STC2487-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2487-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00947-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alejandro G\u00f3mez Polanco y Martha Eugenia Minu Losada contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad y los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2021-00310. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, obrando en su propio nombre, reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y los anexos se extrae en s\u00edntesis que Jos\u00e9 G\u00f3mez P\u00e9rez promovi\u00f3 ejecutivo contra Hernando Bustos y Aleyda Baracaldo, persiguiendo el cobro de una letra de cambio, asunto en el que fue objeto de embargo y secuestro un inmueble ubicado en el municipio de Palermo denominado \u00abParcela n\u00ba 4, \u00e1rea ganadera Loma y Plana\u00bb propiedad de los deudores. <\/p>\n
La causa la conoci\u00f3 inicialmente el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Palermo, sin embargo, debido a la modificaci\u00f3n de la cuant\u00eda producto de la acumulaci\u00f3n de otra demanda, el proceso fue remitido a los jueces civiles del circuito, correspondi\u00e9ndole al Quinto de esa especialidad y categor\u00eda de Neiva. <\/p>\n
Este \u00faltimo despacho el 1\u00ba de marzo de 2022 orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n y dispuso el remate del bien cautelado; as\u00ed mismo, reconoci\u00f3 como cesionarios de la acreencia a los aqu\u00ed accionantes, a quienes, posteriormente, en audiencia del 15 de junio de ese mismo a\u00f1o, resolvi\u00f3 adjudicarles el predio por la suma de \u00ab$372\u2019000.000.\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, Willington Ruiz Cerquera, quien aleg\u00f3 ser poseedor del bien en cuesti\u00f3n, present\u00f3 al juzgado solicitud de nulidad con fundamento en que, el lote adjudicado es una Unidad Agr\u00edcola Familiar \u2013 seg\u00fan certificado de libertad y tradici\u00f3n \u2013 que hab\u00eda sido entregado bajo ese t\u00edtulo por el Instituto de Desarrollo Rural de Neiva \u2013 INCODER \u2013 hoy Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT \u2013, por lo tanto, estar\u00eda sometido al r\u00e9gimen previsto en la ley 160 de 1994, es decir, tendr\u00eda una restricci\u00f3n de 15 a\u00f1os de enajenaci\u00f3n sin autorizaci\u00f3n previa de esa entidad, y porque resultaba exigible la citaci\u00f3n al juicio de la misma, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art\u00edculo 41 de la referida normativa. <\/p>\n
La nulidad fue resuelta negativamente por el juzgado el 20 de septiembre de 2022 con fundamento en que, el solicitante Willington Ruiz Cerquera no contaba con legitimaci\u00f3n para proponerla, y la persona jur\u00eddica que debi\u00f3 invocarla, no lo hizo, esto es, la Agencia Nacional de Tierras; determinaci\u00f3n que fue apelada por el interesado. <\/p>\n
El 27 de enero de 2023, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, y en su lugar, declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n atendiendo la argumentaci\u00f3n del recurrente, y esencialmente porque, no fue vinculada al ejecutivo la Agencia Nacional de Tierras, de acuerdo a lo contemplado en el r\u00e9gimen de propiedad parcelaria (ley 160 de 1994). <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo prove\u00eddo, los aqu\u00ed tutelantes pidieron aclaraci\u00f3n de la decisi\u00f3n, requiriendo al tribunal se pronunciara sobre la entrada en vigencia de la ley 902 de 2017 que har\u00eda inaplicable la 160 de 1994. Tambi\u00e9n adujeron que la ANT inici\u00f3 en 2018 respecto del bien comprometido, un tr\u00e1mite de caducidad administrativa el cual \u00abno es viable jur\u00eddicamente\u00bb, luego, no estar\u00eda afectada la comercializaci\u00f3n del predio; no obstante, el 14 de febrero pasado, la colegiatura acusada deneg\u00f3 dicha solicitud. <\/p>\n
Los gestores del amparo centran su inconformidad en este \u00faltimo proferimiento, por cuanto consideran que el tribunal accionado omiti\u00f3 dar soluci\u00f3n a los planteamientos expuestos en la solicitud de aclaraci\u00f3n del auto que anul\u00f3 la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Replican la argumentaci\u00f3n all\u00ed formulada en torno a la implementaci\u00f3n de la ley 902 de 2017, \u00abque en su art\u00edculo 8\u00ba recort\u00f3 de 15 a 7 a\u00f1os la sustracci\u00f3n de la vigilancia por parte de la ANT en torno a los tr\u00e1mites administrativos en el cumplimiento de la condici\u00f3n resolutoria\u00bb. Agregan tambi\u00e9n que, la Agencia Nacional de Tierras pese a que fue enterada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva de la situaci\u00f3n del inmueble, \u00abtranscurridos m\u00e1s de 6 meses se pronunci\u00f3 de manera extempor\u00e1nea conforme a lo establecido en el art\u00edculo 39 de la ley 160 de 1994 que establece que pasados 3 meses sin respuesta por dicha entidad se entender\u00e1 como validada las solicitudes aplicando el principio de silencio administrativo positivo\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que, \u00abse ordene a la magistrada Gilma Leticia Parada Pulida, del Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil Familia Laboral [\u2026] a que se pronuncie sobre lo solicitado en el escrito de aclaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La magistrada ponente de la providencia recriminada, del Tribunal Superior de Neiva, Sala Civil Familia Laboral, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela por cuanto, la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 en este particular \u00abse profiri\u00f3 conforme al marco legal y jurisprudencial aplicable al caso concreto y con la salvaguarda de los derechos fundamentales de los sujetos procesales [\u2026] pues, la aclaraci\u00f3n en menci\u00f3n era inviable, [ya que] a trav\u00e9s de la misma el actor buscaba m\u00e1s all\u00e1 que se le diera claridad sobre frases o conceptos [\u2026] que se modificara la decisi\u00f3n por la supuesta derogatoria de la norma con base en la cual se emiti\u00f3 dicho pronunciamiento [el de nulidad]\u00bb. <\/p>\n
2. Willington Ruiz Cerquera, vinculado, por intermedio de apoderado, sostuvo que no se configur\u00f3 la v\u00eda de hecho denunciada por los actores, quienes adem\u00e1s no fueron claros en precisar cu\u00e1l fue el error en que incurri\u00f3 la magistratura accionada al declarar la nulidad del ejecutivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la corporaci\u00f3n judicial convocada vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental denunciada con el prove\u00eddo de 14 de febrero de 2023 que neg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n impetrada por los aqu\u00ed accionantes frente al auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el ejecutivo 2021-310, en el que les fuere adjudicado un inmueble sometido al r\u00e9gimen de propiedad parcelaria \u2013 ley 140 de 1994 \u2013, por omitir, supuestamente, pronunciarse frente a los cuestionamientos all\u00ed expuestos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
Del examen del prove\u00eddo aludido y de los argumentos en que los promotores fundaron su inconformidad, no se advierte vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales suplicados, habida cuenta que, la postura de la magistrada acusada frente a la procedencia de la aclaraci\u00f3n deprecada, se aprecia razonable. <\/p>\n
3.1. En efecto, los actores, en el referido pedimento enunciaron una serie de presuntos \u00aberrores\u00bb en que habr\u00eda incurrido la colegiatura tutelada en la providencia que declar\u00f3 la nulidad del ejecutivo en cuesti\u00f3n, entre otros, adujeron que, la condici\u00f3n resolutoria impuesta al inmueble que les fue adjudicado, super\u00f3 los 11 a\u00f1os, y como la ley 902 de 2017 \u00abredujo dicho tiempo a 7 a\u00f1os [\u2026] para el a\u00f1o 2017 la Agencia Nacional de Tierras debi\u00f3 liberar dicha condici\u00f3n\u00bb, es decir que, cuando se inici\u00f3 el pleito \u00abla condici\u00f3n era inexistente, por lo tanto, no genera ninguna nulidad, como lo debi\u00f3 advertir la Agencia Nacional de Tierras\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron adem\u00e1s que, el Ministerio P\u00fablico conceptu\u00f3 en ese mismo sentido, coincidiendo en que, para el momento en que fue admitido el coercitivo, la ley 160 de 1994 no ten\u00eda aplicabilidad, raz\u00f3n por la cual no era exigible la vinculaci\u00f3n a la litis de la Agencia Nacional de Tierras como lo dispuso el tribunal al declarar la nulidad. <\/p>\n
Finalmente, alegaron que, el tr\u00e1mite de caducidad administrativa que inici\u00f3 la ANT respecto de la adjudicaci\u00f3n del bien a los ejecutados \u00abno culmin\u00f3 las actuaciones necesarias y [\u2026] al no proferir una decisi\u00f3n que resolviera de fondo con el fin de declarar cumplida la caducidad administrativa, desde el a\u00f1o 2018 a la fecha, el proceso se encuentra caduco\u00bb. <\/p>\n
3.2. Frente a los anteriores alegatos, sustento de la solicitud de aclaraci\u00f3n, el tribunal, tras citar la norma que contempla dicho mecanismo fue puntual y conciso en precisar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la aclaraci\u00f3n de las decisiones judiciales es un mecanismo espec\u00edfico y restrictivo, al que es dable recurrir \u00fanica y exclusivamente cuando dentro de la sentencia o auto existe una frase o concepto oscuro o ininteligible que influya en su parte resolutiva; sin que sea dable hace uso de tal medio para atacar la decisi\u00f3n, pues el juez que la profiere no tiene competencia para revocarla ni reformarla. <\/p>\n
Ahora como la parte demandante, m\u00e1s que requerir que se le d\u00e9 claridad sobre frases o conceptos confusos que se encuentran en la providencia de 27 de enero de 2023, pretende que se modifique la decisi\u00f3n por la supuesta derogatoria de la norma con base en la cual se emiti\u00f3 el referido pronunciamiento, considera la Sala que dicha solicitud es a todas luces improcedente, y as\u00ed se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva\u00bb. <\/p>\n
3.3. De lo transcrito se advierte que la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, como se anticip\u00f3, resulta razonable, comoquiera que concord\u00f3 con la preceptiva que rige el instituto jur\u00eddico empleado por los accionantes para su procedencia, en la medida en que, lo pretendido por aqu\u00e9llos en manera alguna estuvo orientado a reclamar explicaci\u00f3n concreta frente a expresiones confusas o conceptos ambiguos que eventualmente arrojaran duda en la parte resolutiva del auto criticado. <\/p>\n
Y es que, claramente, la intenci\u00f3n de los tutelantes fue propiciar en ese escenario una nueva controversia frente al sustento legal que determin\u00f3 la nulidad declarada por el tribunal, lo cual, se reitera, no se compagina con el prop\u00f3sito de la herramienta procesal utilizada, ya que, no fue instituida para rebatir los fundamentos jur\u00eddico-f\u00e1cticos de la decisi\u00f3n judicial, sino para superar las deficiencias de naturaleza formal enunciadas en la disposici\u00f3n que la contempla. En punto al tema, esta Corte ha establecido que, <\/p>\n
\u00abla inmutabilidad de las providencias a cargo del mismo operador jur\u00eddico que la produce no solo involucra un aspecto puramente procedimental, sino que se trata de un principio basilar de nuestro ordenamiento jur\u00eddico inescindiblemente ligado al de la seguridad jur\u00eddica; en esencia, es una regla general que se manifiesta como criterio orientador y modulador de la actividad judicial a partir de la congruencia que se demanda de sus decisiones, por ello, el Juez que profiere una sentencia, una vez la dicta pierde competencia para volver sobre el asunto por \u00e9l resuelto, y obviamente, tambi\u00e9n la facultad para revocarla o reformarla; solo por excepci\u00f3n, podr\u00e1 aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos t\u00e9rminos en que se regulan dichos supuestos en la ley procesal (art\u00edculos 309, 310 y 311 del C. de P. Civil, y 285, 286 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Frente a las citadas alternativas, el Legislador clarific\u00f3 que aquellas proceden ante la evidente presencia de conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, errores aritm\u00e9ticos flagrantes o aspectos que, haciendo parte vital del litigio o los alegatos, hubiesen sido ignorados en la sentencia, [\u2026] sin embargo, bajo ninguna circunstancia y en ninguno de los casos previstos puede implicar cambios de fondo en la providencia [\u2026]\u00bb (CSJ STC9278-2017, 28 jun., rad. 00067-01). <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial respetable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no implica violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales de los demandantes. <\/p>\n
El amparo es inviable frente a la providencia que neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n del auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el ejecutivo rad. 2021-310 proferida por el tribunal accionado, en tanto que, se advierte ajustada a la normativa aplicable. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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