STC2489-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2489-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2023-00251-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Miguel \u00c1ngel Barrera N\u00fa\u00f1ez contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abdel m\u00e9rito como elemento esencial de los derechos de carrera, igualdad, trabajo digno, debido proceso y confianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
2. Dice que actualmente se desempe\u00f1a como magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, cargo del que tom\u00f3 posesi\u00f3n en propiedad el 28 de julio de 2014. <\/p>\n
Afirma que, como consecuencia de la creaci\u00f3n de cargos de funcionarios y empleados a trav\u00e9s del Acuerdo PCSJA22-120271, dentro del t\u00e9rmino de publicaci\u00f3n de las nuevas vacantes (primeros cinco d\u00edas h\u00e1biles de enero del a\u00f1o en curso) solicit\u00f3 a la Unidad de Administraci\u00f3n de la Carrera Judicial su traslado con destino a la Comisi\u00f3n Disciplinaria de Risaralda, emiti\u00e9ndose el respectivo concepto favorable el pasado 1\u00ba de febrero. <\/p>\n
Advierte que, pese a lo anterior, el 24 del mismo mes fue \u00abnotificado por parte del se\u00f1or secretario judicial de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, de decisi\u00f3n asumida\u2026 en sala del 15 de febrero de 2023, en la cual [le] fue negado el traslado dado que \u201c\u2026 a la fecha no hay vacante en lo que respecta al nuevo cargo creado en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda\u201d\u00bb; sin embargo, asegura, \u00abel cargo se encuentra vacante mientras no se provea en propiedad\u00bb y en la actualidad no existen listas de elegibles para ser ocupado por el sistema de carrera, raz\u00f3n por la cual \u00abla vacante fue publicada \u00fanicamente para traslado[s]\u00bb. <\/p>\n
Sostiene que est\u00e1 siendo sometido a un \u00abtratamiento discriminatorio negativo\u00bb por cuanto, seg\u00fan dice, un magistrado que cumpl\u00eda sus funciones en la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Casanare, \u00abfue trasladado [sic] al cargo creado en la Comisi\u00f3n Seccional del Quind\u00edo\u00bb pese a ocupar el empleo en provisionalidad. <\/p>\n
3. Solicita que se deje sin efectos \u00abel acto administrativo emitido por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en sala del 15 de febrero del a\u00f1o en curso\u00bb y se ordene a la aludida corporaci\u00f3n que \u00abemita el acto administrativo correspondiente, teniendo en cuenta que el cargo de magistrado de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda se encuentra vigente para traslado, y consecuentemente conceda el solicitado\u00bb. <\/p>\n
Frente a lo anterior, resalta que acude a esta herramienta como mecanismo definitivo pues, al contar \u00abcon 58 a\u00f1os de edad\u00bb, exigirle acudir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo \u00abtornar\u00eda en absolutamente nugatorio el cabal restablecimiento y ejercicio de los derechos fundamentales vulnerados\u00bb, dada la \u00abconsabida demora por la alta congesti\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
El presidente de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda solicit\u00f3 declarar improcedente el resguardo por desatender el presupuesto de la subsidiariedad pues para cuestionar el acto administrativo que neg\u00f3 su traslado, el actor cuenta con el medio de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer, preliminarmente, si la presente salvaguarda satisface el presupuesto de la subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por Miguel \u00c1ngel Barrera N\u00fa\u00f1ez, al no acceder al traslado horizontal con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Risaralda pese a que, seg\u00fan dice el actor, el cargo al cual solicit\u00f3 su reubicaci\u00f3n se encuentra vacante. <\/p>\n
2. La subsidiariedad <\/p>\n
La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el art\u00edculo 86, estableci\u00f3 la tutela como un mecanismo excepcional, preferente, subsidiario y residual que tiene por objeto la protecci\u00f3n de manera efectiva e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, ante su vulneraci\u00f3n o amenaza, proveniente de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o de los particulares, en los casos que la ley regula, siempre que el interesado no cuente con otros medios de defensa judicial. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a \u00e9se car\u00e1cter, se ha dicho que no puede emplearse como un medio alternativo o supletorio en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su aducci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1nea con los procedimientos judiciales o administrativos estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomada como un recurso adicional de los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales con los cuales el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en dichas actuaciones. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, la acci\u00f3n de tutela no es, por v\u00eda general, el escenario id\u00f3neo para controvertir actuaciones administrativas, puesto que para ello el legislador previ\u00f3 diversas acciones ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, salvo aquellos eventos en los que el auxilio constitucional tenga cabida como mecanismo transitorio, lo cual impone verificar, con suficiencia, que los medios ordinarios de defensa no resultan eficaces. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
En el asunto bajo estudio, el actor dirige su ataque contra la determinaci\u00f3n adoptada por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial en sesi\u00f3n del pasado 15 de febrero, por medio de la cual no se accedi\u00f3 a su traslado horizontal con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Risaralda. <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis correspondiente tanto del libelo inicial de los medios de convicci\u00f3n recaudados, advierte la Sala que no acceder\u00e1 al amparo solicitado, dada su evidente improcedencia, al no superar el an\u00e1lisis del presupuesto de la subsidiariedad previamente referido. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la demanda de tutela bajo estudio se dirige contra un acto administrativo concreto, cuyo control corresponde a los jueces contenciosos administrativos. En ese sentido, esta Corte ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(…) las inconformidades que surjan de los procesos p\u00fablicos de selecci\u00f3n, por las reglas all\u00ed instituidas, deben atacarse en la jurisdicci\u00f3n correspondiente a trav\u00e9s del camino establecido para el efecto, esto es, la acci\u00f3n de nulidad ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa (CSJ STC, 20 Feb. 2013, Rad. 2012-00100-01), que es el escenario natural donde es posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [se] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que la actora discuta el derecho que reclama\u00bb (CSJ STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterada en STC795-2016, 1 feb.). <\/p>\n
As\u00ed, el medio de defensa con que cuenta el gestor para debatir lo atinente a la legalidad del acto administrativo que, seg\u00fan dice, desconoce sus derechos fundamentales, adem\u00e1s de ser id\u00f3neo, resulta eficaz, dada la posibilidad de reclamar all\u00ed medidas cautelares, conforme lo normado en el art\u00edculo 229 del C\u00f3digo Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, herramienta que el precedente de esta Corporaci\u00f3n ha reconocido como: <\/p>\n
\u00ab(…) suficiente para frenar una eventual ilegalidad manifiesta de la administraci\u00f3n, mientras se decide el asunto, lo cual descarta la posibilidad de conceder el amparo solicitado (\u2026) la alegaci\u00f3n de la inconforme respecto a que \u00fanicamente cuenta con este mecanismo para hacer valer su derecho de manera urgente e id\u00f3nea, queda desvirtuado, pues, se itera, all\u00ed es procedente la adopci\u00f3n de medidas cautelares e inmediatas con miras a la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas\u00bb (CSJ STC4654-2016, 15 abr.). <\/p>\n
De all\u00ed que la pretensi\u00f3n tendiente a la sustituci\u00f3n del juez competente por el de tutela no pueda prohijarse, m\u00e1xime que no se acredit\u00f3 la inminencia de un perjuicio irremediable, pues la simple alusi\u00f3n a la tardanza que el actor pretende atribuir a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, adem\u00e1s de referirse a un hecho futuro e incierto, no puede servir de justificaci\u00f3n para sustraer del conocimiento de los jueces competentes, los asuntos que seg\u00fan el ordenamiento jur\u00eddico les corresponde dirimir. <\/p>\n
Frente al perjuicio irremediable, el precedente de esta Corte ha advertido que, para que se configure, es necesario que el da\u00f1o \u00ab(\u2026) revista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, rad. 2011-00194-01, reiterada entre otras en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), elementos determinantes que, como acaba de verse, no fueron acreditados. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Deviene improcedente la solicitud de protecci\u00f3n, comoquiera que es evidente que el actor cuenta con otras v\u00edas judiciales id\u00f3neas para procurar la defensa adecuada de sus derechos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Expedido el 16 de diciembre de 2022. <\/p>\n
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