STC2454-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2454-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2023-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 27 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Echeverri Pupo contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2021-00172. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada al no otorgar impulso ni resolver las peticiones elevadas al interior del asunto antes referido. <\/p>\n
2. Expuso que present\u00f3 demanda de rendici\u00f3n provocada de cuentas contra Ernesto Echeverri Pupo, misma que fue admitida por el Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda \u00abel d\u00eda 10 de junio de 2021\u00bb, y que, tras gestionar la respectiva notificaci\u00f3n, su contraparte la contest\u00f3 el \u00ab10 de octubre de 2021\u00bb oponi\u00e9ndose mediante excepciones. <\/p>\n
Que \u00abel 22 de noviembre de 2021, solicit\u00f3 al [accionado] que descorra [las defensas], para pronunciarme (\u2026), solicitud que al d\u00eda de hoy NO ha sido tenida en cuenta. Posteriormente, se han presentado en total 6 memoriales de las partes tendientes a impulsar el proceso, en las siguientes fechas: 21-02-2022, 07-06-2022, 24-08-2022, 19-09-2022, 19-09-2022, 3-02-2023\u00bb, empero, \u00abdesde el 10 de junio de 2021, NO han existido otras actuaciones por parte del Juzgado, tendiente a [que] se pueda llegar a una decisi\u00f3n que dirima el asunto presentado\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel d\u00eda 19 de septiembre de 2022\u00bb, con observancia en lo previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, solicit\u00f3 \u00abla p\u00e9rdida de competencia\u00bb, aduciendo que \u00abel despacho judicial ya NO tiene competencia para seguir conociendo del proceso\u00bb. Pese a ello, el juzgado \u00abse ha obstinado en dos situaciones que vulneran derechos fundamentales: 1) Recibe los memoriales y no les da tr\u00e1mite, su \u00faltima actuaci\u00f3n es del 10 de junio de 2021, fecha en la cual se admiti\u00f3 la demanda, pues todos los dem\u00e1s actos que se evidencian en el expediente han sido de las partes; 2) Que es un despacho en que en estos momentos ya perdi\u00f3 competencia (\u2026), por lo que deber\u00e1 informar a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente al juez que sigue en turno\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene al estrado acusado resolver las peticiones elevadas dentro del juicio 2021-00172, e \u00abinformar al Consejo Superior de la Judicatura, que ha perdido competencia\u00bb, y que, para continuar su tr\u00e1mite, proceda a \u00abremitir el expediente al juez que le sigue en turno (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda, sin realizar pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones, remiti\u00f3 el enlace para acceder al expediente digital contentivo del proceso de rendici\u00f3n de cuenta objeto de cr\u00edtica. <\/p>\n
2. N\u00e9stor Orlando Calder\u00f3n Reyes, manifest\u00f3 que su relaci\u00f3n con el proceso en cuesti\u00f3n, se limit\u00f3 a la presentaci\u00f3n de un dictamen como perito contador que le fuera encomendado, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el amparo al considerar que siendo \u00abobjeto de estudio la p\u00e9rdida de competencia por vencimiento del t\u00e9rmino [previsto en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso], la parte accionante present\u00f3 solicitud [en tal sentido] el 19 de septiembre de 2022, [la cual] a la fecha no ha sido resuelta por parte del juzgado accionado\u00bb, y en tales circunstancias, no se satisface el requisito de subsidiariedad, porque \u00abel juzgado no ha decidido ya sea de forma favorable o desfavorable la solicitud (\u2026), y en el evento de ser desfavorable la solicitud de p\u00e9rdida de competencia le corresponder\u00e1 al hoy tutelante controvertir la decisi\u00f3n de conformidad con los mecanismos de defensa id\u00f3neos para procurar la garant\u00eda de sus derechos\u00bb. No obstante, exhort\u00f3 al accionado \u00abpara que se pronuncie sobre la solicitud de fecha 19 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del auxilio para enfatizar que \u00abel tribunal est\u00e1 dando una mirada err\u00f3nea\u00bb a su querella, por cuanto la controversia \u00abgira al alrededor de la mora judicial, de la inactividad del despacho para tomar decisiones oportunas\u00bb, y en esas circunstancias no era dable \u00abanalizar la posible decisi\u00f3n que se deriva de la solicitud de p\u00e9rdida de competencia\u00bb, para con base en ello aducir desatenci\u00f3n al requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por el demandante, en particular las derivadas del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, porque no ha otorgado impulso procesal al litigio radicado bajo el n\u00b0 2021-00172. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y, por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC8246-2022, 22 jun., rad. 00450-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Revisados los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con las piezas procesales allegadas al expediente, la Sala revocar\u00e1 el fallo desestimatorio del amparo y en su lugar lo conceder\u00e1, al establecer que al interior del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas n\u00b0 2021-00172, el accionado no ha impulsado el tr\u00e1mite pertinente, ni ha dado soluci\u00f3n -independientemente de su sentido-, a las reiteradas peticiones elevadas por los interesados, constituyendo ello una situaci\u00f3n de mora judicial. <\/p>\n
En efecto, aunque en la pretensi\u00f3n del auxilio el reclamante enfatiz\u00f3 en la p\u00e9rdida de competencia del fallador acusado, de los fundamentos f\u00e1cticos esbozados en el libelo, se advierte que la censura la dirigi\u00f3 para remediar la dilaci\u00f3n procesal en que ha incurrido el juzgado, pues no s\u00f3lo adujo extra\u00f1ar el pronunciamiento a esa y otras solicitudes presentadas por \u00e9l y por su contraparte, sino tambi\u00e9n, que pese al transcurso de un lapso prudencial y razonable, no se hubiera producido actuaci\u00f3n que desarrollara las etapas previas a la decisi\u00f3n de fondo, siendo precisamente esa \u00abapat\u00eda\u00bb la que condujo a deprecar la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Pues bien, revisado el link remitido por el juzgado como \u00fanica manifestaci\u00f3n realizada de cara a esta acci\u00f3n, de los archivos adosados no se vislumbra el agotamiento de las fases de notificaci\u00f3n, traslado y audiencias propias del procedimiento verbal, o en su defecto, el proferimiento de autos encaminados a resolver las sendas peticiones que, como se advirti\u00f3 en precedencia, no s\u00f3lo provienen de la parte actora sino tambi\u00e9n de la demandada. <\/p>\n
Ciertamente, el expediente digital da cuenta de que asignada la demanda por reparto del 24 de mayo de 2021, el juez de conocimiento la admiti\u00f3 con prove\u00eddo del 10 de junio de la misma anualidad; que previas gestiones adelantadas por el actor para notificar al demandado Ernesto Antonio Echeverri Pupo, el 13 de julio de 2021, este se pronunci\u00f3 informando que como \u00abguardador (sic) de los bienes de Josefina Pupo de Echeverri \u2013 interdicta y ya fallecida (\u2026) las rendiciones de cuentas s\u00ed fueron presentadas\u00bb, y ante ello pidi\u00f3 se le indicara \u00absi el juzgado [las] aprob\u00f3\u00bb. Igualmente, se avizora que, por intermedio de su apoderado judicial previamente constituido, dej\u00f3 constancia de que su notificaci\u00f3n personal se produjo \u00abel 12 de julio [de 2021]\u00bb, y pidi\u00f3 \u00abse me d\u00e9 traslado de la demanda y sus respectivos anexos\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se observa que el 6 y 7 de octubre de 2021, se corri\u00f3 traslado \u00abde las excepciones\u00bb. Enseguida se registr\u00f3 una \u00abreiteraci\u00f3n de impulso procesal\u00bb presentada por el apoderado judicial del demandante aludiendo que la primera petici\u00f3n tuvo lugar \u00abel d\u00eda 06 de septiembre de 2021\u00bb, y el 7 de junio de 2022, un requerimiento en similar sentido, esta vez formulado por la representante judicial del extremo pasivo, en la que se\u00f1al\u00f3 \u00abque han transcurrido m\u00e1s de seis meses y el despacho no ha surtido ninguna actuaci\u00f3n en el mismo\u00bb. <\/p>\n
El \u00ab19 de septiembre de 2022\u00bb el mandatario judicial del actor radic\u00f3 \u00absolicitud de p\u00e9rdida de competencia\u00bb, aduciendo para ello, \u00abhaber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, entendido desde el 10 de septiembre de 2021, que a la fecha del 10 de septiembre de 2022 completar\u00eda el a\u00f1o sin dictar sentencia\u00bb, y como consecuencia pidi\u00f3 \u00abinformar lo anterior a la sala administrativa del consejo superior de la judicatura [y] remitir el expediente al juez o despacho que le sigue en turno\u00bb, y con fecha 6 de febrero de 2023, obra otro \u00abmemorial de impulso procesal\u00bb suscrito por el nuevo apoderado judicial del demandado. <\/p>\n
As\u00ed, por cuanto no se observa que el juzgado hubiera realizado actuaci\u00f3n enfilada a desarrollar el pleito a su cargo, tampoco pronunciamiento sobre las solicitudes de impulso procesal, y menos que, positiva o negativamente, se hubiera manifestado acerca de la solicitud de \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb por vencimiento del t\u00e9rmino para fallar seg\u00fan el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, es evidente la incursi\u00f3n en la mora judicial que por esta v\u00eda se le enrostra. <\/p>\n
N\u00f3tese que, al no haberse respondido la presente acci\u00f3n por parte del encartado, tal comportamiento ratifica la veracidad de lo observado en los documentos incorporados a este legajo, situaci\u00f3n que encuentra respaldo en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual \u00absi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
En este orden, por cuanto en el caso bajo estudio el titular del despacho convocado no adujo estar en presencia de un hecho imprevisible o ineludible, que impidiera impulsar el tr\u00e1mite procesal, al omitir una pronta, completa y eficaz respuesta a las peticiones formuladas dentro del juicio, vulner\u00f3 los derechos fundamentales al debido proceso sin dilaciones injustificadas y acceso a una eficiente administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
Sobre la importancia de proteger a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia del desconocimiento de los t\u00e9rminos para impulsar los asuntos o resolver sus peticiones, la jurisprudencia constitucional sentenci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se trata \u00fanicamente de velar por el cumplimiento de los t\u00e9rminos por s\u00ed mismo ya que \u00e9l no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jur\u00eddica, sino de asegurar que, a trav\u00e9s de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtenci\u00f3n de pronta y cumplida justicia. <\/p>\n
(\u2026) La tutela para esta clase de transgresiones se deriva indudablemente de la enorme trascendencia de los derechos que, por raz\u00f3n de la paquidermia judicial, pueden resultar afectados, muchas veces de modo irreparable\u00bb (CC T-431\/92). <\/p>\n
De la misma manera, ha sostenido que la dilaci\u00f3n injustificada en el tr\u00e1mite de los asuntos jurisdiccionales, es reprochable constitucionalmente, toda vez que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda persona tiene derecho a que los tr\u00e1mites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello ir\u00eda en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administraci\u00f3n de justicia, dado que la resoluci\u00f3n tard\u00eda de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva. <\/p>\n
As\u00ed, el derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley\u00bb (CC T-030\/05). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, previa revocatoria de la resoluci\u00f3n de primera instancia, se amparar\u00e1n las prerrogativas invocadas. Por tanto, se impartir\u00e1 orden para que el juzgado accionado, en el t\u00e9rmino perentorio de cinco (5) d\u00edas, si no lo ha hecho antes, resuelva de fondo, completa y congruentemente las peticiones elevadas por las partes dentro del litigio n\u00b0 2021-00172. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada, y en su lugar, CONCEDE la tutela a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia deprecados por el accionante. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA al Juez Primero de Familia de Monter\u00eda, que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de la presente providencia, resuelva de fondo las solicitudes elevadas por las partes dentro del proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas n\u00b0 2021-00172, observando las circunstancias que fueron objeto de examen en el cuerpo de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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