STC2432-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2432-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b041001-22-14-000-2022-00307-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 17 de enero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cM\u201d y \u201cS\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la impugnaci\u00f3n de paternidad n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, los solicitantes, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, locomoci\u00f3n y de la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada en el diligenciamiento del asunto antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que \u00abel 24 de agosto de 2022, el se\u00f1or \u201cJ\u201d, interpone demanda de impugnaci\u00f3n de paternidad, por ser aparentemente el padre biol\u00f3gico del menor \u201cT\u201d, registrado como el nombre de su padre putativo \u201cS\u201d, quien reconoci\u00f3 al menor desde el d\u00eda en que naci\u00f3 [24 de mayo de 2021]\u00bb. <\/p>\n
Que como hecho relevante, en el libelo se afirm\u00f3 \u00abque [el actor] sab\u00eda del embarazo de la se\u00f1ora \u201cM\u201d, porque se dio durante la convivencia con ella, pese a eso fue omisivo en su deber legal de registrar a su menor quien naci\u00f3 el 24 de mayo de 2021\u00bb, y en esas condiciones, la demanda fue incoada cuando ya hab\u00edan transcurrido \u00abm\u00e1s de 140 d\u00edas h\u00e1biles desde que se tiene conocimiento de su verdadero padre biol\u00f3gico\u00bb, y pese a ello, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d no determin\u00f3 lo atinente a \u00abla caducidad de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Que, en atenci\u00f3n a solicitud elevada por el demandante, el juzgado impuso \u00abmedida de prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds para la se\u00f1ora \u201cM\u201d y su hijo el menor \u201cT\u201d (\u2026), sin ning\u00fan fundamento legal que permita demostrar su necesidad y finalidad\u00bb, pues \u00abel juez de familia solo puede imponer [las] medidas cautelares contenidas en el art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, que en su sentir no son aplicables al caso particular. <\/p>\n
Que la referida medida se ejecut\u00f3 sin que tal decisi\u00f3n hubiese sido notificada a la demandada \u00abpara su cumplimiento\u00bb, menos sin que quedara ejecutoriada, lo cual es \u00abdesproporcional e impertinente\u00bb ya que \u00abcaus\u00f3 perjuicio irremediable, debido a que antes de que [se] decretara, la se\u00f1ora \u201cM\u201d ya hab\u00eda comprado los tiquetes de avi\u00f3n para viajar a verse con el pap\u00e1 del menor en Chile, [pues aquel] se encuentra [en ese pa\u00eds] con permiso de 90 d\u00edas como turista para emprender viaje junto con su familia a Espa\u00f1a (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que, a trav\u00e9s de esta senda, se ordene al despacho accionado \u00abdejar sin efecto el auto que decreta la medida cautelar de prohibici\u00f3n [de salida del pa\u00eds]\u00bb, toda vez que \u00abresulta ser improcedente [dentro del proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad] y carece de fundamento y motivaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, inform\u00f3 que contra el auto del 4 de noviembre de 2022, mediante el cual \u00abse orden\u00f3 como medida cautelar el impedimento de salida del pa\u00eds del menor y su progenitora, los demandados presentan recurso de reposici\u00f3n el 11 de noviembre de 2022, y escrito de contestaci\u00f3n de la demanda el 16 [del mismo mes y a\u00f1o]\u00bb; y que con \u00abauto del 14 de diciembre de 2022, se resuelve el recurso de reposici\u00f3n [de manera desfavorable] y concede el recurso de apelaci\u00f3n en efecto devolutivo\u00bb. <\/p>\n
2. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de la misma ciudad, asever\u00f3 que, en el caso examinado, \u00abno se estar\u00edan violando los derechos fundamentales [invocados], al pretender dar prevalencia a la caducidad de la acci\u00f3n [la cual] puede considerarse aspecto formal, [siendo] lo m\u00e1s indicado (\u2026), que se proceda a analizar respecto a la impugnaci\u00f3n de la paternidad y se decida sobre el fondo de la demanda\u00bb. Por tanto, la acci\u00f3n es \u00abimprocedente\u00bb, ya que \u00abel proceso apenas se inici\u00f3 y el accionante tiene otro mecanismo de defensa, el cual ya ejerci\u00f3 al reponer y apelar la decisi\u00f3n del juzgado\u00bb. <\/p>\n
3. El Defensor de Familia del ICBF, solicit\u00f3 que \u00abal momento de tomar la decisi\u00f3n final se tenga en cuenta el respeto de los derechos fundamentales del ni\u00f1o involucrado en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al considerar que desconoce el principio de subsidiariedad, porque \u00abcontra el auto que decret\u00f3 la medida cautelar, de fecha 4 de noviembre de 2022, la parte accionante, demandada en el proceso de impugnaci\u00f3n de la paternidad, interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n, siendo resuelto el primero de manera desfavorable, en prove\u00eddo del 14 de diciembre del mismo a\u00f1o, y a la espera de surtir la alzada\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los accionantes para insistir en los argumentos de su querella y refutar que no se hubiese resuelto de fondo, pese a tratarse de \u00abla vulneraci\u00f3n sobre la cuesti\u00f3n que se discute, resulta de evidente relevancia constitucional, al tratar sobre derechos a la familia, y sobre todo los derechos de los menores que resultan tener prelaci\u00f3n y mayor protecci\u00f3n constitucional\u00bb, y que la tutela se present\u00f3 \u00abde manera transitoria para evitar un da\u00f1o irremediable\u00bb, como lo es \u00abla programaci\u00f3n de salida del pa\u00eds (\u2026) desde antes que el juez decidiera resolver sobre la medida cautelar de fecha 7 de noviembre de 2022 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto cumple el requisito de subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si al interior del proceso de impugnaci\u00f3n de paternidad n\u00b0 \u201c2022-00000\u201d, el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por la actora, al imponer medida cautelar de impedimento de salida del pa\u00eds de la demandada y del menor base de dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, del an\u00e1lisis realizado a los argumentos de la queja constitucional y a la informaci\u00f3n que se extracta de las pertinentes piezas procesales, la Sala ratificar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del resguardo, comoquiera que no satisface el presupuesto general de la subsidiariedad. <\/p>\n
En efecto, al enfilarse la inconformidad de los querellantes al decreto de una medida cautelar decretada en el pleito de impugnaci\u00f3n de paternidad en el que fungen como demandados, porque en sentir de estos tal determinaci\u00f3n contrar\u00eda el ordenamiento jur\u00eddico y afecta los intereses superiores del menor por quien se act\u00faa, se establece que la acci\u00f3n deviene prematura, comoquiera que esa decisi\u00f3n -adiada el 4 de noviembre de 2022- est\u00e1 siendo objeto de discusi\u00f3n dentro del referido pleito, sin que hasta ahora haya sido definido en segunda instancia. <\/p>\n
Ciertamente, el expediente digital da cuenta que, tras haberse mantenido inc\u00f3lume en sede de reposici\u00f3n, seg\u00fan prove\u00eddo del 14 de noviembre de 2022, se concedi\u00f3 el recurso subsidiario de apelaci\u00f3n ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de \u201cX\u201d, observ\u00e1ndose que el 24 de enero de 2023 ingres\u00f3 al despacho de la magistrada ponente y en ese estado permanece a esta data. <\/p>\n
En ese orden, la Sala estima que los argumentos refutando esa actuaci\u00f3n, a\u00fan no pueden ser materia de debate en sede constitucional, pues el m\u00e9rito para revocar, modificar o ratificar la medida cautelar por la que se quejan los accionantes, est\u00e1 pendiente de an\u00e1lisis por el fallador ad quem y por ende de que emita la resoluci\u00f3n de fondo al interior del correspondiente pleito ordinario. <\/p>\n
Sobre la improcedencia del amparo en circunstancias como la descrita, el precedente jurisprudencial ha sostenido: <\/p>\n
\u00aben trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente ni a\u00fan bajo el pretexto de que la acci\u00f3n de tutela se promueve \u201ccomo fundamento de la inmediatez para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u201d, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u00bb (CSJ STC, 22 feb. 2010, rad. 2009-00312-01, citada entre otras en STC12547-2022, 21 sep., rad. 00385-01). <\/p>\n
Entonces, mientras est\u00e9 pendiente de definir el asunto por parte del funcionario a quien la ley le asign\u00f3 la facultad de dirimir la controversia, y aquel no se encuentre incurso en dilaci\u00f3n injustificada para pronunciarse, no es posible que los aspectos cardinales para tal pedimento se expongan para su resoluci\u00f3n en sede excepcional, ya que: <\/p>\n
\u00abno es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC, 18 mar. 2011, rad. 00171-00, citada en STC439-2023, 25 ene., rad. 01282-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, contrario a lo aducido por los impugnantes, en este evento no se aprecia la existencia de un perjuicio irremediable para el menor que hiciera inaplazable la concesi\u00f3n transitoria del auxilio, pues n\u00f3tese que para tal modalidad se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, citada entre otras en STC1200-2023, 15 feb., rad. 00480-01), situaci\u00f3n respecto de la cual tambi\u00e9n se ha reiterado que cuando la salvaguarda, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario, no podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que por la naturaleza jur\u00eddica prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el Decreto 2591 de 1991, el uso racional de la tutela se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus derechos, pues la acci\u00f3n no es sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que prev\u00e9 el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo descrito, se avalar\u00e1 la improcedencia del amparo por desatender el presupuesto general de la subsidiariedad, en tanto que la actuaci\u00f3n criticada, actualmente est\u00e1 pendiente de estudio y definici\u00f3n al interior del respectivo juicio, y por no observarse configurados los requisitos para su otorgamiento transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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