STC2492-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2492-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00915-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por el Banco de Occidente, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El banco promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado especial, la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso, que dice vulnerada por la Colegiatura accionada, en el marco del proceso ejecutivo que inici\u00f3 contra Jaime Sarria Luna Abogados S.A.S. y Jaime Alberto Sarria Luna. <\/p>\n
Solicita en consecuencia, que se ordene \u00abrevo[car] el fallo de fecha 2 de noviembre de 2022, proferido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil (\u2026) y en su lugar se ordene que se profiera nueva sentencia ajustada a derecho (\u2026)\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Dentro del referido juicio, tramitado bajo el consecutivo \u00ab28-2020-00249-01\u00bb, se pidi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de los pagar\u00e9s No. ***8603-6 por capital de $29\u00b4781.816 y No. ***9353-1 por $174\u00b4218.809, pretensiones contra las cuales los ejecutados excepcionaron que Jaime Alberto Sarria Luna no suscribi\u00f3 los cartulares a t\u00edtulo personal; que se alter\u00f3 el texto de \u00e9stos; se tacharon de falsos, por falsedad ideol\u00f3gica; pago parcial; los valores incorporados en los t\u00edtulos no corresponden con el negocio subyacente y; cobro de lo no debido. <\/p>\n
2.2. El 12 de julio de 2022 el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia en que declar\u00f3 inexistente la obligaci\u00f3n de la tarjeta de cr\u00e9dito No. 6558772953281310600 y disminuy\u00f3 el valor de lo cobrado, decisi\u00f3n que apelaron ambos extremos; la aqu\u00ed accionante con fundamento en que no es el banco quien debe acreditar el incumplimiento del deudor, sino que es \u00e9ste quien debe desvirtuar el incumplimiento que se le atribuye; no se puede desconocer la obligaci\u00f3n de la tarjeta de cr\u00e9dito porque se aport\u00f3 su hist\u00f3rico de pagos, aun cuando el t\u00edtulo valor no requiere de tal documento para tener validez; se rest\u00f3 valor probatorio al interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la entidad financiera, que reafirma la existencia de la obligaci\u00f3n de la tarjeta de cr\u00e9dito y los valores cobrados por el banco; no se valoraron adecuadamente las pruebas documentales ni los pagar\u00e9s, exigiendo que se acompa\u00f1en del hist\u00f3rico de pagos y; el juez no utiliz\u00f3 sus facultades oficiosas para aclarar las dudas sobre la existencia de alguna de las obligaciones reclamadas y sus valores. <\/p>\n
2.3. Los ejecutados fundaron su inconformidad con la sentencia de primera instancia en que, al haberse demostrado que los valores plasmados en los t\u00edtulos base de cobro no correspond\u00edan con la realidad, debi\u00f3 declararse la ineficacia de los mismos y; el mismo banco certific\u00f3 que las obligaciones cobradas hab\u00edan sido pagadas. <\/p>\n
2.5. Puntualmente, el banco accionante se muestra inconforme con lo as\u00ed decidido, porque considera haber aportado al proceso la documentaci\u00f3n suficiente para probar la existencia de las obligaciones ejecutadas, extra\u00eddas de los sistemas de manejo de informaci\u00f3n del banco, lo que demuestra que cumpli\u00f3 con su obligaci\u00f3n de llevarla de manera detallada; el que las obligaciones ejecutadas supuestamente tuvieran saldo cero (0) se fund\u00f3 en la existencia de pagos, pero los mismos no fueron probados por los ejecutados, adem\u00e1s, esa informaci\u00f3n respondi\u00f3 al movimiento contable de aprovisionamiento de cartera realizado cuando la obligaci\u00f3n se consider\u00f3 no recuperable, pasando a cartera castigada, lo que no extingui\u00f3 la misma y; s\u00ed se aport\u00f3 la documentaci\u00f3n que respaldaba la deuda por la tarjeta de cr\u00e9dito, donde constaba el n\u00famero de obligaci\u00f3n ligado a la misma. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a corroborar que el 2 de noviembre de 2022 dict\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del asunto. Indici\u00f3 que ya devolvi\u00f3 el expediente al juzgado de origen. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de la misma ciudad se\u00f1al\u00f3 que dentro del juicio, su superior revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que dict\u00f3 el 12 de julio de 2022, donde hab\u00eda declarado probada parcialmente la excepci\u00f3n de falsedad ideol\u00f3gica. <\/p>\n
3. Jamie Alberto Sarria Luna, quien dijo actuar tambi\u00e9n como representante legal de Jaime Sarria Luna Abogados S.A.S., pidi\u00f3 que no se acceda a la protecci\u00f3n, porque lo alegado es muy similar a lo expuesto al apelar la sentencia de primera instancia, por lo que se usa la tutela como una tercera instancia. Defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n emitida por el Tribunal. <\/p>\n
4. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine esta Sala concluye que la solicitud de resguardo se torna improcedente, comoquiera que en la sentencia con que se decidi\u00f3 la alzada contra la decisi\u00f3n de primer grado emitida dentro del juicio cuestionado, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis porque dentro del proceso cerr\u00f3 la discusi\u00f3n aqu\u00ed tra\u00edda, no se incurri\u00f3 en proceder que habilite la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela. <\/p>\n
Para emitir la anotada decisi\u00f3n, el Tribunal accionado consider\u00f3 que, al seguirse la ejecuci\u00f3n entre quienes intervinieron en el negocio subyacente, el mismo puede ser objeto de debate, por lo cual no hay inconveniente en averiguar el alcance de los d\u00e9bitos existentes, sin que para tal labor sean obst\u00e1culo las caracter\u00edsticas de literalidad y autonom\u00eda de los t\u00edtulos valores. <\/p>\n
En seguida precis\u00f3 que los ataques contra el fallo de primer grado, <\/p>\n
en esencia giran en torno a la valoraci\u00f3n probatoria del fallador de cara al llenado del t\u00edtulo. El Banco aduce que el an\u00e1lisis trasgrede su derecho al debido proceso porque esa ponderaci\u00f3n no es adecuada, carece de motivaci\u00f3n, no es consistente con la evidencia, pone en duda la buena fe de la entidad al no otorgar suficiente poder de convicci\u00f3n a lo declarado por su representante legal y no aplica medidas probatorias para establecer la realidad de los d\u00e9bitos, al paso que los convocados manifiestan que la documental aportada al contestar la demanda da cuenta que las obligaciones reclamadas ofrecen como saldo \u201c$0\u201d y que si se acogiera el contenido de los folios allegados al descorrer el traslado de las excepciones la conclusi\u00f3n debe ser que no existe claridad del d\u00e9bito, lo que desde cualquier perspectiva, debe tener como consecuencia la revocatoria de la decisi\u00f3n, coincidencia de los dos embates, por lo que la Sala proceder\u00e1 a resolverlos de manera conjunta. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n resalt\u00f3 que es obligaci\u00f3n del deudor probar cuando el t\u00edtulo en blanco es indebidamente llenado, pero encontr\u00f3 que en este caso era necesario distribuir la carga de la prueba, debido al debate que ambas partes planteaban sobre el mismo punto, ello \u00aben funci\u00f3n de la situaci\u00f3n m\u00e1s favorable en que se encuentre cada extremo para esclarecerlo\u00bb, de ah\u00ed que se hallara que esa mejor posici\u00f3n probatoria la ten\u00eda el banco, \u00abpues fue \u00e9l quien llen\u00f3 los pagar\u00e9s, tarea que deb\u00eda responder a datos netamente objetivos y, adem\u00e1s, porque sobre este pesa la especial carga legal de llevar, de manera rigurosa los balances de las diferentes relaciones crediticias\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 despu\u00e9s sobre el decreto oficioso de pruebas, que no tiene como prop\u00f3sito \u00absuplir las cargas desatendidas por las [partes] y que le son propias\u00bb, y encontr\u00f3 que la ejecutante cont\u00f3 con todas las oportunidades para aportar medios de convicci\u00f3n, sin que procediera entonces el decreto oficioso de alguno, m\u00e1xime porque no se especific\u00f3 cuales con utilidad se omitieron. <\/p>\n
Sentadas estas premisas emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis de las pruebas y de lo ocurrido en el proceso y encontr\u00f3 que, <\/p>\n
No existe duda en torno a que, en la contestaci\u00f3n de la demanda, qued\u00f3 claramente confesado por el convocado que los saldos de capital adeudados eran 29\u00b4781.816 y $37\u00b4355.410, por los cr\u00e9ditos ***8603-6 y ****9353-1, datos coincidentes con las cifras que el representante legal del banco se\u00f1al\u00f3 cuando se le cuestion\u00f3 por los montos de capital que se incluyeron en los pagar\u00e9s \u2013 aunque agreg\u00f3 la informaci\u00f3n ignota de la tarjeta de cr\u00e9dito, tema que m\u00e1s adelante se examinar\u00e1 <\/p>\n
En cuanto a la versi\u00f3n del representante legal del banco, encontr\u00f3 que se trata de una declaraci\u00f3n de parte, por tratar sobre situaciones que por completo le favorecen y dependen de otras pruebas, de ah\u00ed que \u00abno hay trasgresi\u00f3n del principio constitucional y legal de la buena fe por llegar a una conclusi\u00f3n que no compagine con la versi\u00f3n del declarante\u00bb, si as\u00ed lo evidencian otros medios, que en este caso muestran que los pagar\u00e9s se diligencian con la informaci\u00f3n que reflejan los aplicativos de la entidad. <\/p>\n
En consecuencia, resalt\u00f3 la trascendencia de la valoraci\u00f3n documental, sobre todo cuando est\u00e1 de por medio la actividad bancaria, por lo que coligi\u00f3, <\/p>\n
Corresponde a la demandante, como profesional en la materia, llevar un control estricto y detallado de la informaci\u00f3n de sus usuarios, prestando la claridad que le es reclamable en la identificaci\u00f3n de las obligaciones que tengan con la entidad, en especial si esa informaci\u00f3n se registra bajo sistemas propios en los que no tiene intervenci\u00f3n el beneficiario de los productos financieros, razones por las que ha de correr con las consecuencias desfavorables que su equivocidad genere en el negocio jur\u00eddico, ep\u00edlogo que refuerza y deja en descubierto lo improcedente de exigir, sin justificaci\u00f3n, del juzgador o de su contraparte, la asunci\u00f3n de cargas probatorias propias de la instituci\u00f3n financiera. <\/p>\n
Por esta senda, analiz\u00f3 los hist\u00f3ricos de pago aportados por la parte ejecutada y encontr\u00f3 que no estaba probado el castigo contable de las deudas, como justificativo para que aparecieran con saldo \u201c0\u201d, m\u00e1xime que sobre ello solo se aleg\u00f3 al momento de apelar el fallo de primera instancia, y en cambio encontr\u00f3 que s\u00ed hay registro de pagos parciales de forma peri\u00f3dica, que iban disminuyendo el monto de la deuda, de ah\u00ed que para el 17 de julio de 2020 se indicara el mencionado saldo de deuda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, <\/p>\n
De insistirse en que hubo \u201ccastigo\u201d de la cartera, prima la perplejidad de porqu\u00e9 y c\u00f3mo ocurri\u00f3 ello, si en cuenta se tiene que esa nota punitiva se actualiz\u00f3 en la misma fecha y por los mismos valores de los \u00faltimos pagos parciales efectuados por los convocados, sin que obre explicaci\u00f3n alguna de la contemporaneidad de esas dos inscripciones. Por dem\u00e1s, vale la pena recordar que cualquier anomal\u00eda o inconsistencia en el diligenciamiento, contenido, constancias y, en general, de todos los detalles inmersos en la documental, le son atribuibles a la parte actora, porque \u2013 se repite \u2013 sobre la entidad pesa la carga de mantener bajo estricto orden y claridad la informaci\u00f3n financiera, de la que tampoco se aleg\u00f3 y mucho menos se acredit\u00f3 que los demandados tuvieran alguna influencia en su elaboraci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a la deuda por la tarjeta de cr\u00e9dito, encontr\u00f3 que la documental allegada para probar su existencia no logra vincularse a los datos del producto, su saldo es diferente del que afirm\u00f3 el representante legal, y es un monto que no aparece en alg\u00fan otro medio de prueba, inconsistencias que se pretendi\u00f3 subsanar al apelar el fallo de primera instancia acompa\u00f1ando una certificaci\u00f3n del propio banco, donde se ligaba el n\u00famero de la tarjeta al del documento antes aludido, pero la prueba no fue tenida en cuenta por el Tribunal. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces el Colegiado accionado que, <\/p>\n
En s\u00edntesis, de acuerdo con las pruebas que obran en el proceso, los cr\u00e9ditos ***8603-6 y ***9353-1 tienen un saldo de $0, mientras que no hay evidencia acerca de lo que se encuentre pendiente por la tarjeta de cr\u00e9dito, adeudo que, en caso de existir, no forma parte del objeto pretensional de este contradictorio y, por ende, sobre el mismo no habr\u00e1 pronunciamiento alguno, razones que llevan a declarar el fracaso de la ejecuci\u00f3n, en tanto el diligenciamiento de los cartulares se realiz\u00f3 por montos que no fueron justificados. Este ep\u00edlogo no entra en contradicci\u00f3n con la \u201cconfesi\u00f3n\u201d expuesta por los ejecutados al formular las exceptivas, pues, de una parte, esa atestaci\u00f3n fue rebatida por el actor, a lo que se adiciona que ninguna prueba reposa \u201cen arca sellada, y adquier[e] la categor\u00eda de verdad inexpugnable, de tal suerte que sobre ella no se pueda volver la mirada\u2026 porque hay que convenir que \u2026 es principio admitido ahora que la confesi\u00f3n es infirmable, seg\u00fan expresi\u00f3n paladina, en cuanto a nuestro ordenamiento respecta\u201d. Asimismo, recuerda el Tribunal que, en el derecho patrio, ning\u00fan medio persuasivo est\u00e1 exento de comprobaci\u00f3n en contrario, de donde se desprende que, incluso en presencia de esa inicial probanza, al juzgador \u2013 tanto de primera como de segunda instancia \u2013 le corresponde ponderar la totalidad del material probatorio para definir el conflicto, como en este grado se ha realizado. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 a partir del an\u00e1lisis de las pruebas y las normas que rigen el caso, que al ser permitido discutir el negocio subyacente para determinar el correcto diligenciamiento de los t\u00edtulos valores base del cobro, en ese ejercicio se encontr\u00f3 que el banco ejecutante ten\u00eda mayor facilidad para aportar la prueba, por lo que, al revisar los documentos reflejo de sus sistemas de informaci\u00f3n, se encontr\u00f3 que el saldo de las obligaciones ejecutadas era cero, y el documento aportado para respaldar la supuesta obligaci\u00f3n por una tarjeta de cr\u00e9dito, no coincid\u00eda en nada con los datos de \u00e9sta, lo que dejaba sin sustento alguno las cifras diligenciadas en los pagar\u00e9s y por ende imposibilitaba seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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