STC2506-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2506-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 54001-22-13-000-2023-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta el 31 de enero de 2023, con la cual se concedi\u00f3 el amparo formulado por Decireth Mahecha Amaya, contra la Superintendencia de Sociedades, el Intendente Regional de Bucaramanga del mencionado ente de control y la empresa Proeza S.A.S en Liquidaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como sujeto pasivo al Ministerio del Trabajo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital, trabajo y seguridad social, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que el 13 de marzo de 2013 suscribi\u00f3 contrato a t\u00e9rmino indefinido con la empresa Proeza Consultores S.A.S., en donde se desempe\u00f1aba como auxiliar administrativo, contrato que se extendi\u00f3 hasta el d\u00eda en que el liquidador Oscar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n tom\u00f3 posesi\u00f3n de la empresa. <\/p>\n
2.1. Refiri\u00f3 que, al momento de ocurrida la situaci\u00f3n mencionada, la sociedad solo le hab\u00eda cancelado lo referente a 2 vacaciones y una cesant\u00eda, quedando pendiente el pago de las prestaciones sociales e indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 que el 16 de julio de 2021, antes de la adjudicaci\u00f3n, le solicit\u00f3 al liquidador el pago en efectivo, toda vez que en el tr\u00e1mite liquidatorio se recogi\u00f3 dinero tal como se evidencia en el acta de adjudicaci\u00f3n. Sin embargo, no hubo prioridad, puesto que el mismo se reparti\u00f3 con el condominio del Edificio Rivera del Este, el cual no se encontraba en la primera clase tal y como lo establece la ley. Petici\u00f3n de la cual no obtuvo respuesta. <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 que el 8 de noviembre de 2021 present\u00f3 una nueva petici\u00f3n. Coment\u00f3 que el 2 de febrero de 2022 se le dio respuesta, despu\u00e9s de haberse aprobado el acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes, en el cual se encuentra el acuerdo de pagos. <\/p>\n
2.4. Inform\u00f3 que actualmente pesa sobre ella el cobro pre jur\u00eddico por parte de la administraci\u00f3n del Edificio Rivera del Este, en raz\u00f3n al apartamento 707 B que le fue adjudicado. Igualmente tiene deudas de aseo y agua por un valor aproximado de $2.000.000. Sumado a ello, el edificio pide cuotas extraordinarias y los gastos aumentan en raz\u00f3n a servicios p\u00fablicos e impuestos del predio. Destac\u00f3 que no se ha tenido en cuenta la Ley 116 de 2006, con relaci\u00f3n a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
2.5. Sostuvo, que a pesar de que se recaud\u00f3 dinero de la cartera de la empresa, el liquidador no tuvo prioridad frente a las solicitudes elevadas antes de la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
2.6. Relat\u00f3 que el 3 de septiembre de 2022, nuevamente radic\u00f3 solicitud por violaci\u00f3n de la ley 1116 de 2004, en el proceso de Reorganizaci\u00f3n Empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, por el no pago en efectivo de los pasivos de primera clase (laboral), a pesar de que ha estado acogida por la ley de contrataci\u00f3n de personas con discapacidad, de la cual no ha obtenido respuesta. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se ordene la entrega en efectivo del dinero que por derecho le corresponde y le suministren informaci\u00f3n sobre el proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Intendente Regional de Bucaramanga1 pidi\u00f3 que se declare improcedente el amparo por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora, dado que la adjudicaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo de conformidad con la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2. El Ministerio del Trabajo2 solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la acci\u00f3n con respecto a la entidad, toda vez que no ha vulnerado ni puesto en peligro derecho fundamental alguno de la tutelante. <\/p>\n
3. Oscar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n3, Liquidador de la Sociedad Proeza Consultores S.A.S., en Liquidaci\u00f3n por Adjudicaci\u00f3n, destac\u00f3 que la libelista \u00abpretende pasar por encima de las reglas de adjudicaci\u00f3n y que su acreencia fuera paga en efectivo y mezclar su acreencia como gasto causado durante la liquidaci\u00f3n\u00bb. Rog\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n constitucional, en raz\u00f3n a que no le ha vulnerado los derechos a la gestora y todas sus actuaciones se encuentran ajustadas al estatuto de insolvencia ley 1116 de 2006 y dem\u00e1s normas concordantes. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
El Tribunal constitucional del Distrito Judicial de C\u00facuta, con relaci\u00f3n a la entrega de dinero en efectivo implorada por la actora, consider\u00f3 que \u00abno es viable de ser debatido mediante este medio de defensa judicial, habida consideraci\u00f3n que tal y como se evidencia de los medios de prueba que obran en autos, a la parte actora le fue reconocida su acreencia en el acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes de la sociedad Proeza Consultores S.A.S. en Liquidaci\u00f3n por Adjudicaci\u00f3n, el cual fue aprobado en la audiencia llevada a cabo por el Intendente Regional de Bucaramanga de la Superintendencia de Sociedades el d\u00eda 9 de diciembre de 2021\u00bb, en la cual se le adjudic\u00f3 en porcentaje del bien inmueble, actuaci\u00f3n contra la cual la parte actora no present\u00f3 inconformidad alguna. <\/p>\n
Por otro lado, concedi\u00f3 el amparo del derecho de petici\u00f3n formulado el 3 de septiembre de 2022, dado que el \u00abauxiliar de la justicia no aport\u00f3 junto con su escrito de contestaci\u00f3n, prueba alguna de la que pueda inferirse la existencia de un pronunciamiento sobre lo pedido por la parte actora, situaci\u00f3n que configura la vulneraci\u00f3n del derecho consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. No comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio, \u00abla tutela atribuida con radicado N\u00b0 54001-2213-000- 2023-0016-01 – Interno: 2023-0016-00, 1991, que la ley consagr\u00f3 en su art\u00edculo 86 acci\u00f3n de tutela es para informales que los derechos fundamentales era proteger mis prestaciones sociales NO ADQUIRIR DEUDAS A LARGO PLAZO\u00bb. Enfatiz\u00f3 en que las \u00abAcreencia laborares son de primer orden\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las entidades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por la accionante, con ocasi\u00f3n al no pago en efectivo de la acreencia que en su sentir le corresponde, as\u00ed como ante la ausencia de respuesta por parte del liquidador frente a la solicitud de informaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se advierte que la acci\u00f3n constitucional impetrada habr\u00e1 de ser confirmada por las razones que se pasan a exponer: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, frente a lo concerniente al pago en efectivo de la acreencia reconocida al interior del proceso liquidatorio, la Sala observa la inexistencia de vulneraci\u00f3n por parte de las accionadas. Ello teniendo en cuenta que la obligaci\u00f3n originada en la vinculaci\u00f3n laboral con la empresa Proeza Consultores S.A.S., en Liquidaci\u00f3n por Adjudicaci\u00f3n, le fue reconocida en el acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes, asign\u00e1ndole un porcentaje del apartamento 707 y parqueadero No. 16 con matr\u00edcula inmobiliaria No. 260-27152. Por consiguiente, la Superintendencia de Sociedades Regional de Bucaramanga -en audiencia del 9 de diciembre de 2021-4 resolvi\u00f3, entre otras: <\/p>\n
PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 57 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con el art\u00edculo 31 del Decreto 1730 de 2009, SE APRUEBA el acuerdo de adjudicaci\u00f3n de bienes de la sociedad PROEZA CONSULTORES S.A.S.- EN LIQUIDACI\u00d3N POR ADJUDICACI\u00d3N presentado por el liquidador y teniendo en cuenta que el mismo fue aprobado por el 92% del total de los acreedores con vocaci\u00f3n de pago y que fueron reconocidos en el proceso de reorganizaci\u00f3n, tal como se expuso en esta audiencia y que hace parte de la motivaci\u00f3n de esta providencia. <\/p>\n
QUINTO: ADVERTIR que, con la adjudicaci\u00f3n, los acreedores adquieren el dominio de los bienes, extingui\u00e9ndose las obligaciones del deudor frente a cada uno de ellos, hasta la concurrencia del valor de los mismos. <\/p>\n
2.2. De lo expuesto se observa que la acreencia pretendida por la gestora ya fue pagada, por lo tanto, la omisi\u00f3n endilgada es inexistente. <\/p>\n
3. En segundo orden, y en atenci\u00f3n a la solicitud formulada el 3 de septiembre de 2022, se evidencia que el Tribunal Constitucional de primera instancia -con fallo del 31 de enero del presente a\u00f1o- ampar\u00f3 el derecho de petici\u00f3n de la accionante. Para ello, orden\u00f3 \u00abal se\u00f1or Oscar Boh\u00f3rquez Mill\u00e1n, en su calidad de liquidador de la sociedad Proeza Consultores S.A.S. en Liquidaci\u00f3n por Adjudicaci\u00f3n, que dentro del t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, proceda a resolver de manera clara, precisa y de fondo la petici\u00f3n de fecha 3 de septiembre de 2022 hecha por la accionante\u00bb. <\/p>\n
3.2. En una palabra, se constata que la omisi\u00f3n denunciada ya fue conjurada -en cumplimiento del veredicto de tutela-. Por ello, no habr\u00eda ninguna orden que impartir. <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-10. Anexo 09. RESPUESTA SUPERSOCIEDADES REGIONAL BUCARAMANGA.pdf <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-24. Anexo 10. RESPUESTA MINISTERIO DE TRABAJO.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-50. Anexo 11. RESPUESTA LIQUIDADOR SOCIEDAD PROEZA CONSULTORES SAS.pdf <\/p>\n
4\u0002 Folio 2-4. Anexo 2021-06-006241-000.PDF. Expediente digital <\/p>\n
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