STC2446-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2446-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00193-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Patricia Elena Obreg\u00f3n Mor\u00e1n contra la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil1, la que se hace extensiva a la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n y al Ministerio del Interior. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la \u00abparticipaci\u00f3n pol\u00edtica con enfoque de g\u00e9nero\u00bb y a la paz, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se le ordene: (i) \u00abal Consejo Nacional Electoral y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, el cumplimiento del acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, sin dilaciones\u00bb; (ii) \u00abse amplie el plazo para que se lleven a cabo las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en proporcionalidad al retraso en el desembolso de los recursos para financiar las campa\u00f1as, en la que se ha incurrido por parte del Estado\u00bb; iii) \u00aba la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n \u2013 UNP, adscrita al Ministerio del Interior, que asuma y proporcione a los candidatos un esquema de seguridad, sin generar costos adicionales para los candidatos y candidatas\u00bb; iv) \u00abal CNE exonerar a las candidatas y los candidatos a la CITREP de adquirir p\u00f3liza como una medida cautelar para que se entreguen los anticipos establecidos, tal como lo argumenta el art\u00edculo transitorio n\u00b0 8 del acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 y bajo los argumentos que favorecen al Partido de los Comunes en la Resoluci\u00f3n No. 8939 de 2021\u00bb; v) \u00abacrisole el listado de aspirantes a las 16 circunscripciones especiales de paz, en cuanto a la calidad de v\u00edctimas, los v\u00ednculos de candidaturas con el paramilitarismo, la guerrilla, bandas criminales y grupos pol\u00edticos tradicionales, y el veto de las campa\u00f1as financiadas con dineros procedentes de actividades il\u00edcitas y de aquellas que superan los topes establecidos por la ley\u00bb; vi) se le solicite a la Corte Constitucional \u00aben aras de proteger y garantizar el derecho a la participaci\u00f3n pol\u00edtica conceda audiencia a los candidatos ante la Sala Plena\u2026\u00bb, \u00abla implementaci\u00f3n de acciones positivas y medidas positivas para favorecer las oportunidades de participaci\u00f3n pol\u00edtica de las v\u00edctimas como colectivos socialmente desfavorecidos desde el principio de discriminaci\u00f3n positiva\u00bb, \u00abque las decisiones a que lleve la presente tutela [s]e realicen desde la perspectiva con enfoque de g\u00e9nero contemplada en La ley 1098 del 2006 y los Acuerdos de Paz\u00bb, \u00abvel\u00e9 por que se preserve el sentido y raz\u00f3n por la que fueron establecidas las Curules Especiales para la Paz\u00bb y ordene \u00aba las autoridades competentes se investigue posibles delitos por violencia pol\u00edtica de g\u00e9nero ejercida en contra de candidatas al momento de inscribir sus nombres a las elecciones para la Circunscripci\u00f3n 12 por candidatos con nexos con reconocidos victimarios\u00bb; y vii) \u00abconsid\u00e9rese que el requisito de calidad de v\u00edctimas hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad, sea aplicable como \u2018impedimento\u2019 hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad con los victimarios\u00bb. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la accionante que era una mujer v\u00edctima del conflicto armado en Colombia y candidata por la Circunscripci\u00f3n Transitoria Especial de Paz No. 12, que comprend\u00eda los municipios de Cesar, Guajira y Magdalena; y que en desarrollo del ejercicio electoral hab\u00eda evidenciado la instrumentalizaci\u00f3n de las mujeres candidatas por parte de candidatos auspiciados por estructuras pol\u00edticas tradicionales y con dineros de dudosa procedencia, abusando de \u00abla condici\u00f3n de g\u00e9nero y vulnerabilidad de las mujeres v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que en la referida Circunscripci\u00f3n se encontraban inscritas candidaturas incursas en conflicto de intereses, generados por v\u00ednculos de consanguinidad en primer grado con reconocidos victimarios y otras afinidades con estructuras paramilitares. <\/p>\n
2.3. Adujo que hab\u00eda sido imposible acceder a los recursos para su campa\u00f1a conforme con el art\u00edculo 8 del acto legislativo 02 de 2021 que dispon\u00eda que la financiaci\u00f3n se har\u00eda efectiva dentro del mes siguiente al cierre de inscripciones -13 de enero de 2022-, empero, \u00abhoy faltando once d\u00edas para el cierre de campa\u00f1as, los candidatos y candidatas no h[an] recibido estos recursos, ubic\u00e1ndo[los] en evidente desventaja frente a las campa\u00f1as que tiene una estrecha relaci\u00f3n con paramilitares y con las \u00e9lites pol\u00edticas tradicionales de la regi\u00f3n intentando\u2026 usurpar las curules que [les] corresponden como v\u00edctimas legitimas del conflicto\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sostuvo que la exigencia del tr\u00e1mite de la p\u00f3liza de garant\u00eda hab\u00eda postergado el desembolso de los anticipos, en raz\u00f3n a la negativa a expedirlas por parte de las compa\u00f1\u00edas financieras y aseguradoras. <\/p>\n
2.5. Asever\u00f3 que carec\u00edan de garant\u00edas en materia de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, la que les exig\u00eda \u00abasumir las obligaciones econ\u00f3micas en lo relacionado a alojamiento, transporte y alimentaci\u00f3n de los integrantes de los esquemas de seguridad\u00bb; adem\u00e1s del constre\u00f1imiento de los grupos armados ilegales que permanec\u00edan en los territorios de la Circunscripci\u00f3n 12, quienes les impid\u00edan la libre movilizaci\u00f3n y el desarrollo de las campa\u00f1as, poni\u00e9ndolos en desventaja con los partidos pol\u00edticos tradicionales y con los \u00abauspiciad[o]s por la parapol\u00edtica\u00bb, los que afectaban con dinero la voluntad de los votantes e incurr\u00edan en el delito de corrupci\u00f3n al sufragante. <\/p>\n
2.6. Afirm\u00f3 que exist\u00eda una deficiente pedagog\u00eda electoral, lo que evidenciaba la inobservancia del art\u00edculo 21 del Acto Legislativo 02 de 2021 que dispon\u00eda la responsabilidad del Ministerio del Interior de estructurar una campa\u00f1a pedag\u00f3gica especial, en el marco de las elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz; situaci\u00f3n que conllevaba a la obstrucci\u00f3n y dificultad por parte de compa\u00f1\u00edas financieras, de seguros y bancarias. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda General de la Corte Constitucional indic\u00f3 que dentro del tr\u00e1mite en donde se realiz\u00f3 el control constitucional al Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 no se encontr\u00f3 intervenci\u00f3n de la accionante; y que en el asunto participaron organizaciones sociales y de v\u00edctimas, las que no relacionaron las personas que hac\u00edan parte de ellas. <\/p>\n
2. El Consejo Nacional Electoral se\u00f1al\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, dado que no hab\u00eda vulnerado los derechos de la gestora; que no estaba en sus competencias adelantar las inscripciones de los candidatos a elecciones t\u00edpicas, que para el caso concreto, reposaba en la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil; y que se presentaba una carencia de objeto. <\/p>\n
3. La Unidad Nacional de Protecci\u00f3n refiri\u00f3 que los hechos y las pretensiones no guardaban relaci\u00f3n con la funci\u00f3n y objeto de ese ente; que una vez la actora demostr\u00f3 su calidad de aspirante a la C\u00e1mara de Representantes por una curul de Circunscripci\u00f3n Transitoria Especial de Paz implement\u00f3 medidas de protecci\u00f3n preventivas de manera provisional, las que ten\u00edan vigencia no mayor al d\u00eda despu\u00e9s de las elecciones, esto es, hasta el 13 de marzo de 2022; que fue garante de los derechos de la peticionaria al asignarle las medidas para su seguridad; que sobre los gastos de desplazamiento se pronunci\u00f3 el 15 de marzo siguiente; que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, pues los implicados eran la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y la Registradur\u00eda del Estado Civil; que no se acredit\u00f3 un perjuicio irremediable; y que no exist\u00eda inmediatez, en tanto que la accionante present\u00f3 la tutela un a\u00f1o despu\u00e9s de realizadas las elecciones al Congreso. <\/p>\n
4. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil sostuvo que no incurri\u00f3 en actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que conllevara a la transgresi\u00f3n de los derechos invocados; que cumpli\u00f3 con la labor de direcci\u00f3n y organizaci\u00f3n de las elecciones y adelant\u00f3 las etapas que se requer\u00edan para la realizaci\u00f3n del proceso electoral; que efectu\u00f3 distintas actividades pedag\u00f3gicas; que observ\u00f3 los mandatos del Acto Legislativo 02 de 2021; que la gestora contaba con 30 d\u00edas h\u00e1biles para interponer el medio de control de nulidad electoral, por lo que el juez de tutela no se pod\u00eda pronunciar sobre las supuestas irregularidades dentro de los procesos electorales; que el Consejo Nacional Electoral era el encargado de administrar los recursos para la financiaci\u00f3n pol\u00edtica; y que solicitaba se denegara el amparo. <\/p>\n
5. El Ministerio del Interior adujo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, en tanto no hab\u00eda nexo de causalidad entre la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos invocados y acci\u00f3n u omisi\u00f3n de esa cartera; que no ten\u00eda dentro de sus funciones las pretensiones de la accionante; y que no se estructuraba la vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite excepcional. <\/p>\n
6. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que en la actualidad se presenta una carencia de objeto de cara a los hechos denunciados, en tanto que mediante sentencia C-089 de 10 de marzo de 2022 se efectu\u00f3 control de constitucionalidad del Acto Legislativo 02 del 25 de agosto de 2021 y el 13 de marzo siguiente se llevaron a cabo las elecciones de las curules pretendidas; siendo pertinente destacar, conforme lo certificado por la Corte Constitucional, que la aqu\u00ed quejosa no intervino en dicho tr\u00e1mite, desperdiciando la oportunidad de exponer ante ese juzgador natural las inconformidades inviablemente planteadas de forma presurosa frente a este fallador supralegal. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicada el 1 de marzo de 2022 en la Corte Constitucional y recepcionada en esta Sala Especializada el 20 de febrero de 2023. <\/p>\n
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