STC2482-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2482-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00925-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael S\u00e1nchez D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Primero y Segundo Promiscuos Municipales de Natagaima. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que promovi\u00f3 contra la sucesi\u00f3n intestada de Juan Mar\u00edn Navarro (rad. 2022-110) demanda verbal de incumplimiento de contrato, la cual interpuso ante los juzgados del circuito; en el ac\u00e1pite del juramento estimatorio fij\u00f3 como valor total de las pretensiones \u00ab$159\u2019773.526.\u00bb. <\/p>\n
Refiere que el Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo con auto del 1\u00ba de noviembre de 2022 dispuso rechazar el libelo tras verificar que, para efectos del juramento estimatorio, se incluyeron en la sumatoria de conceptos el valor de \u00ablas costas y agencias en derecho\u00bb, las cuales fueron establecidas en \u00ab$11\u2019146.991.\u00bb, y, al considerar que no era posible tasarlas de manera anticipada, \u00abla cuant\u00eda en realidad corresponde a la suma de $148\u2019626.535, por consiguiente este juzgado carece de competencia [\u2026] teniendo en cuenta que la verdadera cuant\u00eda no supera la mayor\u00bb; en consecuencia, orden\u00f3 remitir el caso a los juzgados promiscuos municipales de Natagaima. <\/p>\n
Destaca que formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, sin embargo, el 11 de noviembre, el juzgado mantuvo su postura y deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio vertical con fundamento en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n recurri\u00f3 en reposici\u00f3n y queja. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, tras no prosperar el primero, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 14 de febrero de 2023 se pronunci\u00f3 frente al de queja resolviendo refrendar la denegaci\u00f3n de la alzada, de acuerdo la tesis del juez a quo. El 24 de febrero de este a\u00f1o las diligencias fueron remitidas al reparto entre los juzgados promiscuos municipales de Natagaima. <\/p>\n
Dirige sus cuestionamientos contra los referidos prove\u00eddos, los que acusa de constituir v\u00edas de hecho por defectos sustantivo, f\u00e1ctico y procedimental absoluto. En primer lugar, critica la decisi\u00f3n del juzgado de rechazar la demanda desconociendo el juramento estimatorio como medio de prueba, pues aduce, es \u00e9ste el que determina la cuant\u00eda y por ende la competencia. <\/p>\n
Sostiene al respecto que desestimar el valor de las pretensiones soportadas en el juramento estimatorio, \u00abconstituye un prejuzgamiento y una discriminaci\u00f3n injustificada del mismo juramento como medio de prueba, el cual, mientras no sea objetado conforme lo se\u00f1ala la ley \u2013 art\u00edculo 206 del C.G.P. \u2013 ser\u00e1 prueba del valor de su pretensi\u00f3n, por consiguiente, la decisi\u00f3n [\u2026] no es otra que el inter\u00e9s de no conocer el proceso (\u2026)\u00bb. Arguye tambi\u00e9n que, excluir la suma plasmada por las costas procesales \u00abequivale a predicar la divisibilidad del medio probatorio en contraposici\u00f3n a los mismos principios orientadores de la prueba judicial [\u2026] su valor tasado discrecionalmente k est\u00e1n soportados en virtud de un dictamen pericial [\u2026] que no puede ser desconocido de oficio por parte del juez, sin haberse admitido la demanda y haberse notificado a la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
Luego, en cuanto a la decisi\u00f3n de denegar la apelaci\u00f3n frente al auto que declar\u00f3 la falta de competencia alega que, el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abpermite inferir que el juez rechazar\u00e1 la demanda cuando carezca de competencia, es decir, la supuesta falta de competencia es causal de rechazo de la demanda que, conforme lo disponen los art\u00edculos 318, 321 y 322 ordinal 2 del C.G.P, es susceptible del recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n [\u2026] rechazar la demanda por las causales previstas en el canon 90 [\u2026] por el solo hecho de disponerse en la providencia respectiva el rechazo de la demanda, tal rechazo es susceptible del recurso de apelaci\u00f3n sin restricci\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
Asevera finalmente que, lo reglado por el art\u00edculo 139 remite a los conflictos de competencia, \u00abdisposiciones muy distintas a las que regulan el rechazo de la demanda en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 90 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se deje sin valor ni efecto \u00abla providencia proferida por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia, fechada el 14 de febrero de 2023, mediante la cual dispuso mantener vigente la decisi\u00f3n por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (\u2026) ord\u00e9nese dejar sin valor ni efecto la providencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo fechada el 1\u00ba de noviembre de 2022 mediante la cual dispuso rechazar la demanda dentro del proceso declarativo (\u2026) ord\u00e9nese a los juzgados de Natagaima [\u2026] se abstengan de conocer el proceso declarativo [\u2026] remitido ilegalmente por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Guamo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 por intermedio de una de las magistradas de la Sala Civil Familia que, en el caso, conoci\u00f3 del recurso de queja que cuestiona el actor, no se pronunci\u00f3 frente a las alegaciones del tutelante e indic\u00f3 que se atiene a lo resuelto en esa instancia. <\/p>\n
2. El juzgado accionado, en el mismo sentido, adjunt\u00f3 el link de acceso al expediente digital del tr\u00e1mite judicial en discusi\u00f3n, y guard\u00f3 silencio frente a las pretensiones del actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron la garant\u00eda denunciada al declarar, (i) la falta de competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, para conocer la demanda verbal de incumplimiento de contrato promovida por el actor (auto de 1\u00ba de noviembre de 2022 del Juzgado Primero Civil del Circuito del Guamo); y, (ii) bien denegada la apelaci\u00f3n contra el auto anterior (recurso de queja, 14 de febrero de 2023, del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia \u2013 sala unitaria), incurriendo con dichas decisiones, supuestamente, en v\u00edas de hecho por defectos sustantivo, f\u00e1ctico y procedimental absoluto. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las sentencias de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto – Las providencias atacadas. <\/p>\n
Atendidos los argumentos que fundan las determinaciones recriminadas por el tutelante, no se advierte procedente el amparo, puesto que las mismas no son resultado de un subjetivo criterio que conlleve notoria desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
3.1. El auto que declar\u00f3 la falta de competencia para conocer la demanda. <\/p>\n
Del examen preliminar del libelo, el juez con categor\u00eda de circuito accionado dilucid\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cuant\u00eda se estim\u00f3 en la suma $159\u2019773.526., tras incluir indebidamente entre los conceptos que la integran, un valor de $11\u2019146.991., por costas y agencias en derecho. <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 26 del C\u00f3digo General del Proceso, la cuant\u00eda se determina por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentaci\u00f3n, de ah\u00ed que el concepto de costas y agencias en derecho, que ni siquiera se han tasado y liquidado, no pueda ser tenido en cuenta anticipadamente para la estimaci\u00f3n de la cuant\u00eda. <\/p>\n
Esto significa que la cuant\u00eda del proceso en realidad corresponde a la suma de $148.626.535., y por consiguiente, este Juzgado carece de competencia para conocer de la presente demanda, teniendo en cuenta que la verdadera cuant\u00eda no supera la mayor conforme a lo indicado en el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
A partir de dichas consideraciones, resolvi\u00f3 rechazar la demanda y remitir la actuaci\u00f3n por competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda al reparto entre los juzgados promiscuos municipales de Natagaima. <\/p>\n
3.2. Auto que resolvi\u00f3 el recurso de queja. <\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n el gestor formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n; el primero no prosper\u00f3 y la concesi\u00f3n del segundo fue denegada con fundamento el art\u00edculo 139 del estatuto adjetivo, prove\u00eddo igualmente recurrido a trav\u00e9s de reposici\u00f3n y queja. <\/p>\n
El juzgado mantuvo su postura al resolver el remedio horizontal, y remiti\u00f3 el asunto al superior para el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
As\u00ed, a fin de evaluar la viabilidad de la apelaci\u00f3n formulada frente al prove\u00eddo que rechaz\u00f3 el conocimiento del proceso por falta de competencia, el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, Sala Civil Familia (sala unitaria) precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta acertada conforme lo previsto en el art\u00edculo 139 del C.G.P. entre tanto prev\u00e9 expresamente que las determinaciones a trav\u00e9s de las cuales los funcionarios judiciales declaran su incompetencia para tramitar un asunto no resultan susceptibles de recurso. <\/p>\n
Entonces, aun cuando el recurrente advierte que la determinaci\u00f3n es objeto del remedio vertical a la luz de lo consagrado en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 321 ib\u00eddem, la discusi\u00f3n no se puede mirar desde esa \u00f3ptica, pues, a pesar de que el a quo dispuso \u201crechazar la presente demanda\u201d, lo cierto es que aquello acaeci\u00f3 tras advertir que \u201ccarece de competencia para conocer[la] (\u2026) teniendo en cuenta que la verdadera cuant\u00eda no supera la mayor conforme a lo indicado en el art\u00edculo 25 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, aspecto que deja en evidencia el real sentido de la decisi\u00f3n, esto es, declarar su incompetencia a voces de lo previsto en el art\u00edculo 139 del compendio normativo enantes referido. <\/p>\n
Bajo el panorama en cita, encuentra la Sala bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n en tanto no concurren los requisitos para su viabilidad, no obstante, se abstendr\u00e1 de condenar en costas conforme lo previsto en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 365 ejusdem, habida cuenta que la demanda a\u00fan no ha surtido su curso\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, como se anticip\u00f3, para la Sala las providencias rese\u00f1adas \u2013 la que declar\u00f3 la falta de competencia para conocer la demanda, como la que estim\u00f3 bien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra esa primera determinaci\u00f3n \u2013 se fundaron en una interpretaci\u00f3n razonable de la regulaci\u00f3n acorde a la discusi\u00f3n suscitada, por lo tanto, no merecen reproche desde la \u00f3ptica ius fundamental, pues, se reitera, la resoluci\u00f3n recriminada a cada uno de los juzgadores accionados, dado el escenario en que se pronunciaron, no revelan la arbitrariedad endilgada por el quejoso. <\/p>\n
De forma que, lo establecido en dichos proferimientos no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
En todo caso, ante cuestionamientos dirigidos contra la forma en que el fallador ordinario entiende el caso, esta Sala ha se\u00f1alado que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC 7 Mar. 2008, rad. 2007-00514-01); y, de otro lado, ha insistido en que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, rad. 00022-01; reiteradas en STC14250-2018). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria atribuibles a los funcionarios demandados, pues los motivos que con suficiencia expusieron en la instancia en que les correspondi\u00f3 pronunciarse, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable del contexto analizado, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las decisiones atacadas no constituyen desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de las autoridades accionadas, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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