STC2485-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2485-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00938-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Maritza Roa Vengoechea contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial Barranquilla y el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron citados los intervinientes en el reivindicatorio n\u00b0 2015-00480. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en relaci\u00f3n con una \u00abvivienda bifamiliar\u00bb, Roberto Mario Esmeral Berr\u00edo instaur\u00f3 demanda reivindicatoria en su contra, a la cual ella se opuso reclamando la pertenencia del bien v\u00eda reconvenci\u00f3n, pues ven\u00eda ejerciendo posesi\u00f3n \u00abdesde el a\u00f1o 1993\u00bb. <\/p>\n
Que mediante sentencia proferida por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla el 14 de diciembre de 2021, se negaron las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n y se accedieron a las del actor principal, orden\u00e1ndole restituir el bien y \u00abpagar como indemnizaci\u00f3n (frutos) $75.721.557,30\u00bb, los honorarios del perito avaluador y las costas procesales. <\/p>\n
Que, apelada la anterior decisi\u00f3n por ambas partes, con fallo del 9 de agosto de 2022 -frente al cual se desestim\u00f3 solicitud de correcci\u00f3n el 23 de septiembre del mismo a\u00f1o-, el tribunal la confirm\u00f3 parcialmente, pues ajust\u00f3 los frutos a su cargo a \u00abla suma de $97.031.756,85 (\u2026), por concepto de c\u00e1nones de arriendo dejados de percibir\u00bb, con lo cual -en su sentir-, ambos falladores incurrieron en defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abrevocar las sentencias de primera y segunda instancia proferidas [dentro del pleito en cuesti\u00f3n]\u00bb, para que en su lugar se dicte \u00abla que en derecho corresponda (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
El magistrado ponente de la decisi\u00f3n criticada, dijo que \u00abdio cabal cumplimiento a lo que se le correspond\u00eda resolver\u00bb dentro del juicio en cuesti\u00f3n, puesto que el 9 de agosto de 2022 dispuso \u00abconfirmar parcialmente la sentencia proferida por el juzgado once civil del circuito de Barranquilla [y] se ordena modificar el punto resolutivo No. 5\u00bb, y en atenci\u00f3n a la solicitud elevada por la demandada, \u00abpor auto del 23 de septiembre del 2022 la sala no accede a la correcci\u00f3n solicitada y ordena la devoluci\u00f3n del expediente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Sala establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de la accionante, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia proferida dentro del litigio radicado bajo el n\u00b0 2015-00480, o si, por el contrario, tal determinaci\u00f3n denota razonabilidad que impida la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n
Esto, porque si bien la queja constitucional tambi\u00e9n se dirigi\u00f3 contra el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, el examen se circunscribir\u00e1 a la providencia dictada por su superior funcional, en la medida en que corresponde a la definici\u00f3n del caso ac\u00e1 debatido, puesto que \u00abes inane detenerse [al an\u00e1lisis de la providencia inicial cuando \u00e9sta] al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras en STC14982-2022, 9 nov., rad. 03699-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
A tono con la jurisprudencia constitucional, esta Corte ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, porque en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, es imprescindible que cuando se trate de desafuero procesal, \u00e9ste sea determinante o influya en la decisi\u00f3n; que el accionante identifique los hechos generadores de la vulneraci\u00f3n; que la providencia criticada no sea sentencia de tutela; y, que se haya configurado alguno de los defectos de orden sustantivo, org\u00e1nico, procedimental, f\u00e1ctico, error inducido, o se trate de una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, desconocimiento del precedente jurisprudencial o se haya violado directamente la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con la informaci\u00f3n que arrojan las piezas procesales allegadas al expediente, en particular la sentencia proferida por la corporaci\u00f3n enjuiciada el 9 de agosto de 2022, se denegar\u00e1 el amparo deprecado, toda vez que tal decisi\u00f3n obedece a un criterio jur\u00eddicamente razonable y por tanto no configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad con la fuerza suficiente para quebrantarla, aunado a que, lo pretendido es utilizar el amparo como instancia adicional. <\/p>\n
En tal sentido, se observa que la querellante enrostra violaci\u00f3n a sus prerrogativas, principalmente las derivadas del debido proceso, porque, en su sentir, al desestimar las pretensiones de la demanda de pertenencia invocada v\u00eda reconvenci\u00f3n, se incurri\u00f3 en yerro f\u00e1ctico, empero, analizada la actuaci\u00f3n cuestionada, este no se avizora. <\/p>\n
Circunscrita la Sala al punto criticado, se establece que, tras referir que el problema jur\u00eddico correspond\u00eda a constatar si \u00abse encuentran acreditados los supuestos legales de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por el ejercicio de la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Roa Vengoechea anterior al fallecimiento del se\u00f1or Numa Esmeral V\u00e1squez y al t\u00edtulo adquisitivo del dominio del se\u00f1or Roberto Mario Esmeral Berrio\u00bb, el tribunal, previo esbozo de disposiciones legales y jurisprudenciales pertinentes, dijo que del acervo probatorio no conclu\u00eda que el se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez, al haber entregado el inmueble para vivienda \u00abpermitiendo el goce de los frutos civiles\u00bb, hubiera entregado la posesi\u00f3n excluyendo \u00absus capacidad de usar, gozar y disponer [del mismo]\u00bb, sino que: <\/p>\n
\u00abPor el contrario, del estudio de la integralidad de testimonios allegados con ocasi\u00f3n, tanto de la demanda reivindicatoria como de la de pertenencia, se sobreentiende la presencia constante del se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez en el inmueble que compart\u00eda con la recurrente, la se\u00f1ora Roa Vengoechea, lo cual implica entonces para esta Sala [concluir que]: <\/p>\n
(\u2026) estando acreditado que el se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez era el titular inscrito del derecho de dominio del inmueble dese 1993 hasta 2007, lo us\u00f3 durante el tiempo que la recurrente habit\u00f3, ello puede concluirse pues los testimonios de la se\u00f1ora Yadira Llin\u00e1s Peralta, Zulma Mendoza de Insignares, Carlos Eduardo Palacio Orozco, se puede notar que aquellos manifestaron indudablemente que el primero hizo siempre acto de presencia en el inmueble con alta notoriedad, sea como compa\u00f1ero permanente o padre de la hija fruto de su uni\u00f3n con la recurrente, muy a pesar de que el testimonio de la c\u00f3nyuge de este as\u00ed lo contrar\u00eda (\u2026). <\/p>\n
(\u2026), que, a pesar de que en este proceso no se discuten asuntos propios de la jurisdicci\u00f3n de familia, las m\u00e1ximas de la experiencia indica que el se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez dispuso del bien que en su propiedad pose\u00eda para que lo habitaran su compa\u00f1era permanente y su hija, y en cumplimiento de sus obligaciones filiares, gozar de los frutos de su contigua propiedad. Ello pues, existe claridad de varios de los testimonios antes citados que el se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez le hizo entrega a la recurrente del inmueble habitado y el inmueble aqu\u00ed pretendido, en beneficio de la misma y de su hija, pero adem\u00e1s, la testigo Adriana Gisella Esmeral Berr\u00edo admiti\u00f3 dicha situaci\u00f3n, no sin agregar que aquel, le hab\u00eda cedido bienes a todos sus hijos conservando el derecho de usufructo \u201c..incluyendo una hija que tuvo por fuera del matrimonio\u2026\u201d, por lo que, aun cuando este permitiera la administraci\u00f3n a la se\u00f1ora Roa Vengoechea, esto se entiende, lo hac\u00eda en el marco del cumplimiento de sus intereses familiares, aquello tambi\u00e9n fue se\u00f1alado en el testimonio del se\u00f1or Jairo An\u00edbal Castro Mercado. <\/p>\n
Ahora, lo cierto es que de dichas pruebas, estudiadas de forma independiente, no se puede establecer realmente [que] quien ejerc\u00eda la administraci\u00f3n del inmueble fuera el se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez pues varios de los testimonios solicitados por ambas partes son contradictorios en dicho aspecto, sin embargo, se tiene marcada una tendencia que ejemplifica perfectamente el ejercicio del derecho de dominio in re, pues este us\u00f3 (ius utendi) el inmueble con exclusi\u00f3n de las dem\u00e1s personas y determinando quienes pod\u00edan as\u00ed hacerlo, lo dispuso (ius abtuendi) entregando, a saber, el uso y la habitaci\u00f3n a su compa\u00f1era permanente e hija, respecto a las cuales se indic\u00f3 en varias ocasiones que, gozaron (ius fruendi), por designio del propietario, de los frutos civiles del inmueble aqu\u00ed trabado en litis, teni\u00e9ndose en cuenta tambi\u00e9n por esta Sala, que se puso de manifiesto por los testigos aportados por la recurrente que esta adem\u00e1s, lo viv\u00eda por temporada y se arrendaba por otras. <\/p>\n
Lo anterior da pie a esta Sala a considerar que la se\u00f1ora Roa Vengoechea no ejerci\u00f3, en vida del se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez como poseedora del bien, sino como tenedora de los derechos de uso y habitaci\u00f3n sobre uno de los inmuebles, y quiz\u00e1s, como administradora de los frutos civiles del aqu\u00ed pretendido, ello, m\u00e1xime cuando en el material probatorio recaudado en la primera instancia no se evidencia que ella intervino aquella situaci\u00f3n, rebel\u00e1ndose contra la propiedad del se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez, desconociendo su propiedad intervirtiendo, innovando y trocando su situaci\u00f3n jur\u00eddica en forma ostensible, lo que debe demostrarse fehacientemente de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
La tesis esbozada (\u2026) implica pues la falta de acreditaci\u00f3n del elemento constitutivo de posesi\u00f3n del animus, pues aunque la recurrente alegue que, tuvo el \u00e1nimo de ser se\u00f1ora y due\u00f1a tanto del inmueble que usaba y habitaba, como [de] aquel que alega, administraba, de ello no existe prueba, pues en los casos de mera tenencia, debe existir una demostraci\u00f3n del quiebre de aquella relaci\u00f3n jur\u00eddica entre el propietario y el tenedor, no pudiendo contabilizarse el tiempo para poseer aunque eta hubiere accedido al inmueble desde 1993, \u00e9poca de la cual, no existe prueba que demuestre la administraci\u00f3n propia e independiente de la se\u00f1ora Roa Vengoechea, sin intervenci\u00f3n del propietario, el se\u00f1or Esmeral Berr\u00edo. <\/p>\n
(\u2026) As\u00ed, la situaci\u00f3n tenedora de la recurrente no vari\u00f3, a la vista de esta Sala, sino hasta producirse el fallecimiento del se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez, evento que extingui\u00f3 el usufructo en cabeza de este y cedido a la primera, caus\u00e1ndose en consecuencia la negativa rotunda de la titularidad del derecho de dominio del demandante sobre el inmueble pretendido al momento de reclamarse, ello, en contrario sensu a la negativa del dominio del anterior propietario, si est\u00e1 demostrado fehacientemente en el expediente a trav\u00e9s de la solicitud amparo policivo promovido por la se\u00f1ora Roa Vengoechea ante el Inspector General de Polic\u00eda de Barranquilla para la protecci\u00f3n de sus intereses poseedores sobre el inmueble, adiada el 13 de marzo de 2013. <\/p>\n
Concluyendo pues que, la negativa requerida de la recurrente sobre el derecho de dominio del demandante no se demostr\u00f3 haberse producido con antelaci\u00f3n al fallecimiento del se\u00f1or Esmeral M\u00e1rquez, el 8 de noviembre de 2012, siendo la \u00e9poca posterior a ello en la que debe determinarse y contabilizarse el inicio de su posesi\u00f3n irregular, la cual no es antecedida por ning\u00fan t\u00edtulo, compartiendo entonces la Sala lo expresado por el a quo, que la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Roas Vengoechea no inici\u00f3 sino hasta ese momento. <\/p>\n
(\u2026) [por tanto] la soluci\u00f3n al debate planteado en esta instancia es la confirmaci\u00f3n de la reivindicaci\u00f3n [ya que] el t\u00edtulo del reivindicante es anterior a la posesi\u00f3n demostrada y al interior del proceso est\u00e1 claro que existe un derecho de dominio en cabeza del reivindicante; que la posesi\u00f3n material es ejercida por la recurrente sobre el inmueble susceptible de reivindicaci\u00f3n; y existe identidad entre el inmueble reclamado por quien acciona y el detentado por le convocado al litigio\u00bb. <\/p>\n
Finalmente precis\u00f3 que \u00abla condena al pago de los frutos civiles (\u2026), no debe hacerse porque la poseedora aqu\u00ed recurrente sea poseedora de mala fe, pues cierto es que no ejerci\u00f3 su corta posesi\u00f3n [no mayor a tres a\u00f1os] en clandestinidad o a trav\u00e9s de la violencia, sino porque, la ley [art\u00edculo 964 del C\u00f3digo Civil] y la jurisprudencia as\u00ed lo indican (\u2026)\u00bb, y en esas condiciones se\u00f1al\u00f3 que \u00abse corregir\u00e1 la sentencia aqu\u00ed recurrida, en el sentido [de] que los frutos civiles adeudados por la se\u00f1ora Roa Vengoechea al demandante, son los causados desde que se form\u00f3 el v\u00ednculo jur\u00eddico-procesal con la notificaci\u00f3n de la demanda, esto es, el 23 de marzo de 2016 en adelante, teniendo como base el dictamen pericial aportado al proceso (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.2. Los anteriores planteamientos del tribunal accionado se muestran ajustados a la normativa sustancial y procedimental que rige la tem\u00e1tica, abordada desde la perspectiva constitucional habida cuenta las circunstancias especiales que se se\u00f1alaron en precedencia, y son el resultado de un amplio debate para zanjar la controversia jur\u00eddica en el caso bajo examen, por lo que las discrepancias nuevamente esbozadas por la parte actora, demuestran que la intenci\u00f3n es hacer prevalecer su personal apreciaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico frente al criterio de los falladores de la causa, que de accederse convertir\u00eda la tutela en un recurso adicional que contrar\u00eda el car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha dicho que no es viable invocar este instrumento como medio para realizar una reconsideraci\u00f3n de instancia, porque ello dar\u00eda lugar a que el juez constitucional se aleje de su rol y entre a definir conflictos propios de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, ya que: <\/p>\n
\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, (…) por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CSJ STC, 14 may. 2003, rad. 00113-01, citada en STC12574-2022, 21 sep., rad. 00282-01, entre otras). <\/p>\n
En ese mismo sentido se reitera que la tutela procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite, porque este remedio \u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada, entre otras, en STC448-2023, 25 ene., rad. 01250-01). <\/p>\n
En consecuencia, la decisi\u00f3n que se recrimina no constituye defecto de procedibilidad alguno, y, en particular, no configura el de orden f\u00e1ctico referido por la querellante, en tanto no se produjo \u00abomisi\u00f3n probatoria arbitraria, irracional o caprichosa para no dar por probado un hecho o la circunstancia que de ella emerge clara y objetivamente (dimensi\u00f3n negativa), ni el juzgador apreci\u00f3 pruebas determinantes para la definici\u00f3n del caso que no debiera admitir ni valorar (dimensi\u00f3n positiva)\u00bb (CC T-567\/98, T-239\/96, T-576\/93, T-442\/94 y T-538\/94, reiterada en SU-241\/15); por el contrario, la valoraci\u00f3n se hizo sin desconocer las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Conforme con lo precisado, se denegar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, toda vez que la determinaci\u00f3n censurada, no es producto de un subjetivo criterio que configure defecto susceptible de enmendarse a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo solicitado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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