STC2483-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2483-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00158-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luz Marina Garc\u00eda Robles frente al fallo proferido el pasado 9 de febrero por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que ella promovi\u00f3 contra los Juzgados Cincuenta y Ocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple (antes Setenta y Seis Civil Municipal) y Octavo Civil del Circuito, ambos de esa ciudad; a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, sin formular pretensi\u00f3n concreta alguna, reclam\u00f3 el resguardo de su garant\u00eda esencial al debido proceso, presuntamente vulnerada por las sedes judiciales encausadas, al dictar sentencia en el juicio de realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda que ella promovi\u00f3. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente caso es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio de adjudicaci\u00f3n o realizaci\u00f3n especial de la garant\u00eda que la actora inco\u00f3 contra Rosal\u00eda Jim\u00e9nez Acosta y Daimen Enrique Cantillo Pertuz, con apoyo en la respectiva escritura de constituci\u00f3n del gravamen hipotecario, un pagar\u00e9 y una letra de cambio, surtidas las etapas de rigor, el 19 de julio de 2022 el Juzgado municipal convocado dict\u00f3 sentencia, en la cual resolvi\u00f3 \u00abadjudicar el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20006255[,] a la acreedora\u2026[,] en la suma de $341.600.000[,] para pagar el valor del cr\u00e9dito contenido en el pagar\u00e9[,] el cual asciende a $61.454.991[;] y neg\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del referido bien respecto de la letra de cambio, por cuanto encontr\u00f3 probado que la firma impuesta en dicho cartular no correspond\u00eda a la del se\u00f1or\u2026 Cantillo Pertuz\u00bb. Determinaci\u00f3n que el pasado 19 de enero confirm\u00f3 el ad-quem recriminado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la quejosa adujo que los encausados, al sentenciar ese asunto, incurrieron en evidente defecto f\u00e1ctico, toda vez que para dar por sentado que el ejecutado Cantillo Pertuz no suscribi\u00f3 la letra de cambio fuente de recaudo, tuvieron en cuenta un dictamen que no fue regular y oportunamente adosado al plenario, en tanto que no se surti\u00f3 la respectiva publicidad, cercen\u00e1ndole la oportunidad de ejercer el derecho de contradicci\u00f3n frente al mismo, por lo que no pod\u00eda tenerse como prueba para definir el asunto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que los juzgadores se soportaron en el informe que rindi\u00f3 la Fiscal\u00eda, por solicitud del fallador a-quo, respecto de la indagaci\u00f3n penal que all\u00ed se adelanta con ocasi\u00f3n de la denuncia interpuesta contra ella por Cantillo Pertuz por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal; actuaci\u00f3n que no cuenta con sentencia en firme, en tanto que, iter\u00f3, apenas est\u00e1 en fase investigativa, de donde el elemento material probatorio que all\u00ed reposa, concretamente, el \u00abinforme de polic\u00eda judicial en el que un investigador de la fiscal\u00eda lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que no existe uniprocedencia de la firma de\u2026 Cantillo Pertuz en la letra de cambio presentada como t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n\u00bb, no constitu\u00eda plena prueba para desatar el litigio, como err\u00f3neamente se concluy\u00f3. <\/p>\n
Enfatiz\u00f3 que aunque tal informe es \u00abun medio de conocimiento\u00bb, constituye \u00abun medio de prueba, o una prueba en s\u00ed misma, s\u00f3lo cuando ha sido presentada ante el Juez penal de conocimiento, una vez sentadas las bases probatorias para la autenticidad de la misma y debatida en el juicio oral atendiendo a principios como el de publicidad y contradicci\u00f3n, entre otros\u00bb; y que \u00abla incorporaci\u00f3n que realizan los jueces accionados al informe rendido por la fiscal\u00eda, NO constitu\u00eda prueba para soportar que la letra NO ten\u00eda el alcance debido a que seg\u00fan las firmas NO coincid\u00edan, pues\u2026 la prueba principal y objetiva era el dictamen\u2026 que nunca se tuvo la oportunidad de controvertir ni en el proceso civil ni la investigaci\u00f3n penal\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Setenta y Seis Civil Municipal de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el link de acceso al expediente contentivo del asunto fustigado. <\/p>\n
2. El Juzgado Octavo Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica sostuvo que \u00abal proferir la sentencia de segunda instancia arrib\u00f3 a la misma conclusi\u00f3n del juez de primer grado, atendiendo a que de acuerdo a las normas consagradas en la codificaci\u00f3n procesal que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, se encontr\u00f3 que la prueba atacada por la accionante fue incorporada, respetando los principios de contradicci\u00f3n y teniendo en cuenta la facultad oficiosa del Juez para decretar los medios de prueba que considerase \u00fatiles\u00bb; aunado a que, \u00aben el decurso procesal de primera instancia[,] se vislumbr\u00f3 que los dos informes, el rendido por la Fiscal\u00eda y por el investigador, fueron puestos en conocimiento de la parte actora\u00bb; y \u00aben [su] providencia\u2026 se explicaron ampliamente los motivos por los cuales se confirm\u00f3 la sentencia atacada\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que \u00abno se denota ninguna vulneraci\u00f3n ius-fundamental\u00bb, en tanto que la irregularidad denunciada por la gestora: \u00ab(i) se trata de un asunto meramente legal, (ii) busca convertir la acci\u00f3n de tutela en una instancia adicional a la establecida para casos como el presente, y, (ii) no tiene una relaci\u00f3n directa con la presunta vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental de la sociedad promotora (sic)\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, \u00abanalizado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, tampoco se advierte el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, que implicara un detrimento de los derechos fundamentales de la impulsora\u00bb, si en cuenta se tiene que el sentenciador ad-quem, adecuadamente, motiv\u00f3 su veredicto, en lo medular, en que, contrario a lo aducido por la reclamante, el informe rendido por el ente \u00absi fue oportunamente incorporado y sometido a contradicci\u00f3n, conllevando a que no existan causales que impidan su valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la tutelante insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatiz\u00f3 que el defecto f\u00e1ctico aducido claramente se present\u00f3 en las determinaciones fustigadas al dar \u00aba un documento el alcance de prueba, que, a todas luces, y por imperio de la Ley, no tiene\u00bb; aunado a que, en caso de considerarse que si lo ten\u00eda, lo cierto es que el \u00abinforme de polic\u00eda judicial\u2026 no fue objeto de debate o controversia en el proceso penal[,] que es donde se origina tal elemento material probatorio. Gener\u00e1ndose una flagrante violaci\u00f3n al debido proceso y de paso al derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De esta manera, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u2019 (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr.). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Aplicando tales premisas al caso bajo estudio, advierte la Corte que la petici\u00f3n de protecci\u00f3n estaba llamada al fracaso, por lo cual se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, en la medida en que la sentencia reprochada al Juzgado del Circuito convocado -sobre la que recaer\u00e1 este estudio por ser aquella mediante la cual se zanj\u00f3, de forma definitiva, el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n-, contrario a lo aducido por la reclamante, para esta Sala no luce arbitraria, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
3.1. En efecto, para adoptar su decisi\u00f3n, tras exponer algunas generalidades en torno a los t\u00edtulos ejecutivos, los aspectos formales y sustanciales que los gobiernan, y en cuanto a los t\u00edtulos valores, especialmente la letra de cambio y el pagar\u00e9, con apoyo en los c\u00e1nones 422 del C\u00f3digo General del Proceso, 621, 627, 632, 636, 657, 671, 678, 689 y 709 del C\u00f3digo de Comercio; destac\u00f3 que \u00abla censura propuesta por la parte demandante subyace en s\u00edntesis en la falta de prueba sobre la carencia de la firma del demandado Cantillo Pertuz en la letra de cambio\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, recalc\u00f3 que aunque le asist\u00eda raz\u00f3n a la censora \u00aben punto a que la valoraci\u00f3n de tal carencia no puede basarse en la comparaci\u00f3n que efectu\u00f3 el Juez de primera instancia respecto de la r\u00fabrica impuesta en el pagar\u00e9 que tambi\u00e9n se acompa\u00f1\u00f3 a la ejecuci\u00f3n, pues para aseverar que en efecto el nombre impuesto en la letra de cambio no hab\u00eda sido plasmado por el demandado inexorablemente deb\u00eda acudirse a cualquier medio probatorio, conforme lo prev\u00e9 el art 165 del C.G.P. , dado que si bien compete al Juez utilizar sus conocimientos y las reglas de la experiencia para realizar un estudio conjunto de las pruebas, tambi\u00e9n lo es que para ciertas actuaciones, como por ejemplo para inferir que la firma proviene o no de determinada persona, debe acudirse a expertos en la materia y a m\u00e9todos id\u00f3neos que permitan arribar a una conclusi\u00f3n\u00bb; lo cierto era que se mostraba inviable dejar \u00abde lado que el Juez de primera instancia sum\u00f3 a su raciocinio, la valoraci\u00f3n del informe rendido por la Fiscal\u00eda, el cual\u2026, contrario a lo arg\u00fcido por el togado, s[\u00ed] fue oportunamente incorporado y sometido a contradicci\u00f3n, conllevando a que no existan causales que impidan su valoraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, resalt\u00f3 que la ejecutada \u00abaport\u00f3 el informe investigador de laboratorio\u2026, el cual se puso en conocimiento mediante auto del 28 de febrero de 2022, ocasi\u00f3n en donde se requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda 49 Seccional de\u2026 Bogot\u00e1, para que indicara qu[\u00e9] determinaci\u00f3n hab\u00eda adoptado sobre la letra de cambio objeto de ejecuci\u00f3n y que le fue remitida con destino al proceso No\u2026 201503025[,] por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado[,] promovido por\u2026 Cantillo Pertuz\u2026 en contra de\u2026 Garc\u00eda Robles\u00bb; as\u00ed mismo, que \u00abel 18 de marzo de 2022, dicha dependencia rindi\u00f3 un informe a la Sede Judicial mediante el cual indic\u00f3 los resultados del anterior informe del investigador de laboratorio y que solicitar\u00eda la imputaci\u00f3n ante el Juez de garant\u00edas, lo cual se puso en conocimiento por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas a las partes mediante auto del 24 de marzo de 2022, traslado en el cual el profesional del derecho de la parte demandante manifest\u00f3 que a\u00fan no se hab\u00eda realizado la imputaci\u00f3n de cargos y que no hab\u00eda determinaci\u00f3n en el campo penal sobre el documento\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed extract\u00f3 que \u00abel informe rendido por la Fiscal\u00eda constituye una prueba por informe conforme lo dispone el art. 275 del C.G.P., la cual, como se precis\u00f3, se puso en conocimiento de las partes por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, oportunidad en la que, si bien el togado realiz\u00f3 algunas manifestaciones, lo cierto es que, no cuestion\u00f3 el informe, no solicit\u00f3 aclaraci\u00f3n u otra prueba para controvertir la decisi\u00f3n all\u00ed adoptada\u00bb; y destac\u00f3 que \u00abel ataque no consiste en la veracidad o no del informe, sino en la forma en como fue incorporado al proceso, lo cual[,] como se explic\u00f3, se hizo correctamente, ya que se surti\u00f3 el respectivo traslado, brindando a la parte actora la prerrogativa de ejercer su derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s, anot\u00f3 que en lo tocante con el aporte probatorio oportuno, \u00aba voces del art. 170 del C.G.P., el juez puede decretar pruebas de oficio en cualquier estado del proceso con el fin de encontrar la verdad material\u2026, situaci\u00f3n que a todas luces facultaba al Juzgador para incorporar el informe que rindi\u00f3 la Fiscal\u00eda con base en el informe investigador que alleg\u00f3 la pasiva\u00bb; sumado a que \u00abno puede aducirse que como no se present\u00f3 tacha o medio exceptivo, pudiese el Juez pasar por alto la conclusi\u00f3n que arroj\u00f3 el informe investigador y el informe rendido por la Fiscal\u00eda, pues ello sin duda constitu\u00eda un punto medular para adoptar la decisi\u00f3n de fondo al interior del tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
Efectuadas tales precisiones, de manera categ\u00f3rica indic\u00f3 que \u00abla valoraci\u00f3n de la prueba cuestionada si era procedente\u00bb, por lo que correspond\u00eda \u00abexaminar si la conclusi\u00f3n del Juez en punto a negar la adjudicaci\u00f3n respecto de la letra de cambio fue acertada o no, ello por supuesto de cara a la confrontaci\u00f3n aqu\u00ed planteada\u00bb; hallando acertada la determinaci\u00f3n que el fallador a-quo adopt\u00f3 al respecto, in extenso, bajo los siguientes postulados: <\/p>\n
\u2026resulta adecuado traer a colaci\u00f3n lo dispuesto en el art. 176 del C.G.P. que dispone \u201cLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.\u201d <\/p>\n
Bajo tal tesitura, es claro que la apreciaci\u00f3n del Juez sobre el informe luce l\u00f3gica y acorde a lo indicado en dicha prueba, pues se se\u00f1al\u00f3 que el informe investigador hab\u00eda arrojado que el nombre o firma impuesta en la letra de cambio no presentaba uniprocedencia con las graf\u00edas indubitadas del demandado\u2026 Cantillo Pertuz y, es que, en todo caso, en el plenario no existe ning\u00fan otro elemento de juicio que contrar\u00ede esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir que, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Juzgador es acertada, puesto que al demostrase de este modo que el demandado no impuso su firma o nombre en el referido t\u00edtulo valor, espec\u00edficamente en la aceptaci\u00f3n, no pod\u00eda predicarse la existencia de esta obligaci\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Y para desechar las alegaciones de la quejosa en cuanto a que tal informe, junto con sus anexos, no pod\u00edan considerarse plena prueba, al no haber sido tenidos como tales en la actuaci\u00f3n penal, que apenas se hallaba en etapa de indagaci\u00f3n, consider\u00f3 que: <\/p>\n
Es m\u00e1s, m\u00edrese que como soporte de tal conclusi\u00f3n no solo obra el mentado informe rendido por la Fiscal\u00eda, sino tambi\u00e9n el informe investigador, el que fue incorporado al proceso y se puso en conocimiento de las partes en auto del 28 de febrero de 2022, pudi\u00e9ndose valorar de igual modo por constituir una prueba trasladada, respecto de la cual al ponerse en conocimiento, se brind\u00f3 la oportunidad para que las partes pudiesen ejercer su contradicci\u00f3n (art. 174 del C.G.P), situaci\u00f3n que tambi\u00e9n demuestra que el hecho de que dicha prueba a\u00fan no se hubiese podido debatir en la instancia penal, no impide su valoraci\u00f3n en este caso, la que[,] se memora, seg\u00fan la norma en cita[,] correspond\u00eda al Juez de primera instancia. <\/p>\n
Y es que, es importante aclarar que, si bien el funcionario judicial obvi\u00f3 referir la normatividad pertinente al emitir los autos que pusieron en conocimiento los dos informes, ello no es \u00f3bice para que se endilgue una consecuencia como la supresi\u00f3n de estas pruebas, pues dicha situaci\u00f3n, aunque debe ser evitada por las autoridades judiciales, no constituye ilegalidad o ilicitud alguna. <\/p>\n
3.2. Bajo ese contexto, era evidente la inviabilidad del amparo en el asunto espec\u00edfico, porque las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada, al margen de que se compartan, no resultan arbitrarios o caprichosos, tanto m\u00e1s cuando, contrario a lo aducido por el gestor, el juez acusado, con una interpretaci\u00f3n plausible del ordenamiento legal vigente y bajo el an\u00e1lisis conjunto de todo el material suasorio recolectado, estableci\u00f3 que el informe de la Fiscal\u00eda, contentivo de los hallazgos obtenidos en la indagaci\u00f3n en curso, fue puesto en conocimiento de las partes en el juicio civil ac\u00e1 recriminado, sin que ellas formularan objeci\u00f3n alguna frente al mismo, de donde s\u00ed constitu\u00eda plena prueba para el caso concreto, al margen de la carencia actual de decisi\u00f3n penal de fondo sobre la actuaci\u00f3n que all\u00e1 se adelanta. <\/p>\n
De ah\u00ed que tales disquisiciones no puedan ser desaprobadas de plano, \u00abm\u00e1xime si… no resulta[n] contrari[as] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello [se] desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda [el juez constitucional] a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al [fallador ordinario]… para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Por ese sendero, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, muy a pesar de las alegaciones de la impugnante, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del Juez ordinario que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en ellas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador natural, esa sola disonancia no es motivo suficiente para calificar como absurda la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Lo considerado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC2483-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC2483-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2023-00158-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luz Marina Garc\u00eda Robles frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71823","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71823"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71823\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}