STC2481-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2481-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02166-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Nira Esther F\u00e1bregas Maza frente al fallo proferido el 15 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron la queja. <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 el resguardo de sus derechos al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, dignidad humana, petici\u00f3n y \u00abh\u00e1beas data\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
En concreto, solicit\u00f3, ordenar \u00abaudiencia ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal, como se ven\u00eda haciendo con la Ley 600 de 2000, pas\u00e1ndolo irregularmente a la Ley 906 de 2004\u00bb; y la \u00abnulidad de\u2026 [las] condenas [impuestas en su contra]\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. El 13 de septiembre de 2013 el Tribunal acusado confirm\u00f3 la sentencia condenatoria que, contra la quejosa, el 15 de abril anterior, emiti\u00f3 el Juzgado Cincuenta Penal del Circuito de Bogot\u00e1, al hallarla responsable del punible de peculado por apropiaci\u00f3n (rad. 11001-31-04-033-2009-00479). <\/p>\n
2.2. La vigilancia de tal condena correspondi\u00f3 al Juzgado vinculado a este tr\u00e1mite, autoridad que el 3 de noviembre de 2020 \u00abdispuso la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas impuestas por el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en el radicado No. 11001-31-04-016-2014-00008-00\u2026, a la sanci\u00f3n irrogada en el radicado No. 11001-31-04-016-2010-00430-09\u2026 por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia del 19 de septiembre de 2014 por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n (caso Foncolpuertos), quedando fijada sanci\u00f3n de 154 meses de prisi\u00f3n\u00bb; y el 1\u00ba de marzo de 2022 \u00abneg\u00f3 la postulaci\u00f3n de libertad definitiva elevada por la sentenciada\u00bb. <\/p>\n
2.3. De otro lado, el 18 de junio de 2012, la quejosa denunci\u00f3 al entonces procurador Ordo\u00f1ez Maldonado aduciendo su incursi\u00f3n en actos de corrupci\u00f3n, lo que dio lugar a la noticia criminal 11001-60-00-049-2012-05119, archivada el 26 de noviembre de 2015, por decisi\u00f3n del Vicefiscal General de la Naci\u00f3n, al determinarse la \u00abatipicidad de la conducta e inexistencia de hechos con relevancia penal\u00bb; respecto de lo cual, con prove\u00eddos de 5 de octubre, 28 de noviembre de 2016 y 17 de agosto de 2017, la Colegiatura acusada no accedi\u00f3 a las solicitudes de desarchivo formuladas por la quejosa; tr\u00e1mite en el que, tambi\u00e9n, por falta de competencia, con autos de 6, 9 y 27 de octubre de 2017, se dispuso remitir a las autoridades que se hall\u00f3 competentes, las peticiones de libertad por vencimiento de t\u00e9rminos que aquella instaur\u00f3. <\/p>\n
2.4. Del confuso escrito de tutela g\u00e9nesis de esta actuaci\u00f3n se extracta que la accionante se duele de las condenas impuestas en su contra, as\u00ed como de las determinaciones adoptadas de cara a sus solicitudes de libertad porque, en su sentir, se le mantiene privada de su autonom\u00eda personal a pesar de \u00abexistir paz y salvo, prescripci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb, sumado a que, irregularmente, se ha aplicado a su caso la Ley 906 de 2004, siendo evidente que el mismo est\u00e1 gobernado por las disposiciones de la Ley 600 de 2000. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado de Ejecuci\u00f3n no ha resuelto el recurso de queja que instaur\u00f3 frente al prove\u00eddo con el que se declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente al auto a trav\u00e9s del cual, el 9 de septiembre de 2021, tampoco se accedi\u00f3 a su solicitud de libertad. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Duitama limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso al expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas, advirti\u00f3 que \u00abno ha vulnerado los derechos fundamentales de Nira Esther, debido a que su actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a resolver dos solicitudes de desarchivo, en relaci\u00f3n con las cuales se adoptaron las determinaciones correspondientes y se resolvieron los recursos que aquella interpuso contra cada una ellas. Adem\u00e1s, estas, inclusive no son objeto de cuestionamiento alguno en la demanda\u00bb; que \u00abno ha proferido ninguna sentencia condenatoria en contra de aquella, no vigila la sanci\u00f3n que le fue impuesta y no le ha sido asignada ninguna otra actuaci\u00f3n\u2026 en ejercicio de sus funciones como juez de control de garant\u00edas. Por tanto, no es el competente para resolver las pretensiones de nulidad y libertad propuestas por la accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda D\u00e9cima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar el tr\u00e1mite all\u00ed adelantado. <\/p>\n
4. El Juzgado Diecisiete de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la capital de la Rep\u00fablica deprec\u00f3 declarar la improcedencia del ruego constitucional porque la censora \u00abse encuentra privada de su libertad en cumplimiento a las penas que fueron acumuladas, en las que no fue reconocida la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena, ni sustituto penal, siendo totalmente legal su privaci\u00f3n del derecho de locomoci\u00f3n con el fin de someterla a la resocializaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n intramural, en procura de una futura reinserci\u00f3n a la vida en sociedad\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que con \u00abauto del 11 de enero de 2022 fue negada la solicitud de libertad inmediata invocada por la penada, al no acreditar la totalidad de la pena acumulada impuesta en su contra\u00bb; y que, \u00abconforme con la manifestaci\u00f3n de la sentenciada Fabregas Maza[,] quien propuso el recurso de queja fundado en la declaratoria de desierto del\u2026 de apelaci\u00f3n interpuesto en contra del auto del 9 de septiembre de 2021[,] por el cual fue negad[a] la Libertad Inmediata, en auto del 14 de enero de 2022[,] se dispuso no dar tr\u00e1mite al mismo[,] dada su improcedencia, pues tal recurso est[\u00e1] consagrado cuando el\u2026 de apelaci\u00f3n es denegado m[a]s no cuando es declarado desierto\u00bb; y que, en todo caso, \u00ablas consideraciones de la accionante son confusas y al parecer hacen relaci\u00f3n a diversas acciones constitucionales por ella propuestas, frente a las cuales no se efectuar\u00e1 ninguna consideraci\u00f3n, al no ser competencia de esta oficina judicial, no sin dejar de precisar que ninguna de ellas ha procedido, as\u00ed como tampoco se le ha dado la Libertad\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n deneg\u00f3 la protecci\u00f3n, por temeridad, en lo tocante con los cuestionamientos en torno al estatuto procesal penal aplicable al caso fustigado y respecto de las peticiones de libertad por prescripci\u00f3n, porque frente a id\u00e9nticos planteamientos, tra\u00eddos por la misma accionante en demandas de tutela previas, esa Colegiatura se pronunci\u00f3 adversamente frente a sus pretensiones, en cuanto a lo primero, en fallo de 27 de febrero de 2020 (STP2192-2020, rad. 2019-00863-00), al hallar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez, veredicto confirmado por esta Sala el 22 de septiembre siguiente (STC7677-2020) y excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional el 29 de enero de 2021 (T8036557); mientras que, en cuanto a lo segundo, con sentencia de 18 de junio de 2019 (STP8284-2019, rad. 104438), al confirmar la negativa dispuesta por el Tribunal, por la ausencia del requisito de la subsidiariedad, asunto tambi\u00e9n excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional el 20 de agosto siguiente (T7495605). <\/p>\n
Respecto \u00aba la solicitud de desarchivo y de libertad presentadas ante el tribunal\u00bb, por carencia del presupuesto de la inmediatez, comoquiera que las mismas \u00abse presentaron entre los a\u00f1os 2016 y 2017 y la tutela fue propuesta en el mes de octubre de 2021, es decir, que la interesada dej\u00f3 pasar m\u00e1s de 4 a\u00f1os para interponer el amparo constitucional, sin aducir circunstancias que justifiquen su inactividad\u00bb; por ausencia de vulneraci\u00f3n, en tanto que aqu\u00e9llas fueron \u00abresueltas en audiencias del 5 octubre de 2016, 28 de noviembre de 2016 y 17 de agosto de 2017, celebradas por diferentes magistrados del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal\u00bb, escuchando los argumentos de la quejosa y negando su postulaci\u00f3n \u00abal no allegar ning\u00fan elemento material probatorio novedoso que permitiera tener por desvirtuado el fundamento de la decisi\u00f3n que orden\u00f3 el archivo de la actuaci\u00f3n\u00bb; por insatisfacer el requisito de la subsidiariedad, porque, frente al particular, la censora \u00abcuenta con la posibilidad de acudir nuevamente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 a postular su pretensi\u00f3n, para lo cual deber\u00e1 allegar el material probatorio que considere y cumplir con las dem\u00e1s exigencias legales\u00bb; y por criterio razonable de cara a las peticiones de libertad presentadas ante el Tribunal, en tanto que \u00e9ste les dio el tr\u00e1mite respectivo, remiti\u00e9ndolas \u00aba los funcionarios competentes, ante quienes [la inconforme] puede ejercer los derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en cuanto a la falta de resoluci\u00f3n del mentado recurso de queja se presentaba un hecho superado, porque el Juzgado vinculado, con auto del 14 de enero de 2022, resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite al mismo, por improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la accionante indicando, incompresiblemente, que \u00abya subsan[\u00f3] todo en su tiempo\u00bb, que \u00abya [la] han notificado muchas veces\u00bb y que se debe \u00abaceptar desacato de queja\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una determinaci\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las decisiones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, circunscrita a la impugnaci\u00f3n propuesta, de los documentos obrantes en el expediente, advierte esta Corporaci\u00f3n que el amparo incoado estaba llamado al fracaso, imponi\u00e9ndose la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En primer lugar, porque respecto a las quejas planteadas frente a las condenas impuestas a la accionante, incluida la discusi\u00f3n referente al estatuto procedimental penal aplicable a su caso, as\u00ed como en lo tocante con su pretensi\u00f3n de obtener la libertad \u00abpor prescripci\u00f3n\u00bb, la inviabilidad del resguardo dimana de que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos y pretensiones expuestos en el asunto del ep\u00edgrafe frente a tales t\u00f3picos, con ocasi\u00f3n de dos de las m\u00faltiples acciones de tutela previas que formul\u00f3 la quejosa al respecto, de donde est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio de esas tem\u00e1ticas a la luz de los derechos fundamentales, subsumi\u00e9ndose esta acci\u00f3n en el supuesto del canon 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.1.1. En efecto, de acuerdo a lo extractado en el fallo de tutela proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 22 de septiembre de 2020 (CSJ STC7677, rad. 2019-00863-01), al confirmar el dictado el 27 de febrero anterior por su hom\u00f3loga en materia penal, denegatorio de la preliminar salvaguarda referida, se tiene que en aquella oportunidad la petente cuestion\u00f3 que sus derechos fueron conculcados en la causa penal en la que result\u00f3 condenada, \u00abpor no haber tenido una defensa t\u00e9cnica y no haberse dado aplicaci\u00f3n retroactiva a la Sentencia C-792 de 2014\u00bb, m\u00e1xime cuando a su caso era inaplicable la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Ante esas contingencias esta Sala confirm\u00f3 la negativa dispuesta por el a-quo, bajo los siguientes razonamientos: <\/p>\n
3.- En el asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, corresponde determinar si acert\u00f3 el a quo constitucional al denegar el amparo solicitado, por estimar incumplido el presupuesto de inmediatez y considerar improcedente el an\u00e1lisis respecto de la solicitud de doble conformidad. <\/p>\n
3.1.- Para la Sala, resulta palmario que la petici\u00f3n no observa el presupuesto general de inmediatez, toda vez que, como lo estim\u00f3 la hom\u00f3loga Sala de Casaci\u00f3n Penal, las decisiones confutadas distan temporalmente en t\u00e9rmino superior a seis (6) meses, de la interposici\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Como lo puso de presente la homologa Penal, todas las providencias judiciales frente a las cuales la accionante afirma el menoscabo de sus derechos fundamentales, fueron proferidas en un t\u00e9rmino muy superior al que la doctrina constitucional ha considerado como razonable, sin que en modo alguno se avizore una situaci\u00f3n at\u00edpica que hubiese limitado o impedido la actuaci\u00f3n oportuna de la quejosa. <\/p>\n
En materia del requisito bajo an\u00e1lisis, la Corte ha sostenido que el \u00abplazo fijado como razonable\u00bb es, en principio, de seis meses \u00absalvo que la demora sea justificada, evento en el cual se habilitar\u00eda su ejercicio\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2011, rad. 00842-00). <\/p>\n
3.2.- Refuerza la carencia de razones para la prosperidad del resguardo solicitado, que las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela revisaron la determinaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Penal que inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n, de lo que resulta evidente que la protecci\u00f3n invocada se dirige tambi\u00e9n contra las decisiones adoptadas en acciones de tutela anteriores, particularmente, las definidas con sentencias STC15810 de 2 noviembre de 2016; STC10388 de 18 de julio de 2017; STC399 de 24 de enero de 2018; STC8962 de 12 de julio de 2018; STL 12021 de 5 de septiembre de 2018; STL14984 de 13 de septiembre de 2017 y STL17776 de 6 de diciembre de 2016. <\/p>\n
Sobre este aspecto es necesario relievar que, conforme la Sentencia de Unificaci\u00f3n SU 627 de 2015, salvo que con aquellas decisiones de tutela se pretenda consolidar un fraude (Fraus omnia corrumpit), circunstancia que no se aleg\u00f3, ni mucho menos se acredit\u00f3 en el presente caso, este mecanismo de protecci\u00f3n resulta improcedente cuando se dirige contra determinaciones adoptadas en procesos de igual naturaleza. <\/p>\n
4.- No menos importante resulta, que la decisi\u00f3n impugnada tampoco merece reproche, en cuanto determin\u00f3 improcedente el amparo frente a la petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n del mecanismo de la doble conformidad, si en cuenta se tiene que esta figura tiene como prop\u00f3sito resguardar el derecho de las personas a la revisi\u00f3n de la primera decisi\u00f3n condenatoria. <\/p>\n
Dicha circunstancia no ocurre en el presente asunto, como quiera que la peticionaria fue condenada por los Juzgados 50 y 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, al tiempo que las respectivas sentencias fueron ratificadas en sede de apelaci\u00f3n por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, impetrando contra estas \u00faltimas el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que devino inf\u00e9rtil, lo que significa que su situaci\u00f3n jur\u00eddica frente a los hechos punitivos que se le imputaron fueron ampliamente valorados por estrados judiciales en las distintas instancias, haciendo efectiva aquella prerrogativa. <\/p>\n
2.1.2. De otro lado, conforme a lo consignado en la sentencia de tutela de 18 de junio de 2019 (STP8284, rad. 104438), en tal ocasi\u00f3n al reclamante acudi\u00f3 al juzgador supralegal exigiendo, al igual que aqu\u00ed, \u00ab[su] libertad inmediata por prescripci\u00f3n de t\u00e9rminos, por existir Paz y Salvo por preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por el caso de Foncolpuertos\u00bb; y en tal pronunciamiento se confirm\u00f3 el denegatorio de la protecci\u00f3n que el 4 de abril anterior emiti\u00f3 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; para lo cual se motiv\u00f3 que: <\/p>\n
Como lo advirti\u00f3 el Tribunal de instancia, la presente acci\u00f3n de tutela no est\u00e1 llamada a prosperar, toda vez que las controversias que plantea la accionante Nira Esther F\u00e1bregas Maza deben ser dirimidas por los Juzgados 17 y 26 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 en el marco de los procesos de vigilancia y ejecuci\u00f3n de las sentencias por las cuales fue condenada, en los que puede solicitar la extinci\u00f3n de la pena por prescripci\u00f3n si es que, en efecto, ha transcurrido el tiempo previsto en la ley. <\/p>\n
Tampoco puede acudirse a esta acci\u00f3n, arguyendo que el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, desconoci\u00f3 su garant\u00eda al non bis in \u00eddem, por cuanto, en su concepto, ya hab\u00eda sido investigada y juzgada por los hechos relacionados con el detrimento patrimonial de la entonces empresa de Foncolpuertos, por el Juzgado 50 Penal del Circuito, pues la consulta realizada a la p\u00e1gina de la Rama Judicial link \u00abconsulta de procesos\u00bb, evidencia que este \u00faltimo despacho la conden\u00f3 por hechos acaecidos el 29 de marzo de 1996, (pena cuya vigilancia corresponde al Juzgado 17 de Ejecuci\u00f3n de Penas) mientras que el primero lo hizo, por lo sucedido el 30 de abril de 1998 (pena a cargo del Juzgado 26 de la misma especialidad), lo que a primera vista permitir\u00eda concluir sin mayor dificultad que no se trata de la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica. <\/p>\n
En lo relacionado con su postulaci\u00f3n a la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (JEP), es a esa autoridad y no al Juez de tutela, a la que le compete verificar, si la tutelante Nira Esther F\u00e1bregas Maza cumple con los presupuestos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017 para la suscripci\u00f3n del Acta de Compromiso y, si en ese cometido, es acreedora de los beneficios all\u00ed establecidos. Jurisdicci\u00f3n a la que ya acudi\u00f3, pues as\u00ed lo evidenci\u00f3 la Sala, en la revisi\u00f3n al material probatorio incorporado al expediente constitucional. <\/p>\n
Finalmente, la Corte no advierte la posible existencia de un perjuicio irremediable que pudiera hacer procedente la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, debe se\u00f1alarse que no se aleg\u00f3 esta circunstancia. Incluso, valorando el acontecer f\u00e1ctico, no aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acci\u00f3n. <\/p>\n
En suma, esta acci\u00f3n no constituye un mecanismo adicional a los consagrados en la legislaci\u00f3n ordinaria, al contrario, se trata de un instrumento residual, preferente y sumario dirigido a la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales ante su menoscabo actual o una amenaza inminente por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n antijur\u00eddica de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos previstos en la ley, que procede cuando el afectado no dispone de otro medio eficaz de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, conjunto de hip\u00f3tesis que en el caso que se examina, no convergen. <\/p>\n
2.1.3. Por lo tanto, lo referente a las condenas impuestas a la quejosa as\u00ed como respecto a la pretensi\u00f3n de de que se disponga su libertad inmediata \u00abpor prescripci\u00f3n\u00bb, se trata de quejas constitucionales reiteradas, lo que basta para su rechazo, sin que las leves diferencias entre los iniciales ruegos y el de ahora tengan la virtud de alterar tal conclusi\u00f3n, ante la clara identidad de hechos, derechos y partes, supuesto frente al que reiteradamente ha dejado dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026\u201ccu\u00e1ndo ocurre la temeridad (\u2026) conlleva a examinar si el posterior amparo es igual al primero, vale decir, si entre ambos existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n de \u00e9ste obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u2026 De acuerdo con lo anotado y tras confrontar lo expresado en el actual libelo con lo consignado en el fallo proferido el 30 de abril de 2010 por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del expediente 2010-0039-01, debe concluirse innegablemente que con esta solicitud la actora incurri\u00f3 en conducta temeraria\u2026 sin que tenga incidencia que la gestora haya ampliado el listado de garant\u00edas presuntamente transgredidas y las pretensiones perseguidas en uno y otro resguardo, e intentado modificar el planteamiento de los hechos\u201d (prove\u00eddo de 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01), ni que \u201cla segunda tutela se hubiese dirigido adem\u00e1s contra el Juez Cuarto Civil Municipal de Descongesti\u00f3n\u201d (providencia de 11 de septiembre de 2009, exp. 01280-01, sub l\u00edneas fuera de texto) (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 23 may. 2013, rad. 2013-00643-01; reiterada, entre muchas otras, en STC1228-2015, 12 feb., rad. 2014-00789-01; y STC4958-2018, 19 abr., rad. 2017-00448-02). <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En casos que guardan similitud con el de ahora, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019\u2026 <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; reiterada, entre otras, en STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
2.2. De otro lado, en cuanto a las determinaciones adversas adoptadas de cara a sus solicitudes de desarchivo de la denuncia penal que aludi\u00f3 en el escrito de tutela, claramente la petici\u00f3n de amparo insatisface el presupuesto de la inmediatez, en la medida en que desde el momento en que se dictaron las decisiones recriminadas (5 de octubre, 28 de noviembre de 2016 y 17 de agosto de 2017) hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (octubre de 2021), transcurrieron m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.2.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.3. Finalmente, en lo tocante con la falta de definici\u00f3n del recurso de queja interpuesto por la censora contra el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual el Juzgado vinculado declar\u00f3 desierta su apelaci\u00f3n frente al auto mediante el cual, el 9 de septiembre de 2021, no accedi\u00f3 a su petici\u00f3n de libertad, muy a pesar de las alegaciones de aqu\u00e9lla, se observa que, ciertamente, como lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, con el pronunciamiento emitido en el curso de esta acci\u00f3n de tutela, el 14 de enero de 2022, el Juzgado convocado atendi\u00f3 aquella censura, aunque adversamente para la inconforme, al disponer no tramitarla, por improcedente. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente rito supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada, al respecto, como conculcadora de derechos esenciales, cumpli\u00e9ndose, as\u00ed, la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador acusado se pronuncie frente al mentado recurso de queja, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
De all\u00ed que el resguardo, en cuanto a tal t\u00f3pico, no pudiera prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026[,] la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n hasta el 16 de febrero de 2023, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 23 posterior, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3, y al d\u00eda siguiente ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC2481-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2481-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02166-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Nira Esther F\u00e1bregas Maza frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71821","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71821","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71821"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71821\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71821"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71821"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71821"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}