STC2478-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2478-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00948-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Andr\u00e9s Barajas Bautista contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada al dictar sentencia en el juicio declarativo entablado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse ordene dejar sin efecto la providencia de\u2026 19 de noviembre de 2021 y adicionada el 07 de septiembre de 2022[,] emitida por el Tribunal [accionado]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de resoluci\u00f3n contractual incoado contra el accionante (vendedor) por Otoniel Beltr\u00e1n Ortiz (comprador), respecto de la compraventa ajustada entre ellos el 14 de noviembre de 2012, respecto del 50% del automotor de placas TAV-829, utilizado para el transporte de carga (pacto en el que se indic\u00f3 fijar como precio la suma de $93.000.000 y se consign\u00f3 que el mismo se pagar\u00eda as\u00ed: $47.980.000 a la firma del acuerdo de voluntades y 26 cuotas mensuales de $798.000 desde noviembre de 2012 hasta el 1\u00ba de febrero de 2015, para cubrir el cr\u00e9dito contra\u00eddo por el vendedor para adquirir el rodante, incluidos los respectivos seguros), surtidas las etapas de rigor, el 11 de agosto de 2020 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga dict\u00f3 sentencia adversa a las pretensiones, al considerar que el demandante fue contratante incumplido, en tanto que s\u00ed recibi\u00f3 la tenencia del veh\u00edculo, desde la firma del contrato, como lo confes\u00f3, y no demostr\u00f3 el pago de las cuotas. Veredicto que apel\u00f3 el all\u00ed actor. <\/p>\n
2.2. El 19 de noviembre de 2021 el Tribunal acusado revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo y, en su lugar, declar\u00f3 i) \u00abinfundadas las excepciones propuestas por el demandado\u2026 Barajas Bautista, salvo la de imposibilidad de acceder a las pretensiones del demandante de lucro cesante – da\u00f1o emergente – cl[\u00e1]usula penal y perjuicios morales\u2026, que prospera parcialmente, pues ser\u00e1 reconocida la cl\u00e1usula penal\u00bb; y ii) \u00abla resoluci\u00f3n del contrato de compraventa del 50% del veh\u00edculo automotor de placas TAV-829[,] celebrado entre\u2026 Beltr\u00e1n Ortiz y\u2026 Barajas Bautista el 14 de noviembre de 2012, por incumplimiento del demandado\u00bb; y conden\u00f3 a Barajas Bautista i) \u00aba la devoluci\u00f3n de\u2026 $47.980.000, entregados a la firma del contrato, m\u00e1s correcci\u00f3n monetaria[,] que calculada al d\u00eda de [esa] sentencia equivale a $ (sic)\u00bb; y ii) \u00abal pago de la cl\u00e1usula penal por valor de $20.000.000 a favor del demandante\u2026 Beltr\u00e1n Ortiz\u00bb; determinaci\u00f3n que, ante solicitud de \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb propuesta por \u00e9ste, exclusivamente frente a la devoluci\u00f3n de dineros, la Colegiatura atacada, el 7 de septiembre \u00faltimo, dispuso \u00abadicionar\u00bb, en el sentido de condenar \u00abal demandado a la devoluci\u00f3n de\u2026 $47.980.000, entregados a la firma del contrato, m\u00e1s correcci\u00f3n monetaria[,] que calculada al d\u00eda de [esa] sentencia equivale a $68.050.628\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
2.3. En sede tutela, en concreto, el quejoso critic\u00f3 que el sentenciador ad-quem incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por la deficiente valoraci\u00f3n de las pruebas que, en su sentir, claramente dan cuenta de que \u00e9l fue contratante cumplido, en tanto que entreg\u00f3 la tenencia del rodante el d\u00eda pactado, a saber, aqu\u00e9l en que se suscribi\u00f3 el contrato, mientras que su antagonista no acredit\u00f3 el pago de las cuotas mensuales all\u00ed fijadas como previas a la materializaci\u00f3n del traspaso. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir los datos de ubicaci\u00f3n de los intervinientes en el juicio recriminado y link de acceso al expediente contentivo de \u00e9ste. <\/p>\n
2. La abogada Alba Janeth Mendoza D\u00edaz, quien dijo actuar como \u00abapoderada de Otoniel Beltram (sic) Ortiz\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin adosar el poder especial conferido por \u00e9ste para intervenir en su representaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite supralegal, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, se advierte que la salvaguarda propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, porque no luce arbitraria la sentencia con la que, el 19 de noviembre de 2021 (adicionada el 7 de septiembre \u00faltimo), el Tribunal acusado revoc\u00f3 la emitida por el a-quo para, en su lugar, acceder, con alcance parcial, frente a las pretensiones del demandante en el juicio declarativo entablado contra el quejoso. <\/p>\n
2.1. En efecto, en tal providencia, tras ocuparse de las generalidades de la acci\u00f3n resolutoria propuesta, para lo cual acudi\u00f3, en lo medular, al precepto 1546 del C\u00f3digo Civil, la Colegiatura acusada compendi\u00f3 que \u00abel demandante ha de ser contratante cumplido para ostentar legitimaci\u00f3n en su reclamo\u00bb, siendo ese, precisamente, el reproche del sentenciador a-quo, en tanto que concluy\u00f3 que aqu\u00e9l \u00abrecibi\u00f3 el automotor y, sin embargo, no pag\u00f3 las cuotas a las que se oblig\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, anot\u00f3 que el all\u00ed actor encamin\u00f3 \u00absus pretensiones a obtener la resoluci\u00f3n del contrato, tras afirmar que fue el demandado quien incumpli\u00f3 sus obligaciones contractuales, espec\u00edficamente en lo que se refiere a la entrega f\u00edsica del automotor, aspecto que la sentencia [apelada] considera que s\u00ed se cumpli\u00f3, ante lo cual el demandante busca hacer notar que, si bien recibi\u00f3 el automotor, no obtuvo nunca la disponibilidad de administraci\u00f3n sobre el mismo; solo estuvo en su poder 15 d\u00edas y se vio obligado a devolver el bien al hoy demandado, ante la imposibilidad de recibir los dineros del producido del veh\u00edculo\u00bb; aspecto que aleg\u00f3 en el libelo, \u00absimplemente, como que el demandado no entreg\u00f3 el veh\u00edculo; el juez encuentra que s\u00ed lo entreg\u00f3, hecho que apoya en la \u201cconfesi\u00f3n\u201d del demandante en el interrogatorio y en el texto del contrato. En el texto, se indica que recibe el veh\u00edculo a entera satisfacci\u00f3n. En el interrogatorio el actor reconoce que as\u00ed fue; pero agrega que solo fue por 15 d\u00edas y que, al no poder cobrar los dineros, decidi\u00f3 devolver el veh\u00edculo al demandado. Pero el se\u00f1or juez estima irrelevante que solo hubiese sido por 15 d\u00edas, que el haber recibido el bien, para administrarlo, implica confesi\u00f3n del hecho\u00bb. <\/p>\n
Realizadas esas acotaciones previas, para refutar las conclusiones del estrado de primer grado, resalt\u00f3 que aquel \u00abhecho no puede considerarse prueba de confesi\u00f3n, pues el\u2026 juez escinde la manifestaci\u00f3n del demandante (recib\u00ed para administraci\u00f3n) y desde\u00f1a el complemento de lo declarado\u00bb, con lo cual \u00ab[o]lvid\u00f3\u2026 la regla de la indivisibilidad de la confesi\u00f3n, consagrada en el art\u00edculo 196 del C\u00f3digo General del Proceso, inciso primero\u00bb, en tanto que \u00ab[l]a aplicaci\u00f3n de tal norma resulta inobjetable, pues no parece razonable considerar que, en efecto, recibi\u00f3 para administrar el bien, cuando no le era posible recibir los dineros correspondientes. Que una persona tenga un bien en su poder, pero no pueda recibir los dineros correspondientes a sus frutos, desde ning\u00fan punto de vista puede considerarse que esa persona tiene la potestad de administrarlo. Y, como si fuera poco, r\u00e1pidamente se vio en la necesidad de devolver el bien al vendedor, precisamente ante la imposibilidad de administrarlo. Entonces, no hubo prueba de confesi\u00f3n, en realidad\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, sigui\u00f3, \u00ab[e]l hecho de la entrega\u2026 era una obligaci\u00f3n del vendedor\u00bb; que \u00aben el documento se haya consignado que fuera recibido a entera satisfacci\u00f3n es apenas una anotaci\u00f3n que solo va, ese d\u00eda, hasta la entrega f\u00edsica del bien\u00bb; que \u00ab[l]a administraci\u00f3n, para lo cual se entregaba el bien, no era un aspecto puramente formal, que se cumpl\u00eda con una constancia; es hecho que implica actividades posteriores, en los tiempos subsiguientes, algo que no ocurri\u00f3, seg\u00fan lo asevera el demandante\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, consign\u00f3 que el actor no se hallaba en la obligaci\u00f3n de probar ese hecho por tratarse \u00abde una negaci\u00f3n indefinida, que\u2026 no estaba en posibilidad de demostrar y respecto de la cual la ley exime de prueba, en el art\u00edculo 167, inciso final. Sin embargo, el hecho de que el demandado hubiese asumido la administraci\u00f3n y con el producido hubiese pagado las cuotas es demasiado significativo precisamente de que no cumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de entregar al demandante el bien, con potestad de administrarlo\u00bb. <\/p>\n
Con apoyo en lo dicho, de forma categ\u00f3rica indic\u00f3: <\/p>\n
\u2026desde el punto de vista de argumentaci\u00f3n formal es cierto que el demandante, para tener derecho a la resoluci\u00f3n del contrato, ha de demostrar que fue contratante cumplido. En este caso, el se\u00f1or juez reprocha al comprador y hoy demandante el hecho de que no hubiese pagado las cuotas al banco, del cr\u00e9dito del que era titular pasivo el demandado, puesto que as\u00ed se oblig\u00f3. Pero en el punto, el problema no puede dejarse de sopesar sin la razonabilidad de lo humano: es cierto que no se pact\u00f3 que tales cuotas se pagar\u00edan con el producido del bien. \u00bfSignificar\u00eda, entonces, que el comprador estaba obligado a pagarlas, aun cuando el veh\u00edculo ya no estaba en su poder, ni ten\u00eda un poder real de administraci\u00f3n sobre el mismo, que era lo pactado? <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, si el contrato fue celebrado el 14 de noviembre de 2012, si nunca el comprador tuvo realmente el poder de administrar el veh\u00edculo, si los pagos del producido jam\u00e1s fueron entregados al comprador, si con posterioridad el propio demandado resolvi\u00f3 vender el bien a otra persona, sin honrar su compromiso previo, sin intentar solucionar tampoco el evidente conflicto de haber recibido dineros a cambio de un papel, no parece razonable que la justicia le exija al demandante que, previo a la demanda de resoluci\u00f3n, debi\u00f3 pagar todas las cuotas. <\/p>\n
De modo que la resoluci\u00f3n debi\u00f3 abrirse paso. Y, junto con ella, la devoluci\u00f3n de los dineros entregados por el comprador. Y, como necesaria consecuencia de la resoluci\u00f3n, la condena contra el demandado a pagar la cl\u00e1usula penal, que cuantifica los perjuicios compensatorios que implica la inejecuci\u00f3n del contrato, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1594 del C\u00f3digo Civil. En este punto es preciso advertir al demandante que el art\u00edculo 1600 del C\u00f3digo Civil indica que el acreedor, ante la inejecuci\u00f3n del contrato, debe escoger entre perjuicios y cl\u00e1usula penal. De esa norma deduce la doctrina y la jurisprudencia, sin discusi\u00f3n, que la cl\u00e1usula penal no es otra cosa que la estimaci\u00f3n anticipada de los perjuicios que el incumplimiento del contrato causar\u00e1 al otro contratante. Sin embargo, en este caso, el demandante no opt\u00f3, como lo exig\u00eda la norma, con lo cual el pacto entre las partes se mantiene inc\u00f3lume y el monto de los perjuicios no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de lo calculado por los propios contratantes en la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
De tal manera, estableci\u00f3 que estaban reunidos \u00ablos presupuestos de \u00e9xito de la pretensi\u00f3n resolutoria\u00bb, en tanto que \u00abfue el demandado el incumplido\u00bb, de donde, \u00abcon los mismos fundamentos, las excepciones deben ser denegadas\u00bb, lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
La primera, que denomin\u00f3 \u201cIMPOSIBILIDAD JUR\u00cdDICA DE DEMANDAR LA RESOLUCI\u00d3N DEL CONTRATO POR PARTE DEL ACTOR POR NO CUMPLIR, NI HA CUMPLIDO, NI SE ALLAN\u00d3 A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES A SU CARGO\u201d, est\u00e1 basada en que el demandante debi\u00f3 pagar las 26 cuotas en el banco; como ya vimos, la exigencia es absurda, pues fue el demandado quien incumpli\u00f3 primero, ya que entreg\u00f3 el automotor f\u00edsicamente, pero jam\u00e1s el poder de disponer del producido del mismo, con lo cual el comprador se vio forzado a devolv\u00e9rselo. Nunca le fue permitido administrarlo. Y, si aun as\u00ed se obligase al comprador a honrar sus obligaciones, cuando el demandado incumpli\u00f3 primero, el Tribunal incurrir\u00eda en una arbitrariedad, con un fundamento con apariencia de legalidad. Y aceptar que la entrega s\u00ed ocurri\u00f3, porque el documento lo dice, es incurrir en la absurdidad del formalismo, cuando el propio demandado ten\u00eda en su poder el veh\u00edculo, tanto as\u00ed que lo enajen\u00f3 a otra persona sin solucionar este conflicto. <\/p>\n
La excepci\u00f3n de \u201cIMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LAS PRETENSIONES DEL DEMANDANTE DE LUCRO CESANTE – DA\u00d1O EMERGENTE – CLAUSULA PENAL Y PERJUICIOS MORALES\u201d prospera parcialmente, pues, seg\u00fan lo explicado renglones atr\u00e1s, no se reconocer\u00e1n perjuicios adicionales a la cl\u00e1usula penal. <\/p>\n
La de \u201cTEMERIDAD, MALA FE Y OBJECI\u00d3N AL JURAMENTO ESTIMATORIO PROPUESTO POR LA PARTE ACTORA\u201d no prospera. No hay mala fe del demandante, quien triunfa en sus pretensiones. Al rev\u00e9s, no ha sido muy leal la postura del demandado, que jam\u00e1s demostr\u00f3 voluntad para devolver los dineros que recibi\u00f3 por el negocio. Y en cuanto al juramento estimatorio, ocurre que solo vers\u00f3 sobre la restituci\u00f3n del precio, m\u00e1s un lucro cesante que se niega, sin que en la pretensi\u00f3n observe el Tribunal una conducta de mala fe que deba ser reprochada y sancionada; simplemente es una pretensi\u00f3n que fracasa. N\u00f3tese que el par\u00e1grafo de la norma exige, para la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n, que la conducta del sancionado haya sido temeraria. <\/p>\n
Y, finalmente, no hay excepci\u00f3n \u201cGEN\u00c9RICA\u201d que el Tribunal deba declarar de oficio en el caso. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, la Corte concluye que los argumentos atr\u00e1s trascritos no lucen antojadizos, caprichosos o subjetivos, con independencia de que se compartan, y resultaban suficientes para revocar el veredicto del a-quo, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso no es m\u00e1s que una mera diferencia de criterio acerca de la manera como, contrario a sus alegaciones, con apoyo en las normas que gobiernan la materia sometida a discusi\u00f3n y el estudio conjunto de las pruebas oportunamente recaudadas de cara a la satisfacci\u00f3n de las obligaciones contractuales por parte de los involucrados en el asunto, el ad-quem concluy\u00f3 que el sentenciador a-quo cercen\u00f3 la versi\u00f3n del demandante al dar por cierto que recibi\u00f3 el rodante el d\u00eda de la suscripci\u00f3n del contrato sin sopesar su manifestaci\u00f3n siguiente en cuanto a que, a los 15 d\u00edas, debi\u00f3 retornarlo al vendedor, dada la negativa de las empresas contratantes a cancelar los fletes a persona diferente al propietario, por lo que el automotor continu\u00f3 siendo explotado por el vendedor, concluy\u00e9ndose que, con su producto, fueron canceladas las cuotas mensuales pactadas, sin que, al satisfacerse la \u00faltima de ellas, se efectuara el respectivo traspaso, lo que implicaba la prosperidad de las pretensiones, dada la evidente calidad de contratante incumplido que gravita sobre el all\u00ed demandado, ac\u00e1 accionante; en cuyo caso, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la[s] que ha hecho no resulta[n] contraria[s] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez de tutela] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo [se refiere al fallador ordinario] para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
3. Las anteriores razones imponen el despacho adverso del resguardo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, de no impugnarse este veredicto, oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2478-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2478-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00948-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jorge Andr\u00e9s Barajas […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71818","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}