STC2395-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2395-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00900-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Johanna Milena Guerra Manrique contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo adelantado a continuaci\u00f3n del verbal No. 001-2018-00209-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abvida, seguridad e integridad de los usuarios del corredor vial en inmediaciones del PR26+070de la RN6602\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que mediante un contrato de \u00abtransacci\u00f3n compensaci\u00f3n por da\u00f1o emergente en afectaci\u00f3n de infraestructura\u00bb de septiembre de 2015, se acord\u00f3 construir unas cunetas, alcantarillas, base y sub-base granular, as\u00ed como pavimentar la totalidad de un acceso existente entre la antigua y la nueva v\u00eda en el municipio de Gir\u00f3n en 41 metros lineales de la faja del retiro obligatorio o zona de derecho de v\u00eda en la Ruta del Cacao, seg\u00fan las especificaciones de la Ley 1228 de 2008, y la Resoluci\u00f3n No. 716 de 2015 de la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, al adoptar esa determinaci\u00f3n el Tribunal Superior no tuvo en cuenta la solicitud de aclaraci\u00f3n de la sentencia que presentaron, y afirm\u00f3 que para realizar la obra no se requer\u00eda de ninguna aprobaci\u00f3n o permiso, y que las alegaciones no eran m\u00e1s que simples excusas para no construir dicho acceso, y enfatiz\u00f3 que la Ley 1228 de 2008 y la resoluci\u00f3n No. 716 de 2015 solo eran aplicables a las carreteras concesionadas y f\u00e9rreas. <\/p>\n
Sostuvo que antes que quedar\u00e1 en firme la decisi\u00f3n de segunda instancia, y se iniciar\u00e1 la ejecuci\u00f3n de \u00e9sta, consult\u00f3 con la Alcald\u00eda de Gir\u00f3n, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Concesi\u00f3n Ruta del Cacao, si todav\u00eda se requer\u00eda autorizaci\u00f3n de la ANI para elaborarla, y todas coincidieron que si era de car\u00e1cter obligatorio tener el respectivo permiso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que con soporte en la sentencia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, libr\u00f3 el 1\u00ba de septiembre de 2021 mandamiento de pago a fin de ejecutar la obra ordenada y el 23 de noviembre de 2021 facult\u00f3 al demandante -previa solicitud de \u00e9ste- para ejecutar la obra con fundamento en el art\u00edculo 433 del C\u00f3digo General del Proceso, no obstante las normas especiales que regulan y reglamentan este tipo de obras, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n subsidiaria, y mantuvo el Juzgado de conocimiento el 1\u00ba de junio de 2022, y adem\u00e1s se abstuvo de suspender la ejecuci\u00f3n de la obra. <\/p>\n
Expuso que la apelaci\u00f3n tambi\u00e9n fue negada por el Tribunal Superior, por lo que interpuso como \u00faltimo mecanismo los recursos de reposici\u00f3n y queja, tambi\u00e9n negados el 16 de diciembre de 2022, pese que el Magistrado estaba incurso en un impedimento, y consider\u00f3 que como se trata de una autopista nacional a cargo de la ANI cualquier uso, ocupaci\u00f3n, o intervenci\u00f3n sobre esa franja debe ser conocido y autorizado por la entidad a cargo. <\/p>\n
2. Con fundamento en esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar, <\/p>\n
\u00abi) al JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA suspender la orden de ejecuci\u00f3n del fallo que autoriz\u00f3 a un tercero, mediante providencia del 23 de Noviembre del 2021, que qued\u00f3 en firme por medio del auto del 16 de diciembre de 2022 emitido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL FAMILIA, al denegar el RECURSO DE QUEJA interpuesto por la suscrita como \u00faltimo Recurso y mecanismo de defensa dentro del proceso judicial bajo radicaci\u00f3n 68001310300120180020900, <\/p>\n
ii) Suspender, consecuencialmente, el fallo de segunda instancia proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SALA CIVIL FAMILIA de fecha 12 de noviembre de 2020 que cobr\u00f3 ejecutoria el 18 de mayo de 2021, y <\/p>\n
iii) Ordenar al TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL Y FAMILIA Y AL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA, lo que en derecho corresponda para amparar mis derechos fundamentales vulnerados y\/o amenazados con sus decisiones violatorias de la Constituci\u00f3n y de la Ley aplicable y exigible para este caso en particular\u00bb. (May\u00fasculas fijas en texto). <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, ordenando el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto que motiv\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bucaramanga, manifest\u00f3 que, el 16 de diciembre de 2022 al resolver el recurso de queja interpuesto contra el auto de 1\u00ba de junio de 2022 que neg\u00f3 la apelaci\u00f3n en el proceso ejecutivo que se adelant\u00f3 a continuaci\u00f3n del verbal, consider\u00f3 que se encontraba bien negado, y agreg\u00f3 que muchas de las quejas formuladas por la accionante son contra la sentencia proferida por esa Corporaci\u00f3n el 12 de noviembre de 2020, esto es, hace m\u00e1s de 2 a\u00f1os. <\/p>\n
2. El apoderado judicial de Antonio Mar\u00edn Salazar, afirm\u00f3 que seg\u00fan reuni\u00f3n realizada el 26 de septiembre 2022 con la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013 ANI, se inform\u00f3 a la accionante que no necesita permiso para pavimentar la v\u00eda existente que fue autorizada por el Tribunal Superior accionado en la sentencia de 12 de noviembre de 2020. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso que motivo la queja constitucional, dijo que no es posible convertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia para debatir situaciones que ya fueron resueltas en derecho. <\/p>\n
4. Isagen en calidad de interviniente, manifest\u00f3 que cumpli\u00f3 a cabalidad con su compromiso de indemnizar a las partes seg\u00fan lo pactado en transacci\u00f3n, agreg\u00f3 que seg\u00fan lo pactado era obligaci\u00f3n de las se\u00f1oras Guerra Manrique, construir la v\u00eda de acceso con los dineros de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiera encuadrarse en una v\u00eda de hecho, situaci\u00f3n frente a la cual, se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos generales y espec\u00edficos, entre otros, que se observe el requisito de la inmediatez, connatural a su ejercicio y, por supuesto, que se hayan agotado los medios ordinarios de defensa judicial existentes, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del amparo. (CSJ. STC11845-2021, STC1526-2022 y STC6747-2022, entre muchas). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la inconformidad de la se\u00f1ora Johana Milena Guerra Manrique, est\u00e1 orientada a censurar la sentencia proferida la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga en el proceso verbal No. 2018-00209, promovido por Antonio Mar\u00edn Salazar contra Johanna Milena y Marcela Liliana Guerra Manrique y los pronunciamientos proferidos en la ejecuci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
2.1 Revisado el link que contiene el proceso verbal referido, se observa que el Tribunal Superior de Bucaramanga profiri\u00f3 sentencia el 12 de noviembre de 2020 en la que revoc\u00f3 la de primer grado y orden\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) Cuarto: ORDENAR a las demandadas MARCELA LILIANA y JOHANA MILENA GUERRA MANRIQUE que con la suma de TRECIENTOS OCHENTA NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($389.500.000) que recibieron desde el 8 de septiembre de 2015 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios por da\u00f1o emergente por parte de ISAGEN, de acuerdo con el contrato de transacci\u00f3n compensaci\u00f3n por da\u00f1o emergente en afectaci\u00f3n de infraestructura, realicen la adecuaci\u00f3n y construcci\u00f3n de una v\u00eda de acceso existente a los predios LOTE 1, conocido como las cruces, de propiedad del demandante ANTONIO MARIN SALAZAR, predio ubicado en el Municipio de Gir\u00f3n Departamento de Santander con un \u00e1rea total de 15 hect\u00e1reas cuyos linderos y dem\u00e1s especificaciones obran en la escritura p\u00fablica 3292 de 3 de julio de 2009 de la Notaria Tercera del C\u00edrculo de Bucaramanga, predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-331539 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga y hacia el lote No. 4 conocido como las cruces, de propiedad de JOHANA MILENA GUERRA MANRIQUE y MARCELA LILIANA GUERRA MANRIQUE; predio ubicado en el municipio de Gir\u00f3n Departamento de Santander, con un \u00e1rea total de 150 hect\u00e1reas, 7.097 metros con 82 cent\u00edmetros cuadrados, cuyos linderos y dem\u00e1s especificaciones obran en la escritura p\u00fablica 356 del 19 de febrero de 2015, expedida en la Notaria Primera del C\u00edrculo de Bucaramanga, predio identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 300-331542 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, restituyendo el acceso vehicular entre la v\u00eda antigua que comunica de Bucaramanga a Barrancabermeja y la nueva v\u00eda, instalando obras de arte, perfilando y reconformando la v\u00eda, instalando base y sub-base granular, realizando la pavimentaci\u00f3n respectiva. PAR\u00c1GRAFO: Para el inicio de las obras se otorga un plazo de dos (2) meses y para su culminaci\u00f3n de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia. <\/p>\n
QUINTO. – ORDENAR a las demandadas MARCELA LILIANA y JOHANA MILENA GUERRA MANRIQUE, respetar al demandante ANTONIO MAR\u00cdN SALAZAR la servidumbre existente entre la v\u00eda sustituta que conduce de BUCARAMANGA a BARRANCABERMEJA al LOTE1 de propiedad del demandante, identificado como se remiti\u00f3 anteriormente. <\/p>\n
2.2 El apoderado judicial del demandante, solicit\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la sentencia de acuerdo con el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso, motivo por el cual, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga el 1\u00ba de septiembre de 2021 profiri\u00f3 mandamiento de pago en esos t\u00e9rminos. <\/p>\n
2.3 En providencia de 23 de noviembre de 2021 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, autoriz\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la obra reclamada porque las demandadas se notificaron de la orden de apremio por estado, no formularon ning\u00fan medio exceptivo, y se limitaron a presentar un escrito en el que pidieron no se autorizara la ejecuci\u00f3n de la obra civil. <\/p>\n
2.4 Contra la anterior decisi\u00f3n, el apoderado judicial de las ejecutadas formul\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, con el argumento que no pod\u00eda ejecutarse la obra porque se requer\u00eda el permiso de las autoridades que regulan la materia, adem\u00e1s con la construcci\u00f3n de la v\u00eda se afectan derechos e intereses colectivos que no pueden desconocerse y que son de obligatorio e imperativo cumplimiento. <\/p>\n
2.5 El Juzgado de conocimiento en auto de 7 de marzo de 2022, rechaz\u00f3 el recurso por improcedente. <\/p>\n
2.6 Inconforme con lo resuelto, el apoderado interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que igualmente fue negado por improcedente el 1\u00ba de junio de 2022. <\/p>\n
2.7 Contra esta providencia formul\u00f3 recursos de reposici\u00f3n y en subsidio expedici\u00f3n de copias, para que se concediera \u00abel recurso de apelaci\u00f3n contra el auto de fecha 7 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.9 La Corporaci\u00f3n accionada en providencia de 16 de diciembre de 2022 declar\u00f3 bien negado el recurso de apelaci\u00f3n, porque \u00aben materia de procedimiento civil son apelables aquellas decisiones que expresamente se\u00f1ale la Ley, sea en el Art. 321 del CGP, que es norma general sobre el tema y en la que se enlistan varios de los autos que podr\u00edan atacarse en alzada, ya en norma especial, que no de otra forma ha de entenderse el enunciado final del precitado precepto al consagrar que tambi\u00e9n son apelables \u201c[l]os dem\u00e1s \u2013autos- expresamente se\u00f1alados en este c\u00f3digo\u201d\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en virtud del principio de taxatividad el auto censurado no corresponde a ninguno de los enlistados en la norma general, ni en la especial como susceptible de apelaci\u00f3n, y refiri\u00f3 que, en el remoto caso en que la decisi\u00f3n fuera apelable el interesado debi\u00f3 formular el recurso de apelaci\u00f3n de manera principal o de manera subsidiaria. <\/p>\n
3. En ese orden, no observa la Sala amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por la accionante, como quiera que, el Tribunal Superior accionado resolvi\u00f3 el recurso de queja de acuerdo con lo dispuesto por la norma procesal que regula este medio de impugnaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que seg\u00fan las normas procesales el auto que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n no admite ning\u00fan recurso (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 440 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Por tanto, la providencia se encuentra motivada, cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria, as\u00ed como tampoco se advirti\u00f3 un claro desconocimiento de la ley, supuestos indispensables para que la acci\u00f3n de tutela obre respecto de providencias judiciales, ni mucho menos la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n excepcional implorada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha de tenerse en cuenta que, en la etapa de ejecuci\u00f3n, las demandadas se notificaron y no formularon ninguno de los medios exceptivos en defensa de sus intereses (numeral 2\u00ba del art\u00edculo 442 del C\u00f3digo General del Proceso), para acreditar la imposibilidad de efectuar la citada obra, pues lo que se observa es que guardaron silencio y, solo expresaron su oposici\u00f3n a la ejecuci\u00f3n del mandato contenido en la sentencia proferida en el asunto verbal. <\/p>\n
4. Ahora bien, como el motivo de inconformidad en el fondo no es otro m\u00e1s que, la decisi\u00f3n contenida en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 12 de noviembre de 2020, se le hace saber a la se\u00f1ora Guerra Manrique que ese punto ya fue examinado por esta Sala en fallo STC15796-2021 de 24 de noviembre de 2021, en la que se neg\u00f3 el amparo implorado porque \u00abresulta ostensible que la decisi\u00f3n criticada se encuentra soportada en una interpretaci\u00f3n que no luce irrazonable o descabellada de cara a los hechos y pruebas que fueron adosados a la autoridad accionada y sobre los cuales efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, las gestoras hab\u00edan incumplido la obligaci\u00f3n de adecuar la v\u00eda privada conforme a las especificaciones descritas en la transacci\u00f3n demandada y con los recursos que para tal fin les fueron girados, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el litigio, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que las gestoras consideran que se debi\u00f3 resolver su asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo anteriormente expuesto, es clara la improcedencia de esta nueva acci\u00f3n de tutela de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Johanna Milena Guerra Manrique contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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