STC2433-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2433-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00902-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Se resuelve la acci\u00f3n de tutela que Luis Orlando Rodr\u00edguez Acosta le promovi\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el ejecutivo mixto que le promovi\u00f3 Bancolombia S.A. 2003-00065-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El quejoso, demandado en el asunto objeto de queja constitucional, protest\u00f3 contra la providencia mediante la cual, el juzgado declar\u00f3 no probada la objeci\u00f3n que le formul\u00f3 a la liquidaci\u00f3n presentada por su ejecutante (20 may. 2022), as\u00ed como frente al interlocutorio del Tribunal que ratific\u00f3 esa decisi\u00f3n (29 sep. 2022). <\/p>\n
Para soportar el reclamo adujo, en esencia, que a trav\u00e9s de las determinaciones rebatidas, los falladores acogieron, equivocadamente, una liquidaci\u00f3n elaborada con fundamento en el capital e intereses reconocidos en el mandamiento de pago. Precis\u00f3 que el error obedece a que la operaci\u00f3n debi\u00f3 realizarse teniendo en cuenta el valor de la cesi\u00f3n de derechos celebrada entre Bancolombia S.A., su ejecutante inicial, y Asesores Inmobiliarios y Jur\u00eddicos S.A.S., quien a su vez le cedi\u00f3 a Gicela Arisleicy Mosquera, as\u00ed como los intereses causados desde la notificaci\u00f3n del auto que acept\u00f3 la primera transferencia (3 ag. 2011). Todo, porque el juzgado de conocimiento de ese entonces1, el 9 de septiembre de 2011, advirti\u00f3, a prop\u00f3sito de la cesi\u00f3n, que \u00abacorde con lo dispuesto en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil el deudor est\u00e1 obligado a pagar el cesionario el valor de lo que este haya dado por el derecho cedido con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesi\u00f3n al deudor\u00bb. <\/p>\n
2.- No hubo pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Aunque el promotor controvierte las determinaciones del juzgado y Tribunal accionados, la Sala circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n a la directriz del fallador plural, comoquiera que a trav\u00e9s de ella fue definida la suerte de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito criticada. La Sala, en ese sentido, ha recordado que <\/p>\n
(\u2026) aunque el quejoso enfil[e] su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada, entre otras, en STC1021-2023). <\/p>\n
Precisado lo anterior, se descarta que las garant\u00edas del censor hayan sido lesionadas por el Tribunal, por cuanto lo decidido obedece a criterios objetivos, respaldados en las reglas aplicables al coercitivo. <\/p>\n
Ciertamente, como lo aduce el censor, de la directriz seg\u00fan la cual, \u00abel deudor no ser\u00e1 obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que este haya dado por el derecho cedido (\u2026)\u00bb, es plausible inferir un nuevo lineamiento para practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, distinto a la sentencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Sin embargo, n\u00f3tese c\u00f3mo esa posibilidad fue descartada por la Corporaci\u00f3n enjuiciada al precisar que era dicho veredicto el que determinaba los lineamientos de la liquidaci\u00f3n. Asimismo, destac\u00f3 que la regla mencionada es apropiada para la cesi\u00f3n de derechos litigiosos, y no para la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos que fue el negocio celebrado entre Bancolombia S.A. y Asesores Inmobiliarios Jur\u00eddicos. Igualmente, puntualiz\u00f3 que, de todos modos, la directriz que pretende hacer valer el peticionario perdi\u00f3 su vigor, tras la expedici\u00f3n de nuevas determinaciones en la que se opt\u00f3 por una postura diversa. Finalmente, anot\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito objetada correspond\u00eda a una actualizaci\u00f3n, de suerte que no hab\u00eda lugar a introducir variaciones a la forma en que la operaci\u00f3n inicial fue aprobada. <\/p>\n
En los siguientes t\u00e9rminos, lo expuso el Tribunal: <\/p>\n
La liquidaci\u00f3n, por tanto, es una etapa en la que simplemente se verifica la medida cuantitativa de la deuda, con estricto apego a las reglas trazadas en el mandamiento ejecutivo y en el fallo. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y es por esta raz\u00f3n que se anuncia la confirmaci\u00f3n del auto apelado, puesto que la parte objetante aprovech\u00e1ndose de esa espec\u00edfica v\u00eda para discutirle su derecho al demandante acreedor, sin reparar en que las sentencias quedaron en firme e hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por lo que son inmutables y definitivas (\u2026). <\/p>\n
Seguidamente mencion\u00f3: <\/p>\n
Pero sea lo que fuere, t\u00e9ngase en cuenta que el juzgado, en autos de 7 de octubre de 2014 y 11 de agosto de 2015, desestim\u00f3 la solicitud que hizo el ejecutado sobre reconocimiento del derecho de retracto que le es propio a la cesi\u00f3n de los derechos litigiosos, sin que el Tribunal, dadas las limitaciones previstas en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 328 del CGP, pueda ocuparse de esas otras providencias, ni de la materia que en ellas se defini\u00f3, menos a\u00fan si se repara en que la cesi\u00f3n que le hizo Bancolombia S.A. a Asesores Inmobiliarios y Jur\u00eddicos Costa Azul S.A.S., y la que esta le realiz\u00f3 a Gicela Arisleicy Mosquera se concretaron a derechos de cr\u00e9dito y fueron posteriores a la sentencia. <\/p>\n
Por esa misma raz\u00f3n no le es dable al Tribunal revisar la legalidad del auto de 9 de septiembre de 2011, proferido por el Juzgado 30 Civil del Circuito de la ciudad, con mayor raz\u00f3n si se considera que existen providencias posteriores en las que, de forma espec\u00edfica, los jueces decidieron optar por una postura distinta. <\/p>\n
Luego, acot\u00f3: <\/p>\n
Y si a ello se agrega que aqu\u00ed se hizo una actualizaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada el 19 de enero de 2019, por lo que deb\u00eda darse aplicaci\u00f3n al numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 445 del CGP, no se ve raz\u00f3n para reformar el estado de la cuenta. <\/p>\n
Como puede verse, la negativa a respaldar los reparos realizados a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito se edifica en el valor y firmeza de la sentencia emitida en el juicio acusado, la cual, no puede ser reformada con posterioridad, ni mucho menos a trav\u00e9s de un interlocutorio. Con mayor raz\u00f3n, si ese prove\u00eddo desconoce, como lo advirti\u00f3 el Tribunal, el alcance de las cesiones, que no son de \u00abderechos litigiosos\u00bb, sino del cr\u00e9dito materia de persecuci\u00f3n, correspondiente a un t\u00edtulo valor, y, por tanto, que es ejecutable en las condiciones ordenadas en la sentencia, as\u00ed, como que la naturaleza del proceso y de la acreencia reclamada impiden aplicar las reglas relativas a la \u00abcesi\u00f3n de derechos litigiosos\u00bb. Por eso, la Corte ha advertido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cesi\u00f3n de un derecho de cr\u00e9dito dista ostensiblemente de la cesi\u00f3n de un derecho litigioso, en la medida en que el primero es cierto e indiscutible pero insatisfecho y el segundo resulta ser una mera expectativa y, por ende, las reglas aplicables a dichas figuras no son uniformes siendo imposible la aplicaci\u00f3n del beneficio de retracto consagrado en el art\u00edculo 1971 del C\u00f3digo Civil a los supuestos de hecho aqu\u00ed analizados, tampoco es cuestionable la premisa seg\u00fan la cual la objeci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no puede ser utilizada para desconocer los elementos inherentes al mismo y mucho menos las bases consignadas en el mandamiento de pago. <\/p>\n
En el mismo sentido, se precisa que el hecho de que el ordenamiento contemple la posibilidad de proponer excepciones dentro de los asuntos adelantados con base en t\u00edtulos valores, en manera alguna desvirt\u00faa la clase de derecho contenido en los mismos, raz\u00f3n por la cual, los aludidos mecanismos de defensa generalmente se encaminan a atacar la acci\u00f3n cambiaria\u00bb (STC 584-2016, STC7961-2016). <\/p>\n
2.- En suma, lo dirimido en torno a la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito practicada en el ejecutivo censurado es razonable y, por ende, la injerencia constitucional suplicada deviene inf\u00e9rtil. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Luis Orlando Rodr\u00edguez Acosta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZAL\u00c9Z NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
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