STC2471-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2471-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de 2023 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Carlos Alberto Barros Qui\u00f1ones le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 13744 3189 001 2010 00070 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista reclam\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00ablibertad\u00bb, \u00abpetici\u00f3n\u00bb, \u00abm\u00ednimo vital\u00bb y \u00abbuen nombre\u00bb, para que se ordenara al estrado censurado: i) \u00abInaplicar las sanciones impuestas relativas a arresto y multa en [su] contra\u00bb; ii) \u00abExpedir (\u2026) constancia de notificaci\u00f3n personal tanto de la apertura incidental, como del auto sancionatorio adiado 24 de febrero de 2022\u00bb; iii) \u00abComunicar a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y su delegada seccional Veintiocho (28) de Simit\u00ed, Bol\u00edvar, en aras de evitar la afectaci\u00f3n a [su] libertad personal, buen nombre y patrimonio\u00bb; y iv) \u00abConforme al art\u00edculo 128 y 130 del C\u00f3digo General del Proceso, impedir cualquier incidente con posterioridad en [su] contra\u00bb. <\/p>\n
En sustento refiri\u00f3 que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed le impuso multa equivalente a cinco (5) SMLMV y compuls\u00f3 copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, porque en su condici\u00f3n de Secretario de Hacienda del Municipio de Regido, Bol\u00edvar, desacat\u00f3 el embargo y retenci\u00f3n de los dineros \u00abprovenientes de la retenci\u00f3n del impuesto de industria y comercio\u00bb, decretada en el coercitivo incoado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia \u2013 IDEA – contra la localidad de Redigo, Bol\u00edvar (24 feb. 2022). <\/p>\n
Noticiado de la sanci\u00f3n, el 5 de diciembre siguiente solicit\u00f3 su inaplicaci\u00f3n, la reproducci\u00f3n de la \u00abnotificaci\u00f3n personal, tanto de la apertura incidental como del auto sancionatorio\u00bb, se abstuviera de comunicar la actuaci\u00f3n al ente acusador y se evitara el diligenciamiento de \u00abcualquier incidente con posterioridad\u00bb, con apoyo en que renunci\u00f3 al cargo de \u00abSecretario de Hacienda\u00bb desde el 15 de marzo de 2022, raz\u00f3n por la cual, no tuvo conocimiento de tal castigo, adem\u00e1s, este no ten\u00eda asidero, pues d\u00edas posteriores a su dimisi\u00f3n los contendientes celebraron \u00abacuerdo conciliatorio\u00bb respecto de las sumas adeudadas al Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA-. <\/p>\n
Asever\u00f3 que no ha recibido respuesta a esos ruegos, pese a que el \u00abConsejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar record\u00f3 al accionado pronunciarse por ser de su competencia\u00bb, circunstancia que, en su sentir, conculc\u00f3 los privilegios implorados. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed inform\u00f3 que en prove\u00eddo de 10 de febrero pasado resolvi\u00f3 los pedimentos del precursor, de ah\u00ed que, desapareci\u00f3 el objeto de la protecci\u00f3n invocada. <\/p>\n
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar aleg\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que los hechos generadores del reproche del accionante no se encuentran dentro de la \u00f3rbita de [su] competencia\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que all\u00ed cursa denuncia penal contra el promotor por el punible de \u00abfraude a resoluci\u00f3n judicial\u00bb en fase de \u00abindagaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- hizo un resumen de las actuaciones surtidas en la ejecuci\u00f3n confutada e indic\u00f3 que \u00abse encuentran conforme a derecho, y no existe violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales del accionante\u00bb. <\/p>\n
En el cauce de este auxilio, Carlos Alberto Barros Qui\u00f1ones expres\u00f3 que el juzgado reprochado \u00abolvid\u00f3 que el art\u00edculo 44 del CGP, ilustra la condici\u00f3n injusta de la sustracci\u00f3n al deber de cumplimiento de la Providencia (embargar), la cual, debi\u00f3 ser probada aplicando los art\u00edculos 127 y 129 de la Ley 1564 de 2012, y controvertida por primac\u00eda del Debido Proceso que result\u00f3 imposible ante la ausencia de notificaci\u00f3n personal, unida a la ausencia funcional ya que mi renuncia fue concomitante a la notificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 el resguardo, porque: i) Se propuso tard\u00edamente, si en cuenta se tiene que Barros Qui\u00f1ones fue \u00abnotificado\u00bb de la providencia confutada el 10 de marzo de 2022 y solamente acudi\u00f3 a la ayuda supralegal el 14 de febrero de este a\u00f1o y, ii) En todo caso, no propuso ning\u00fan remedio frente a la directriz combatida. <\/p>\n
2.- Replic\u00f3 el impulsor con argumentos similares a los esgrimidos en el escrito introductorio y agreg\u00f3 que antes de hacer dejaci\u00f3n del cargo de Secretario de Hacienda del Municipio de Simit\u00ed, \u00abgesti\u00f3n[\u00f3] la incorporaci\u00f3n presupuestal del pago de enero, febrero y marzo, como efectivamente se realiz\u00f3 en abril fecha en que no regentaba, es decir, durante [su] gesti\u00f3n acat[\u00f3] la orden de Simit\u00ed, sin embargo, no es [su] responsabilidad si antes a [su] posesi\u00f3n y despu\u00e9s de [su] renuncia no se haya pagado a IDEA, muy a parte de los tres meses 2022 que eran [su] compromiso funcional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, Carlos Alberto Barros Qui\u00f1ones reproch\u00f3 la tardanza del Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed en solventar las s\u00faplicas elevadas en el memorial de 5 de diciembre de 2022, las cuales ten\u00edan el prop\u00f3sito de inaplicar la \u00absanci\u00f3n\u00bb pecuniaria por incumplir mandato judicial, expedido en el pleito coactivo iniciado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -IDEA- contra la localidad de Redigo, Bol\u00edvar (24 feb. 2022). <\/p>\n
2.- No obstante, se anticipa el fracaso de la salvaguarda porque, en rigor, el gestor alcanz\u00f3 su anhelo, en la medida que, en el curso de esta senda tuitiva (radicada el 31 de enero 2023), el Juzgado Primero Civil del Circuito de Simit\u00ed, en auto de 10 de febrero \u00faltimo, provey\u00f3 de fondo los \u00abpedimentos\u00bb a\u00f1orados, donde plasm\u00f3 las razones por las que no echaba atr\u00e1s la \u00abdecisi\u00f3n sancionatoria\u00bb objetada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el socorro no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por sobrevenir la carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto, con independencia de la demora que el funcionario recriminado pudo registrar en la lid criticada, lo cierto es que, ese retraso actualmente no reviste relevancia constitucional, por cuanto en el desarrollo de este debate dirimi\u00f3 la rogativa cuya definici\u00f3n extra\u00f1aba el quejoso. <\/p>\n
De suerte, que, se torna inane el an\u00e1lisis de fondo de la discusi\u00f3n exhibida por Carlos Alberto, en la medida que el despacho demandado al percatarse de lo sucedido, subsan\u00f3 la anomal\u00eda y emprendi\u00f3 la labor correspondiente. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico esta Corte ha predicado que \u00ab(\u2026) ning\u00fan sentido tiene que aqu\u00ed se imparta cualquier tipo de orden en relaci\u00f3n con unas circunstancias que en el pasado hubieran podido configurarse pero que, en este momento procesal, no existen o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas diferentes a las iniciales\u00bb (STC4943-2019, citada en STC9353-2020, 29 oct., en la STC16878-2022, 19 dic y STC643-2023, 2 feb.). <\/p>\n
3.- Ahora bien, en lo atinente con los embates alzados por Barros Qui\u00f1ones con antelaci\u00f3n al fallo del a-quo, dirigidos a cuestionar la determinaci\u00f3n que le deneg\u00f3 las plegarias frente a la \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria\u00bb (10 feb. 2023), se advierte que la \u00abtutela\u00bb no puede triunfar, toda vez que seg\u00fan establece el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si hay otro mecanismo de defensa judicial a disposici\u00f3n del ciudadano se excluye su clamor. <\/p>\n
En efecto, de acuerdo a los elementos de convicci\u00f3n allegados, el querellante no refut\u00f3 aquel interlocutorio a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n (art. 318 C.G.P.), esto es, no utiliz\u00f3 los medios ordinarios previstos en el estatuto procesal civil en su beneficio, resultando, por ende, evidente que el debate de ahora desborda la \u00f3rbita del \u00abjuez constitucional\u00bb. <\/p>\n
En lo atinente con ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esbozado que, <\/p>\n
(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. (STC6663-2018, citada en STC3157-2022 y en STC1032-2023, 9 feb.). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC10541-2018 citada en STC16309-2022 y en STC1032-2023, 9 feb.). <\/p>\n
Bajo ese entendido no es factible conceder la custodia invocada, ya que, no puede el inconforme ejercer la justicia \u00absuperlativa\u00bb con el fin de revivir tiempos precluidos, que no aprovech\u00f3. <\/p>\n
4.- Lo discurrido conlleva a la refrendaci\u00f3n del veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2471-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC2471-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 13001-22-13-000-2023-00076-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 23 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71812","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71812","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71812"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71812\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71812"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71812"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71812"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}