STC2426-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2426-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01534-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 16 de enero, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Victoriano Tola Cardozo contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y la Seccional del Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso disciplinario 2017-01058 y los Consejos Superior de la Judicatura y el Seccional del mismo departamento. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo constitucional buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso\u2026 defensa\u2026 trabajo\u2026 igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que Lida Ruth Medina D\u00edaz present\u00f3 queja disciplinaria contra Victoriano Tola Cardozo aduciendo que \u00e9ste, quien fung\u00eda como defensor de Andr\u00e9s Felipe Navarro Pinz\u00f3n y Joel Alejandro Reyes Soto dentro del proceso penal 2017-00039, formul\u00f3 solicitudes al juzgado de conocimiento, soportadas en documentaci\u00f3n falsa, para obtener el traslado de los acusados a un resguardo ind\u00edgena sin tener tal condici\u00f3n. <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el disciplinado y confirmada \u00edntegramente por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial el 13 de junio de 2022. <\/p>\n
3. La queja constitucional estriba, b\u00e1sicamente, en que el promotor considera que las autoridades disciplinarias no valoraron de forma adecuada el material probatorio pues, seg\u00fan dice, las solicitudes de traslado de las personas procesadas penalmente y los documentos espurios que se anexaron, no fueron presentados por \u00e9l sino por el gobernador del Resguardo de Anchique. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, \u00abdecretar la nulidad de la[s] sentencia[s] [sic]\u00bb, que se expidan copias disciplinarias y penales \u00abpara que sean investigados estos funcionarios de la rama disciplinaria que pudieron obrar ilegal y arbitrariamente dentro de esta la causa [sic]\u00bb y que se disponga \u00abla cancelaci\u00f3n hasta que d\u00e9 el \u00faltimo fallo la Honorable Corte Constitucional sobre el cobro persuasivo Multa Proceso No. 73001129000020220025600 que ordena el cobro de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS M\/CTE [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada ponente de la sentencia disciplinaria de segundo grado se opuso a la prosperidad del resguardo en tanto que lo pretendido por el quejoso es \u00abque el Juez Constitucional sea una tercera instancia\u00bb ante la no prosperidad de sus alegaciones en el tr\u00e1mite disciplinario y, por esa v\u00eda, \u00abreabrir una discusi\u00f3n frente a su responsabilidad, asunto que\u2026 ya fue estudiado y decidido por es[a] Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Al margen de lo anterior advirti\u00f3 que no se present\u00f3 la lesi\u00f3n al debido proceso atribuida habida consideraci\u00f3n que al tutelante \u00abse le permiti\u00f3 acceder a la jurisdicci\u00f3n, ejerci\u00f3 su derecho de contradicci\u00f3n, siempre tuvo presente el hecho por el cual se le estaba reprochando en la queja, solicit\u00f3 pruebas\u2026 hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n y, en virtud del mismo, manifest\u00f3 sus desacuerdos contra el fallo de instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Una Magistrada Auxiliar adscrita a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura pidi\u00f3 la \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de ese organismo por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Tras examinar las decisiones objeto de censura, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal concluy\u00f3 que las autoridades querelladas \u00abrealizaron un amplio y detallado an\u00e1lisis sobre el asunto puesto a su consideraci\u00f3n, as\u00ed como una adecuada valoraci\u00f3n probatoria\u2026 sin que de all\u00ed sobrevenga alg\u00fan defecto que torne viable la intervenci\u00f3n del juez de tutela\u00bb de all\u00ed que \u00ablos razonamientos expuestos en las providencias cuestionadas no pued[an] controvertirse en el marco de una acci\u00f3n de tutela\u2026 pues\u2026 no es una herramienta jur\u00eddica adicional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el quejoso insistiendo en los planteamientos del libelo introductor en cuanto a la supuesta valoraci\u00f3n probatoria inadecuada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades accionadas lesionaron las garant\u00edas fundamentales de Victoriano Tola Cardozo, dentro del proceso disciplinario 2017-01058 al declararlo responsable de las faltas previstas en el art\u00edculo 33, numerales 2, 9 y 11, de la Ley 1123 de 2007 y sancionarlo con exclusi\u00f3n del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, por cuanto, seg\u00fan el decir del actor, realizaron una inadecuada valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
La jurisprudencia de esta Corte de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, es imprescindible que cuando se trate de una irregularidad procesal, \u00e9sta sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia discutida no sea una sentencia de tutela; y, finalmente, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, material, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que se haya desconocido el precedente constitucional o se haya violado directamente la Carta Pol\u00edtica <\/p>\n
3. Del caso concreto. La acci\u00f3n de tutela utilizada como instancia adicional <\/p>\n
Revisados los planteamientos del impugnante de cara a las pruebas recaudadas y la determinaci\u00f3n adoptada en primera instancia, observa la Corte que las discrepancias tra\u00eddas en esta oportunidad, son incompatibles con la salvaguarda constitucional, pues denotan que lo pretendido por el quejoso es hacer prevalecer su propia comprensi\u00f3n jur\u00eddica y atacar, por esta senda, unas decisiones que le fueron adversas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n tuitiva pues, dada su naturaleza excepcional, no puede utilizarse a modo de instancia adicional o paralela a las consagradas en el procedimiento ordinario. <\/p>\n
Como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, incumbe a quien ejercite la herramienta supralegal contra una resoluci\u00f3n jurisdiccional, no s\u00f3lo realizar exposiciones que cuestionen su validez por no compartir la hermen\u00e9utica o la sind\u00e9resis del juzgador, sino tambi\u00e9n, demostrar que en el fondo no es otra cosa que la expresi\u00f3n arbitraria, desfasada o ilegal de la judicatura; de manera que, quien propone una demanda de esta naturaleza criticando la labor interpretativa del funcionario, debe detallar las razones por las cuales el asunto involucra directamente derechos fundamentales a partir de la explicaci\u00f3n de los vicios que le atribuye, que fuera de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda e independencia que caracteriza la funci\u00f3n judicial, configuran v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En el presente caso, aun cuando el actor atribuye a las colegiaturas cognoscentes la incursi\u00f3n en un defecto f\u00e1ctico, no expresa con suficiencia en qu\u00e9 consisti\u00f3 tal yerro, sino que enfila su disertaci\u00f3n a insistir en puntos que fueron agotados y resueltos de fondo al interior del proceso por los jueces competentes, en virtud de las atribuciones conferidas en el ordenamiento, es decir, lo que contienen sus argumentos no es otra cosa que un recurso, pretensi\u00f3n que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La intenci\u00f3n del querellante es exponer su personal interpretaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados al diligenciamiento, lo cual implicar\u00eda, como ya se indic\u00f3, una nueva revisi\u00f3n de instancia, en la que el juez de amparo se alejar\u00eda de su rol constitucional para entrar a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto la configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, reiterada en STC014-2017 y STC1227-2017, 3 feb. rad. 02126-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha precisado que: <\/p>\n
Conforme con lo dicho, no encuentra esta Sala configurada la conculcaci\u00f3n aducida, toda vez que las consideraciones expuestas en las providencias objeto de censura resultan razonables, sin que devenga propio, como ya se indic\u00f3, que por esta v\u00eda subsidiaria se realice un pronunciamiento alterno, m\u00e1xime cuando la supuesta lesi\u00f3n no es m\u00e1s que una divergencia conceptual entre el quejoso y las autoridades disciplinarias. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como tiene dicho esta Corte, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada el 3 de junio de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 el fallo impugnado ante la improcedencia de lo pretendido por el demandante, por cuanto desconoce la \u00f3rbita de competencia del juez constitucional frente a providencias judiciales, al exigir un determinado criterio frente a los funcionarios de instancia, como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
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