STC2418-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC2418-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2023-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Resuelve la Sala la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Ana Dolores Meza Caballero instaur\u00f3 contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Doce Civil Municipal, ambos de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-0155. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abdefensa\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abservicio de la fe p\u00fablica notarial\u00bb, para que se ordenara: (i) Dejar sin efecto el interlocutorio emitido el 30 de enero de 2023; (ii) Compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que \u00ab(\u2026) investigue la conducta de los funcionarios accionados por la posible comisi\u00f3n de prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n\u00bb y, subsidiariamente, \u00abRevis[ar] la sentencia de fecha 14 de junio de 2022 (\u2026) [por] viola[r] los art\u00edculos 29 y 131 de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que el Juzgado Doce Civil Municipal de Barranquilla, en el juicio que Luis Vicente y Marta Lacorazza Parra promovieron en su contra y de Sampayo Meza y C\u00eda. S. en C. S. declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito que formul\u00f3; en consecuencia, dispuso la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento y la restituci\u00f3n del bien ubicado en la \u201ccalle 38 n\u00b0 45v-68, local 102\u201d identificado con M.I. 155-2019, en el que funciona la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de esa urbe (14 jun. 2022). <\/p>\n
Sostuvo que contra dicha decisi\u00f3n interpuso recurso de apelaci\u00f3n y solicit\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio, con apoyo en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto no se practic\u00f3 \u201cen legal forma la notificaci\u00f3n\u201d ni se integr\u00f3 el contradictorio con \u201clas personas determinadas Hernando Jos\u00e9 y Gina Luc\u00eda Lacorazza Parra, en sus calidades de propietarios en com\u00fan y pro indiviso y tambi\u00e9n arrendadores\u201d del predio perseguido, quienes \u201cson sujetos de relaciones jur\u00eddicas\u201d. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el estrado municipal corrigi\u00f3 el numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia y rechaz\u00f3 de plano la \u00abnulidad\u00bb sin \u201cargumento jur\u00eddico alguno\u201d (23 jun.), raz\u00f3n por la cual apel\u00f3 esa providencia, empero aquel neg\u00f3 la alzada por cuanto \u201cel proceso de restituci\u00f3n es de \u00fanica instancia\u201d (14 jul.) y, despu\u00e9s, no concedi\u00f3 por improcedente el \u201crecurso de apelaci\u00f3n que present\u00f3 contra la sentencia de fecha 14 de junio de 2022\u201d (26 sep.), prove\u00eddo contra el que interpuso \u201crecurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja\u201d -26 sep. 2022-. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el a quo mantuvo inc\u00f3lume su postura (6 dic.) y el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esa ciudad declar\u00f3 bien denegado \u201cel recurso de apelaci\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso por estar en presencia de un proceso verbal de m\u00ednima cuant\u00eda, el cual seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 17 ibidem es de \u00fanica instancia\u201d (30 en. 2023). <\/p>\n
Discrep\u00f3 de dicho pronunciamiento porque \u201caplic\u00f3 incorrectamente el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, en tanto, el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 384 \u00eddem \u201csolamente excluy\u00f3 de la segunda instancia los procesos de restituci\u00f3n de inmueble por mora en el pago del canon de arrendamiento\u201d y, en el sub examine, no fue esa la invocada por los demandantes, quienes alegaron la contemplada en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio, por ende, en su opini\u00f3n, \u201cel proceso de marras es de DOBLE INSTANCIA sin importar la cuant\u00eda\u201d. <\/p>\n
Critic\u00f3 la determinaci\u00f3n de 14 junio de 2022, toda vez que el desahucio realizado por Luis Vicente y Marta Lacorazza Parra para cumplir el art\u00edculo 520 ib. \u201csolamente fue firmada por uno solo de los propietarios en com\u00fan y pro indiviso (\u2026) siendo correcto [que] firma[ran] (\u2026) todos los propietarios del inmueble arrendado\u201d, de manera que, se debi\u00f3 \u201caplica[r] la penalidad consagrada en el art\u00edculo 520 (\u2026) [esto es] que el contrato de arrendamiento qued\u00f3 renovado y prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo t\u00e9rmino por ministerio de la ley\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla defendi\u00f3 su proceder, ya que, que luego del \u201cestudio matem\u00e1tico de la cuant\u00eda del proceso, se concluy\u00f3 que es de m\u00ednima, de all\u00ed la denegaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
El Doce Civil Municipal narr\u00f3 las etapas surtidas en esa sede y afirm\u00f3 que no ha incurrido \u201cen vulneraci\u00f3n alguna sobre los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
Sampayo Meza y C\u00eda. S. en C. S. pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Barranquilla desestim\u00f3 el auxilio, tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) analizada las actuaciones de los Despachos accionados, no se presenta ning\u00fan defecto de los se\u00f1alados, para concluir que se ha incurrido en una v\u00eda de hecho (\u2026) la accionante pretende a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n, revivir el debate propuesto sobre la competencia por factor objetivo cuant\u00eda debido a los efectos adversos de la sentencia en su contra, existiendo las oportunidades procesales para tales rigores, as\u00ed como el debate pretendido que incumbe a la integraci\u00f3n del litisconsorte necesario evento que a breves cuentas fue convalidado ante la ausencia de los mecanismos de oposici\u00f3n procesal\u00bb\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese desenlace fue repelido por la precursora con argumentos an\u00e1logos a los del escrito primigenio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al paginario, ab initio, se anticipa el fracaso de la salvaguarda y la refrendaci\u00f3n de lo rebatido, habida cuenta que el interlocutorio censurado dictado por el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Barranquilla (30 en. 2023), que declar\u00f3 bien denegado \u201cel recurso de apelaci\u00f3n, de conformidad con los art\u00edculos 25 y 26 del C\u00f3digo General del Proceso por estar en presencia de un proceso verbal de m\u00ednima cuant\u00eda, el cual seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 17 ibidem es de \u00fanica instancia\u00ab, no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, en aras de establecer si el \u00abfallo\u00bb expedido el 14 de junio de 2022 era o no susceptible de alzada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso, c\u00e1lculo la cuant\u00eda con el correspondiente aumento al \u00abcanon de arrendamiento\u00bb conforme al IPC desde el a\u00f1o 1997 (inicio del contrato) hasta el a\u00f1o 2019 (fecha de presentaci\u00f3n de la demanda), as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la tesis tra\u00edda cobraba mayor fuerza, en atenci\u00f3n a que en los elementos de convicci\u00f3n que reposaban en el infolio, observ\u00f3 consignaciones realizadas por la gestora en el a\u00f1o 2019 por valor de $1\u2019191.141 por dicho concepto y al efectuar la operaci\u00f3n matem\u00e1tica respectiva totalizaba un rubro inferior al requerido. <\/p>\n
De ah\u00ed que, aval\u00f3 la posici\u00f3n de iudex de primera instancia, seg\u00fan la cual, la clase de proceso era \u00abverbal de m\u00ednima cuant\u00eda, los cuales son de \u00fanica instancia\u00bb y, si bien en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 384 ib. precept\u00faa que cuando \u00abla causal de restituci\u00f3n [es] exclusivamente la mora en el pago del canon de arrendamiento, (\u2026) se tramitar\u00e1 en \u00fanica instancia\u00bb, tal pauta <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no permite inferir que cuando se trate de otra causal de restituci\u00f3n el proceso tenga dos instancias, pues en este caso opera las reglas generales de competencia, es decir, territorialmente existe un fuero privativo en los procesos de tenencia para el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, para este caso la ciudad de Barranquilla y para la determinaci\u00f3n de la cuant\u00eda aplica el art\u00edculo 26 (\u2026) numeral 6\u00bb. <\/p>\n
Ergo, la no concesi\u00f3n del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb estuvo fundamentada en normas que regulan la materia y las probanzas adosadas al dossier. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advierte en la providencia controvertida, por cuanto es el producto de un pormenorizado estudio de los hechos; y al margen de que la Sala o la suplicante comparta o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que mostraba el infolio. <\/p>\n
2.- Ahora, la plegaria de Meza Caballero encaminada a \u00abcompulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que investigue la conducta de los funcionarios accionados por la posible comisi\u00f3n de prevaricato por acci\u00f3n y omisi\u00f3n\u00bb, escapa de la \u00f3rbita constitucional, siendo a ella a quien incumbe elevar directamente ante los organismos competentes, las denuncias que crea pertinentes, para que en el marco de sus funciones analicen y adelanten, de ser viables, los tr\u00e1mites correspondientes. <\/p>\n
3.- Finalmente, en torno al anhelo subsidiario dirigido a \u00abrevis[ar] la sentencia de fecha 14 de junio de 2022 (\u2026) [por] viola[r] los art\u00edculos 29 y 131 de la Constituci\u00f3n\u00bb, se incumpli\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el presupuesto de la inmediatez que caracteriza este sendero excepcional. <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n porque entre la sentencia combatida (14 jun. 2022, corregida el 23 jun.) y la radicaci\u00f3n del pliego genitor (9 feb. 2023), transcurri\u00f3 un lapso de m\u00e1s de siete (7) meses; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Colegiatura ha esbozado que: <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. Se resalta (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021 y en STC8192-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del asunto, en tanto, si la auspiciante se demor\u00f3 en interponer la queja supralegal, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al juzgado reprochado y con repercusi\u00f3n directa en los atributos b\u00e1sicos exigidos. <\/p>\n
3.1.- Valga aclarar, en el sub lite no se encuentra satisfecho ese requisito, comoquiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el ad quem dilucid\u00f3 el \u201crecurso de queja\u201d propuesto (30 en. 2023), en atenci\u00f3n a la inidoneidad del medio impugnaticio, al tratarse de un juicio de \u201cm\u00ednima cuant\u00eda\u201d, por ende, de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Recientemente, en un caso de similares perfiles al actual, se arguy\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
(\u2026) De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u00abpresupuesto\u00bb, comoquiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u201crecurso de queja\u201d propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u201cverbal sumario\u201d, por ende, de \u00fanica instancia (\u2026). Negrilla fuera de texto (CSJ STC13314-2022, rad. 2022-00303-01). <\/p>\n
4.- Con base en lo discurrido la resoluci\u00f3n impugnada ser\u00e1 convalidada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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