STC2427-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2427-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2023-00053-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela que Felipe de Jes\u00fas Llerena Cueto instaur\u00f3 contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y la Oficina de Apoyo del \u00faltimo citado, todos de esa misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2006-00363. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara: i)- Al Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n acusado, cumplir \u00abcon los t\u00e9rminos de ley para resolver la concesi\u00f3n del recurso\u00bb en el juicio de la referencia y, ii)- Se \u00abcompulsen copias para investigar la mora reiterativa dentro del proceso\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, en el pleito ejecutivo que el Banco Pichincha inco\u00f3 en su contra, neg\u00f3 la solicitud que elev\u00f3 para que se declarara la terminaci\u00f3n del mismo por desistimiento t\u00e1cito (21 jul. 2022), resoluci\u00f3n frente a la cual interpuso \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb que concedi\u00f3 el 24 de octubre siguiente. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la alzada fue asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma sede, quien \u00abno la tramit\u00f3 (\u2026)\u00bb sino que \u00abdevolvi\u00f3 el expediente bajo el argumento que no le hab\u00edan mandado la carpeta digital completa, lo cual no es cierto\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abla omisi\u00f3n del funcionario me ocasiona perjuicio, dado que me toca estar insistiendo en que los memoriales que est\u00e1n al despacho cursen su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Barranquilla defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, se opuso al ruego y calific\u00f3 el pedimento superlativo de \u00abtemeraria\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Barranquilla desestim\u00f3 el amparo porque \u00abel abogado no estaba legitimado para actuar en nombre propio, sino que le correspond\u00eda hacerlo en nombre y representaci\u00f3n del se\u00f1or Felipe Llerena Cueto y (\u2026), al orden\u00e1rsele lo correspondiente no procedi\u00f3 a aportar el poder solicitado\u00bb. <\/p>\n
2.- Refut\u00f3 el actor, esgrimiendo que el a quo constitucional le \u00abrequiri\u00f3 que aportara el poder dentro de las 24 horas siguientes al recibo del correo\u00bb, mensaje que \u00abfue recibido el 16 de febrero del a\u00f1o en curso a las 9:00 a.m.\u00bb y, \u00absin dar[le] oportunidad si quiera que se venciera las 24 horas, produjo su fallo de negar pretensiones el 17 de febrero\u00bb; por lo que, insisti\u00f3 en que se dirima de fondo su pretensi\u00f3n, como quiera que en el plenario obra el poder echado de menos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio, se advierte que, aunque para cuando el Tribunal Superior de Barranquilla dict\u00f3 la sentencia de primer grado, no se hab\u00eda allegado por el suscriptor de la demanda tuitiva \u00abpoder especial\u00bb para representar en este rito a Felipe de Jes\u00fas Llerena Cueto, raz\u00f3n por la cual destac\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en esta instancia se subsan\u00f3 dicha irregularidad, lo que permite analizar de fondo la censura planteada. <\/p>\n
2.- Se duele el querellante de la demora del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla en definir el \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb que formul\u00f3 contra el auto de 22 de julio de 2022 que no accedi\u00f3 a decretar el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb en el proceso n.\u00b0 2006-00363. <\/p>\n
En efecto, al consultar en la p\u00e1gina de la Rama Judicial el estado de la actuaci\u00f3n, se encuentra informe de la Oficina de Apoyo Juzgados de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito, fechado 9 de noviembre de 2022, seg\u00fan el cual, en esa fecha ingres\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias el expediente \u00abpara surtir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto adiado 21 de julio de 2022\u00bb, sin que, desde entonces, ning\u00fan tr\u00e1mite se haya surtido. <\/p>\n
Lo anterior, sumado al hecho de que la titular del juzgado accionado no contest\u00f3 el pliego supralegal, permite aplicar la presunci\u00f3n de veracidad consagrada en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, entendiendo, entonces, que incurri\u00f3 en la \u00abmora judicial\u00bb que se le atribuye. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justica – 270 de 1996 – impuso a los jueces el ineludible deber de \u00abevitar la lentitud procesal\u00bb (art. 153, n\u00fam. 20) y los c\u00f3digos de procedimiento refuerzan ese objetivo al contemplar distintos mecanismos destinados a asegurar el cabal cumplimiento de los plazos razonables de duraci\u00f3n de las \u00abactuaciones\u00bb jurisdiccionales, como \u00abgarant\u00eda esencial\u00bb de los justiciables en el marco de un Estado Social y Democr\u00e1tico de Derecho (canon 120 ibidem). <\/p>\n
De suerte que est\u00e1 proscrita cualquier tardanza o pasividad infundada en los procesos, porque incide directa o indirectamente en las \u00abgarant\u00edas\u00bb b\u00e1sicas de quienes acuden en procura de una soluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. <\/p>\n
En tal sentido, ha sido pac\u00edfica la jurisprudencia de esta Corte, al predicar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas. (STC5481-2020, reiterada en STC11505-2020 y STC1718-2023). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como han transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) meses desde que entr\u00f3 el paginario al despacho recriminado \u00abpara surtir el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra el auto adiado 21 de julio de 2022\u00bb, superando el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para ello, emerge un retraso, sin que exista una justificaci\u00f3n para tal dilaci\u00f3n, por lo que se otorgar\u00e1 la guarda para que en un plazo perentorio se emita el prove\u00eddo correspondiente. <\/p>\n
3.- La rogativa tendiente a que se \u00abcompulsen copias para investigar la mora reiterativa dentro del proceso\u00bb, no sale avante, en tanto, si en criterio del precursor la funcionaria cuestionada incurri\u00f3 en faltas disciplinarias, cuenta con la facultad de interponer directamente la correspondiente denuncia ante la \u00abautoridad competente\u00bb, quien ser\u00e1 la que defina lo pertinente. <\/p>\n
4.- Ergo, el veredicto opugnado ser\u00e1 revocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas, para, en su lugar, <\/p>\n
SEGUNDO: CONCEDER la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso de Felipe de Jes\u00fas Llerena Cueto, respecto de la mora judicial endilgada al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena al titular de dicho estrado que, en el t\u00e9rmino improrrogable de diez (10) d\u00edas siguientes al enteramiento de esta determinaci\u00f3n, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por el gestor contra el interlocutorio de 22 de julio de 2022 en el proceso n.\u00b0 2006-00363. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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