STC2466-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2466-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00796-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Tribunal acusado, porque, como ad-quem, en la acci\u00f3n popular que instaur\u00f3 contra Ch\u00e1vela Vargas, como propietaria del establecimiento de comercio Corporal Centro de Est\u00e9tica Oral y Corporal (rad. 2021-00195), \u00abincumple los t\u00e9rminos perentorios\u2026 que ordena [la] Ley 472 de 1998\u2026[,] al no existir veredicto final\u00bb, desconociendo, adem\u00e1s, los c\u00e1nones 117 y 120 del C\u00f3digo General del Proceso, y resolviendo \u00abun recurso del abo[g]ado\u2026 Lizcano 5 meses despu\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira se\u00f1al\u00f3 que, en el asunto fustigado, \u00abdict\u00f3 sentencia el 29 de junio de 2022, por lo que, contrario a lo que se alega en la demanda constitucional, ya existe \u201cveredicto final\u201d… Igualmente, los escritos presentados por el coadyuvante posteriores al fallo han sido debidamente resueltos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a proporcionar los datos de ubicaci\u00f3n de los intervinientes en el juicio reprochado, as\u00ed como el link de acceso al expediente contentivo de \u00e9ste. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional de Risaralda se\u00f1al\u00f3 que no formul\u00f3 la demanda popular referida por el quejoso ni ha tenido participaci\u00f3n dentro de ella, por lo que lo ac\u00e1 denunciado le resulta ajeno a esa entidad, aunado a que \u00abel accionante no [le] ha presentado\u2026 ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de [esa] agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Sala que la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada al fracaso, porque de la inspecci\u00f3n efectuada sobre el expediente contentivo del asunto fustigado se deriva que, efectivamente, desde el 29 de junio de 2022 la Colegiatura acusada emiti\u00f3 la sentencia de segunda instancia echada de menos, veredicto que cobr\u00f3 ejecutoria luego del prove\u00eddo del 25 de agosto siguiente, mediante el cual no se accedi\u00f3 a \u00abla aclaraci\u00f3n y los recursos presentados por la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o\u00bb frente al mismo, lo que, por dem\u00e1s, con auto del pasado 17 de febrero esa autoridad puso en conocimiento de todos los all\u00ed intervinientes; estando cumplida, as\u00ed, en \u00faltimas, la exigencia constitucional del inconforme, m\u00e1xime al advertir que tal pronunciamiento fue dictado, incluso, desde antes de la instauraci\u00f3n de este ruego tutelar, super\u00e1ndose as\u00ed cualquier irregularidad, por lo cual carecer\u00eda de objeto impartir una orden con miras a que ello se produzca. <\/p>\n
En ese sentido, tiene por sentado esta Corte que: <\/p>\n
Si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. De otro lado, en cuanto a la solicitud frente a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, se pone de presente que el Ministerio P\u00fablico fue debidamente vinculado a este tr\u00e1mite constitucional, resguardando los derechos de todos los intervinientes; y en lo tocante con la sanci\u00f3n que el actor rog\u00f3 se impusiera al apoderado judicial de la all\u00ed coadyuvante, Morales Caama\u00f1o, la salvaguarda se torna improcedente, al insatisfacer el presupuesto de la subsidiariedad, porque si considera que en alg\u00fan proceder irregular incurri\u00f3 aqu\u00e9l, otras son las v\u00edas que debe agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tiene, ha de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica. <\/p>\n
En cuanto a lo \u00faltimo, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Lo sucintamente consignado impone despachar adversamente la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente la salvaguarda propuesta. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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