STC2521-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
STC2521-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2023-00045-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de quince de marzo de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 26 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n contra la de la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas- UARIV, el Fondo para la Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci\u00f3n y no Repetici\u00f3n, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Especializada contra la Violaci\u00f3n a los Derechos Humanos de Villavicencio, la Direcci\u00f3n de Apoyo a la Investigaci\u00f3n y An\u00e1lisis Para la Criminalidad Organizada, la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional, la Direcci\u00f3n Nacional de An\u00e1lisis y Contextos, el Fiscal 106 de Apoyo al Despacho 66 Delegado, el Tribunal Superior Sala de Justicia y Paz de Bogot\u00e1, la Direcci\u00f3n de Justicia Transicional y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, trabajo, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, doble instancia, a la verdad justicia y reparaci\u00f3n, e igualdad, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que el 12 de marzo de 2002 en el municipio de Puerto Lleras, se produjo un atentado con un carro bomba contra la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda que caus\u00f3 afectaci\u00f3n a algunos inmuebles y establecimientos de comercio ubicados alrededor, entre ellos, el de su propiedad, da\u00f1os que fueron avaluados en $185.000.000. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ha acudido a diferentes autoridades con el fin de ser reconocido en calidad de v\u00edctima y obtener la reparaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n por los perjuicios causados, sin embargo, a la fecha no se le ha garantizado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y reparaci\u00f3n, y afirma, \u00abnadie se responsabiliza, y dan respuestas confusas y dilatorias, o de formato, no se ha prestado un buen servicio por parte de la administraci\u00f3n de justicia y las entidades encargadas de acompa\u00f1ar y brindar atenci\u00f3n y medidas de reparaci\u00f3n integral\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que en la JEP le informaron que la reparaci\u00f3n ser\u00eda simb\u00f3lica y colectiva, por lo que podr\u00eda ser incluido en el macro caso 10, pero que deb\u00eda acudir a otras instancias para obtener la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de ser requerido para subsanar el escrito de tutela y aclarar cu\u00e1les eran las autoridades accionadas y la presunta vulneraci\u00f3n por parte de estas, el accionante se\u00f1al\u00f3 que la de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas- UARIV afect\u00f3 sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y reparaci\u00f3n, al no dar contestaci\u00f3n a la solicitud de reparaci\u00f3n administrativa realizada el 11 de agosto de 2022. <\/p>\n
Adem\u00e1s, refiri\u00f3 que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, tambi\u00e9n, desconoci\u00f3 sus garant\u00edas fundamentales, en raz\u00f3n a que no presentaron el caso ante la justicia, ni respondieron de fondo los derechos de petici\u00f3n formulados, inobservando de esa manera lo establecido en las Leyes 1448 de 2011 y 1755 de 2015, al igual que, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio que no garantizaron el acceso al proceso de justicia transicional ni a su reparaci\u00f3n como v\u00edctima. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 i) se reconozca su derecho a la reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n conforme con lo dispuesto en el Decreto \u00danico Reglamentario 1084 de 2015 en concordancia con el numeral Art\u00edculo 2.2.7.3.3, ii) se interprete su testimonio, hechos, contextos, y anexos y se tengan en cuenta sus circunstancias actuales de adulto mayor sujeto de especial protecci\u00f3n y v\u00edctima del conflicto armado inscrito en el RUV y iii) en caso de no considerar la vulneraci\u00f3n de los derechos al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y conexos, se proteja su derecho de petici\u00f3n y a la informaci\u00f3n frente a la reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n como v\u00edctima. <\/p>\n
De manera subsidiaria requiri\u00f3 que se ordene a la UARIV resolver la petici\u00f3n a trav\u00e9s de la cual solicit\u00f3 el reconocimiento de su derecho a la indemnizaci\u00f3n o reparaci\u00f3n v\u00eda administrativa o judicial, entre otros. Igualmente, se le indique c\u00f3mo puede acceder efectivamente a la justicia y se le protejan sus derechos como v\u00edctima. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Fiscal 47 Especializado de DECVDH inform\u00f3 que, en efecto, esa Instituci\u00f3n conoce los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Lleras el 12 de marzo de 2002, donde explot\u00f3 un carro bomba frente a la residencia de Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n causando graves da\u00f1os materiales, momento desde el cual asumi\u00f3 la investigaci\u00f3n en aras de lograr la identificaci\u00f3n e individualizaci\u00f3n de los autores del acto terrorista, logrando sentencias de car\u00e1cter condenatorio contra algunas personas que, por su condici\u00f3n de miembros de las FARC, ninguna garant\u00eda indemnizatoria ofrecen a las v\u00edctimas en t\u00e9rminos pecuniarios. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que resultaba entendible que el accionante no se conformara con indemnizaciones simb\u00f3licas, porque su calidad de vida desmejor\u00f3 desde la ocurrencia de los hechos, sin embargo, la soluci\u00f3n de satisfacer las pretensiones que reclama, no est\u00e1 ni ha estado al alcance de ese ente acusador. <\/p>\n
2. La Fiscal 106 Seccional de Apoyo al Despacho 73 delegado DAIACCO relat\u00f3 las gestiones adelantadas por ese organismo en el caso de terrorismo mencionado por el reclamante y afirm\u00f3 que se ha dado respuesta a las peticiones que ha elevado en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n que compete a esa justicia transicional. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que mediante oficio Orfeo 20230190002091 de 23 de enero de 2023,- d\u00eda en que rindi\u00f3 su informe en el presente tr\u00e1mite-, procedi\u00f3 a enviar nuevamente las respuestas brindadas en las solicitudes que efectu\u00f3 el interesado en 2021 y 2022. <\/p>\n
3. El director de Asuntos Jur\u00eddicos y Representante Judicial de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz \u2013JEP, hizo referencia a su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que la pretensi\u00f3n del accionante se circunscribe a las funciones de la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas -UARIV-. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio se\u00f1al\u00f3 que, revisado el expediente en la investigaci\u00f3n y el acta para sentencia anticipada proferida en el proceso adelantado por los hechos mencionados por el accionante, no se hace referencia a Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n como v\u00edctima, es decir que, no se hizo parte en el proceso y desconoce las manifestaciones realizadas en la investigaci\u00f3n para hacer alguna reclamaci\u00f3n previa a la sentencia. <\/p>\n
Con todo, indic\u00f3 que el 16 de diciembre de 2022, la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz, alleg\u00f3 al proceso Resoluci\u00f3n de tr\u00e1mite donde se le reconoce la calidad de v\u00edctima al peticionario. <\/p>\n
5. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 sostuvo que esa Corporaci\u00f3n ha resuelto cada una de las peticiones elevadas por el actor tal y como se constata en auto de 16 de febrero de 2021, e inform\u00f3 que al consultar la base de v\u00edctimas se evidenci\u00f3 que el accionante no particip\u00f3 en el proceso incidental de Justicia y Paz, ya que su caso hizo parte de los hechos reconocidos por los entonces postulados hoy compareciente ante la JEP Castillo Forero y Bonilla Jim\u00e9nez. <\/p>\n
Expuso que en el referido auto se le sugiri\u00f3 al reclamante que, si lo consideraba pertinente, pod\u00eda asesorarse de un profesional del derecho asignado por la Defensor\u00eda del Pueblo, o uno de confianza para que lo representara u orientara respecto de cu\u00e1l ser\u00eda el camino jur\u00eddico para acceder a los derechos que reclamaba como v\u00edctima del conflicto armado. <\/p>\n
Por \u00faltimo, manifest\u00f3 que por parte de esa Sala no se han vulnerado los derechos del demandante, por cuanto las etapas procesales tramitadas estuvieron acorde a los lineamientos constitucionales y legales, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
6. La Representante Judicial de la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n de V\u00edctimas -UARIV-, solicit\u00f3 negar las pretensiones del accionante, por haber presentado la ocurrencia de un hecho superado, argumentando que, si bien no hab\u00eda dado respuesta a la reclamaci\u00f3n formulada por Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n, en el traslado de este tr\u00e1mite le inform\u00f3 lo pertinente, pronunci\u00e1ndose no solo frente a la indemnizaci\u00f3n administrativa, sino a la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que en la respuesta al derecho de petici\u00f3n _ COD LEX 7179231, dirigida a la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico se\u00f1alado en el escrito de tutela, se le indic\u00f3 al accionante que, no es procedente iniciar procedimiento para el reconocimiento y entrega de la medida de indemnizaci\u00f3n administrativa, por el hecho victimizante de acto terrorista \/ atentados \/ combates \/ enfrentamientos \/ hostigamientos, considerando que el art\u00edculo 2.2.7.3.4. del Decreto 1084 de 2015, no es sujeto de indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que, respecto a la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n judicial en el marco del proceso de Justicia y Paz, no hay lugar a que el Fondo de Reparaci\u00f3n reconozca alg\u00fan valor por concepto de indemnizaci\u00f3n considerando que a\u00fan no se ha proferido sentencia condenatoria contra el postulado Nelson Fernando Castillo Forero. <\/p>\n
En ese orden, alleg\u00f3 copia de la respuesta al derecho de petici\u00f3n y constancia de remisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico jmmpnotificaciones@gmail.com el 24 de enero de 2023. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, declar\u00f3 la improcedencia del amparo constitucional tras determinar el incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, en el entendido que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para reclamar el reconocimiento y pago de la indemnizaci\u00f3n que est\u00e1 solicitando el actor por ser v\u00edctima del conflicto armado colombiano, toda vez que para ello la legislaci\u00f3n colombiana ha previsto otros procedimientos legales que, a la fecha, no se han finiquitado por parte del interesado, mismos que le asegurar\u00e1n su garant\u00eda de reparaci\u00f3n, de acuerdo con las estimaciones econ\u00f3micas que sobre el particular realicen las autoridades competentes. <\/p>\n
Con todo, ampar\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n de Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n argumentando que no se encontraba acreditado que la UARIV hubiera resuelto la solicitud que le fuera presentada el 11 de noviembre de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, manifestando que previo a ser remitida la acci\u00f3n de tutela por competencia a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el 13 de diciembre de 2022 el Juzgado Civil del Circuito de Granada le requiri\u00f3 subsanar el escrito, para que aclarara, corrigiera y\/o modificara los hechos y pretensiones que dieron origen al amparo, requerimiento que atendi\u00f3 el 16 de mismo mes y a\u00f1o, sin embargo el juzgador de primera instancia no se pronunci\u00f3 frente a todas las pretensiones, ni sobre lo corregido y las aclaraciones realizadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio y la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas UARIV no brindaron contestaci\u00f3n en este tr\u00e1mite y, la \u00faltima remiti\u00f3 una respuesta de formato al derecho de petici\u00f3n sin resolver de fondo el mismo ni las pretensiones reclamadas. <\/p>\n
En ese sentido, requiri\u00f3 que se tengan en cuenta las correcciones hechas al escrito de tutela en la subsanaci\u00f3n y, se protejan, restablezcan y tutelen sus derechos como v\u00edctima en especial frente a los art\u00edculos 35 y 36 de la Ley 1448 de2011. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n acude a este mecanismo excepcional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que considera vulnerados por las autoridades accionadas, en raz\u00f3n a que a la fecha no se le ha garantizado el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso y reparaci\u00f3n, por los hechos terroristas ocurridos el 12 de marzo de 2002 en el municipio de Puerto Lleras, donde se produjo un atentado con un carro bomba contra la Estaci\u00f3n de Polic\u00eda que caus\u00f3 afectaci\u00f3n a algunos inmuebles y establecimientos de comercio ubicados alrededor, entre ellos el de su propiedad, ni han reparado o indemnizado, pese a adelantar varios procesos judiciales. <\/p>\n
Igualmente, cuestiona que las autoridades accionadas no den respuesta a sus peticiones, o solo brinden contestaciones confusas y dilatorias, y tampoco ofrezcan acompa\u00f1amiento en su caso y atiendan las medidas de reparaci\u00f3n integral, puntualmente, afirm\u00f3 que la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas UARIV no ha atendido la solicitud de reparaci\u00f3n administrativa realizada el 11 de agosto de 2022. <\/p>\n
2. Atendiendo lo manifestado por el reclamante en la impugnaci\u00f3n, seg\u00fan se logr\u00f3 verificar en la sentencia constitucional de primera instancia, en efecto, el fallador de primer grado no tuvo en cuenta la subsanaci\u00f3n al escrito de tutela, presentado en atenci\u00f3n al requerimiento efectuado por el Juzgado Civil del Circuito de Granada, sin embargo, en esta sede ser\u00e1n analizadas la correcciones y aclaraciones efectuadas a las pretensiones y derechos invocados por el actor. <\/p>\n
Al respecto, se advierte que dichas pretensiones no solo desbordan el car\u00e1cter residual y subsidiario de este mecanismo excepcional, sino que tambi\u00e9n, desnaturalizan la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, pues no le est\u00e1 permitido al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de los jueces ordinarios, en este caso en el asunto de reparaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n que reclama el interesado y que debe ser adelantado bajo los procedimientos establecidos por el legislador. <\/p>\n
Ahora bien, frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, consistente en que se le garantice y proteja su derecho de petici\u00f3n ordenando a la UARIV resolver su petici\u00f3n o solicitudes formales, se se\u00f1ala que, verificados los informes y pruebas allegados por la Unidad de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas a este tr\u00e1mite, el 24 de enero de 2023 le remiti\u00f3 respuesta al derecho de petici\u00f3n y solicitud de indemnizaci\u00f3n administrativa presentada por el actor el 11 de agosto de 2022, la que igualmente envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico relacionado en el escrito de tutela, sin embargo, el a quo constitucional no hizo referencia a la misma en el fallo de primer grado, habida cuenta que el memorial ingres\u00f3 al despacho del Magistrado sustanciador en fecha posterior al proferimiento de la sentencia. <\/p>\n
Los t\u00e9rminos para contestar los diferentes tipos de solicitudes est\u00e1n se\u00f1alados en el art\u00edculo 14 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1755 de 2015, que dispone que toda petici\u00f3n \u2013 salvo norma legal especial \u2013 deber\u00e1 resolverse en los 15 d\u00edas siguientes a su recepci\u00f3n, sin embargo, tal y como se indic\u00f3 la Unidad para las V\u00edctimas no ofreci\u00f3 respuesta a la petici\u00f3n presentada por Jes\u00fas Mar\u00eda Mart\u00ednez Pach\u00f3n el 11 de agosto de 2022, en el t\u00e9rmino estipulado, gesti\u00f3n que solo adelant\u00f3 con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
4. Ahora, en relaci\u00f3n con la otra pretensi\u00f3n subsidiaria, tendiente a que se le indique c\u00f3mo puede acceder efectivamente a la justicia y se protejan sus derechos como v\u00edctima, especialmente el de reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n, se observa que la misma tambi\u00e9n desborda el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n, como se explic\u00f3 precedentemente. <\/p>\n
5. De conformidad con lo considerado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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