STC2493-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2493-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2022-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 11 de noviembre de 2022 por la Sala Cuarta de Decisi\u00f3n Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, que neg\u00f3 el amparo promovido por Carlos Arturo Molano Cabrera contra los Juzgados Octavo Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples y Tercero Civil del Circuito, ambos de Neiva. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Jes\u00fas Arbey Reyes Machola, quien funge como demandado en el proceso ejecutivo 41001400300520190004100. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, confianza leg\u00edtima y desconocimiento de los antecedentes jurisprudenciales. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El tutelante manifest\u00f3 que, el 19 de enero de 2019, present\u00f3 una demanda ejecutiva contra Jes\u00fas Arbey Reyes Machola, con fundamento en una letra de cambio, por $27.200.000, suscrita el 15 de octubre de 2015 y pagadera el 15 de enero de 2017. <\/p>\n
2.2. El 8 de febrero de 2019, el Juzgado de conocimiento libr\u00f3 mandamiento de pago y, en audiencia virtual del 25 de febrero de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa misma ciudad el 14 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2.3. El actor considera que las anteriores decisiones vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto, para decretar la prescripci\u00f3n, realizaron un an\u00e1lisis objetivo del art\u00edculo 94 del C.G.P. y no valoraron la conducta que \u00e9l asumi\u00f3 con miras a lograr la comparecencia al juicio de su contraparte, con lo cual desconocieron el precedente jurisprudencial contenido en las sentencias CSJ STC1688-2015, CSJ STC8814-2015 y CSJ STC7933-2018, seg\u00fan el cual debe descontarse el tiempo en que el accionante fue diligente, en aras de vincular al demandado al litigio, as\u00ed como el periodo de inactividad atribuible al accionado y\/o a la administraci\u00f3n de justicia. En ese sentido, alega que, pese a que \u00e9l public\u00f3 un edicto de emplazamiento, solo despu\u00e9s de 4 meses el Juzgado nombr\u00f3 al curador ad litem, pero no lo notific\u00f3, lo que evidencia su actuar negligente. <\/p>\n
De otro lado, el actor argumenta que, como en este caso no prosper\u00f3 la excepci\u00f3n de pago, el Juzgado no pod\u00eda condenarlo en costas, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 365 (numeral 5) del C.G. del P. <\/p>\n
2.4. Por lo anterior, solicita dejar sin efecto tales decisiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
Los Juzgados demandados pidieron negar la tutela, porque no vulneraron derecho alguno, pues la declaratoria de excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n obedeci\u00f3 al hecho de que el actor no cumpli\u00f3 los requisitos del art\u00edculo 94 del C.G. del P. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque la determinaci\u00f3n rebatida se encuentra sustentada y no obedeci\u00f3 a un juicio de interpretaci\u00f3n caprichoso, desmesurado o infundado. Se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo dicho por la parte demandante, en el proceso ejecutivo se evidenci\u00f3 una inactividad injustificada de su parte entre febrero de 2020 y junio de 2021, dado que no se advierte que hubiere practicado requerimiento o gesti\u00f3n alguna con posterioridad a la designaci\u00f3n del curador ad litem ni mucho menos para la consolidaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito inicial y pidi\u00f3 acceder a las pretensiones de la tutela y revocar las decisiones controvertidas, pues, para declarar la prescripci\u00f3n, debi\u00f3 analizarse la conducta de la parte interesada en la notificaci\u00f3n, del Juzgado y de quien debe ser notificado. Sobre el particular, destac\u00f3 que la obligaci\u00f3n de notificar al curador ad litem era del Juzgado y no del demandante, raz\u00f3n por la cual ese periodo no le era atribuible; adem\u00e1s, que se debe tener en cuenta que los t\u00e9rminos judiciales estuvieron suspendidos entre marzo y julio de 2021, por efectos de la pandemia. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el actor pretende que se dejen sin efecto las decisiones a trav\u00e9s de las cuales se declar\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, por cuanto desconocieron el precedente judicial, al realizar \u00fanicamente un an\u00e1lisis objetivo del art\u00edculo 94 del C.G.P. <\/p>\n
2. De manera preliminar, resulta indispensable se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces, raz\u00f3n por la cual solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejado de lo atendible, fruto del capricho o abiertamente desconectado del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, de conformidad con las actuaciones surtidas en el proceso objeto de discusi\u00f3n, se observa que el Juzgado 8 Municipal de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Neiva, en la providencia del 25 de febrero de 2022, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria y dispuso la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, por cuanto el demandante no cumpli\u00f3 los presupuestos del art\u00edculo 94 del C.G. del P., que condiciona la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n a que se efect\u00fae la notificaci\u00f3n al ejecutado en el a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago. <\/p>\n
Dicha decisi\u00f3n tuvo como sustento lo dispuesto por la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil (CSJ STC10184-2019, entre otras), en cuanto a que la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n no se consuma con la sola presentaci\u00f3n de la demanda, sino cuando se notifica al ejecutado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, sino al demandado, por haberla eludido, o al Juzgado encargado de hacerla, por no haber cumplido con lo que le correspond\u00eda, destacando que, en este caso, tras analizar las actuaciones surtidas, era evidente que el accionante retard\u00f3 el tr\u00e1mite y no gestion\u00f3 la notificaci\u00f3n en forma diligente en el t\u00e9rmino pertinente. <\/p>\n
3.1. El 14 de octubre de 2022, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior, con fundamento en que se encontraba ajustada a derecho y al caudal probatorio. <\/p>\n
Para tal efecto, el Juzgado de segunda instancia, luego de referirse a las diferentes disposiciones del ordenamiento legal que regulan la prescripci\u00f3n y de establecer su naturaleza, caracter\u00edsticas, alcances y las consecuencias de dicha figura, aludi\u00f3 al art\u00edculo 94 del C.G.P. y realiz\u00f3 un estudio sobre los efectos procesales de esta norma, particularmente en el proceso ejecutivo. <\/p>\n
Seguidamente, centr\u00f3 su estudio en el caso particular y asegur\u00f3 que la acci\u00f3n ejecutiva que el se\u00f1or Carlos Arturo Molano Cabrera instaur\u00f3 contra Jes\u00fas Arbey Reyes Manchola ten\u00eda como fundamento una letra cambio, cuyos derechos prescrib\u00edan en 3 a\u00f1os, contados a partir de su vencimiento, conforme a lo se\u00f1alado por el art\u00edculo 789 del C. de Co., disposici\u00f3n que, seg\u00fan dijo, debe interpretase en armon\u00eda con lo previsto por el art\u00edculo 94 del C.G.P., que determina que la prescripci\u00f3n es susceptible de interrumpirse a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda, siempre y cuando el auto admisorio o el que libre mandamiento de pago se notifique al demandado en el a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n de dicha providencia al demandante, ya sea por estado o personalmente, pues, de lo contrario, el t\u00e9rmino prescriptivo contin\u00faa corriendo hasta que aquella opere. <\/p>\n
Con base en el material probatorio, el Juzgado encontr\u00f3 que, en el sub examine: (i) la demanda ejecutiva fue presentada el 18 de enero de 2019; (ii) el mandamiento de pago se libr\u00f3 el 8 de febrero de ese mismo a\u00f1o y se notific\u00f3 por estado al demandante el 11 de febrero de 2019; y (iii) el ejecutado se notific\u00f3 por conducta concluyente el 29 de julio de 2021. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado estableci\u00f3, por una parte, que cuando se present\u00f3 la demanda ya hab\u00edan transcurrido dos a\u00f1os y tres d\u00edas del t\u00e9rmino prescriptivo, contados desde el vencimiento de la obligaci\u00f3n (15 de enero de 2017), por lo que faltaban 11 meses y 27 d\u00edas, para que se consumara el trienio extintivo; y, por otra, que el acto de enteramiento al ejecutado se surti\u00f3 despu\u00e9s de transcurrido el a\u00f1o de que trata el art\u00edculo 94 del C.G.P., ya que este venci\u00f3 el 11 de febrero de 2020, circunstancia que impidi\u00f3 que se tuviera por interrumpida la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
A su vez, el Juzgado descart\u00f3 que la falta de notificaci\u00f3n a tiempo del ejecutado se debiera a una actuaci\u00f3n de la autoridad judicial cognoscente, como lo asegur\u00f3 el accionante, por cuanto el actor tard\u00f3 m\u00e1s de 9 meses en cumplir con la carga de allegar al expediente el edicto de emplazamiento, necesario para que el despacho designara un curador ad litem, por lo cual resalt\u00f3 que <\/p>\n
en autos consta que el mandamiento de pago en el cual se orden\u00f3 emplazar al demandado, fue proferido el 8 de febrero de 2019, notificado por estado el 11 del mismo mes, y s\u00f3lo, hasta el 25 de noviembre de ese a\u00f1o, el ejecutante present\u00f3 memorial acreditando la publicaci\u00f3n del edicto emplazatorio, esto es, dej\u00f3 transcurrir 9 meses y 14 d\u00edas para atender la carga procesal. <\/p>\n
De suerte que, no puede atribuirse la demora al despacho de instancia, como lo reclama el recurrente. <\/p>\n
En cuanto a las costas, la condena se impuso con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 365 (numeral 1) del C.G.P. <\/p>\n
4. Estudiados los anteriores razonamientos, se observa que, independientemente de que sean o no compartidos, no resultan arbitrarios, caprichosos ni irracionales; en efecto, las decisiones controvertidas se encuentran motivadas y respaldadas en un an\u00e1lisis de las actuaciones surtidas y de la falta de diligencia del actor y se sustentan en una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intromisi\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las conclusiones del juez natural no se muestran abiertamente desprovistas de fundamento, carentes de soporte o manifiestamente alejadas del orden jur\u00eddico, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. En ese sentido, debe precisarse que el juez de constitucional no est\u00e1 llamado a \u00abintervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb y tampoco est\u00e1 facultado para realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, esta Corte1 tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las probanzas consideradas, pues esa actividad corresponde al juez natural, sin que pueda el de tutela anteponer su propio criterio ni desvirtuar las apreciaciones motivadas a las que arrib\u00f3 el operador judicial cognoscente, por cuanto ello vulnerar\u00eda los principios de autonom\u00eda e independencia, sumado que convertir\u00eda este instrumento en una tercera instancia, lo cual es inviable. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se impone ratificar el fallo atacado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 25 de enero de 2012, rad. 2011-02659-00, reiterado en CSJ STC7213-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC2493-2023 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC2493-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 41001-22-14-000-2022-00262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 11 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71831","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71831\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}