STC2520-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2520-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Guillermo Luis V\u00e9lez Murillo frente a la sentencia de 15 de febrero de 2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que instaur\u00f3 frente a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes en el proceso disciplinario con rad. 2022-05669-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista pretende a trav\u00e9s del presente mecanismo, que se deje sin valor ni efecto el prove\u00eddo que se inhibi\u00f3 de iniciar la actuaci\u00f3n y declar\u00f3 la falta de competencia para conocer de la queja que \u00e9l formul\u00f3, para que en su lugar \u00abse disponga la apertura de la investigaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En sustento, adujo que es demandante en el proceso de pertenencia en el que se profiri\u00f3 sentencia que declar\u00f3 el dominio del veh\u00edculo de servicio p\u00fablico de placas VDL-298 a su favor; comoquiera que la Secretar\u00eda de Movilidad de Bogot\u00e1, por una parte, rehus\u00f3 la inscripci\u00f3n del fallo en el registro automotor exigiendo m\u00e1s requisitos de los establecidos en la Ley, y por la otra, desconoci\u00f3 la salvaguarda que le fue otorgada para que procediera al registro de tal actuaci\u00f3n, formul\u00f3 queja disciplinaria contra los \u00ababogados asesores\u00bb de la citada entidad Luisa Fernanda Penagos Gonz\u00e1lez y David Roberto Bravo Arteaga; sin embargo, la Corporaci\u00f3n convocada, no solo, se declar\u00f3 incompetente para conocer de las diligencias frente a la primera, sino que, se inhibi\u00f3 de iniciar la investigaci\u00f3n frente al segundo; en su sentir, se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 53 del Decreto 2591 de 1991 en cuanto prev\u00e9 que el incumplimiento de la decisi\u00f3n de tutela acarrea las sanciones \u00abpenales\u00bb, adem\u00e1s que, el canon 19 de la Ley 1123 de 2007 acepta como disciplinables a los profesionales del derecho en la citadas condiciones; agreg\u00f3 que se siente discriminado \u00abnegativamente\u00bb en la medida que le reprocharon que hubiese presentado otras quejas de igual raigambre. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de esta capital, precis\u00f3 que obr\u00f3 como lo hizo por cuenta de las calidades que invocaron los togados en las actuaciones administrativas, con apego a las normas y la jurisprudencia aplicable. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el auto cuestionado <\/p>\n
no luce manifiestamente caprichoso o arbitrario, y en cambi\u00f3 se observa que aqu\u00e9l se fund\u00f3 en el an\u00e1lisis \u00edntegro de la actuaci\u00f3n a su cargo, en las disposiciones alusivas al tipo de acci\u00f3n que conoce y la competencia de la Jurisdicci\u00f3n Disciplinaria, en la valoraci\u00f3n de los elementos recopilados, y en las manifestaciones de los intervinientes, al margen de que la tesis adoptada por el funcionario convocado no fuera compartida por el ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
4. El gestor impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, para lo cual se\u00f1al\u00f3 que se le est\u00e1n imponiendo cargas no prescritas, pues el cumplimiento de las sentencias que le fueron favorables, no puede ser potestativo del \u00abdemandado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a las quejas expuestas en el escrito de tutela y la impugnaci\u00f3n en punto al reproche contra el prove\u00eddo de la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial que neg\u00f3 la nulidad invocada respecto de la queja disciplinaria formulada por el actor (16 nov. 2022), pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n, no solo, no luce descabellada, sino, acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna el litigio criticado. <\/p>\n
Ciertamente, para obrar como lo hizo, la Colegiatura convocada, en punto de la queja relacionada con la se\u00f1ora Luisa Fernanda Penagos Gonz\u00e1lez, advirti\u00f3 que aquella en las documentales adosadas y que motivaron la inconformidad del peticionario se identific\u00f3 como \u00ab\u201cAbogada Coordinaci\u00f3n Jur\u00eddica para la Movilidad\u201d (\u2026) lo cual demuestra su calidad de empleada en la entidad\u00bb, de all\u00ed que de conformidad con los art\u00edculo 2 y 19 de la Ley 1123 de 2007 corresponda adelantar la investigaci\u00f3n pertinente a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretar\u00eda Distrital aludida. <\/p>\n
De otra parte, en punto del se\u00f1or David Roberto Bravo Arteaga, despu\u00e9s de advertir que aquel fungi\u00f3 como apoderado de la Gerencia Jur\u00eddica del Consorcio Circulemos Digital en la acci\u00f3n de amparo que se aduce desconoci\u00f3, precis\u00f3 que \u00absu relaci\u00f3n con la entidad es la propia de un profesional en derecho y no la de un servidor p\u00fablico, por lo que su responsabilidad disciplinaria se circunscribe a lo normado en la Ley 1123 de 2007, correspondiendo la competencia de su investigaci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sentado lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que la conducta a \u00e9l reprochada, esto es, el informe que rindi\u00f3 en la otrora acci\u00f3n constitucional incoada por el se\u00f1or V\u00e9lez no constitu\u00eda una \u00abmanifestaci\u00f3n de relevancia disciplinaria\u00bb habida cuenta que \u00abse limit\u00f3 a presentar una serie de consideraciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas por las cuales consider\u00f3 que la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad de Bogot\u00e1 dio cumplimiento al fallo dictado por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1\u00bb; luego, \u00abson discusiones jur\u00eddicas, en la que ri\u00f1en dos interpretaciones razonables sobre las normas. Por esto, no puede afirmarse que las manifestaciones del abogado hayan sido emitidas en contrav\u00eda de sus deberes \u00e9ticos de no faltar a la verdad\u00bb. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, puntualiz\u00f3 que el profesional del derecho acusado <\/p>\n
no es el obligado directo a cumplir el fallo de tutela antedicho, sino que es su poderdante, en este caso la Secretar\u00eda Distrital de Movilidad (\u2026). Respecto de esta labor, el abogado limita su actuar a asesorar y plasmar mediante memoriales e informes la voluntad de su cliente, por lo que no podr\u00eda hac\u00e9rsele reproche alguno sobre el particular. <\/p>\n
Adem\u00e1s, debe repararse en que el presunto incumplimiento del fallo de tutela debe presentarse y argumentarse en el incidente de desacato del proceso de tutela, toda vez que ese es el escenario para determinar si no se cumpli\u00f3 la orden judicial. El proceso disciplinario no tiene tal alcance, ya que este se circunscribe a investigar y eventualmente sancionar al profesional del derecho que incurri\u00f3 en una de las conductas descritas en el cat\u00e1logo deontol\u00f3gico del abogado. <\/p>\n
No es posible trasladar a esta sede judicial una discusi\u00f3n que debe darse al interior de un proceso de tutela que se encuentra abierto, ya que esta Corporaci\u00f3n no es una instancia adicional para ventilar conflictos entre las partes. <\/p>\n
Finalmente, tras destacar que el aqu\u00ed accionante ha radicado al menos 20 quejas en contra de abogados, empleados y funcionarios judiciales, que han conocido y participado en asuntos en los que aquel es parte, lo previno para que no haga un uso indebido del mecanismo \u00abcon el objetivo de que los intervinientes e interlocutores de las gestiones (\u2026), accedan a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior, puede afirmarse que el prove\u00eddo refutado est\u00e1 soportado en una interpretaci\u00f3n razonable que la autoridad convocada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n, donde aun cuando la Corte proh\u00edje o no los motivos expuestos, se advierte que se tuvieron en cuenta las circunstancias expuestas y las normas procesales que eran aplicables, sin que ello constituya, como lo considera el accionante, un acto de \u00abdiscriminaci\u00f3n\u00bb en la medida que lo \u00fanico que se hizo fue, por una parte, valorar las quejas del impulsor con objetividad atendiendo la calidad de los sujetos denunciados, y por la otra, prevenir sobre las consecuencias del uso desmedido de los procesos disciplinarios. <\/p>\n
De manera que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
Por otra parte, tampoco se avizora la vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad a que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo, es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021). <\/p>\n
2. Corolario de lo anterior, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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