STC2516-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC2516-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02576-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 12 de enero de 2023, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Andr\u00e9s Adolfo Villamizar G\u00f3mez contra el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor -por medio de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada. Narr\u00f3 que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo -con prove\u00eddo del 28 de diciembre de 2010- lo conden\u00f3 a una pena de 8 a\u00f1os, 9 meses y 4 d\u00edas de prisi\u00f3n, tras hallarlo culpable de los delitos de secuestro simple, tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de armas de fuego y da\u00f1o en bien ajeno. A su vez, le neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Colegiado de Sincelejo precluy\u00f3 la investigaci\u00f3n por el delito de da\u00f1o en bien ajeno. En raz\u00f3n a ello, modific\u00f3 la pena a 8 a\u00f1os y 8 meses de prisi\u00f3n. Posteriormente, el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad -con prove\u00eddo del 19 de noviembre de 2013- le concedi\u00f3 la prisi\u00f3n domiciliaria, sin embargo, la misma fue revocada ante el incumplimiento de lo pactado al momento del otorgamiento del beneficio. <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 que el 9 de marzo de 2022, el Juzgado atacado neg\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal por \u00e9l impetrada, postura que mantuvo al resolver el recurso de reposici\u00f3n en auto del 7 de junio de del mismo a\u00f1o. Dicha decisi\u00f3n fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal debatido el 25 de agosto de siguiente. <\/p>\n
2.2. Afirm\u00f3 que la condena impuesta se encuentra prescrita. <\/p>\n
3. Con fundamento en los hechos narrados, demand\u00f3 que se amparen los derechos invocados. En consecuencia, se ordene a las autoridades accionadas proferir una nueva providencia en la que se acceda a la prescripci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e12 resalt\u00f3 que \u00abha atendido todas las solicitudes impetradas por el sentenciado, garantizando sus derechos al debido proceso y contradicci\u00f3n\u00bb. Pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 el amparo. Consider\u00f3 que \u00ablas decisiones mediante las cuales negaron la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal no son caprichosas o arbitrarias, sino que, por el contrario, fueron adoptadas de manera razonable y est\u00e1n justificadas en las pruebas obrantes en el proceso que vigila la condena\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor. Exige que se revoque la determinaci\u00f3n de primera instancia. Y se conceda el amparo invocado. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 25 agosto de 2022, con el cual se confirm\u00f3 la negativa de la prescripci\u00f3n de la pena. <\/p>\n
2. Sobre el particular, revisada la providencia censurada, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, el Tribunal cognoscente -con providencia del 9 de marzo de 2022- resolvi\u00f3 confirmar la negativa de la solicitud de prescripci\u00f3n de la pena. Para ello, con apoyo en lo establecido por el art\u00edculo 89 del CP, consider\u00f3 que \u00abLa pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en tratados internacionales debidamente incorporados al ordenamiento jur\u00eddico, prescribe en el t\u00e9rmino fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, pero en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior a cinco a\u00f1os contados a partir de la ejecutoria de la correspondiente sentencia\u2026\u00bb. En el caso en particular, recalc\u00f3 que la providencia condenatoria de segunda instancia se profiri\u00f3 el 1\u00ba de junio de 2011, la cual modific\u00f3 la pena impuesta por el A-quo a 104 meses de prisi\u00f3n. As\u00ed mismo, enfatiz\u00f3 que el sentenciado fue privado de la libertad el 26 de junio de 2010, concedi\u00e9ndosele la prisi\u00f3n domiciliaria el 19 de noviembre de 2013, medida que fue revocada el 18 de junio de 2018. <\/p>\n
2.2. Por otro lado, evidenci\u00f3 que el quejoso -estando en prisi\u00f3n domiciliaria fue condenado el 10 de octubre de 2017 por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Barranquilla por hechos cometidos el 9 de julio del mismo a\u00f1o-, fecha en la cual empez\u00f3 a pagar la pena impuesta en este nuevo caso. En consecuencia, precis\u00f3 que \u00abel condenado ha estado privado de la libertad por cuenta de una actuaci\u00f3n penal distinta de aquella en la que solicit\u00f3 la prescripci\u00f3n, lo que gener\u00f3 que se suspendiera la ejecuci\u00f3n de la sentencia correspondiente a este proceso, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 90 del CP\u00bb. Igualmente, soport\u00f3 su decisi\u00f3n con sentencia CSJ. STP3755-2022 del 29 de marzo de 20223. <\/p>\n
3. De lo expuesto, para esta Sala Civil, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del juez ordinario, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda ser recibida como irrazonable.4 Ello pues, fue proferida por el juez natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y probatorio del tema debatido. Por tanto, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el accionante. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Y \u00ab\u2026menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la parte actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020). Adem\u00e1s, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC 2462-2021, 12 de marzo). <\/p>\n
4. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 8-10. Anexo 0007Memorial.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 2-3. Anexo 0008Memorial.pdf. <\/p>\n
3\u0002 no es jur\u00eddica ni f\u00e1cticamente posible que la misma persona cumpla simult\u00e1neamente dos o m\u00e1s penas de prisi\u00f3n a menos que se hubiesen acumulado, en cuyo caso no ser\u00edan varias las sanciones a descontar, pues realmente se continuar\u00eda solamente con una totalizada, y el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n permanecer\u00eda igualmente interrumpido desde el momento en el cual el condenado fue aprehendido <\/p>\n
4\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
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