tutela fue presentada el 26 de agosto de 2021, admitida el 1\u00ba de marzo de 2022 y fallada en primera instancia el 22 de marzo de 2022 lapso en el cual fue excluida de revisi\u00f3n, pues -se reitera-, pudo haber acudido de manera directa al \u00f3rgano Constitucional. <\/p>\n
Finalmente y en punto, a la supuesta falta de notificaci\u00f3n del auto de selecci\u00f3n que descart\u00f3 la revisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, seg\u00fan se evidenci\u00f3 en la p\u00e1gina de la Corte Constitucional, se registraron las anotaciones \u201cComunic Decisi\u00f3n No Seleccionada para Revisi\u00f3n\u201d y \u201cFijaci\u00f3n-Desfijaci\u00f3n Estado No Seleccionada\u201d ambas con fecha de enero 19 de 2022, circunstancia que permite entender que s\u00ed fue debidamente enterado de esas decisiones. <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
JUAN GUILLERMO BETANCUR LONDO\u00d1O <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JULIA MAR\u00cdA DEL ROSARIO BOTERO LARRARTE <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
LUIS RAM\u00d3N GARC\u00c9S D\u00cdAZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
HERNANDO HERRERA MERCADO <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n