STC2399-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2399-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00928-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citados los intervinientes en el proceso penal con radicado N\u00ba 2013-00061. <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Del extenso escrito constitucional y de las pruebas allegadas, se establece que contra el accionante se adelant\u00f3 investigaci\u00f3n penal por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, que le fue imputado en su calidad de Director General del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia en liquidaci\u00f3n, entre el 23 de diciembre de 1996 y el 2 de febrero de 1998, \u00e9poca en la que dispuso \u00abel pago de numerosas conciliaciones, sentencias y mandamientos de pago, a raz\u00f3n de acreencias laborales presuntamente irregulares, reconocidas a favor de cientos de pensionados de los Terminales Mar\u00edtimos y Fluviales del pa\u00eds, con lo cual se expidieron cerca de novecientos nueve (909) resoluciones (\u2026), [d]esembolsos que [pudieron generar] (\u2026) un multimillonario desfalco a las arcas de la Naci\u00f3n en cuant\u00eda aproximada (\u2026) $171.859.213.178.98\u00bb. <\/p>\n
Adelantadas las etapas correspondientes, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1, en la audiencia p\u00fablica de juzgamiento celebrada el 18 de septiembre de 2019, lo conden\u00f3 a 115 meses de prisi\u00f3n y en igual lapso fij\u00f3 su inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas y, adem\u00e1s, le impuso una multa de 50.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
Apelada esa determinaci\u00f3n por el actor, la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social y varios de los terceros, afectados con las medidas decretadas en el proceso en cuanto al pago de sus prestaciones laborales, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 la modific\u00f3 el 9 de diciembre de 2021, en cuanto a la condena por perjuicios la que estableci\u00f3 en $158.996.560.100,7 y adem\u00e1s aclar\u00f3 lo concerniente a la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n, indicando que \u00abse inflige a perpetuidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 122 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009\u00bb. <\/p>\n
Frente a la anterior decisi\u00f3n, el se\u00f1or Zabaleta Rodr\u00edguez formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, junto con la Unidad Administrativa de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social, pero esta \u00faltima desisti\u00f3 del mismo y, en sentencia SP3754 de 2 de noviembre de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 no casar el fallo del ad quem. <\/p>\n
El solicitante asever\u00f3, in extenso, que sus derechos fueron vulnerados por las autoridades accionadas, toda vez que se le conden\u00f3 pese a no estar demostrada su culpabilidad, que las autoridades accionadas incurrieron en todos los defectos que le abren paso a la acci\u00f3n de tutela frente a providencias judiciales, puesto que, i) aplicaron normas \u00abinexistentes\u00bb, que para la fecha de los hechos no se hallaban vigentes, entre \u00e9stas \u00ablos proyectos de estatuto interno y de estructura interna\u00bb, y, ii) en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, omisi\u00f3n en el decreto de algunos elementos probatorios y en la apreciaci\u00f3n de pruebas que no debieron aceptarse, entre \u00e9stas, algunos informes del Grupo Interno de Trabajo \u2013GTI del otrora Ministerio de la Protecci\u00f3n Social, durante el t\u00e9rmino de su gesti\u00f3n, pues del an\u00e1lisis de otras pruebas se constataban los errores de tales informes. <\/p>\n
Tras detallar cada una de las pruebas que se allegaron al proceso y que, en su criterio, fueron mal valoradas, entre \u00e9stas varios \u00abfallos\u00bb de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, precluyendo las investigaciones a su cargo o absolvi\u00e9ndolo de responsabilidades fiscales y disciplinarias por hechos relacionados con los imputados en el tr\u00e1mite penal, refiri\u00f3 las declaraciones de algunos de los testigos y adujo que en otros casos penales seguidos contra empleados de la entidad que dirigi\u00f3, se profirieron sentencias absolutorias que debieron ser tenidas en cuenta al momento de fallar el proceso adelantado en su contra. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las autoridades accionadas tambi\u00e9n incurrieron en defecto procedimental absoluto y en exceso ritual manifiesto, al desconocer las m\u00faltiples irregularidades procesales acaecidas en el asunto, como el impedimento del fiscal y de algunos Magistrados del Tribunal y el hecho de decretarse pruebas sin que se hubiese resuelto su situaci\u00f3n jur\u00eddica, y de igual modo, afirm\u00f3 que la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n no ten\u00eda suficiente motivaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en su caso el \u00abconcepto del principio de confianza manejado por la Corte es vergonzoso, pues no puede aplicar tampoco el hecho del conocimiento previo de desconfianza, pues no est\u00e1 probado que en [su] gesti\u00f3n (\u2026) se hayan presentado casos de fraudes orquestados desde la direcci\u00f3n, y por no tener pruebas de ello, est\u00e1n apelando a todo el tiempo en que el director previo a tomar su cargo, estuvo en el Fondo, y eso no lo hace abogado\u00bb. (sic) <\/p>\n
Sostuvo que tambi\u00e9n existi\u00f3 \u00abdesconocimiento del precedente\u00bb, toda vez que en primer lugar el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y en segundo lugar la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se apartan de sus propias decisiones (precedente horizontal) y de las sentencias emitidas por el tribunal de cierre (precedente vertical) al momento de resolver [su] situaci\u00f3n (\u2026), cuya situaci\u00f3n f\u00e1ctica es similar a los decididos en aquellas providencias, sin que se hayan expuestos razones jur\u00eddicas que justifique el cambio de jurisprudencia\u00bb <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abse revoque la sentencia condenatoria dictada en su contra y, en su lugar, se decrete la nulidad de lo actuado incluyendo la sentencia de primera instancia a fin de que se reponga toda la actuaci\u00f3n viciada por EL DESCONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES\u00bb invocados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 lo ocurrido en la causa censurada y destac\u00f3, en cuanto a su actuaci\u00f3n, que \u00abse verific\u00f3 el respeto de las garant\u00edas de todas las partes, aunado al examen integral de los elementos de juicio obrantes en el proceso, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, seg\u00fan mandato del art\u00edculo 238 de la Ley 600 de 2000, bajo cuyo rigor se tramit\u00f3 la causa adelantada en contra del prenombrado. (\u2026) [por tanto], no se estructura ninguno de los defectos procedimentales y sustanciales que el demandante atribuye a la sentencia, prevalido de argumentos suficientemente debatidos por esta instancia judicial, lo cual, devela el prop\u00f3sito de utilizar el mecanismo de amparo como una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal refiri\u00f3 lo acaecido en el proceso y anot\u00f3 que, seg\u00fan lo afirmado por el peticionario, hay aspectos que \u00abni siquiera fueron planteados en la demanda de casaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que en su providencia \u00abno se materializ\u00f3 por v\u00eda de hecho la afectaci\u00f3n de los derechos fundamentales del procesado MANUEL HERIBERTO ZABALETA RODR\u00cdGUEZ, por lo que (\u2026) el amparo reclamado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela es improcedente, pues con el extenso escrito presentado por el apoderado del procesado s\u00f3lo se pretende prolongar el debate jur\u00eddico finiquitado con el fallo emitido por esta Sala, lo que no es objeto del mecanismo constitucional invocado\u00bb. <\/p>\n
4. El Fiscal 397 Delegado del Grupo de Foncolpuertos, Unidad Ley 600 de 2000, expres\u00f3, en s\u00edntesis, que en el proceso no se cometieron irregularidades, m\u00e1xime teniendo en cuenta que en cada una de las instancias se resolvieron las quejas y recursos del accionante, sin desconocer sus garant\u00edas sustanciales. <\/p>\n
5. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP- pidi\u00f3 negar el amparo porque los accionados no incurrieron en irregularidades. <\/p>\n
6. Manuel Germ\u00e1n Rodelo Varela, quien afirm\u00f3 actuar como apoderado especial del solicitante, adujo coadyuvar sus reclamaciones, dada la procedencia del amparo. <\/p>\n
7. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte que el solicitante pretende la revocatoria de la sentencia condenatoria que profiri\u00f3 el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n agravado, que confirm\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 9 de diciembre de 2021, y que no cas\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en SP3754 de 2 de noviembre de 2022, sin embargo, la Corte \u00fanicamente examinar\u00e1 la \u00faltima de las providencias proferidas porque con ella se puso fin al proceso penal materia de queja y resolvi\u00f3 de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto del debate en esta sede (CSJ. STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242-2015, STC4556-2022 y STC13308-2022). <\/p>\n
2.1 Revisada la citada sentencia, se advierte que el aqu\u00ed accionante apoy\u00f3 el recurso extraordinario propuesto frente a la sentencia de segunda instancia, en tres cargos, <\/p>\n
i) violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, originada en aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal, sustentado, en s\u00edntesis, en que la expedici\u00f3n de las resoluciones por las cuales se dispuso su investigaci\u00f3n no fueron producto s\u00f3lo de su actuar, sino de las actividades del \u00abequipo de funcionarios subalternos, especializados, debidamente vigilados, que se encargaban de revisar las hojas de vida de los trabajadores, los pagos recibidos, los derechos consagrados en las convenciones colectivas y, con base en ello, elaboraban los proyectos de resoluci\u00f3n en los que dispon\u00edan el pago del derecho reclamado\u00bb cargo en el que adem\u00e1s adujo que no era abogado y que por ello confi\u00f3 en sus subalternos y en el que memor\u00f3 la absoluci\u00f3n efectuada respecto de otra directora de Foncolpuertos y de algunos empleados investigados por hechos similares, <\/p>\n
ii) violaci\u00f3n indirecta \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida del art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Penal, proveniente de un error de derecho consistente en falso juicio de legalidad, al haberse conferido el valor de prueba a un informe que carec\u00eda de tal condici\u00f3n\u00bb, esto es, los informes rendidos por el Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social, pues el contenido de \u00e9stos debi\u00f3 verificarse con otras pruebas, ya que los mismos \u00abson meramente informativos, conceptuales e hipot\u00e9ticos, es decir, corresponden simplemente a denuncias sucesivas incorporadas al proceso\u00bb que no sirven como elemento probatorio, y <\/p>\n
iii) nulidad, por \u00abhaberse dictado en un juicio viciado de nulidad, debido a la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda del debido proceso al haberse desconocido el principio de investigaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
2.2 Para definirlos, la Sala de Casaci\u00f3n Penal advirti\u00f3 que deb\u00eda analizar, \u00ab(i) El principio de confianza, existente en el contexto de cooperaci\u00f3n con divisi\u00f3n de tareas en equipo de trabajo administrativo al que pertenec\u00eda el acusado ZABALETA RODR\u00cdGUEZ, como excluyente de la tipicidad penal; (ii) Los informes emitidos por el Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social, y su idoneidad para servir como prueba de responsabilidad dentro del proceso penal; y, (iii) La nulidad por afectaci\u00f3n del principio de investigaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se\u00f1al\u00f3 que, en la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 tuvo por demostradas las conductas atribuidas al accionante, relativas a la autorizaci\u00f3n para el pago de actas de conciliaci\u00f3n, sentencias laborales y mandamientos de pago, a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de aproximadamente 909 resoluciones, referidas a conceptos liquidados de manera irregular, tales como la <\/p>\n
(\u2026) prima sobre prima, por la manera en que se calculaba la prima de servicios de los trabajadores; uniformes y calzado, que se integraron al c\u00f3mputo de cesant\u00edas y pensiones; reajuste por Leyes 4\u00aa de 1976 y 71 de 1988, con lo que se incrementaron de manera indebida las prestaciones definitivas de los demandantes, junto con indexaciones, salarios moratorios e intereses de mora; mesadas indexadas, sanci\u00f3n e intereses moratorios, sin concreci\u00f3n ni justificaci\u00f3n alguna en la reliquidaci\u00f3n por actualizaci\u00f3n de las prebendas laborales de los solicitantes; reconocimiento de pensi\u00f3n convencional a empleados p\u00fablicos, desconoci\u00e9ndose que las condiciones de jubilaci\u00f3n de los trabajadores, por tratarse de empleados p\u00fablicos, eran de estricta competencia del legislador; reclasificaciones sin sustento convencional; ilegal reliquidaci\u00f3n de prima de antig\u00fcedad y proporcional de antig\u00fcedad, lo que alter\u00f3 los dem\u00e1s factores prestacionales; topes convencionales y derecho de igualdad, haci\u00e9ndose interpretaciones sobre el extremo jubilatorio, fuera del alcance convencional y legal, lesivas de los recursos estatales; autorizaci\u00f3n de pagos por reclamaci\u00f3n de diversos conceptos en actas de conciliaci\u00f3n, no obstante sus irregularidades al corresponder a reajustes, entre otros, a salarios en especie, descansos compensatorios, Leyes 4\u00aa de 1076 y 71 de 1988 y amortizaciones; cumplimiento del grado jurisdiccional de consulta, que aunque no fue motivo de atribuci\u00f3n de responsabilidad penal, facilit\u00f3 el objetivo il\u00edcito de quienes propend\u00edan por el apoderamiento del erario. <\/p>\n
De lo anterior, seg\u00fan afirm\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n accionada, el Tribunal Superior concluy\u00f3 que se probaron las irregularidades que conten\u00edan las actas de conciliaci\u00f3n bajo la administraci\u00f3n del acusado, as\u00ed como de los actos administrativos que suscribi\u00f3, los cuales \u00abconsistieron en que, a trav\u00e9s de ellos, se concedieron en favor de los exportuarios millonarias sumas de dinero por prebendas inexistentes, otras, a las que no ten\u00edan derecho por haber sido reconocidas anteriormente o porque la base sobre la que se liquidaron no constitu\u00eda factor salarial; se efectuaron dobles pagos y se impusieron sanciones pecuniarias improcedentes, lo que ocasion\u00f3 un grave detrimento a las arcas del Estado\u00bb. <\/p>\n
De otra parte encontr\u00f3 que el desfalco sufrido por Foncolpuertos era atribuible al accionante, porque como Director General ten\u00eda como funciones \u00abexaminar el contenido de los documentos que le eran puestos a su consideraci\u00f3n, tras la elaboraci\u00f3n de las resoluciones dentro del tr\u00e1mite interno estructurado en la entidad a trav\u00e9s de las coordinaciones de prestaciones econ\u00f3micas y jur\u00eddica, sin que se pudiera sustraer a esa obligaci\u00f3n alegando su inexperiencia en el derecho laboral o la aplicaci\u00f3n del principio de confianza\u00bb, adem\u00e1s, conoc\u00eda el \u00abhecho notorio\u00bb consistente en la \u00absituaci\u00f3n de desgre\u00f1o financiero y la corrupci\u00f3n en que se encontraba sumida la entidad p\u00fablica, ignor\u00e1ndola de manera deliberada\u00bb, por haber sido contratista y adem\u00e1s haberse desempe\u00f1ado como secretario general de la entidad. <\/p>\n
Luego se refiri\u00f3 al \u00abprincipio de confianza\u00bb para se\u00f1alar que el mismo lo hab\u00eda presentado el recurrente como una \u00abcircunstancia de atipicidad de la conducta atribuida al acusado ZABALETA RODR\u00cdGUEZ\u00bb, principio que, seg\u00fan la jurisprudencia de esa Sala especializada, \u00abes un instrumento normativo integrado a la teor\u00eda de la imputaci\u00f3n objetiva y que opera dogm\u00e1ticamente como un l\u00edmite normativo de la norma de conducta, seg\u00fan el cual no es posible atribuirle el resultado t\u00edpico a una persona si \u00e9sta ha obrado convencida de que otras -de quienes se espera una actuaci\u00f3n fundada en el principio de autorresponsabilidad o autodeterminaci\u00f3n frente al cumplimiento de las normas- no han incurrido en riesgos jur\u00eddicamente desaprobados, a menos que hayan tenido motivos suficientes para dudar o suponer lo contrario (CSJ SP, 28 sep. 2006, rad. 24031)\u00bb. <\/p>\n
Tras referir a la imposibilidad de aplicar tal principio cuando se trata del deber especial de vigilancia o de las funciones de control, de deberes de observaci\u00f3n, o cuando se est\u00e1 ante motivos objetivos en los que no es posible confiar, seg\u00fan su jurisprudencia -CSJ SP 9 feb. 2005, rad. 21547; CSJ SP 28 sep. 2006, rad. 24031 y SP, 12 ago. 2009, rad. 32053-, la Sala de Casaci\u00f3n Penal, explic\u00f3 que la Empresa Puertos de Colombia se liquid\u00f3 por disposici\u00f3n de la Ley 1\u00aa de 1991-art\u00edculo 33- y, en desarrollo de la misma se expidieron los Decretos Reglamentarios 35, 36, y 37 de 1992, a trav\u00e9s de los cuales se constituy\u00f3 el \u00abFondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, en liquidaci\u00f3n, como Establecimiento P\u00fablico, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transporte, \u00f3rgano que tendr\u00eda como objeto, entre otros, \u00abManejar y organizar el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y pensionados de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 2, literal b) del Decreto 36 de 1992)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, cit\u00f3 las funciones del Fondo, el Decreto 2327 de 20 de diciembre de 1996 con el que se nombr\u00f3 al peticionario, y el Acuerdo 001 de 1993, en el que se determinaron las obligaciones de la Junta Directiva y del Gerente General de Foncolpuertos, y procedi\u00f3 a se\u00f1alar que dentro de los deberes del solicitante estaba la \u00abprotecci\u00f3n del patrimonio econ\u00f3mico de la entidad\u00bb, por lo que deb\u00eda desplegar acciones para garantizar su supervivencia financiera y para lo anterior \u00abten\u00eda amplias facultades, entre ellas la delegaci\u00f3n de funciones y la conformaci\u00f3n de grupos internos de trabajo, sin que ello en modo alguno implicara inatenci\u00f3n por sus obligaciones de coordinaci\u00f3n y supervisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se prob\u00f3 la existencia de \u00abuna compleja organizaci\u00f3n conformada por diversos grupos de trabajo encargados de dar el tr\u00e1mite a las diversas solicitudes de reconocimiento y pago de pensiones, pago de prestaciones sociales, pago de emolumentos reconocidos por sentencias condenatorias, bonificaciones e indemnizaciones a los exempleados oficiales de la Empresa Puertos de Colombia\u00bb, y advirti\u00f3, que trat\u00e1ndose de un director de una organizaci\u00f3n p\u00fablica, en \u00e9ste recaen \u00abfunciones indelegables de verificaci\u00f3n y control, sin que pueda sustraerse a la responsabilidad inherente a su cargo aduciendo incompetencia, desconocimiento jur\u00eddico o principio de confianza: Esto para significar que, desde luego, la Corte reconoce un tipo de responsabilidad indelegable en el funcionario a quien se ha atribuido funcionalmente la responsabilidad y direcci\u00f3n de todo el entramado complejo, en cuanto, ello cabe indiscutiblemente en su tarea de verificaci\u00f3n y control\u00bb (CSJ SP-16915, 18 oct. 2017, rad. 48321). <\/p>\n
Sostuvo que el planteamiento de la defensa no pod\u00eda ser acogido, toda vez que en los supuestos de \u00abdivisi\u00f3n vertical del trabajo\u00bb, como en el caso estudiado, el principio de confianza ten\u00eda un alcance limitado para el superior jer\u00e1rquico, distinto de quienes se encuentran en \u00ablos supuestos de divisi\u00f3n horizontal en los que existe una relaci\u00f3n de igualdad\u00bb, pues, en cuanto a las \u00abempresas articuladas en una divisi\u00f3n vertical del trabajo\u00bb, los deberes est\u00e1n sujetos a la posici\u00f3n que se ocupe en la organizaci\u00f3n empresarial y \u00abde los deberes de garant\u00eda, en virtud de sus funciones de control y vigilancia, que se derivan de dicha posici\u00f3n; tambi\u00e9n, de los conocimientos especiales con que cuenta el sujeto que, en lugar de depositar la confianza en los operadores t\u00e9cnicos de la empresa, le indican guiarse por un sentido de \u00abdesconfianza\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que, dado el cargo ocupado por el recurrente, en el reca\u00edan \u00abexpresas funciones de control y vigilancia definidas por las normas reglamentarias de la entidad\u00bb, entre \u00e9stas, \u00abla funci\u00f3n de control interno de la entidad, debiendo velar por sus finanzas y resultados\u00bb, y, as\u00ed mismo, indic\u00f3 que conforme al art\u00edculo 2\u00b0 del Acuerdo 002 de 1993, \u00abAdem\u00e1s de las funciones se\u00f1aladas en los estatutos y reglamentos del Fondo y dem\u00e1s normas legales vigentes, la Gerencia General cumplir\u00e1 la funci\u00f3n de coordinaci\u00f3n de los asuntos jur\u00eddico-legales\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, consider\u00f3 que las obligaciones a cargo del procesado dilu\u00edan \u00abla posibilidad de ampararse en el llamado principio de confianza, achac\u00e1ndole de manera exclusiva la responsabilidad por los ilegales pagos, resultantes de las reclamaciones de los extrabajadores de la Empresa Puertos de Colombia, a los funcionarios que hac\u00edan parte de la organizaci\u00f3n en los niveles de prestaciones econ\u00f3micas y jur\u00eddica, subordinados a \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 igualmente, que el hecho de no ser abogado tampoco lo exoneraba, pues \u00abdeb\u00eda poseer los conocimientos jur\u00eddicos suficientes para desempe\u00f1ar el cargo\u00bb, como quiera que \u00abreglamentariamente, era el coordinador de los asuntos jur\u00eddico-legales de la entidad\u00bb y, de igual modo, sus m\u00faltiples tareas no lo excusaban, ya que \u00abreconocer y pagar pensiones y dem\u00e1s prestaciones econ\u00f3micas de la entidad en liquidaci\u00f3n constitu\u00eda, por mandato legal y estatutario, una de la m\u00e1s importantes -quiz\u00e1 la m\u00e1s- en el desempe\u00f1o del cargo para el que fue nombrado\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3 que \u00abel contexto de corrupci\u00f3n en que se desarrollaban las actividades propias del Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia -FONCOLPUERTOS-, era cuesti\u00f3n que no pod\u00eda escapar al conocimiento de su director\u00bb, tal como lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal Superior, pues para cuando aqu\u00e9l fue designado -entre el 23 de diciembre de 1996 y el 2 de febrero de 1998-, ya hab\u00eda desempe\u00f1ado otros cargos en la entidad, entre \u00e9stos, el de Secretario General -entre el 14 de febrero de 1995 y el 22 de diciembre de 1996- y, antes, contratista -25 de mayo de 1993 al 31 de diciembre de 1994-, \u00e9pocas en las que era evidente el \u00abdesarreglo administrativo y financiero que motiv\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la Empresa Puertos de Colombia (sobre ello, Corte Constitucional, sentencia C-013 de 1993)\u00bb y en las que la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ya advert\u00edan las irregularidades en materia prestacional de la Empresa Puertos de Colombia en liquidaci\u00f3n y la creada Foncolpuertos. <\/p>\n
Posteriormente, en cuanto al derecho a la igualdad reclamado por el recurrente, la Sala especializada anot\u00f3 que si bien Mar\u00eda Piedad Mosquera Astorquiza, tambi\u00e9n exdirectora de Foncolpuertos, fue absuelta por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y Mar\u00eda del Rosario Vargas, abogada del Fondo, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, no era posible \u00abimponer valoraciones probatorias realizadas en otros procesos sobre los mismos hechos\u00bb porque en el caso reprochado \u00abel censor cita, en reclamo del mismo trato judicial, una decisi\u00f3n absolutoria emitida por un tribunal, sin que hubiese sido refrendada por la Corte; y otra que, proferida por esta Corporaci\u00f3n, en la que se absolvi\u00f3 a una abogada del Fondo, se sostuvo, sin embargo, frente al director de la entidad que es \u00abresponsabilidad indelegable en el funcionario a quien se ha atribuido funcionalmente la responsabilidad y direcci\u00f3n de todo el entramado complejo, en cuanto, ello cabe indiscutiblemente en su tarea de verificaci\u00f3n y control\u00bb (CSJ SP-16915-2019, 18 oct. 2017, rad. 48321). <\/p>\n
Por lo anterior, advirti\u00f3 que el primer cargo no prosperaba. <\/p>\n
2.3 Enseguida, y sobre el segundo cargo, se\u00f1al\u00f3 que deb\u00eda examinar los \u00abinformes emitidos por el Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social, y su idoneidad para servir como prueba de responsabilidad dentro del proceso penal\u00bb, ya que el recurrente sosten\u00eda que a esos documentos se les confiri\u00f3 valor probatorio cuando no lo ten\u00edan. <\/p>\n
Al punto, sostuvo que el casacionista mostraba una \u00abconfusi\u00f3n (\u2026) sobre el contenido y valor probatorio de la denuncia, los informes t\u00e9cnicos y los informes de polic\u00eda judicial en el contexto de la Ley 600 de 2000\u00bb, pudiendo determinarse que los informes presentados por el Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social fueron incorporados a la actuaci\u00f3n como prueba documental y as\u00ed se les confiri\u00f3 el \u00abcar\u00e1cter de informes t\u00e9cnicos, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 263 de la Ley 600 de 2000, cuyo contenido est\u00e1 referido a los estudios y conceptos rendidos por dicho grupo de trabajo en relaci\u00f3n con las m\u00faltiples irregularidades advertidas en las liquidaciones prestacionales de la entidad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Luego, la Sala accionada, cit\u00f3 otro pronunciamiento en el que se explic\u00f3 el valor probatorio de dichos informes (CSJ AP-2074-2017, 27 mar. 2017, rad. 49254) y resalt\u00f3 que la informaci\u00f3n suministrada por el grupo adscrito al anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social, sirvi\u00f3 de clara orientaci\u00f3n y respaldo para que la acreditaci\u00f3n de la apropiaci\u00f3n de dineros de Foncolpuertos, ya que, de lo contrario, \u00abno habr\u00eda sido posible su fundamentaci\u00f3n que fue corroborada con los cotejos jur\u00eddicos realizados de los pagos il\u00edcitos frente a la normatividad y jurisprudencia administrativa y laboral\u00bb, y agreg\u00f3 que la menci\u00f3n de los informes referidos en la sentencia condenatoria, no le restaban valor probatorio, m\u00e1xime si los mismos encontraron respaldo en \u00ablos dem\u00e1s medios demostrativos aducidos al proceso\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, advirti\u00f3 que el segundo cargo no prosperaba. <\/p>\n
2.4 En lo atinente al tercer cargo, relacionado con la \u00abnulidad\u00bb por falta de \u00abinvestigaci\u00f3n integral\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n acusada se refiri\u00f3 al deber de la fiscal\u00eda de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable para el imputado, pues ello \u00abcorresponde a un esquema de impulso procesal basado en el principio de averiguaci\u00f3n oficial de la verdad -contrapuesto a un modelo adversativo de construcci\u00f3n de la premisa f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n-, conforme al cual el funcionario judicial buscar\u00e1 la determinaci\u00f3n de la verdad real\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que la jurisprudencia ha fijado reglas espec\u00edficas para determinar la trascendencia de los vicios alegados, las cuales corresponden a, <\/p>\n
\u00ab1.- Que se verifique la omisi\u00f3n en el decreto o pr\u00e1ctica de una o varias pruebas. <\/p>\n
2.- Que las omitidas no sean ilegales, impertinentes, inconducentes o in\u00fatiles. <\/p>\n
3.- Que su aducci\u00f3n sea racional porque a\u00fan es f\u00edsicamente posible y porque tiende a demostrar una hip\u00f3tesis que en el proceso aparezca como razonable, es decir, no basada en meras conjeturas, opiniones, elucubraciones o en explicaciones descartadas en aqu\u00e9l. <\/p>\n
4.- Que los medios de convicci\u00f3n no s\u00f3lo ofrezcan una hip\u00f3tesis f\u00e1ctica alternativa sino que \u00e9sta tenga la eficacia para lograr una variaci\u00f3n del sentido de la decisi\u00f3n o alg\u00fan aspecto sustancial de la responsabilidad, de modo que favorezca al procesado\u00bb (CSJ AP-5398-2017, 23 ago. 2017, rad. 50105). <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la \u00abviolaci\u00f3n a la investigaci\u00f3n integral\u00bb supone que \u00abel funcionario judicial se ha negado en forma arbitraria a disponer la pr\u00e1ctica de pruebas determinantes para el proceso o cuando por inercia investigativa elude la averiguaci\u00f3n de aspectos relevantes\u00bb (CSJ SP, 18 feb. 2004, rad. 17885. En el mismo sentido, SP-6005-2017, 3 may. 2017, rad. 49923; CSJ SP-16622-2017, 11 oct. 2017, rad. 47523; AP-8344-2017, 11 oct. 2017, rad. 50845). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, destac\u00f3 que el recurrente cuestionaba la falta de investigaci\u00f3n en relaci\u00f3n con \u00ablos informes y hallazgos fiscales de la Contralor\u00eda, (\u2026) que [pusieron en] evidencia el mal manejo del Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social\u00bb, pues, en su criterio, resultaba necesario que se hubiese decretado oficiosamente un peritaje que no se hizo. <\/p>\n
Para la Sala accionada, el tercer cargo tampoco pod\u00eda salir avante, porque lo pretendido por el recurrente era derribar la valoraci\u00f3n de los jueces de instancia, sobre las pruebas incorporadas legal y oportunamente, reclamando que las mismas se verificaran con un dictamen pericial, lo que mostraba desconocimiento del, <\/p>\n
(\u2026) sistema de libertad probatoria imperante en el ordenamiento procesal a trav\u00e9s del cual el fallador se form\u00f3 su juicio sobre los hechos con la prueba documental aducida no solo por la Fiscal\u00eda, sino tambi\u00e9n aportada por el defensor que introdujo el informe de la Contralor\u00eda, cuyos resultados pretende corroborar. <\/p>\n
Debe acotarse que si la defensa del procesado pretend\u00eda como \u00fatil la pr\u00e1ctica de aquella prueba pericial que ahora echa de menos, bien la pudo haber reclamado en la audiencia preparatoria, cosa que omiti\u00f3 seg\u00fan puede constatarse en el escrito contentivo de las solicitudes probatorias durante el traslado del art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
De suerte que, haber guardado silencio sobre la solicitud probatoria de ese medio de conocimiento que ahora reclama como esencial para demeritar el valor demostrativo de los informes elaborados por el Grupo Interno de Trabajo -GIT- del anterior Ministerio de Protecci\u00f3n Social, le impide a la defensa se\u00f1alar como violado el principio de investigaci\u00f3n integral por el hecho de no haber sido postulado por la Fiscal\u00eda de manera oficiosa o a trav\u00e9s de una solicitud probatoria del instructor en la etapa de juzgamiento. De todos modos, tal aspecto, valga acotarlo, se aprecia impertinente en tanto pareciera consistir en una suerte de \u00abprueba de la prueba\u00bb tendiente a corroborar o soportar otros medios de conocimiento valorados por el juez. <\/p>\n
3. Puestas de ese modo las cosas, las consideraciones anteriores revelan la inexistencia de arbitrariedad, pues la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 el asunto bajo su conocimiento, atendiendo a los motivos sustento de los cargos formulados y teniendo en consideraci\u00f3n las pruebas recaudadas, las normas y la jurisprudencia aplicable, de todo lo cual extrajo, razonadamente, la imposibilidad de casar el fallo de segundo grado, que confirm\u00f3 la condena impuesta al solicitante. <\/p>\n
Se advierte, entonces, que en los razonamientos y conclusiones de la Sala de Casaci\u00f3n Penal no puede aducirse arbitrariedad, y se destaca, adem\u00e1s, que el punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, es en la apreciaci\u00f3n del material probatorio, actividad que se fundamenta en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n est\u00e1 lejos de ser caprichosa o injusta. (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC859-2022 y STC2622-2022, entre otras). <\/p>\n
4. Cumple finalmente advertir, que las quejas del solicitante relativas a los errores en la valoraci\u00f3n probatoria en las instancias, las supuestas irregularidades sustanciales y procesales que se cometieron a lo largo del proceso reprochado y los defectos org\u00e1nicos, sustanciales y el desconocimiento del \u00abprecedente\u00bb, fueron cuestiones que no se expusieron suficientemente a trav\u00e9s de los cargos formulados como sustento de la demanda de casaci\u00f3n, por tanto, ning\u00fan reproche puede endilg\u00e1rsele a la Sala de Casaci\u00f3n Penal por no proferir un pronunciamiento al respecto. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Negar la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Heriberto Zabaleta Rodr\u00edguez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2399-2023 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC2399-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00928-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Manuel Heriberto Zabaleta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71770","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71770","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71770"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71770\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71770"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71770"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71770"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}