STC2462-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC2462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2023-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 DC., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida el 6 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lorena Guti\u00e9rrez Puentes contra los Juzgados Cuarto Civil Municipal y del Circuito de esa misma municipalidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la actuaci\u00f3n procesal censurada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
La promotora del resguardo constitucional, a trav\u00e9s de su apoderado, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n a su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por las autoridades judiciales accionadas al interior del tr\u00e1mite compulsivo 2019-00091 que contra ella promovi\u00f3 el Grupo Financiero R&P. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 la totalidad de las decisiones proferidas en el precitado ejecutivo singular que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n de segunda instancia proferida el 31 de mayo de 2021 con decisi\u00f3n del Juzgado, inclusive la que neg\u00f3 el control de legalidad que promovi\u00f3 el 15 de diciembre \u00faltimo, un a\u00f1o y medio despu\u00e9s de la finalizaci\u00f3n de la \u00faltima instancia. <\/p>\n
Lo anterior, en cuanto acusa la ilegalidad del t\u00edtulo ejecutivo pues en su sentir este era inexistente puesto que 422 del C\u00f3digo General del Proceso y 641 de C\u00f3digo de Comercio, toda vez que no estaba suscrita por la entidad acreedora. <\/p>\n
En consecuencia solicit\u00f3, dejar sin efecto la totalidad de lo actuado en ambas instancias dentro del proceso ejecutivo fustigado, incluido el mandamiento de pago proferido el 5 de marzo de 2019, por inexistente. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 cuestion\u00f3 la procedencia de la acci\u00f3n de tutela por considerar incumplido el requisito de inmediatez. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, se limit\u00f3 a precisar los elementos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, solicitando hacer el estudio de estos en el caso concreto. <\/p>\n
3. El Grupo Financiero R&P cuestion\u00f3 el uso de la acci\u00f3n de tutela para revivir oportunidades fenecidas y defendi\u00f3 la legalidad del tramite judicial surtido. <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado porque la demanda no cumple con el requisito de inmediatez, pues la sentencia cuestionada data del 31 de mayo de 2021, es decir, m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la fecha de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Adem\u00e1s de reiterar los argumentos centrales frente a la legalidad del t\u00edtulo ejecutivo base de recaudo, agreg\u00f3 que el fallador opugnado no se pronunci\u00f3 sobre el control de legalidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC de 11 may. 2001, rad. 11001-22-03-000-2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio de entrada colige la Sala que la pretensi\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que carece del requisito de inmediatez, porque entre la fecha de expedici\u00f3n de la providencia censurada, 31 de mayo de 2021, por medio de la cual fue confirmada la sentencia que neg\u00f3 la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional Myriam del Socorro Leira Garc\u00eda y la de presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n de tutela, 11 de enero de 2023 transcurri\u00f3 un lapso que supera el de seis (6) meses fijado por la consistente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, como razonable y proporcional para que la persona afectada en sus prerrogativas b\u00e1sicas ejerza esta acci\u00f3n constitucional; sin que la parte accionante hubiera demostrado motivo alguno que justifique tan notoria tardanza o encontrarse inmerso en alguno de los presupuestos de flexibilizaci\u00f3n del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC de 2 de agosto de 2007, rad. No. 2007-00188-01, reiterada en sentencia 10 de mayo de 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, con relaci\u00f3n a lo aludido frente al escrito intitulado por la gestora \u201ccontrol de legalidad\u201d incoado el 15 de diciembre de 2022, lo cierto es que no se observa que la tutelante interpusiere el recurso de reposici\u00f3n para refutar las inconformidades que tiene frente a la determinaci\u00f3n del fallador fustigado, evidenciando la incuria con la que ha actuado la quejosa, pretendiendo con este remedio excepcional (i) validad un control de legalidad por fuera de instancia y (ii) subsanar la no contradicci\u00f3n horizontal surtida oportunamente. <\/p>\n
4. En consecuencia, se negar\u00e1n las pretensiones de la demanda constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio m\u00e1s expedito a las partes e interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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