STC2484-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2484-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-03-000-2023-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de enero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Luz Marina Lara Castillo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, a la igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de la accionante, por acreencia adquirida en 1997 con el extinto banco Central Hipotecario, que fue cedida a Central de Inversiones -CISA-, la que hizo lo propio a favor de Mar\u00eda del Carmen Parroquiano de Garz\u00f3n. Agotadas las etapas correspondientes, el 31 de mayo de 2013 profiri\u00f3 sentencia que despach\u00f3 desfavorablemente las excepciones propuestas, salvo la prescripci\u00f3n de 5 cuotas del cr\u00e9dito. Frente a ello interpuso recurso de apelaci\u00f3n, no obstante, la Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital el 1\u00b0 de julio de 2014 mantuvo en todas sus partes la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
2.2. La etapa de ejecuci\u00f3n de la sentencia, est\u00e1 siendo adelantada por el juzgado accionado, tr\u00e1mite en el que la actora deprec\u00f3 nulidad que fue rechazada de plano el 26 de noviembre de 2015. Contra dicha providencia, inco\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; sin embargo, la autoridad judicial querellada mantuvo la postura y neg\u00f3 la alzada en prove\u00eddo del 29 de abril de 2016. <\/p>\n
2.3. Por lo anterior, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela, persiguiendo la terminaci\u00f3n del proceso por ausencia de restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, la cual fue denegada por esta Sala en sentencia STC8756-2016; ello en virtud de la existencia del embargo de remanentes sobre los bienes objeto de garant\u00eda real. <\/p>\n
2.4. Superados los embargos, la tutelante, present\u00f3 solicitud de control de legalidad y en subsidio nulidad del proceso, la cual fue negada, pasando a la programaci\u00f3n del remate del inmueble para el 1\u00b0 de marzo de 2022. Una vez m\u00e1s insisti\u00f3 en la forma y t\u00e9rminos de la ya indicada. En consecuencia, con auto del 18 de noviembre de 2021, el juzgado encartado decret\u00f3 como prueba de oficio requerir a la demandada para que informara i) su actual capacidad econ\u00f3mica; ii) procesos ejecutivos y coactivos que se adelanten en su contra; iii) si declara renta y, si iv) si la inicial acreedora la cit\u00f3 para restructurar el cr\u00e9dito de vivienda antes de iniciar el presente proceso. <\/p>\n
2.5. Surtidos algunos tr\u00e1mites, resueltos algunos recursos y nulidades, el 12 de enero del presente a\u00f1o, la sede judicial accionada requiri\u00f3 nuevamente a la actora para que diera cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 18 de noviembre de 2021. <\/p>\n
2.7. La promotora censura que, el proceso ejecutivo se adelantado desatendiendo las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 relativas a la reestructuraci\u00f3n y reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito constituido bajo el sistema UPAC, resaltando que CISA S.A. no est\u00e1 facultada para su cobro seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 1\u00b0 de la citada ley. <\/p>\n
Aduce que la orden impartida el pasado 12 de enero es irregular, toda vez que desconoce jurisprudencia de esta Sala, que ha sido clara en se\u00f1alar que al juez no le es dable propiciar la restructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito de esta modalidad como lo est\u00e1 haciendo el juzgado accionado. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pretende que se declare la nulidad del proceso ejecutivo incluyendo el mandamiento de pago proferido el 1 de julio de 2003, subsidiariamente que se resuelva favorablemente la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias y el juzgado encartado respaldaron la legalidad de las actuaciones surtidas, este \u00faltimo resalt\u00f3 no ha podido recaudar la prueba decretada de oficio desde 2021 por \u00abdesidia\u00bb de la accionante. <\/p>\n
2. La Procuradur\u00eda y quien dijo ser la apoderada de la cesionaria del cr\u00e9dito, en lo esencial refirieron que la accionante no agot\u00f3 los mecanismos judiciales a su alcance. <\/p>\n
3. Quien dijo ser el apoderado de CISA deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante insisti\u00f3 en los mismos argumentos de disenso expuestos en el escrito genitor y manifest\u00f3 que estos no fueron analizados en el fallo confutado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, la tutelante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite surtido en el proceso ejecutivo hipotecario en relaci\u00f3n con la falta de exigibilidad del t\u00edtulo como consecuencia de la no reestructuraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n conforme las previsiones del art\u00edculo 42 de la ley 549 de 1999. <\/p>\n
2. Ahora bien, revisado el expediente y conforme con lo manifestado por el juzgado convocado, se advierte que la salvaguarda no satisface el presupuesto de subsidiariedad, porque contra el auto proferido el 12 de enero de 2023 en el proceso controvertido, la promotora no formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n procedente a voces del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que es un mecanismo residual, que no puede ser usado como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la proposici\u00f3n oportuna de los recursos ordinarios de defensa (ver cita en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. De otro lado, esta Sala advierte la improcedencia del amparo invocado frente al mandamiento de pago del 1 de julio de 2003, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de inmediatez, dado que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, -enero de 2023-, se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino de seis meses que se ha considerado razonable para promover esta acci\u00f3n2. Ello, aunado a que no se evidencia la concurrencia de alguna de las excepcionales causas para conjurar la desidia en interposici\u00f3n tempestiva de esta especial v\u00eda, pues aunque la actora argumenta que ha interpuesto solicitudes de control de legalidad y nulidades en juicio rebatido, lo cierto es que la prueba decretada en noviembre de 2021 reiterada el 12 de enero pasado, se encamina a establecer los elementos de juicio que eventualmente le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto. Esto, sin perjuicio que la actora acuda a plantear ante la autoridad judicial de conocimiento, la irregularidad que reclama, toda vez que estas deben ser sometidas al escrutinio del juez natural. <\/p>\n
4. Por lo anterior, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso censurado y a la oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC, 29 Abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada en CSJ STC2283-2022. <\/p>\n
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