STC2517-2023<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2517-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00182-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 7 de febrero de 2023 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que interpusieron Fabio Enrique Bernal Carvajal y C\u00e9sar Augusto Jim\u00e9nez Ram\u00edrez contra la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, extensiva a los intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Fabio Enrique, actuando en nombre propio y como apoderado especial de C\u00e9sar Augusto, pidi\u00f3 que se ordene a la convocada impulsar y sentenciar la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que, en representaci\u00f3n de su mandatario, le promovi\u00f3 a Edgar Alberto Sahag\u00fan Ballesteros, en calidad de propietario del establecimiento de comercio Tecnologic Computer. <\/p>\n
Adujo, en esencia, que el 8 de julio de 2022 radic\u00f3 la respectiva demanda, y aunque la Superintendencia la admiti\u00f3 desde el 25 de julio, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela1 no la ha impulsado ni decidido, en desmedro de las garant\u00edas de que son titulares \u00e9l y su representado. <\/p>\n
2.- La Superintendencia se opuso al amparo porque, de un lado, no est\u00e1 en mora de definir la controversia, a la luz de los t\u00e9rminos contemplados en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, y de otro, cualquier demora en el impulso del litigio est\u00e1 justificada en la carga laboral que debe atender, comoquiera que a 23 de enero de 2023 ten\u00eda 26773 asuntos pendientes para fallo, a cargo de 29 funcionarios que fungen como jueces. <\/p>\n
3.- El Tribunal concedi\u00f3 el amparo y, en consecuencia, orden\u00f3 a \u00abEdison Camilo Largo Mar\u00edn, Coordinador del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, o quien haga sus veces, que en cumplimiento al t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 120 del C.G.P., atendiendo las condiciones particulares del proceso en que act\u00faa el accionante, tome la decisi\u00f3n que estimen pertinente, pero que comporte impulso procesal en lugar de su dilaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para ello, advirti\u00f3 que la convocada incurri\u00f3 \u00aben mora judicial injustificada por incumplimiento del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 120 del C.G.P para dictar las providencias fuera de audiencia (\u2026), contados a partir del ingreso del expediente al despacho (\u2026)\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, como el demandado se notific\u00f3 el 26 de julio de 2022 y no replic\u00f3 el libelo introductorio, \u00abno se trata de un proceso que presente significativas dificultades, de manera que no parece razonable tomarse el t\u00e9rmino m\u00e1ximo que el legislador previ\u00f3 para el tr\u00e1mite y el de una eventual pr\u00f3rroga\u00bb. <\/p>\n
4.- La entidad convocada impugn\u00f3 esa determinaci\u00f3n, argumentando que la mora no pod\u00eda juzgarse en relaci\u00f3n con los plazos del art\u00edculo 120 del estatuto adjetivo, sino los del 121. Precis\u00f3, a su vez, que tampoco fueron valorados los informes que revelaban su carga laboral. <\/p>\n
5.- Durante esta instancia, la Sala, de oficio, solicit\u00f3 a la accionada suministrar los soportes relativos a su carga laboral (27 feb. 2023)2, toda vez que no fueron adosados en primera instancia, pese a que los anunci\u00f3 al replicar el escrito de tutela. Asimismo, le pidi\u00f3 aportar otros datos relativos a los asuntos a su cargo. <\/p>\n
En respuesta indic\u00f3, como aspectos relevantes, que: i) tiene 26.135 demandas pendientes de decisi\u00f3n que fueron radicadas desde 2014 hasta el 2022, y 610 demandas pendientes de decisi\u00f3n radicadas desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2023, para un total, a la \u00faltima fecha de 26.745 asuntos; ii) durante los a\u00f1os 2021, 2022 y 2023 ha terminado, respectivamente, con sentencia, 13788, 13124 y 546 procesos, y, por medio de conciliaci\u00f3n, 2894, 2459 y 59 controversias; iii) la demanda de justicia increment\u00f3 desde 2020 y, por tanto, \u00abse tiene que el n\u00famero de demandas pendientes de decisi\u00f3n por parte del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor crece a raz\u00f3n de un 2.3% promedio mensual, desde mayo de 2020 a la fecha, dando como resultado que ascendiera en 14.126 procesos; iv) el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor solo cuenta con 29 funcionarios a la fecha, de los cuales solo 8 deciden los litigios, lo que \u00abda como resultado una finalizaci\u00f3n m\u00e1xima de 2000 procesos al mes\u00bb; v) la entidad tiene implementada metas para cada uno de los dichos servidores, las cuales oscilan entre 90 a 104 sentencias escritas y 65 a 79 audiencias al mes; vi) para responder al incremento de la demanda del servicio \u00abse estableci\u00f3 un plan de acci\u00f3n de finalizar 22000 demandas admitidas, lo que resulta insuficiente, dado el riesgo al que nos enfrentamos. A 31 de enero de esta anualidad, se han finalizado 1178 demandas, para un avance del 5.4% de la meta fijada\u00bb; y vii) finamente \u00abcon el objetivo de tomar medidas que permiten gestionar y dar un poco m\u00e1s de tiempo, desde la coordinaci\u00f3n del Grupo de Trabajo para la Defensa del Consumidor se han propuesto\u00bb diversas estrategias. <\/p>\n
Al informe aport\u00f3 un documento en Excel, en el que se puede observar los asuntos que han sido asignados durante este a\u00f1o, a cada uno los funcionarios encargados de sentenciarlos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que, en cumplimiento del fallo de tutela, el 24 de febrero de 2023 dict\u00f3 sentencia en la causa confrontada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El veredicto se revocar\u00e1, y en su lugar, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n implorada, comoquiera que la mora judicial atribuida a la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio est\u00e1 debidamente justificada. Lo anterior, sin perjuicio de la validez y eficacia de la decisi\u00f3n por medio de la cual la convocada resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de C\u00e9sar Augusto Jim\u00e9nez Ram\u00edrez, comoquiera que, en todo caso, la Superintendencia deb\u00eda dirimir el litigio. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, la Sala, atendiendo los argumentos de la impugnaci\u00f3n, la desatar\u00e1 a trav\u00e9s del estudio de tres t\u00f3picos: i) la mora judicial y el plazo establecido en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para decidir el proceso en \u00fanica o primera instancia; ii) los presupuestos para que la mora sea conjurada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela; y iii) el caso concreto. <\/p>\n
2.1.- La mora judicial y el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso: de la posibilidad de que aquella se estructure antes y despu\u00e9s de vencido el plazo para decidir la \u00fanica o primera instancia. <\/p>\n
Como lo ha dicho la Sala, los juzgadores incurren en mora judicial cuando no impulsan los asuntos sometidos a su composici\u00f3n dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. De all\u00ed que la intervenci\u00f3n constitucional a efectos de conjurarla dependa, en primer lugar, de que se compruebe la infracci\u00f3n de dichos t\u00e9rminos. Al respecto, la Sala ha indicado: <\/p>\n
(\u2026) cuando se infringe el deber de tramitar oportunamente las controversias, se estructura la mora judicial, en desmedro de la tutela jurisdiccional de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Desde esta perspectiva, la viabilidad de una acci\u00f3n de tutela por mora judicial depende de que, en principio, se advierta la desatenci\u00f3n de los t\u00e9rminos previstos para tramitar la actuaci\u00f3n, y la falta de justificaci\u00f3n del incumplimiento. <\/p>\n
3.1.- Para establecer lo primero, deber\u00e1 definirse cu\u00e1l es la norma que fija los plazos para atender la solicitud, y verificar que, en efecto, hayan sido superados al momento de la presentaci\u00f3n del resguardo (STC13282-2022, entre otras). <\/p>\n
Ahora, cuando se denuncia la demora en tramitar una controversia y decidirla en \u00fanica y primera instancia, sin duda, el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso es un par\u00e1metro relevante a la hora de determinar la necesidad de conjurarla por esta v\u00eda, por cuanto establece el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de duraci\u00f3n del litigio en \u00fanica o primera instancia. Luego, en caso de que el fallador sentencie la causa por fuera de ese plazo, hay lugar a atribuirle mora judicial, sin perjuicio de que operen las dem\u00e1s consecuencias establecidas en dicho precepto, como lo es la p\u00e9rdida de competencia y la nulidad de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, dicha pauta no es el \u00fanico criterio a la luz del cual puede y debe juzgarse la existencia de la mora judicial en decidir un proceso, si en cuenta se tiene que el deber de los colaboradores de la administraci\u00f3n de justicia en torno a sustanciar diligentemente los asuntos a su cargo, prescrito en el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 270 de 1996, no se agota con la soluci\u00f3n de la controversia dentro de ese l\u00edmite, sino que tambi\u00e9n implica impulsarla, de acuerdo con los pasos y t\u00e9rminos prescritos para su tr\u00e1mite, con miras a que el litigio, atendiendo sus particularidades, pueda sentenciarse sin dilaciones injustificadas. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha puntualizado que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, STC1754-2021, STC5417-2021). <\/p>\n
Asimismo, obs\u00e9rvese c\u00f3mo el primer inciso del canon 121 establece un t\u00e9rmino m\u00e1ximo para que el sentenciador defina el conflicto, al decir que \u00absalvo interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso por causa legal, no podr\u00e1 transcurrir un lapso superior a un (1) a\u00f1o para dictar sentencia de primera o \u00fanica instancia, contado a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada\u00bb. De manera que, si dadas las circunstancias particulares de la controversia, es posible fallarla antes, as\u00ed deber\u00e1 hacerse, y en caso de no procederse as\u00ed, el juzgador podr\u00e1 incurrir en mora judicial. <\/p>\n
En ese orden, f\u00edjese, trat\u00e1ndose de procesos declarativos, como lo es una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, la demanda debe admitirse en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, en caso de replicarse el libelo, el fallador tiene el mismo plazo para pronunciarse sobre la contestaci\u00f3n. Trabada la litis, debe aplicar el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual, \u00ab[e]l juez se\u00f1alar\u00e1 fecha y hora para la audiencia una vez vencido el t\u00e9rmino de traslado de la demanda, de la reconvenci\u00f3n, del llamamiento en garant\u00eda o de las excepciones de m\u00e9rito, o resueltas las excepciones previas que deban decidirse antes de la audiencia, o realizada la notificaci\u00f3n, citaci\u00f3n, traslado que el juez ordene al resolver dichas excepciones, seg\u00fan el caso\u00bb. All\u00ed, deber\u00e1 agotar las fases previstas en el art\u00edculo 372, y de ser del caso, las del 373, dependiendo de si el asunto de que se trate debe tramitarse por la cuerda del verbal o la del verbal sumario3. <\/p>\n
Luego, cuando los funcionarios y empleados al servicio de la administraci\u00f3n de justicia no atienden los pasos y t\u00e9rminos contemplados en la ley para sustanciar los asuntos a su cargo, puede atribu\u00edrseles mora judicial y no solo en la hip\u00f3tesis de que los plazos establecidos en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso haya sido superado. <\/p>\n
En suma, el fallador de \u00fanica o primera instancia puede incurrir en mora judicial antes o despu\u00e9s de haber transcurrido el t\u00e9rmino contemplado en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso para decidir el litigio y, por ende, la injerencia constitucional es viable para conjurarla en cualquiera de esos dos momentos. <\/p>\n
2.2.- De los presupuestos para remediar la mora judicial v\u00eda tutela. <\/p>\n
Ahora, para que la mora judicial sea conjurada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, se requiere, adem\u00e1s de que se estructure la infracci\u00f3n de los pasos y t\u00e9rminos prescritos para impulsar la actuaci\u00f3n, que la tardanza sea injustificada, e igualmente que sea trascendente frente a las garant\u00edas del accionante. <\/p>\n
Sobre la justificaci\u00f3n de la mora, la Sala ha enfatizado en que, a tales efectos, <\/p>\n
(\u2026) importa indagar por las circunstancias que originaron la mora y c\u00f3mo ellas la provocaron. Con ese fin, deber\u00e1 confrontarse el expediente y analizarse las razones esgrimidas por el servidor judicial en aras de exculpar la desatenci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Ahora, no cualquier motivo tiene la virtualidad de escudar la mora judicial, solo aquella que la justifique, esto es, que pruebe, con \u00abrazones convincentes\u00bb, que la omisi\u00f3n no es atribuible a la dependencia judicial. As\u00ed se infiere al acudir al Diccionario de la lengua espa\u00f1ola, que define el verbo \u00abjustificar\u00bb como la acci\u00f3n de \u00abprobar algo con razones convincentes, testigos o documentos\u00bb, \u00abprobar la inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Una de esas razones convincentes que pueden justificar la mora es la congesti\u00f3n judicial. Pero, como hacerlo equivale a probar que la inobservancia de los plazos es ajena al aludido deber de diligencia, cuando dicha circunstancia se alegue, no ser\u00e1 suficiente que el servidor la invoque. Deber\u00e1, adem\u00e1s, traer a este escenario prueba i) de su congesti\u00f3n, de suerte que el juez constitucional pueda constatar la carga laboral invocada; ii) de c\u00f3mo ella impacta en la atenci\u00f3n oportuna del caso concreto; iii) al igual que de las medidas razonables y concretas que ha enfilado para superar el represamiento. <\/p>\n
Por otro lado, y en punto a la trascendencia de la mora judicial frente a los derechos de las partes del proceso, se ha indicado que debe evaluarse la necesidad de la intervenci\u00f3n constitucional, a efectos evitar que la acci\u00f3n de tutela se vuelva un instrumento para la alteraci\u00f3n del turno de los asuntos a cargo del juzgador, as\u00ed: <\/p>\n
Al igual que en otro tipo de auxilios, importa indagar, a efectos de determinar si la intervenci\u00f3n constitucional es o no necesaria, por el grado en que la acci\u00f3n o la vulneraci\u00f3n de la autoridad denunciada hiere las garant\u00edas fundamentales de quien la implora. <\/p>\n
Ahora, la citada trascendencia en ayudas como esta, en las que se denuncia la mora de las autoridades judiciales, se traduce en determinar la afectaci\u00f3n que el incumplimiento de los plazos procesales genera en los derechos del tutelante. <\/p>\n
Es que, bien puede ocurrir, que pese a la inobservancia un t\u00e9rmino para resolver determinado asunto, y la ausencia de motivos razonables para su incumplimiento, la intromisi\u00f3n no se justifique porque, por ejemplo, la intensidad de la afectaci\u00f3n del debido proceso es m\u00ednima, al ser pocos d\u00edas de mora, o bien porque la situaci\u00f3n del interesado no amerita la intervenci\u00f3n. Claro, no ser\u00e1 lo mismo cinco (5) d\u00edas que cinco (5) a\u00f1os de tardanza. Tampoco ser\u00e1 igual cuando la omisi\u00f3n compromete intereses de un sujeto de especial protecci\u00f3n, como un ni\u00f1o a una persona en condiciones de discapacidad. A su vez, la discusi\u00f3n ser\u00e1 diferente en la hip\u00f3tesis en que la infracci\u00f3n solo lesione el debido proceso, a que involucre otras garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
Y es que, si la injerencia supralegal en los asuntos de mora judicial se traduce en indicarle al fallador que atienda determinado caso por encima de otros que tambi\u00e9n debe tramitar oportunamente, es claro que debe justificarse suficientemente la necesidad de la intromisi\u00f3n. De lo contrario, la acci\u00f3n de tutela terminar\u00eda convertida en una herramienta para alterar el orden de los turnos para fallar las causas, y no para proteger derechos fundamentales (\u2026) (se enfatiza, ahora). <\/p>\n
2.3.- Caso concreto. La Superintendencia accionada justific\u00f3 la mora. <\/p>\n
Bajo los anteriores lineamientos, se descarta, en primer lugar, la tesis de la Superintendencia en torno a que no est\u00e1 en mora de decidir la controversia porque no ha transcurrido el a\u00f1o de que trata el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Como se dijo, la tardanza bien puede predicarse antes del vencimiento de ese plazo, ante el incumplimiento de las reglas establecidas para la realizaci\u00f3n de los actos previos a resolver el conflicto. <\/p>\n
En segunda medida, analizado el tr\u00e1mite que hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela adelant\u00f3 la entidad convocada en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0 22-227525, se advierte que, a la fecha de presentaci\u00f3n del auxilio, no la hab\u00eda impulsado de acuerdo con los t\u00e9rminos y pasos prescritos en la ley procesal. N\u00f3tese que despu\u00e9s de trabada la litis, en julio 26 de 2022, tras la notificaci\u00f3n de la parte demandada, no adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n tendiente a impulsarla, pese a que la actuaci\u00f3n subsiguiente era la convocatoria a audiencia, a fin de agotar las fases contempladas en los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso. Asimismo, no obstante que el actor, a trav\u00e9s de su apoderado, el 24 octubre de 2022 reclam\u00f3 que se impulsara el juicio y un pronunciamiento sobre una medida cautelar, la Superintendencia resolvi\u00f3 la rogativa solo hasta el 2 de febrero de 2023, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, sin adoptar ninguna decisi\u00f3n encaminada a tramitar el proceso. <\/p>\n
Sin embargo, lo cierto es que dicha tardanza no era susceptible de ser corregida a trav\u00e9s de ese sendero, toda vez que la accionada la justific\u00f3 en su carga laboral, y justific\u00f3 c\u00f3mo le impidi\u00f3 impulsar oportunamente el asunto, al igual que otros, radicados, incluso, con anterioridad al del quejoso. <\/p>\n
F\u00edjese que revel\u00f3, y as\u00ed lo demostr\u00f3 con los archivos en Excel aportados al informe rendido en esta instancia, que a finales de enero de 2023 ten\u00eda 26.745 asuntos sin decisi\u00f3n, muchos de ellos impulsados en 2020 y 2021. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que los funcionarios encargados de expedir sentencias y celebrar audiencias corresponden a 8 y 9 personas, quienes trabajan al tope de su capacidad de respuesta, pero el n\u00famero de demandas que ingresa la supera. <\/p>\n
As\u00ed, destac\u00f3 que en 2021 el Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor expidi\u00f3 13.788 sentencias, en 2022, 13.124 y en lo que va corrido del a\u00f1o 546, lo que significa que, en promedio, el \u00e1rea profiere 1000 veredictos al mes, y cada servidor, un promedio de 80 a 100 sentencias en ese periodo. Informaci\u00f3n que, adem\u00e1s, coincide con las metas que cada uno de ellos tiene, pues oscila entre 104-90 sentencias escritas y 79-65 audiencias mensuales. Pero, a la vez, resalt\u00f3 que en 2021, ingresaron 5604 demandas, en 2022, 5453, y en 2023, 5097. <\/p>\n
Al mismo tiempo, la accionada inform\u00f3 que ha adoptado medidas para superar el represamiento, como el \u00abplan de acci\u00f3n de finalizar 22000 demandas admitidas\u00bb, y diversas \u00abestrategias\u00bb, a saber: realizaci\u00f3n de audiencias colectivas dando prioridad a vigencias m\u00e1s antiguas, vinculaci\u00f3n de judicantes que permitan colaborar con la emisi\u00f3n de sentencias escritas y evaluaci\u00f3n de tr\u00e1mites, realizar reuniones con algunas empresas para identificar procesos que puedan terminar r\u00e1pidamente, verificar procesos con desistimientos y transacciones que permitan finalizarlos de forma prioritaria, jornadas de proyecci\u00f3n de sentencias escritas, jornadas con los dos (2) contratistas adscritas al Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor y una (1) contratista adscrita al Despacho de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, para la finalizaci\u00f3n de procesos con desistimientos y transacciones. <\/p>\n
Luego, la mora judicial denunciada no pod\u00eda remediarse a trav\u00e9s de este camino, con mayor raz\u00f3n, si ello supon\u00eda darle prelaci\u00f3n al caso del querellante, por sobre otros, incluso, m\u00e1s antiguos, y que se encontraban en un turno anterior para ser fallados. <\/p>\n
Por tanto, el veredicto de primera instancia debe revocarse, para, en su lugar, desestimar la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
2.4.- Consideraci\u00f3n adicional, a prop\u00f3sito de la justificaci\u00f3n de la mora judicial en el caso. <\/p>\n
Finalmente, se precisa, que las exculpaciones tra\u00eddas por la entidad accionada a efectos de justificar la mora son \u00fatiles \u00fanicamente para este caso, ya que, el punto debe analizarse en cada asunto, a la luz de sus particularidades, y, por tanto, frente a cada uno de ellos, le incumbe a la autoridad denunciada suministrar las explicaciones de rigor, en aras de mostrar c\u00f3mo la demora en impulsar los asuntos a su cargo es ajena a la debida diligencia que la ley le impone. <\/p>\n
Adicionalmente, no debe perderse de vista, que si bien, en principio, la congesti\u00f3n por la que atraviesa la entidad puede tener la virtualidad de justificar la mora en estos momentos, puede no tener esa entidad en casos futuros, ya que, la Superintendencia de Industria y Comercio, en cumplimiento del comentado deber de diligencia, est\u00e1 llamada a superar la congesti\u00f3n, y de ese modo sustanciar los procesos tomando en consideraci\u00f3n las pasos y t\u00e9rminos especiales que los rigen, y no postergar su impulso en funci\u00f3n del t\u00e9rmino del 121 y su pr\u00f3rroga. De suerte que le corresponde, en el tiempo, evaluar los resultados de las medidas que ha adoptado para superar la crisis, y tomar las que resulten apropiadas hacia esa finalidad. N\u00f3tese, como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
En los tiempos que corren, en los que los que la conflictividad social se ha incrementado, y con ello, el n\u00famero de causas que debe resolver la administraci\u00f3n de justicia, la mora judicial se ha normalizado. Se ha vuelto tan ordinario no atender oportunamente las causas, que acatar los tiempos o no da lo mismo, cuando no es ni deber\u00eda ser as\u00ed. <\/p>\n
No hay duda que los anotados factores afectan el cumplimiento de los plazos consagrados por el legislador. Por eso, es comprensible que cuando ellos concurren, todas las controversias o algunas de ellas no se impulsen en tiempo. Pero ello no significa que el retardo est\u00e9 bien, o que este pueda asumirse como \u00abnatural\u00bb, ni mucho menos que el deber de los servidores de sustanciar oportunamente los asuntos se extinga. No. Como se vio, lo que est\u00e1 en juego es la efectividad de los derechos de los asociados. Por tanto, la diligencia que se reclama de las autoridades jurisdiccionales, impone, tambi\u00e9n, adoptar medidas razonables y concretas para superar la congesti\u00f3n. Todo, a fin de solucionar las contiendas oportunamente o en un plazo razonable. Mem\u00f3rese que \u00ab[l]a judicatura es una instituci\u00f3n de servicio a la comunidad\u00bb, de ah\u00ed que quienes laboran en ella est\u00e1n llamados a implementar las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio4. <\/p>\n
(\u2026) pese a que la congesti\u00f3n judicial es un problema que afecta a la mayor\u00eda de los juzgados, propiciado, seg\u00fan se vio por m\u00faltiples factores, eso no releva al fallador y a sus colaboradores de enfilar esfuerzos para conjurar el problema, ya que pueden hacerlo a trav\u00e9s de los recursos de los que disponen, o gestionando aquellos que no tienen. <\/p>\n
En suma, toda vez que la efectividad de los derechos de quienes acuden a la administraci\u00f3n de justicia est\u00e1 ligada al cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales, los funcionarios y empleados judiciales deben procurar, estrictamente, su observancia. Y en virtud del deber de sustanciar diligentemente los asuntos a su cargo, est\u00e1n convocados a adoptar las medidas necesarias para remediar las circunstancias que entorpezcan su impulso oportuno (se destaca, STC13282-2022). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, se NIEGA la tutela instada. <\/p>\n
No obstante, se dejan inc\u00f3lumes las actuaciones realizadas por la accionada en cumplimiento de la orden constitucional emitida en la primera instancia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El libelo fue radicado el 1\u00b0 de febrero de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Mediante auto de esa fecha se dispuso: Requerir a la Coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, as\u00ed como al destinatario del fallo de tutela, Coordinador del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la misma entidad, para que en el t\u00e9rmino de un (1) d\u00eda, contado a partir del enteramiento de esta decisi\u00f3n, remitan lo siguiente:1.- Estad\u00edsticas de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde pueda constatarse: i) n\u00famero de procesos que est\u00e1n pendientes de ser impulsados por el Grupo de Trabajo de Defensa al Consumidor, a enero de 2023 y a la fecha; y el ii) n\u00famero de procesos definidos por la entidad durante los a\u00f1os 2021, 2022 y 2023. 2.- Las \u201clistas de reparto\u201d a las que se aludi\u00f3 la entidad accionada, que \u201cpermiten que en las acciones de protecci\u00f3n al consumidor no ocurran vencimientos de instancias o mora injustificadas a los dem\u00e1s usuarios de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales que presentaron sus demandas con anterioridad\u201d. <\/p>\n
3.- Finalmente, deber\u00e1 precisarse el lugar que en las \u201clistas de reparto\u201d se ubica la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor n\u00b0 22-227525, formulada por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
3\u0002 De acuerdo con el par\u00e1grafo 3\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ablos procesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepci\u00f3n de las acciones populares o de grupo, se tramitar\u00e1n por el proceso verbal o por el verbal sumario, seg\u00fan la cuant\u00eda, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 El numeral 12 del art\u00edculo 153 de la Ley Estatuaria de Administraci\u00f3n de Justicia contempla: Son deberes de los funcionarios y empleados, seg\u00fan corresponda (\u2026): Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administraci\u00f3n y las iniciativas que se estimen \u00fatiles para el mejoramiento del servicio. <\/p>\n
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STC2517-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC2517-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2023-00182-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 7 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71852","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71852","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71852\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}