STC2416-2023 <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2416-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00984-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que la Unidad Prestadora de Salud del Valle de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cali, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 2022-00139-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de su representante legal, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa, imparcialidad y subjetividad en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
\u00abi) al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, levantar la sanci\u00f3n impuesta a la Unidad Prestadora de Salud del Valle, en consecuencia, dejar sin valor ni efecto el auto interlocutorio del 14 de febrero de 2023 donde se sanciona al Mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano Jefe Regional de Aseguramiento en Salud y Capitana Lida Yohanna Ibarra \u00c1lvarez ex jefe de la Unidad Prestadora del Valle del Cauca, con sanci\u00f3n consistente en el arresto a un d\u00eda y multa de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente para cada uno de los sancionados, ya que no es posible cumplir lo ordenado mediante el presente tr\u00e1mite incidental, puesto que no se encuentra dentro de nuestro esquema de salud. <\/p>\n
ii) Ordenar al Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali abstenerse de ejecutar sanci\u00f3n, que comunique a la autoridad encargada de la ejecuci\u00f3n de la sanci\u00f3n, que la misma sea suspendida en atenci\u00f3n al desarrollo de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
iii) Exhortar al Tribunal Superior Sala Civil, el cual confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta al Mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano Jefe Regional de Aseguramiento en Salud y Capitana Lida Yohanna Ibarra \u00c1lvarez (e) Jefe de la Unidad Prestadora del Valle del Cauca, con sanci\u00f3n consistente en el arresto a un d\u00eda y multa a un salario m\u00ednimo legal mensual vigente para cada uno de los sancionados. <\/p>\n
iv) Vincular al Consejo Seccional de la Judicatura para que realicen vigilancia judicial en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
En lo que resulta relevante, adujo, que el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, en el \u00abincidente de desacato (\u2026) por incumplimiento al fallo de tutela de fecha 26 de julio de 2022 y confirmada por el Tribunal Superior de Cali el 1 de septiembre de 2022\u00bb, que Adiela Patricia L\u00f3pez Solarte -agente oficiosa de Alba In\u00e9s Solarte de L\u00f3pez- present\u00f3 en su contra, sancion\u00f3 al Mayor General Manuel Antonio V\u00e1squez Prada \u00aben calidad de director de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional con cinco d\u00edas de arresto y una multa de cinco salarios m\u00ednimos mensuales a favor del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, tras concluir que \u00abfue renuente en el cumplimiento de lo ordenado\u00bb (13 sep. 2022), decisi\u00f3n que en grado jurisdiccional de consulta el superior confirm\u00f3. <\/p>\n
Sostuvo que luego se adelant\u00f3 otro \u00abincidente por desacato\u00bb contra \u00abel Mayor Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano en su condici\u00f3n de Jefe Regional de Aseguramiento en Salud y la Capitana Lida Yohanna Ibarra \u00c1lvarez ex Jefe de la Unidad Prestadora del Valle del Cauca\u00bb, en el que se impuso a cada uno, un d\u00eda de arresto y multa por un salario m\u00ednimo legal mensual vigente (14 feb. 2023), resoluci\u00f3n que el Tribunal Superior refrend\u00f3. <\/p>\n
En su criterio, tales pronunciamientos lesionaron sus prerrogativas, pues \u00abla sanci\u00f3n impuesta es abiertamente desproporcionada e ilegal, ya que, la Unidad Prestadora de Salud, ofrece como en su raz\u00f3n social lo establece servicios de salud y lo que la accionante necesita es de un cuidador primario, por lo que el juzgado al [obligarlos] a dar un servicio que no prestan al estar por fuera del esquema de salud, est\u00e1 vulnerando sus derechos como entidad prestadora de salud\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali defendi\u00f3 la legalidad de su obrar y alleg\u00f3 copia del paginario. <\/p>\n
Adiela Patricia L\u00f3pez Solarte rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la improcedencia del resguardo por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb por activa, en tanto la actora, como persona jur\u00eddica, no es la titular de la dispensa infringida, ni act\u00faa en nombre o como \u00abagente oficioso\u00bb de los perjudicados. <\/p>\n
Lo que se colige del \u00abtr\u00e1mite incidental\u00bb reprochado es que, los \u00absancionados\u00bb fueron Manuel Antonio V\u00e1squez Prada, Cristian Hernando \u00c1lvarez Zambrano y Lida Yohanna Ibarra \u00c1lvarez; de suerte que las disertaciones de la Unidad Prestadora de Salud del Valle apuntan al anhelo de eventuales garant\u00edas de las que no es \u00abtitular\u00bb. As\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991: <\/p>\n
[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este Decreto. <\/p>\n
Por consiguiente, a estas diligencias deben comparecer los \u00abtitulares de los derechos afectados\u00bb, bien directamente o a trav\u00e9s de su \u00abrepresentante\u00bb, salvo que se encuentren impedidos para ejercerlos, evento en el cual un tercero podr\u00e1 agenciarlos. <\/p>\n
En el sub lite la querellante carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar el amparo frente a las determinaciones que castigaron por desacato (13 sep. 2022 y 14 de febrero de 2023), ratificadas en sede de consulta, comoquiera que los \u00abtitulares de las prerrogativas\u00bb cuya custodia aspira son V\u00e1squez Prada, \u00c1lvarez Zambrano e Ibarra \u00c1lvarez, por ser los destinatarios de la penalidad comentada, ya que, obs\u00e9rvese que la entidad viene actuando \u00aba trav\u00e9s de su representante legal\u00bb, sin que en el escrito genitor se invoquen los \u00abatributos\u00bb de \u00e9stos como personas naturales. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n es constante y reiterada en afirmar que, superada la \u00abimprocedencia\u00bb que en principio se predica del auxilio contra lo resuelto en un \u00abincidente de desacato\u00bb, la \u00ablegitimaci\u00f3n en causa por activa\u00bb para hacer efectivo tal reproche recae: <\/p>\n
(\u2026) \u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo. (STC, 16 ag. 2012, rad. 01701-00, reiteradas en STC1148-2021, STC5118-2021 y STC1352-2022), Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
2.- Son estas razones las que llevan el fracaso del socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por la Unidad Prestadora de Salud del Valle de la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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