STC2495-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02617-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Colbank S.A. contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Direcci\u00f3n de Intervenci\u00f3n Judicial, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, al buen nombre, a la defensa, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a \u00abla propiedad privada\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad acusada, en el marco del incidente de remoci\u00f3n de la liquidadora de DMG Grupo Holding S.A. <\/p>\n
Solicita en consecuencia \u00abse anulen las decisiones tomadas por la Juez Delegada para Intervenci\u00f3n Judicial los d\u00edas 21 y 25 de octubre de 2022 dentro del [precitado tr\u00e1mite accesorio]\u00bb y en consecuencia se ordene \u00abla remoci\u00f3n en un t\u00e9rmino de 48 horas de la liquidadora de DMG, Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira\u00bb, o subsidiariamente \u00abse ordene que dentro de un plazo prudencial de diez (10) d\u00edas la Juez Delegada para Intervenci\u00f3n Judicial, adecu\u00e9 su actuaci\u00f3n a derecho y dicte una nueva decisi\u00f3n acorde con las pruebas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. La accionante es propietaria del 30.92% del inmueble denominado \u00abLas Mercedes\u00bb, identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20341326 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, la sociedad Inverlopez Ltda. es due\u00f1a del 51.8% y el 17.27% restante est\u00e1 bajo el dominio de Mar\u00eda Elvira L\u00f3pez Pi\u00f1eros, predio de aproximadamente, un \u00e1rea de 27.000 mts2 y un aval\u00fao de $40.500\u00b4000.000. <\/p>\n
2.2. El 3 de junio de 2008 celebraron promesa de venta con Luis Eduardo Guti\u00e9rrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, sobre ese predio y los denominados \u00abNuevo San Antonio\u00bb y \u00abBihar B.\u00bb, pero al incumplirse el contrato, porque los promitentes compradores hab\u00edan vendido su posici\u00f3n a DMG, quien les dio el dinero para el primer pago, la aqu\u00ed accionante inici\u00f3 proceso para su resoluci\u00f3n, que correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, radicado 2012-00052, decurso en el que no se alcanz\u00f3 a dictar sentencia, porque fue remitido a la Superintendencia de Sociedades a ordenes de la liquidaci\u00f3n de DMG, por solicitud de su liquidadora. <\/p>\n
2.3. Narra la accionante que desisti\u00f3 de dicha demanda, porque la liquidadora dispuso la \u00abextinci\u00f3n de dominio\u00bb sobre el bien en comento; de otro lado, cursa proceso penal contra los promitentes compradores Luis Eduardo Guti\u00e9rrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito, dentro del cual Colbank e Inverl\u00f3pez fueron reconocidas como v\u00edctimas. <\/p>\n
2.4. Por considerar que en la liquidaci\u00f3n de DMG la liquidadora incurri\u00f3 en \u00abgrav\u00edsimas conductas\u00bb que afectaron el patrimonio de la actora, \u00e9sta promovi\u00f3 incidente para su remoci\u00f3n, donde expuso que aquella colaboradora de la justicia, sin orden de la Superintendencia de Sociedades, logr\u00f3 que \u00abfraudulentamente\u00bb se registraran las anotaciones 12, 14, 15 y 16 del folio del predio en comento, referentes la primera, a la toma de posesi\u00f3n, y las siguientes al embargo de su cuota parte y la de Inverlopez y la posterior \u00abextinci\u00f3n del derecho de dominio privado\u00bb, anotaciones 14, 15 y 16 que a la postre fueron dejadas sin validez por la Oficina de Registro. <\/p>\n
2.5. El 21 de octubre de 2022 la Superintendencia de Sociedades neg\u00f3 la remoci\u00f3n de la liquidadora, decisi\u00f3n que la aqu\u00ed interesada pidi\u00f3 adicionar y posteriormente la atac\u00f3 en reposici\u00f3n, pero fue mantenida el 25 de octubre siguiente, con \u00abfalsa motivaci\u00f3n\u00bb, porque, asevera \u00e9sta, se pas\u00f3 por alto la prueba de que Colbank nunca fue intervenida; la Superintendencia de Sociedades no orden\u00f3 tomar posesi\u00f3n sobre sus bienes y; la Fiscal\u00eda 1 Delegada para la Extinci\u00f3n de Dominio ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 nunca dispuso que el comentado inmueble ingresara a la masa a liquidar de DMG. Tambi\u00e9n, para proferir dicho prove\u00eddo, no se ofici\u00f3 a las fiscal\u00edas que adelantan actuaciones penales contra la liquidadora, ni se recibieron varios testimonios. <\/p>\n
2.6. Asegura la gestora que la Superintendencia de Sociedades \u00abperdi\u00f3 el equilibrio procesal\u00bb en favor de la liquidadora porque; atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n la Resoluci\u00f3n No. 391 de \u00abseptiembre de 2017\u00bb con que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1, Zona Norte, cancel\u00f3 la anotaci\u00f3n 16 del folio del predio donde constaba la extinci\u00f3n del dominio; interpuso tutela contra la Superintendencia de Notariado y Registro porque no accedi\u00f3 a inscribir la solicitud de cambio de titularidad a favor de DMG; sancion\u00f3 con multa a unas funcionarias de la ORIP por supuestamente desobedecerla, decisi\u00f3n a la postre revocada en sede de tutela; insiste en que el comentado predio le pertenece a DMG; avoc\u00f3 conocimiento del aludido proceso de resoluci\u00f3n del contrato de promesa, sin tener competencia para ello; pidi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 que investigara disciplinariamente al apoderado de Colbank. <\/p>\n
2.7. Sostiene que los hechos fundamento de la solicitud de remoci\u00f3n de la auxiliar de la justicia encuadran en el incumplimiento de los deberes contenidos en los numerales 1\u00ba, 3\u00ba y 4\u00ba del art\u00edculo 3\u00ba del Cap\u00edtulo II de la Resoluci\u00f3n 100-00083 de 19 de enero de 2016, contentiva del Manual de \u00c9tica y Conducta Profesional para los Auxiliares de la Justicia de la Lista Administrada por la Superintendencia de Sociedades, al haber actuado sin facultades ni \u00f3rdenes para la obtenci\u00f3n de las mencionadas anotaciones. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Red de Veedur\u00edas Ciudadanas de Colombia solicit\u00f3 que se conceda el amparo, tras refrendar lo afirmado en tutela y resaltar que Colbank es un tercero de buena fe, que est\u00e1 registrado como propietario del predio en comento. <\/p>\n
2. La Directora de Intervenci\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Sociedades se\u00f1al\u00f3 que en las decisiones cuestionadas se encontr\u00f3 que la liquidadora no hab\u00eda cometido falta alguna, y los prove\u00eddos de 23 de septiembre y 12 de octubre de 2022, con que se decretaron las pruebas, no fueron atacados mediante el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la gestora incurri\u00f3 en afirmaciones inexactas porque dentro del proceso de intervenci\u00f3n se determin\u00f3 que el predio \u00abLas Mercedes\u00bb es realmente de propiedad de DMG Grupo Holding S.A., pero la ORIP de Bogot\u00e1 Zona Norte se ha negado a inscribir la propiedad a favor de \u00e9sta, pese a que la legalidad de lo as\u00ed decidido est\u00e1 respaldada en sentencias de tutela del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y la Corte Suprema de Justicia; pretende traer a discusi\u00f3n situaciones ya definidas dentro del proceso donde se tramit\u00f3 el incidente cuestionado; interpreta actuaciones con un alcance que no tienen. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el tr\u00e1mite accesorio cuestionado ten\u00eda lugar si se comprobaban actuaciones que entorpecieran el desarrollo del proceso o impusieran trabas al cumplimiento de sus fines, y en ese sentido la incidente no desarroll\u00f3 su argumentaci\u00f3n; all\u00ed se constat\u00f3 que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n hab\u00edan emitido decisiones donde determin\u00f3 que la liquidadora no hab\u00eda incurrido en ninguna conducta reprochable; se corrobor\u00f3 que las actuaciones desplegadas por la precitada tuvieron como prop\u00f3sito cumplir las decisiones de la Superintendencia de Sociedades y la realizaci\u00f3n de los fines del proceso. <\/p>\n
3. Inverlopez Ltda., quien dijo ser adem\u00e1s cesionaria de los derechos de Mar\u00eda Elvira L\u00f3pez Pi\u00f1eros, pidi\u00f3 que se conceda la tutela. <\/p>\n
4. La sociedad V\u00edctimas de DMG corrobor\u00f3 los hechos de la acci\u00f3n de tutela y tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se acceda a la protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Mar\u00eda Mercedes Perry Ferreira, Liquidadora de DMG Grupo Holding S.A. en Liquidaci\u00f3n Judicial se\u00f1al\u00f3 que lo expuesto por la gestora es su desacuerdo con los prove\u00eddos criticados; indic\u00f3 que \u00e9sta ha incurrido en temeridad al presentar m\u00faltiples tutelas con el mismo prop\u00f3sito, todas falladas en su contra, adem\u00e1s ha recusado a m\u00faltiples funcionarios de la Superintendencia de Sociedades, ha promovido varios procesos penales y disciplinarios, <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la protecci\u00f3n tras descartar que en las determinaciones reprochadas se arribara a conclusiones contraevidentes y agreg\u00f3 que es improcedente el amparo frente al no decreto de unas pruebas, porque esa decisi\u00f3n no fue recurrida. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentada por la Red de Veedur\u00edas Ciudadanas se fund\u00f3 en que los hechos fundamento de la acci\u00f3n, dan cuenta de que la auxiliar de la justicia incurri\u00f3 en actos de \u00abcorrupci\u00f3n\u00bb dentro del proceso cuestionado. Reproch\u00f3 adem\u00e1s, el supuestamente no haber sido vinculada a la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n impugn\u00f3 Colbank S.A., insistiendo en sus argumentos iniciales, haciendo \u00e9nfasis en que las actuaciones de la liquidadora de DMG tienen connotaci\u00f3n penal, porque se adelantaron una toma de posesi\u00f3n, medidas cautelares y extinci\u00f3n de dominio a favor de un particular, sin mediar decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Reprocho que en primera instancia no se hubiera emitido pronunciamiento sobre unas pruebas que solicit\u00f3 y que el tr\u00e1mite est\u00e1 viciado por falta de vinculaci\u00f3n de unos interesados en las resultas de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del examen de la demanda de amparo se establece que, a trav\u00e9s de ella la accionante cuestiona el prove\u00eddo de 21 de octubre de 2022, mantenido en reposici\u00f3n el 25 de octubre siguiente, con que se decidi\u00f3 el incidente de remoci\u00f3n de la agente interventora, adelantado dentro del proceso de intervenci\u00f3n judicial de DMG Grupo Holding S.A. seguido ante la Superintendencia de Sociedades, pues, en sentir de la actora, lo decidido emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, porque lo decidido en tr\u00e1mite accesorio cuestionado, no se observa arbitrario pues all\u00ed se consider\u00f3 de cara a las mismas inconformidades aqu\u00ed tra\u00eddas que, el prop\u00f3sito del proceso es sancionar a la auxiliar de la justicia por incurrir en actuaciones que entorpezcan o dilaten el tr\u00e1mite del proceso, frente a lo cual observ\u00f3 que las acusaciones dirigidas contra \u00e9sta no apuntan a develar tal falta, sin que tampoco lo haga el hecho de que se hayan promovido actuaciones penales y disciplinarias contra la agente interventora, sin que sea potestad de la Superintendencia determinar si \u00e9sta ha cometido faltas o delitos. <\/p>\n
En seguida el ente de supervisi\u00f3n analiz\u00f3 lo decidido al respecto por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y encontr\u00f3 que all\u00ed no se impuso ninguna sanci\u00f3n a la colaboradora de la justicia; constat\u00f3 que del mismo modo procedi\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n al archivar las actuaciones por atipicidad, para en seguida resaltar que las actuaciones de la incidentada se desarrollaron en cumplimiento de sus funciones y fueron reflejo de las ordenes emitidas por la Superintendencia de Sociedades, porque estaba probado que el inmueble \u00abLas Mercedes\u00bb es de propiedad de DMG, al haber sido pagado con dinero que \u00e9sta obtuvo de la captaci\u00f3n a la que se dedicaba, tal como qued\u00f3 constatado en el proceso de extinci\u00f3n de dominio seguido respecto de dicho bien. <\/p>\n
Tambi\u00e9n cit\u00f3 la decisi\u00f3n emitida al respecto en sede de tutela por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde se precis\u00f3 que las decisiones tomadas de cara al comentado inmueble no pod\u00edan ser catalogadas como arbitrarias, todo lo cual le permiti\u00f3 al ente de supervisi\u00f3n colegir que no ameritaba remover a la agente interventora. <\/p>\n
Al resolver el recurso de reposici\u00f3n, la Superintendencia de Sociedades reiter\u00f3 las pruebas del expediente que demuestran que las conductas de la interventora no son ilegales ni incurri\u00f3 en ninguna falsedad al oficiar a la ORIP de Bogot\u00e1, Zona Norte. <\/p>\n
Frente a las pruebas que se alegaron no decretadas, precis\u00f3 que la decisi\u00f3n donde se resolvi\u00f3 sobre las mismas no fue recurrida, por lo que se pretend\u00eda revivir una etapa procesal precluida. <\/p>\n
De otro lado resalt\u00f3 que el recurrente en sus argumentos nuevamente insist\u00eda en exponer situaciones que no apuntan a fundamentar la solicitud de remoci\u00f3n de la interventora, sino a insistir en circunstancias sin directa relaci\u00f3n y por dem\u00e1s, ya debatidas y cerrado su debate; del mismo modo hizo notar como el recurrente daba a las decisiones que sustentan sus alegatos una interpretaci\u00f3n y alcance que no tienen, con el fin de generar confusi\u00f3n. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo expuesto es el desacuerdo con el an\u00e1lisis legal, probatorio y jurisprudencial realizado por la Superintendencia accionada, que lo llev\u00f3 a colegir que lo alegado por la aqu\u00ed accionante no estaba dirigido a demostrar que la auxiliar de la justicia cuya remoci\u00f3n se ped\u00eda, hubiera entorpecido o dilatado de alg\u00fan modo el tr\u00e1mite del proceso de intervenci\u00f3n judicial, siendo esa la circunstancia que podr\u00eda llevar apartar del decurso a la colaboradora de la justicia, en vez de ello, se aleg\u00f3 que hab\u00eda incurrido en unas supuestas actuaciones irregulares, que en todo caso no resultaron probadas. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. En cuanto a la solicitud de las impugnantes para que se decrete la nulidad de la actuaci\u00f3n por supuestamente haberse omitido vincular a todos los interesados en el asunto, basta con se\u00f1alar que, adem\u00e1s del motivo que expuso el Tribunal a quo para no acceder a la invalidaci\u00f3n, consistente en que tal solicitud no resulta procedente en el expedito tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, lo cierto es que de la presente actuaci\u00f3n solo era de rigor enterar a las partes y dem\u00e1s intervinientes en el proceso cuestionado, lo cual se verifica realizado en primera instancia, incluso mediante aviso fijado por la Superintendencia accionada el 30 de noviembre de 2022, adem\u00e1s, puntualmente, en cuanto a la Red de Veedur\u00edas, el reclamo resulta intrascendente, pues en toco caso acudi\u00f3 a la actuaci\u00f3n, intervino y se concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n interpuesta. <\/p>\n
7. De otro lado, no hab\u00eda lugar a que el suscrito Magistrado ponente manifestara impedimento para conocer de la presente actuaci\u00f3n, como lo pidi\u00f3 la interventora en escrito allegado ante esta Sala, toda vez que la presente queja no se dirige contra alguna decisi\u00f3n en cuya emisi\u00f3n hubiere participado, ni contra esta Corte, y tampoco se analiz\u00f3 en ocasi\u00f3n anterior el espec\u00edfico reclamo aqu\u00ed elevado frente al ya estudiado tr\u00e1mite accesorio. Sobre el particular la Sala tiene establecido que \u00abno procede la causal de apartamiento cuando la misma se cimenta en la intervenci\u00f3n en una decisi\u00f3n distinta a la censurada por v\u00eda supralegal, la acci\u00f3n no se dirige contra esta Corporaci\u00f3n, ni \u00e9sta trat\u00f3 de fondo el tema en cuesti\u00f3n\u00bb (criterio reiterado, entre muchos otros, en autos ATC647-2019, 3 may., rad. 2019-00631-00; ATC679-2019, 8 may., rad. 2019-00032-01; ATC824-2019, 30 may., rad. 2019-00088-01; ATC831-2019, 30 may., rad. 2018-00558-01; ATC1250-2019, 13 ag., rad. 2019-00004-01; ATC222-2020, 25 feb., rad. 2019-00337-01; ATC338-2020, 17 mar., rad. 2019-00811-01; y ATC518-2020, 16 jul., rad. 2020-00754-00). <\/p>\n
8. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC2495-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02617-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de diciembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71833","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71833","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71833"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71833\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71833"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71833"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71833"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}