STC2458-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2458-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-22-13-000-2023-00033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 21 de febrero de 2023, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Bibiana Ortiz Casallas contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito y Tercero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en los pleitos liquidatorio y declarativo que cursan en tales despachos bajos los radicados 2012-00273 y 2018-00433. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tutela efectiva y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal promovido contra Pedro Enrique Acosta Guzm\u00e1n -quien es abogado litigante-, el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, mediante prove\u00eddo del 18 de octubre de 2018, decret\u00f3, entre otras cautelas, \u00abel embargo de los dineros correspondientes a honorarios pagados y los que faltaren por pagar en un equivalente al 100% (\u2026), en el proceso de responsabilidad civil contractual con radicaci\u00f3n [2012-00273] de Myriam Aranzazu y otros contra Diamante Transportadores Limitada, que se tramit\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9\u00bb. <\/p>\n
Que el 1\u00b0 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Civil del Circuito contest\u00f3 que la medida cautelar \u00abno se podr\u00e1 tener en cuenta por cuanto ac\u00e1 no se encuentran dineros pendientes por entregar a favor del se\u00f1or Acosta Guzm\u00e1n (\u2026), pues obs\u00e9rvese que dichos dineros son de las partes y son ellos los que en \u00faltimas deben responder conforme al contrato de prestaci\u00f3n de servicios suscrito para tal fin\u00bb, y recordando que el apoderado \u00abno es parte [en el pleito]\u00bb, acot\u00f3 que \u00abel oficio deber\u00eda ir dirigido hacia el poderdante quien es la persona que paga al abogado\u00bb, postura que reiter\u00f3 con auto del 12 de septiembre de 2019, se\u00f1alando que \u00ablas costas del proceso por ley pertenecen a la parte y no al apoderado\u00bb. <\/p>\n
Que en virtud a la apelaci\u00f3n de que fue objeto el auto proferido por el Juzgado Tercero de Familia el 22 de agosto de 2019, en el marco de un \u00abincidente de levantamiento de medidas cautelares\u00bb, con providencia del 23 de junio de 2020, el tribunal mantuvo la vigencia del embargo dispuesto en el proceso liquidatorio el 18 de octubre de 2018, pese a ello, \u00abel Juzgado Tercero de Familia a\u00fan a la fecha de hoy no tiene el conocimiento efectivo de las cautelas ordenadas a trav\u00e9s del oficio 1976 del 22 de octubre de 2020, oficio 2279 del 15 de agosto de 2019, oficio 2280 del 15 de agosto de la misma anualidad, y a pesar de requerimiento realizado el 23 de septiembre de 2020, nuevamente con oficio remitido el 20 de octubre de 2020, nada se sabe, ni nada se ha hecho para materializar la orden del Tribunal Superior, por lo que concomitantemente es responsable\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el pleito declarativo \u00abha seguido su normalidad\u00bb, al punto que el juzgado civil \u00abdecidi\u00f3 el 13 de diciembre de 2022 (\u2026) ordenar el pago de las sumas adeudadas y requerir a los actores de la presente causa para que personalmente o por medio del apoderado judicial que los representa, propendan por la obtenci\u00f3n de los dineros que ya reposan en el expediente en la proporci\u00f3n que les corresponde, acreditando en debida forma documentalmente la legitimaci\u00f3n con que cuentan para deprecar el pago del t\u00edtulo judicial a que se ha hecho menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse ordene al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, materializar la medida de embargo sobre los dineros que actualmente se encuentran depositados a su orden\u00bb, y, por tanto, \u00abrevocar [o] modificar la decisi\u00f3n del 13 de diciembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, tras precisar que en el juicio de \u00abresponsabilidad civil adelantado por Myriam Aranzazu y otros contra Ori\u00f3n Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento y otros\u00bb, radicado bajo el n\u00b0 2012-00273, \u00abel se\u00f1or Pedro Enrique Acosta Guzm\u00e1n act\u00faa como apoderado judicial del extremo demandante\u00bb, inform\u00f3 que frente a la medida cautelar notificada por el Juzgado Tercero de Familia de esa capital \u00abmediante oficio 1976 del 22 de octubre de 2018\u00bb, su despacho la neg\u00f3 con auto del 1\u00b0 de noviembre de 2018, \u00abindicando la imposibilidad de embargar dineros del apoderado dentro del asunto, pues los montos recaudados en el cartulario correspond\u00edan en primer momento a las partes y no [a] sus abogados\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, se opuso a lo pretendido aduciendo que en raz\u00f3n a la data en que se pronunci\u00f3, la acci\u00f3n desatiende el requisito de inmediatez, y adem\u00e1s, porque no avizoraba vulneraci\u00f3n de su parte, en tanto que, \u00abel despacho no es pagador de los derechos derivados del mandato entre las partes y sus apoderados, solo podr\u00e1 entrar a pagar tales sumas de dinero cuando las partes expresamente lo soliciten o el profesional del derecho inicie incidente de regulaci\u00f3n de honorarios\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Tercera de Familia de la misma ciudad, luego de relacionar en detalle la actuaci\u00f3n surtida en el proceso en cuesti\u00f3n, adem\u00e1s de referir en extenso que la demandante ha propuesto sendas solicitudes al interior del litigo y fuera de \u00e9l, como recusaciones, tutelas y denuncias penales y disciplinarias, afirm\u00f3 que \u00abno se avizora vulneraci\u00f3n o puesta en peligro de los derechos de la accionante\u00bb, a quien \u00abse ha garantizado el debido proceso y el derecho a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026), ha intervenido a trav\u00e9s de los distintos representantes judiciales que ha designado y se le han resuelto sus peticiones [y] contra lo decidido ha tenido la oportunidad de presentar los respectivos recursos\u00bb. <\/p>\n
3. Diamante Transportes Ltda. -en liquidaci\u00f3n-, sobre la mayor\u00eda de los hechos manifest\u00f3 que \u00abno le consta ni est\u00e1 obligada a pronunciarse al respecto\u00bb, acotando en punto de la discusi\u00f3n planteada, que \u00abno es competencia de [esa empresa] decidir la destinaci\u00f3n, entrega y distribuci\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales y tampoco era la llamada a, eventualmente, darle cumplimiento a la medida cautelar\u00bb, y que contrario al dicho de la actora \u00abel juzgado 2 civil del circuito de Ibagu\u00e9 s\u00ed le dio tr\u00e1mite a la orden [de embargo] y le explic\u00f3 en detalle las razones por las cuales no proced\u00eda la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a su favor (en s\u00edntesis, porque la propiedad de los dineros no era del apoderado, sino de sus poderdantes)\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. Pedro Enrique Acosta Guzm\u00e1n, ex c\u00f3nyuge de la accionante, se opuso a lo pretendido aduciendo que el auxilio incumple el principio de inmediatez, aunado a que \u00abla quejosa ha hecho de la tutela su reiterado medio para sujetar a debate o \u201ctercera instancia\u201d, todas las determinaciones que se adoptan sin satisfacer sus pedidos\u00bb. Precis\u00f3 que el inter\u00e9s econ\u00f3mico de su expareja se refiere a lo causado \u00aba partir de la fecha de la boda (\u2026) en julio de 2009, dejando en claro que nada le corresponde reclamar por mi gesti\u00f3n anterior a esa fecha\u00bb, y que en esas condiciones, ante el Juzgado 2\u00b0 Civil del Circuito, su gesti\u00f3n se limita a \u00abla presentaci\u00f3n de un incidente de perjuicios y del proceso ejecutivo, actuaci\u00f3n que adelant\u00e9 hasta mediados del a\u00f1o 2017\u00bb, pero que por ahora \u00abno existe honorarios algunos que pueda yo reclamar\u00bb, y en lo dem\u00e1s, \u00abfueron pactados a cuota litis\u00bb, de donde \u00abla liquidaci\u00f3n judicial ser\u00e1 en donde se determine esos rubros y para eso est\u00e1 se\u00f1alada fecha, la que por v\u00eda de tutelas de Luz Bibiana no se ha podido concretar\u00bb. <\/p>\n
5. El abogado Cornelio Villada Rubio, quien funge como curador ad litem de los dem\u00e1s interesados en ese asunto, indic\u00f3 que el amparo es improcedente \u00abya que las providencias de que se queja la accionante fueron dictadas hace m\u00e1s de 6 meses\u00bb, respecto de las cuales, \u00abbasta ver el reporte de la p\u00e1gina Siglo XXI, para establecer que habiendo podido ser atacado por los medios procedimentales del caso, alcanz\u00f3 ejecutoria ante el acompa\u00f1amiento silente de los interesados\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente el auxilio al estimar que como el ataque se dirige contra lo resuelto en el juicio seguido ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, en el cual la reclamante \u00abno es parte, ni tercera reconocida en el asunto (\u2026), se colige que no est\u00e1 habilitada para cuestionar las decisiones all\u00ed dictadas\u00bb, y que \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la negativa de su intervenci\u00f3n en el referido proceso sirve de b\u00e1culo para la formulaci\u00f3n [de esta acci\u00f3n], valga referir que contra la decisi\u00f3n dictada el 1\u00b0 de noviembre de 2018 no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, puesto que a la fecha de interposici\u00f3n del amparo -7 de febrero de 2023- han transcurrido m\u00e1s de 4 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante para refutar que se declarara su falta de legitimaci\u00f3n para cuestionar la actuaci\u00f3n judicial, asegurando que, pese a no ser parte en dicho proceso, la misma le caus\u00f3 agravio, y que ello no puede desconocerse porque \u00abva en contrav\u00eda de la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, y tambi\u00e9n atenta contra \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb, toda vez que con tal proceder, \u00abla resoluci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n sobre el incidente de levantamiento de medidas cautelares, se torna hu\u00e9rfana con esta decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de ordenar la entrega de los dineros que se encuentran depositados\u00bb. Acot\u00f3 que, tras esa determinaci\u00f3n, \u00abexiste una orden de obed\u00e9zcase y c\u00famplase por parte del Juzgado Tercero de Familia\u00bb, y por ende la cautela de tales dineros debe ser acatada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si al interior del declarativo (rad. 2012-00273), el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la actora, al no hacer efectiva la medida cautelar que le fuera notificada por el Juzgado Tercero de Familia dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal (rad. 2018-00433), por ella promovido. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrito el estudio constitucional al planteamiento del problema jur\u00eddico, con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente queja y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la sentencia desestimatoria de primer grado, pero precisando que la improcedencia del resguardo lo ser\u00e1 solo porque no supera el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez. <\/p>\n
3.1. En efecto, al estar dirigida la censura contra la decisi\u00f3n del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, consistente en no \u00abmaterializar\u00bb la medida cautelar de \u00abembargo de los dineros correspondientes a honorarios\u00bb causados a favor del abogado Pedro Enrique Acosta Guzm\u00e1n \u00aben el proceso de responsabilidad civil contractual con radicaci\u00f3n [2012-00273] de Myriam Aranzazu y otros contra Diamante Transportadores Limitada\u00bb, advierte la Sala que la interesada no plante\u00f3 en oportunidad la discusi\u00f3n que, eventualmente, pod\u00eda darse en sede de tutela. <\/p>\n
Ciertamente, los motivos en que el despacho accionado soport\u00f3 la \u00abimposibilidad\u00bb para aplicar la cautela, consistentes en que no era viable retener dineros depositados a orden del declarativo, porque los mismos son de la parte favorecida en el litigio y no del mandatario judicial de esta, est\u00e1n contenidos en el auto que data del 1\u00b0 de noviembre de 2018, mientras la instauraci\u00f3n de esta salvaguarda tuvo lugar el 7 de febrero de 2023, es decir, excediendo ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la constitucional, ha reiterado que la procedencia del ruego tuitivo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales es esencial la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n calificada como como vulneradora de las prerrogativas superiores, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad frente a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC11039-2022, 24 ago., rad. 00090-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC10043-2022, 4 ago., rad. 01396-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
3.2. Ahora, n\u00f3tese que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el lapso fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al amparo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de la promotora, pues, entre otras, ha contado con la representaci\u00f3n judicial previamente constituida en los procesos, y con ello, la inexistencia de excusa que conlleve el acceso a las resoluciones all\u00ed dictadas y con ello que no pudiera reprocharlas tempranamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
En el mismo sentido, se advierte que el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez no var\u00eda por el hecho de que la quejosa extienda su ataque al auto del 13 de diciembre de 2022, donde se orden\u00f3 la entrega de los dep\u00f3sitos judiciales a la parte beneficiaria de las indemnizaciones tasadas en el proceso, pues tal actuaci\u00f3n es consecuencia de no haberse podido atender la medida cautelar definida el 1\u00b0 de noviembre de 2018, coligi\u00e9ndose, por consiguiente, que ello no habilita el t\u00e9rmino para atacar en sede constitucional, la primigenia decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC, 27, may. 2011, exp. 00096-01, citada entre otras en STC1745-2023, 1\u00b0 ago., rad. 00607-00). Se subraya. <\/p>\n
Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la desidia para hacer uso oportuno de la acci\u00f3n constitucional, la querellante no prob\u00f3 la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, citada entre otras en STC1200-2023, 15 feb., rad. 00480-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se avala la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo por incumplir el requisito temporal, advirtiendo que no se configura motivo que justifique la demora en su invocaci\u00f3n y tampoco las indispensables condiciones para otorgarlo como mecanismo transitorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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