STC2479-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC2479-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-03-000-2023-00043-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn el 17 de febrero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Octavio Bustamante R\u00edos, contra los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo radicado 2010-00821 y en la acci\u00f3n de tutela n\u00famero 2020-00014-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna, y propiedad privada, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en 1987 Libardo de Jes\u00fas Rivas y Ernestina Garc\u00eda promovieron un proceso ejecutivo en su contra el que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, termin\u00f3 por pago de la obligaci\u00f3n y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares sobre los inmuebles de matr\u00edcula inmobiliaria 018-0011740 y 018-0011748. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, despu\u00e9s de pasados 25 a\u00f1os la parte demandante solicit\u00f3 la ejecuci\u00f3n, motivo por el que aleg\u00f3 la caducidad y prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, adem\u00e1s interpuso acci\u00f3n de tutela que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn rechaz\u00f3 por falta de poder. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, con posterioridad, uno de los hijos de los demandantes, despu\u00e9s de fallecidos \u00e9stos, present\u00f3 en 2020 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, que concedi\u00f3 el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esa ciudad y orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Denunci\u00f3 que, en esa decisi\u00f3n no se tuvo en cuenta la falta de legitimaci\u00f3n en la causa de accionante por ausencia de sucesi\u00f3n procesal, tampoco la falta de vinculaci\u00f3n del ahora reclamante y los 25 a\u00f1os que hab\u00edan pasado, adem\u00e1s no se efectu\u00f3 el estudio del requisito de procedibilidad de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar \u00abal Juzgado 16 civil Municipal revoque los tramites de ejecuci\u00f3n por encontrarse caducados por cuanto han trascurrido m\u00e1s de 25 a\u00f1os, la caducidad opera de manera oficiosa, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra culminado por pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn, manifest\u00f3 que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n de tutela promovida por Oscar de Jes\u00fas Rivas Garc\u00eda contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mite en el que fue notificado el accionado mediante correo electr\u00f3nico, en el que ampar\u00f3 los derechos invocados. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, inform\u00f3 que en raz\u00f3n de la sentencia de tutela referida, orden\u00f3 oficiar solicitando informaci\u00f3n respecto de las matriculas inmobiliarias n\u00famero 018-11740 y 018-11748, y con posterioridad en auto de 3 de marzo de 2020, complement\u00f3 las decisiones ordenadas. <\/p>\n
3. El curador ad litem de los se\u00f1ores Libardo de Jes\u00fas Rivas Diez y Ernestina Garc\u00eda de Rivas, adujo que el accionante fue vinculado a la acci\u00f3n de tutela criticada, adem\u00e1s que no se cumplen los requisitos para la procedencia de tutela contra tutela. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Medell\u00edn, declar\u00f3 improcedente el amparo invocado porque no encontr\u00f3 que la decisi\u00f3n reprochada fuera producto de un fraude y, adem\u00e1s, por virtud de la exclusi\u00f3n en revisi\u00f3n se evidenciaba el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el aqu\u00ed accionante tard\u00f3 injustificadamente en el ejercicio del amparo, atendiendo que la sentencia de tutela fue proferida el 4 de febrero de 2020, y las decisiones del Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, en el proceso ejecutivo radicado 2010-00821 en los que se neg\u00f3 la solicitud de la apoderada del tutelante son de 3 de marzo de 2020 y 11 de noviembre de 2021, sin que se encuentre raz\u00f3n justificada para no acudir de manera oportuna a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante con fundamento en que, en la acci\u00f3n de tutela proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn no se tuvo en cuenta el principio de inmediatez, raz\u00f3n por la que se deja de lado el derecho a la igualdad. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que, el accionante la tutela ante el Juzgado Noveno Civil del Circuito, no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa para actuar por cuanto en el proceso ejecutivo no se hab\u00eda realizado sucesi\u00f3n procesal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente para atacar una providencia judicial, planteamiento que cobra mayor solidez, cuando se trata de una decisi\u00f3n proferida por un juez constitucional, lo anterior, para evitar una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad eternum el primigenio fallo. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios que, de manera excepcional, permiten la procedencia de la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica frente a otra del mismo linaje. <\/p>\n
Igualmente, y seg\u00fan lo ha establecido tambi\u00e9n esta Sala, tales excepciones, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ. STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 200902355-00, reiterada en la STC8657-2021, STC10894-2021 y, STC11408-2022); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb, o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, contrarias al \u00abdebido proceso\u00bb. <\/p>\n
Ahora, si existieron equivocaciones o desafueros de los jueces constitucionales en sus decisiones, \u00e9stos no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de la misma naturaleza, pues para tal fin, el ordenamiento jur\u00eddico cre\u00f3 las figuras de la impugnaci\u00f3n contra la sentencia de primer grado, la revisi\u00f3n y, aun la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo. <\/p>\n
As\u00ed lo ha se\u00f1alado esta Corte, \u00abel legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ. STC 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada en STC2255-2021, STC1170-2022, STC2968-2022 y, STC9203-2022). <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a los puntos de inconformidad planteados v\u00eda impugnaci\u00f3n, se observa que el se\u00f1or Jos\u00e9 Octavio Bustamante R\u00edos, dirige su queja contra la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn el 4 de febrero de 2020, mediante la cual concedi\u00f3 el amparo constitucional del derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de Oscar de Jes\u00fas Rivas Garc\u00eda, en el tr\u00e1mite radicado n\u00famero 2020-00014-00. <\/p>\n
Al respecto, se advierte la inviabilidad del amparo y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, por tratarse de una acci\u00f3n de tutela que controvierte las decisiones adoptadas por el fallador constitucional, con una acci\u00f3n del mismo linaje, (CSJ. STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014, STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01 y STC13396-2022, STC395-2023 entre muchas otras), m\u00e1xime, cuando en el caso en estudio no se configura ninguno de los presupuestos enunciados por la jurisprudencia para su procedencia de manera excepcional. <\/p>\n
3. De otra aparte, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez como requisito general de procedibilidad de toda acci\u00f3n constitucional, y en particular, como exigencia indispensable para la procedencia excepcional contra sentencias de tutela, puesto que la providencia que resolvi\u00f3 ese tr\u00e1mite fue proferida el 4 de febrero de 2020, y la solicitud de amparo fue promovida solo hasta el 7 de febrero de 2023, esto es 3 a\u00f1os y 3 d\u00edas, despu\u00e9s de haberse proferido esa determinaci\u00f3n, t\u00e9rmino que supera el lapso razonable de seis (6) meses se\u00f1alados de manera reiterada por la jurisprudencia para reclamar la protecci\u00f3n constitucional. (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC3845-2022, STC6067-2022 y, STC6150-2022, STC395-2023 entre otras muchas). <\/p>\n
Adem\u00e1s, las decisiones del Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Medell\u00edn, en el proceso ejecutivo radicado 2010-00821 en los que se neg\u00f3 la solicitud de la apoderada del tutelante son de 3 de marzo de 2020 y 11 de noviembre de 2021, sin que se encuentre raz\u00f3n justificada para no acudir de manera oportuna a esta acci\u00f3n. <\/p>\n
4. Tampoco se satisface el requisito de la subsidiariedad, pese a que se alega que en la providencia censurada no se tuvo en cuenta la inmediatez, tampoco la legitimaci\u00f3n del accionante, y, que adem\u00e1s que por raz\u00f3n de la pandemia no fue viable encontrar un profesional derecho, porque todos esos reproches pudieron ser elevados ante el superior v\u00eda impugnaci\u00f3n, sin que el ahora accionante procediera en se sentido, m\u00e1xime que la comunicaci\u00f3n de esa providencia se surti\u00f3 antes del inicio de la referida crisis sanitaria, esto es el 11 de febrero de 2020, sin que se insistiera en esta instancia en una indebida notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, seg\u00fan se puede verificar en el sistema de consulta de la Corte Constitucional, el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional que ahora es objeto de reproche, fue remitido para eventual revisi\u00f3n el 10 de septiembre de 2020, y excluido el 30 de septiembre siguiente (T7957755), raz\u00f3n por la que no se puede ahora tratar de reabrir un debate ya dirimido, como quiera que la decisi\u00f3n reprochada constituye \u00abcosa juzgada constitucional\u00bb, quedando inmutable y definitivamente vinculante. <\/p>\n
En cuanto a lo anterior, esta Corte ha se\u00f1alado, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Una vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, STC395-2023 entre otras). <\/p>\n
5. Con fundamento en lo explicado, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional de primera instancia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, Confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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