STC2435-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2435-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00899-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael Barros Romero contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal, la Presidencia de la Rep\u00fablica, y los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, quien manifiesta actuar en representaci\u00f3n de la comunidad ind\u00edgena \u00abWayuu de Mara\u00f1amana\u00bb, en su condici\u00f3n de autoridad tradicional del resguardo de la media y alta Guajira \u00abjurisdicci\u00f3n de Maicao\u00bb, solicita la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, a la autonom\u00eda y autodeterminaci\u00f3n de los pueblos ind\u00edgenas, \u00abderecho a administrar justicia propia\u00bb, diversidad \u00e9tnica y cultural, reconocimiento de la jurisdicci\u00f3n ind\u00edgena, juez natural y \u00abprincipio de non bis in \u00eddem\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, quien pertenece a la comunidad \u00abWayuu Mara\u00f1amana\u00bb fue solicitado en extradici\u00f3n por los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante nota verbal del 10 de febrero de 2021, motivo por el cual fue capturado el d\u00eda 27 de ese mismo mes. <\/p>\n
Refiere que, luego de formalizarse el pedido con fundamento en una acusaci\u00f3n por un delito de \u00abtr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas\u00bb, se surti\u00f3 el procedimiento respectivo, el jur\u00eddico a cargo de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (concepto favorable emitido el 17 de agosto de 2022) y el administrativo por el gobierno nacional (resoluci\u00f3n ejecutiva n\u00ba 198 de 13 de septiembre de 2022 que accedi\u00f3 al requerimiento internacional y la n\u00ba 276 de 21 de noviembre de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n \u2013 negativamente \u2013 interpuesto contra la primera). <\/p>\n
Sin embargo, destaca que, las autoridades tradicionales de \u00abMara\u00f1amana\u00bb suscribieron un acta, el 10 de septiembre de 2022, en la cual se estableci\u00f3 el juzgamiento que su jurisdicci\u00f3n dispuso adelantar frente \u00abal etnociudadano\u00bb Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina. Explica que, aunque el delito endilgado al mencionado comunero no es conducta castigable por el pueblo Wayuu, su comisi\u00f3n \u00abgenera afectaciones a los n\u00facleos familiares de los individuos procesados por la justicia ordinaria que afectan la vida, integridad personal y la convivencia territorial, siendo caracterizado como una falta grave para el sistema normativo Wayuu\u00bb. <\/p>\n
Resalta que, el proceso que se le sigue al integrante del resguardo implicar\u00eda, por ejemplo, \u00abpago de obligaciones de compensaci\u00f3n [\u2026] restricci\u00f3n de la libre locomoci\u00f3n del individuo y de todos los miembros varones de su propio n\u00facleo familiar considerados culpables [\u2026] expropiaci\u00f3n de los bienes materiales a nombre del acusado para la entrega de compensaci\u00f3n a miembros afectados [\u2026] suspensi\u00f3n de los derechos territoriales mientras se paga el da\u00f1o y perjuicio ocasionado a la comunidad [\u2026] imposici\u00f3n de un proceso de restauraci\u00f3n espiritual y territorial en procura de restablecer el orden arm\u00f3nico entre los miembros de la comunidad [\u2026] acuerdo comunitario de no repetici\u00f3n de acto indebido y compromiso en proceso de restauraci\u00f3n colectivo y dial\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Relata que, el 12 de enero de 2023, el cabildo elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n a la Presidencia de la Rep\u00fablica y al Ministerio de Justicia y del Derecho solicitando \u00abel beneficio de la extradici\u00f3n diferida\u00bb (art\u00edculo 504 de la ley 906 de 2004) en favor de Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, a fin de que la misma se posponga mientras \u00abrepara las afectaciones causadas por su actuar, permaneciendo dentro del territorio ind\u00edgena\u00bb; empero, el ministerio, en respuesta del 3 de febrero pasado, desestim\u00f3 el pedimento destacando, entre otras razones, que \u00abdentro del an\u00e1lisis efectuado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia [\u2026] no se mencion\u00f3 la calidad de ind\u00edgena del ciudadano requerido como tampoco se estableci\u00f3 la configuraci\u00f3n de la causal establecida en el art\u00edculo 504 de la ley 906 de 2004 (\u2026) quiere decir que, no se demostr\u00f3 que el ciudadano requerido hubiese estado a disposici\u00f3n de alguna autoridad del orden nacional con anterioridad al pedido de extradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sobre la rese\u00f1ada contestaci\u00f3n asever\u00f3 que, la defensa y argumentos que se empleen en dicho tr\u00e1mite son ajenos a la comunidad \u00e9tnica, y no desvirt\u00faa su condici\u00f3n de \u00abv\u00edctimas [\u2026] ni menos que \u00e9l deba ser ajeno al juzgamiento [\u2026] que estamos facultados a ejercer (\u2026)\u00bb. As\u00ed mismo, mencion\u00f3 que se radic\u00f3 con posterioridad otra petici\u00f3n ante la misma cartera ministerial, en la que se plante\u00f3 la posibilidad de que Dur\u00e1n Colina sea designado \u00abgestor de paz para la zona norte de Colombia\u00bb, de la cual no ha habido pronunciamiento. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00ab(i) se declare que el concepto favorable de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia del 17 de agosto de 2022 y la Resoluci\u00f3n ejecutiva 198 del 13 de septiembre de 2022 emitida por el gobierno nacional, mediante la cual se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n del se\u00f1or Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina [\u2026] son violatorias de los derechos fundamentales de los pueblos ind\u00edgenas; (\u2026) (ii) ordenar a la Presidencia de la Rep\u00fablica [\u2026] la designaci\u00f3n del etnociudadano Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, miembro del pueblo Wayuu [\u2026] como gestor de paz en delegaci\u00f3n del resguardo ind\u00edgena Wayuu de la media y alta Guajira; (\u2026) (iii) suspender el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n [\u2026] suspender los efectos de la Resoluci\u00f3n 198 del 13 de septiembre de 2022 del Ministerio de Justicia en la que se concedi\u00f3 la extradici\u00f3n [\u2026] y la n\u00ba 276 del 21 de noviembre de 2022 que resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n interpuesto y la resoluci\u00f3n 005 de enero 25 de 2023 que deja en firme y contin\u00faa con el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n (\u2026) (iv) en caso de proseguirse con la extradici\u00f3n [\u2026] esta deber\u00e1 darse diferida al tiempo que tarde en cumplir con el juzgamiento de nuestra jurisdicci\u00f3n y hasta tanto no cumpla este etnociudadano con la restituci\u00f3n de nuestro territorio, al estado anterior a la comisi\u00f3n de sus conductas que nos generaron afectaci\u00f3n; (\u2026) (v) se nos reconozca la calidad de v\u00edctimas [\u2026] difiriendo y condicionando la entrega del se\u00f1or Dur\u00e1n Colina (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, por intermedio del Magistrado ponente del concepto emitido dentro del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n del ciudadano Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, relacion\u00f3 lo acontecido en dicho asunto, destacando las solicitudes de aclaraci\u00f3n y de revocatoria directa que impetr\u00f3 la defensa del procesado frente al concepto proferido por esa Sala. Resalt\u00f3 finalmente que, Dur\u00e1n Colina ha formulado con anterioridad otras acciones de tutela \u00abcon el \u00e1nimo de evadir la extradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La Presidencia de la Rep\u00fablica, a trav\u00e9s de su departamento administrativo, solicit\u00f3 denegar el amparo por cuanto, en el proceso de extradici\u00f3n del ciudadano Dur\u00e1n Colina \u00abel Gobierno Nacional ha actuado con plenitud en el procedimiento de ley\u00bb. Inform\u00f3 que el mencionado agenciado ha intentado a trav\u00e9s de diversas acciones constitucionales frenar su remisi\u00f3n al pa\u00eds requirente. <\/p>\n
En cuanto a las alegaciones del hoy tutelante acot\u00f3 que, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional han se\u00f1alado en su oportunidad que \u00abla existencia de una actuaci\u00f3n de la justicia ind\u00edgena no es \u00f3bice para la concesi\u00f3n y ejecuci\u00f3n de una extradici\u00f3n, por el impacto transnacional de las conductas delictivas estudiadas. La naturaleza de los delitos por los cuales es requerido Dur\u00e1n Colina trasciende la frontera natural de la jurisdicci\u00f3n especial porque involucra la de terceros pa\u00edses, que en un ejercicio de soberan\u00eda, buscan que los infractores de sus propias legislaciones no queden impunes\u00bb. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, indic\u00f3 que la tutela no cumple el requisito de la subsidiariedad puesto que, el afectado tiene otros medios judiciales \u00aba trav\u00e9s de los cuales se puede buscar protecci\u00f3n contra la amenaza o violaci\u00f3n de un derecho producido con la actuaci\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Finalmente aclar\u00f3 que, la designaci\u00f3n de un gestor de paz no pone fin a los procesos judiciales, quienes sean designados para tal fin deben seguir respondiendo ante las autoridades competentes en caso de ser requeridos, pues dicha designaci\u00f3n no constituye \u00abamnist\u00eda o indulto\u00bb, adem\u00e1s es de exclusivo resorte del Presidente de la Rep\u00fablica y est\u00e1 dirigida a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley a fin de que contribuyan \u00aba gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de di\u00e1logos [de paz] [\u2026] y no es para soluci\u00f3n jur\u00eddica de quienes enfrentan acusaciones por delitos comunes como el tr\u00e1fico de sustancias il\u00edcitas y conexos\u00bb. <\/p>\n
3. Los Ministerios del Interior (y la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas ROM y minor\u00edas, adscrita a esa cartera) y de Relaciones Exteriores, relacionaron cada uno las facultades y competencias que les ata\u00f1en en los procesos de extradici\u00f3n de los ciudadanos colombianos, no obstante, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por intermedio de la Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales resumi\u00f3 las actuaciones surtidas en el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n y la actuaci\u00f3n que llev\u00f3 a cabo esa entidad en el mismo, cuya facultad se limita exclusivamente a proferir la orden de captura en contra del requerido y tenerlo a disposici\u00f3n una vez aquella se hace efectiva, supeditado a lo que sea resuelto por el Ministerio de Justicia, por lo que, en este evento, frente a las alegaciones del tutelante indic\u00f3 que, \u00abla fiscal\u00eda carece de competencia funcional\u00bb respecto del concepto que emite la Sala de Casaci\u00f3n Penal y la resoluci\u00f3n que profiere el Ejecutivo. <\/p>\n
5. El Procurador Delegado para la Intervenci\u00f3n en Casaci\u00f3n Penal I se\u00f1al\u00f3 que, la tutela es improcedente por no atender el criterio de la subsidiariedad dado que, quien se encuentra afectado dispone \u00abde otro medio de defensa judicial [\u2026] los desacuerdos contra los actos administrativos, por regla general no son susceptibles de ser debatidos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, ya que tienen a disposici\u00f3n los mecanismos ordinarios de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la presente demanda tutelar satisface el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades accionadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por: (i) conceptuar favorablemente frente al pedido de extradici\u00f3n (Sala de Casaci\u00f3n Penal) de Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina; y (ii) emitir la resoluci\u00f3n n\u00ba 198 de 13 de septiembre del mismo a\u00f1o \u2013 y 275 de 21 de noviembre que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n interpuesta \u2013 (Presidencia de la Rep\u00fablica y Ministerio de Justicia y del Derecho) mediante la cual accedi\u00f3 formalmente al requerimiento del mencionado ciudadano efectuado por los Estados Unidos de Am\u00e9rica, desconociendo, supuestamente, el fuero especial del que est\u00e1 revestido por ser parte del resguardo ind\u00edgena \u00abWayuu mara\u00f1amana\u00bb, as\u00ed como el derecho a la autodeterminaci\u00f3n y autonom\u00eda de esa comunidad para aplicar su propio juzgamiento. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Rafael Barros Romero, aporta con la demanda certificado de diligencia de registro de autoridad tradicional ind\u00edgena n\u00ba 0120 del 28 de septiembre de 2021, expedida por la alcald\u00eda de Maicao, que da cuenta de su reconocimiento como Autoridad Tradicional Wayuu de la comunidad de Mara\u00f1amana del resguardo ind\u00edgena de la media y alta Guajira, con asentamiento en la jurisdicci\u00f3n del referido municipio. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha precisado que los gobernadores de cabildos de resguardos ind\u00edgenas y\/o autoridades tradicionales, se encuentran facultados para actuar en nombre de sus comuneros, pues dichos dirigentes tienen, \u00ablegitimaci\u00f3n por activa para interponer la acci\u00f3n de tutela a favor de sus propios miembros, toda vez que un presunto desconocimiento del fuero y de la jurisdicci\u00f3n especial ind\u00edgena, atenta no solo contra los derechos y garant\u00edas establecidas en cabeza de los miembros de los pueblos ind\u00edgenas, sino tambi\u00e9n contra las garant\u00edas consagradas a favor de las comunidades ind\u00edgenas como colectividades reconocidas por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb (T-866 de 2013). <\/p>\n
3. La subsidiariedad. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Seg\u00fan puede extraerse de la demanda tutelar, y al margen de que el actor tambi\u00e9n discute la actuaci\u00f3n que, en el marco de su competencia espec\u00edfica, adelant\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n que involucra a Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina, su reclamaci\u00f3n se contrae a cuestionar la determinaci\u00f3n que finalmente adopt\u00f3 el Ejecutivo (Presidencia de la Rep\u00fablica y Ministerio de Justicia y del Derecho) de acceder al requerimiento formulado en contra de aqu\u00e9l por el Estado extranjero. <\/p>\n
Dado ese panorama, para la Sala la protecci\u00f3n invocada resulta inviable, toda vez que, m\u00e1s all\u00e1 de la discusi\u00f3n que el gestor del amparo propone \u2013 incluso respecto de la posibilidad de aplicar lo contemplado en el art\u00edculo 504 de la ley 906 de 2004 \u2013 extradici\u00f3n diferida \u2013, lo cierto es que, en casos como el expuesto, es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el canon 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ante la jurisdicci\u00f3n de esa especialidad, el mecanismo id\u00f3neo para demandar la ilegalidad de la resoluci\u00f3n gubernamental proferida en disfavor del solicitado por la justicia norteamericana, Dur\u00e1n Colina. <\/p>\n
Sobre el particular, en pronunciamientos precedentes la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ablos cuestionamientos aqu\u00ed ventilados sobre las irregularidades acerca del estudio realizado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de los hechos que sustentan el petitum de extradici\u00f3n, puede expresarlos el gestor por v\u00eda de reposici\u00f3n ante el Gobierno Nacional, o en su defecto, a trav\u00e9s de las acciones contencioso administrativas, en el evento que el Presidente de la Rep\u00fablica decida acoger el concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Sobre la procedibilidad de impugnar el acto administrativo que concede la extradici\u00f3n, expuso la Corte Constitucional: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l acto administrativo expedido por el Presidente de la Republica, en el que concluye el procedimiento especial de extradici\u00f3n, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, constituye una decisi\u00f3n respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el [\u2026] c\u00f3digo contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acci\u00f3n de tutela, siempre y cuando se presenten las hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (\u2026)\u201d, (se resalta). <\/p>\n
Bajo ese contexto, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, pues \u00e9ste no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, no siendo la acci\u00f3n de tutela una instancia paralela a otras actuaciones, por la cual se adopten decisiones que suplanten al funcionario competente\u00bb (CSJ STC2451-2017). <\/p>\n
Entonces, debe reiterarse, que el juez constitucional tiene vedado inmiscuirse en una cuesti\u00f3n que en principio debe ser abordada y definida por el juzgador competente, por lo que, en esas condiciones, y seg\u00fan lo preceptuado en el numeral 1\u00ba, del art\u00edculo 6\u00ba, del Decreto 2651 de 1991, se declarar\u00e1 la improcedencia del presente auxilio, ya que, como se puntualiz\u00f3, es a trav\u00e9s de los medios de control previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y ante esa justicia a la que se debe recurrir para rebatir la extradici\u00f3n referida. <\/p>\n
4.2. Adicionalmente, cabe destacar que existe la posibilidad de pedir ante la referida jurisdicci\u00f3n la suspensi\u00f3n provisional de los actos atacados, sin perjuicio de la eventual nulidad (Resoluciones n\u00ba 198 de 13 de septiembre y n\u00ba 276 del 21 de noviembre de 2022), aspecto regulado en los art\u00edculos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y que en virtud del precepto 233 ejusdem puede resolverse incluso desde la admisi\u00f3n de la demanda; al respecto, la Corte en precedencia dijo: \u00ab(\u2026). [a]dem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio\u00bb (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01, reiterada en STC7687-2015, STC11056-2015 y STC594-2016). <\/p>\n
Con todo, lo rese\u00f1ado permite concluir que la salvaguarda no puede prosperar tampoco como instrumento de protecci\u00f3n temporal o transitorio, considerando que en la acci\u00f3n judicial aludida existe la alternativa jur\u00eddica de solicitar medidas cautelares, previstas para anticipar la materializaci\u00f3n del perjuicio que se denuncia de las decisiones administrativas censuradas. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Deviene improcedente la garant\u00eda invocada, comoquiera que es evidente que subsisten otras v\u00edas judiciales id\u00f3neas para atacar la legalidad de los actos administrativos a trav\u00e9s de los cuales se dispuso la extradici\u00f3n de Eduin Samuel Dur\u00e1n Colina a los Estados Unidos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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