STC2512-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2512-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-02315-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 11 de noviembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Bienes & Leyes Ltda, Calder\u00f3n Morales & C\u00eda SAS y Jorge Arturo Acu\u00f1a Garc\u00eda contra el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 1998-07501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderada judicial, los solicitantes reclaman la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que en el proceso de entrega del tradente al adquirente promovido por Fiduciaria BNC SA contra Francisco Luis G\u00f3mez & Hermanos, el 19 de junio de 2018 pusieron en conocimiento del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que la litis no se encontraba debidamente conformada, toda vez que los demandantes all\u00ed reconocidos no eran los \u00fanicos propietarios de los inmuebles objeto del litigio, por lo que solicitaron ser reconocidos dentro del mismo, petici\u00f3n que fue rechazada en auto del 13 de septiembre siguiente, pese a que tambi\u00e9n pusieron de presente al juzgado el inicio de proceso divisorio ante el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma localidad, y aunque atacaron lo resuelto a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios, fue mantenida la decisi\u00f3n por el juez cognoscente, y, posteriormente declarado desierto el mecanismo subsidiario. <\/p>\n
Refieren que \u00abcomo todos los intentos para que fueran reconocidos los due\u00f1os del predio no hab\u00edan sido tenidos en cuenta por el juez\u00bb, solicitaron la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la demanda, la que fue rechaza por no ser parte dentro de la contienda, raz\u00f3n por la cual acuden al presente mecanismo especial de protecci\u00f3n, pues \u00abno se pudo realizar una oposici\u00f3n a la diligencia de entrega de los bienes que ya fueron secuestrados y se solicit\u00f3 la entrega \u00fanicamente de los bienes que estaban en cabeza [suya]\u00bb. <\/p>\n
3. Pretenden que por esta v\u00eda se ordene a la autoridad judicial accionada, (i) los \u00abADMITA (\u2026) como parte activa dentro del proceso de la referencia\u00bb; (ii) \u00abDecretar la NULIDAD de todo lo actuado desde el a\u00f1o 2018 donde se [les] neg\u00f3 la inclusi\u00f3n (\u2026) como PARTE ACTIVA dentro del proceso, al haber estado actuando con una parte que no est\u00e1 legitimada dentro del proceso, y entregarles los bienes a quienes ya no eran los leg\u00edtimos due\u00f1os o titulares del derecho\u00bb; y, (iii) \u00abDecretar LA NULIDAD de la entrega de bienes realizado por parte del JUZGADO COMISIONADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA\u00bb. <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que a la fecha no hay pendiente recurso alguno por resolver dentro del litigio criticado. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Civil remiti\u00f3 copia de la providencia AC7709-2017, por medio de la cual se inadmiti\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n presentado por el extremo demandado dentro del proceso revisado constitucionalmente, y, del auto AC1347-2018 que neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n de esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Digital solicit\u00f3 ser desvinculada de la acci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que \u00abverificada la solicitud de la parte accionante, recae en otras entidades la competencia para resolver los aspectos planteados en el escrito de amparo constitucional\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio porque desatiende el requisito de la inmediatez, ya que \u00abentre la fecha en que se surtieron las actuaciones que reprochan los accionantes, espec\u00edficamente la negativa a tenerlos como litisconsortes necesarios en el proceso subyacente y a aceptar su inclusi\u00f3n en el mismo, y la radicaci\u00f3n de la presente demanda de tutela, transcurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os, sin que se hubiera justificado la tardanza en acudir a este reclamo constitucional, circunstancia que disminuye la eficacia de la tutela como medio para salvaguardar derechos de raigambre fundamental\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la parte interesada, para se\u00f1alar que \u00abno es de recibo que se niegue la tutela por no haberla intentado antes de adelantar todos los recursos judiciales que se ten\u00edan al alcance, que para la resoluci\u00f3n negativa de cada uno transcurr\u00eda bastante tiempo, pues bien es sabido que las actuaciones judiciales son tard\u00edas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y de superarse lo anterior, si el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 vulner\u00f3 el debido proceso a los querellantes, al no reconocerlos como parte dentro del proceso de entrega del tradente al adquirente seguido por Fiduciaria BNC SA contra Francisco Luis G\u00f3mez & Hermanos (n\u00b0 1998-07501), y por ende, hacer entrega de los bienes objeto de disputa \u00fanicamente a la sociedad demandante. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la jurisprudencia especializada ha establecido los presupuestos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Circunscrito el estudio al planteamiento del problema jur\u00eddico, con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y con apoyo en las piezas procesales adosadas al expediente, la Corte avalar\u00e1 la declaraci\u00f3n de improcedencia del auxilio deprecado, dado que no supera el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, al estar dirigido el reproche constitucional contra: (i) el auto proferido el 13 de septiembre de 2018, por medio del cual se \u00abrecha[z\u00f3] de plano\u00bb la solicitud presentada por Bienes & Leyes Ltda para ser reconocida como parte dentro del proceso en comento; (i) la diligencia de entrega de bienes finalizada el 27 de marzo de 2019; y (iii) el prove\u00eddo calendado 9 de septiembre de 2019, que \u00abrechaz[\u00f3] de plano el incidente de nulidad formulado\u00bb, se excede ampliamente el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de esta Sala, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia del resguardo se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC1469-2023, 22 feb. 2023, rad. 01370-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC10043-2022, 4 ago. 2022, rad. 01396-01, entre otras). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
3.2. Ahora, aunque el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no, tal condici\u00f3n le impone al juez constitucional, realizar un balance de los derechos fundamentales en juego y de las razones expuestas como justificantes de la inercia para acudir al amparo, y, finalmente, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente al criterio temporal que viene coment\u00e1ndose. <\/p>\n
De cara a lo anterior, en este caso no se demostr\u00f3 alguna de las circunstancias descritas que evidencien situaciones ajenas a la voluntad de los promotores, pues, entre otras, precisamente comparecieron al proceso a trav\u00e9s de apoderada judicial, y con ello, la inexistencia de excusa que conlleve su imposibilidad para recurrir tempranamente a esta excepcional herramienta jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre la inviabilidad de retomar debates sobre aspectos procesales establecidos con antelaci\u00f3n en el juicio, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00aba diferencia de lo manifestado en el escrito de impugnaci\u00f3n, la solicitud resuelta\u2026 retom\u00f3 la situaci\u00f3n definida en pret\u00e9rita oportunidad \u2026que se encuentra en firme, sin que el haber reiterado sobre el tema, aunque con distinta argumentaci\u00f3n, tenga la virtud de desconfigurar el principio [de inmediatez]\u00bb (CSJ STC 27, may. 2011, exp, 00096-01, citada entre otras en STC9106-2021, 22 jul. 2021, rad. 00332-01). <\/p>\n
3.3. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio, porque aunado a la desidia para hacer uso oportuno de la acci\u00f3n constitucional, los interesados no probaron la existencia de perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01, reiterada entre otras, en STC1480-2023, 22 feb. 2023, rad. 00013-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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